Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 4654
Causa Nº MO-4654-2020
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "SANABRIA BRIAN CLAUDIO C/ ESCOBEDO PABLO SEBASTIAN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) Causa N º MO-4654-2020" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-CUNTO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:
Contra la sentencia dictada el 28 de marzo del 2023, se alzaron la parte actora el 29 de marzo mientras la demandada y citada en garantía el 2 de abril, interponiendo sendos recursos de apelación; siendo ambos concedidos libremente los días 29 de marzo y el 4 de abril.
Llegadas las actuaciones a esta alzada, se presentan las respectivas expresiones de agravios los días 27 de abril, parte actora, y el 3 de mayo, la demandada y citada en garantía, conferido el traslado pertinente, mereció las réplicas presentadas el 7 y 9 de mayo.
El 18 de mayo del 2023, se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
IIa.- agravios de la parte actora
En primer, el letrado apoderado del accionante, se agravia de la cuantificación de la incapacidad psicofísica, como así también del monto fijado en concepto de daño moral.
Concluye cuestionando los intereses aplicados en el decisorio.
IIb.- Agravios de la parte demandada y la aseguradora
Comienzan atacando la cuantificación de la incapacidad psicofisica, por considerarla elevada, focalizando en el mecanismo de tarifación utilizado y en las lesiones mencionadas,
También por entenderlas excesivas cuestiona los montos fijados en concepto de gastos de farmacia y asistencia médica y daño moral.
Luego de ello, se agravian del inicio del cómputo de los intereses en relación a los gastos por tratamientos futuros.
Por último deja asentada su postura sobre el límite del computo de la tasa pura.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse.
Preliminarmente debo destacar que ambas expresiones de agravios cumplen con la manda del art. 260 del C.P.C.C.
Ahora, y comenzando el tránsito hacia el abordaje de los agravios debemos resaltar liminarmente que el Sr. Juez de Grado abordó la cuestión a la luz de la normativa vigente al momento de acontecer los hechos, asumiendo idéntica postura a la que esta Sala ha sostenido (causa MO-23.280-09, R.S. 257/15, entre muchísimas otras),
El sentenciante cuantificó el rubro en la suma de $8.165.414,30, recibiendo los cuestionamientos, como vimos, tanto de la parte actora como de la demandada y la citada en garantía.
Para dar respuesta al tema, es necesario recordar -en cuanto a la incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil -hoy art.1746 y ccs. del nuevo CCyCN-).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Concretamente, ahora, en relación al daño psicológico, vale destacar que las alteraciones o secuelas en dicha esfera, sean totales o parciales, son indemnizables cuando derivan en una incapacidad, pues toda disminución de la integridad humana es materia de obligado resarcimiento, dentro del cual debe incluirse, a la merma de las aptitudes psíquicas del individuo, lo que por sí constituye un daño resarcible (el suscripto en causa 28.511 R.S. 89/1.992, entre muchas otras).
Amén de ello, y como el tema involucra la valoración de la pericia llevada a cabo en autos, debo recordar -de todo comienzo- que en cuanto al valor probatorio de los dictámenes periciales, he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en su conocimiento personal, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurdas o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).
Recuérdese, además, que esta Sala ha puesto de manifiesto -reiteradamente- que "tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria" (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras) y que las discrepancias técnicas de las partes con las conclusiones del experto designado no son -por si solas- elementos suficientes para apartarse de lo dicho por el experto (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.; esta Sala en causa nro. 48.539, R.S. 472/05, entre otras).
Para ello, entonces, debemos recurrir a la pericia médica presentada en autos, el 27 de octubre del 2022, la cual analizaremos bajo el prisma de los arts. 384 y 474 del C.P.C.C.
En dicho dictamen se informa:
" De demostrarse en autos como cierto el accidente sufrido por el actor, se debería reconocer un nexo de causalidad para las incapacidades resultantes. Encuentro una incapacidad física de tipo parcial y permanente del 36,86 % correspondiendo: (BAREMO GENERAL PARA FUERO CIVIL – ALTUBE JOSE, RINALDI CARLOS)
1. Fractura de la diáfisis de tibia sin desplazamiento. Baremo asigna 0-6%. Se otorga 6%
Ubicación en miembro inferior hasta tobillo, tamaño mayor a 16cm. 9-14%. Factor de corrección ubicación dentro del hueso sin infección suma 6%. Baremo asigna 15-20%. Se otorga 18%
3. Rodilla derecha: síndrome meniscal no operado con signos objetivos (hidrartrosis, bloqueo, atrofia y/o maniobras) y/o estudios complementarios que certifiquen el diagnóstico. Baremo suma 8-12% Se otorga 10%
4. Tobillo derecho: laxitud de ligamentos laterales con bostezo y/o cajón positivo, con edema local. Baremo asigna 5-10%. Se otorga 9% "
(...) a) Teniendo en cuenta el tiempo de recuperación y la permanencia de incapacidad, la lesión de la actora se encuadra en lesiones graves.
b) El actor fue internado en el hospital Güemes de Haedo desde el día 07-01-2020 donde se realizó toilette quirúrgica e inmovilización con valva de yeso por fractura expuesta de tibia. Se reinterna el 22-01-2020 para cirugía programada realizándose a las 24 hs reducción y osteosíntesis de la fractura con clavo endomedular para tibia.
c) El actor permaneció en rehabilitación 2 meses no constando en autos tipo de rehabilitación realizada. d) El actor se encuentra limitado para la realización de actividades que requieran alta demanda del miembro inferior derecho afectado. (...)i) No hay lesión estética que genere alteración funcional o sea visible a ser considerada".
Luego de ello, el 24 de octubre del 2022 la experta contesta el pedido de aclaraciones, señalando:
" En cada sesión se realizan varios métodos de los mencionados. Al finalizar las sesiones indicadas se solicita un informe al kinesiólogo para decidir en forma conjunta con el equipo multidisciplinario, el alta o continuidad de tratamiento. Si VS requiere una estimación, se indicarían un mínimo de 10 sesiones de kinesiología en cada zona afectada a realizarse una o dos sesiones por semana con un costo promedio de $2000 cada una" . Ahora bien, concretamente en lo que respecta a los agravios de la demandada y la aseguradora, debo destacar en primer lugar que no cuestionaron la procedencia del rubro tratamiento kinesiologico, y a mayor abundamiento de la experticia podemos observamos que la experta si bien destaca que si bien podría mejorar la sintomatología del miembro inferior no lo revierte.
En definitiva, sin perjuicio de los agravios traídos, valorando asimismo las constancias de la historia clínica del Hospital Guemes adunada al proceso el 23 de junio del 2021, y demás estudios presentados, entiendo que no existen en el caso elementos de convicción (objetivos) que nos lleven a apartarnos de las conclusiones de la perito (arts. 384 y 474 del CPCC), teniéndose asimismo por acreditada la relación causal de las lesiones informadas con el siniestro objeto de autos.
Pasemos ahora al daño psicológico.
En este aspecto cabe destacar que las alteraciones o secuelas en dicha esfera, sean totales o parciales, son indemnizables cuando derivan en una incapacidad, pues toda disminución de la integridad humana es materia de obligado resarcimiento, dentro del cual debe incluirse, a la merma de las aptitudes psíquicas del individuo, lo que por sí constituye un daño resarcible (el suscripto en causa 28.511 R.S. 89/1.992, entre muchas otras).-
La prueba esencial, en esta caso también, es la pericial, la cual se presenta en autos, el 27 de octubre del 2022, donde la experta señala:
"El joven Sanabria ha estado expuesta a un acontecimiento traumático, dicho acontecimiento está caracterizado por una amenaza para su integridad física. La persona ha respondido con temor y desesperanza.
El acontecimiento vivido es reexperimentado a través de recuerdos que provocan malestar; la persona actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento traumático está ocurriendo. Evitación persistente de estímulos asociados al evento tales como, reducción acusada del interés o la participación en actividades significativas; sensación de desapego frente a los demás; restricción de la vida afectiva; incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma. Existen síntomas de aumento de la activación como son la dificultad para conciliar o mantener el sueño y la hipervigilancia. Las alteraciones mencionadas se prolongan durante más de un mes y provocan malestar clínico significativo o deterioro social y laboral.
De acuerdo a mi experiencia clínica y criterio profesional sugiero tratamiento psicológico por un tiempo no menor a un año y medio. El daño causado es permanente, el tratamiento es a los fines de que el cuadro no se agrave.
4. si los gastos reclamados en concepto de tratamiento psicológico se correlacionan con la naturaleza de las secuelas que ha quedado en la víctima
Si
5. si sufre algún grado de incapacidad, si es total o parcial, transitoria o permanente, porcentaje de la misma
Según esta evaluación determino que al actor le corresponde una incapacidad permanente del 12% que se encuentra codificado en el “BAREMO PARA DAÑO NEUROLÓGICO Y PSÍQUICO DE CASTEX & SILVA” bajo el Código 2.6.7 VPI-VPG (valor psíquico integral-valor psíquico global), es decir, Desarrollo psíquico postraumático moderado".
El 6 de noviembre del 2022, la experta contesta las explicaciones requeridas, destacando:
" II.-(c/d)El tratamiento se requiere a los fines de que el cuadro no se agrave. El daño es permanente y se requiere de un tratamiento que apunte a lograr un nuevo equilibrio psíquico. Siguiendo a Risso en "El daño en psicosiquiatría forense", Ed. Ad-Hoc, 2003, pag. 193: "(...) no se apela tanto a la ciencia como a la experiencia del perito. Lo científico llega hasta el momento de establecer que, por la patología que el perito ha detectado, la persona necesita o puede beneficiarse con un tratamiento. A partir de este momento se pone en juego un criterio de apreciación, tanto para la distribución de porcentajes, como para la duración y costos del tratamiento".
III. De acuerdo al cuadro hallado y teniendo en cuenta las características del joven Sanabria, mi formación y experiencia profesional se requiere un tratamiento psicológico por lo menos de un año y medio de duración, con una frecuencia semanal. El costo de una sesión particular oscila entre $1800 a $2200 aproximadamente".
Tampoco encuentro merito alguno en este punto que me inclinen a apartarme del informe técnico pericial (art. 384 y 474 del C.P.C.C.)
Dicho esto, y sobre este piso de marcha queda por aludir -ahora- a la tarifación del perjuicio.
Al efecto cabe recordar que, tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suares), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).
Por otra parte, cabe recordar que esta Sala (causa 35.878, R.S. 354/96) ha señalado que al repararse una incapacidad sobreviniente el juez contempla las posibilidades o chances frustradas o cercenadas, según las cualidades personales del sujeto y que debe atenderse que las incapacidades no solo limitan las posibilidades de trabajo sino a todas las que pertenecen al área de actuación de la víctima.-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular, no obstante y reiterando, tal base de cálculo se hace tomando como base objetiva el punto de incapacidad en la suma que corresponda; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.
Actualmente el valor referencial que estamos utilizando es de $400.000 por cada punto de incapacidad
Con todo, dada la evolución de las condiciones económicas actuales y el progresivo deterioro de nuestro signo monetario, entiendo que -a partir de la fecha- es prudente elevar dicho monto referencial y comenzar a trabajar con el de $500.000 (quinientos mil pesos) por cada punto de incapacidad.
Ello, claro está, adecuándolo a las diversas variables que el caso concreto ofrezca.
En este sentido, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del "calcul au point" no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fría, sino valerse -y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
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