Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 24106
Causa Nº MO-24106-2018
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "SANTIN VIVIANA RITA C/ GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE SA S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) Causa N º MO-24106-2018" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-CUNTO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. Contra la sentencia definitiva dictada por la Sra. Jueza Titular del Juzgado Civil y Comercial nro. 11 de este Departamento Judicial, se alzaron tanto la parte actora como la demandada interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido en relación y se fundó con la expresión de agravios de fecha 7 de julio de 2023 (actora) y 13 de julio de 2023 (demandada y citada en garantía). Cabe decir que el memorial de la actora ha sido replicado por la contraria el 13 de julio de 2023.
2. Llegados estos obrados a la Sala Segunda, desde la Presidencia de la misma y previo informe del Actuario, se llamo "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
Ambas partes de agravian de los montos indemnizatorios otorgados por la sentenciante de grado para los distintos rubros. La parte actora persigue su elevación mientras la demandada pretende que aquellos sean reducidos.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse.
En primer lugar debemos tener presente que estos actuados siguen los lineamientos del proceso sumarisimo (ver proveído del 16 de marzo de 2021)
Que, del art. 496 inc. 2) del código de rito provincial surge que todos los plazos serán de dos días, salvo el de contestación de demanda que será de cinco días y el de prueba, que fijará el juez.
Dicho esto y de la simple compulsa de estos obrados surge que el memorial del agravios presentado por la actora resulta ser extemporaneo.
Vemos que la concesión del recurso de apelación interpuesto por la aludida parte fue realizada el día 29 de junio de 2023 y el memorial ha sido presentado el día 7 de julio de 2023; del simple calculo cronológico se desprende que han transcurrido más de los días que establece el citado art. 496 del C.P.C.C. no quedando más que declarar desierto el recurso de la actora (art. 155 del CPCC).
Lo que así dejo propuesto.
Dicho esto me abocaré a los agravios de la demandada.
Incapacidad sobreviniente
El sentenciante cuantificó el rubro en la suma de $20.000.000, recibiendo el cuestionamiento de la accionada.
Para dar respuesta al tema, es necesario recordar -en cuanto a la incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil -hoy art.1746 y ccs. del nuevo CCyCN-).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Concretamente, ahora, en relación al daño psicológico, vale destacar que las alteraciones o secuelas en dicha esfera, sean totales o parciales, son indemnizables cuando derivan en una incapacidad, pues toda disminución de la integridad humana es materia de obligado resarcimiento, dentro del cual debe incluirse, a la merma de las aptitudes psíquicas del individuo, lo que por sí constituye un daño resarcible (el suscripto en causa 28.511 R.S. 89/1.992, entre muchas otras).
Amén de ello, y como el tema involucra la valoración de la pericia llevada a cabo en autos, debo recordar -de todo comienzo- que en cuanto al valor probatorio de los dictámenes periciales, he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en su conocimiento personal, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurdas o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).
Recuérdese, además, que esta Sala ha puesto de manifiesto -reiteradamente- que "tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria" (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras) y que las discrepancias técnicas de las partes con las conclusiones del experto designado no son -por si solas- elementos suficientes para apartarse de lo dicho por el experto (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.; esta Sala en causa nro. 48.539, R.S. 472/05, entre otras).
Para ello, entonces, debemos recurrir tanto a la pericia médica como a la psicológica presentada en autos los días 4 y 30 de abril de 2023 -respectivamente-, las cuales analizaremos bajo el prisma de los arts. 384 y 474 del C.P.C.C.
De la pericia médica destacamos que "l a actora a raíz del accidente referido con fecha 18/03/2019, en base al examen clínico traumatológico, estudios complementarios (RMN, ESPINOGRAMA, EMG), y pruebas acreditadas en autos: estimo que el tipo de incapacidad es física, parcial y permanente Por cervicalgia y lumbalgia con limitación funcional y podrían guardar en el caso de autos relación causal con el accidente, de demostrarse este como cierto .
Concluye el experto que la incapacidad de la actora es parcial y permanente del 7,84% de la total obrera.
Pasemos ahora al daño psicológico.
En este aspecto cabe destacar que las alteraciones o secuelas en dicha esfera, sean totales o parciales, son indemnizables cuando derivan en una incapacidad, pues toda disminución de la integridad humana es materia de obligado resarcimiento, dentro del cual debe incluirse, a la merma de las aptitudes psíquicas del individuo, lo que por sí constituye un daño resarcible (el suscripto en causa 28.511 R.S. 89/1.992, entre muchas otras).-
De la pericia del 30 de abril de 2023 y su explicación del 18 de mayo de 2023 se desprende que " El hecho de autos es compatible con el concepto psicológico de trauma, es decir, que es un suceso externo, sorpresivo en la vida de una persona, caracterizado por su intensidad, la imposibilidad del sujeto para responder de modo adaptativo y los efectos patógenos duraderos que provoca en la organización psíquica. Es posible observar en la peritada el impacto traumático producto del menoscabo en su integridad psíquica a causa de la lesión relatada. El entrevistado habría percibido una situación de inseguridad, riesgo y peligro que han causado desequilibrio a su sistema emocional. Esto al punto de desbordar y sobrepasar su capacidad psíquica para procesar, elaborar, afrontar y poner en palabras los estímulos recibidos – que se han inscrito como traumáticos en su aparato psíquico. Además, las consecuencias directas del hecho que impactan directamente en su salud tanto física como emocional suman factores estresores y generadores de malestar que menoscaban directamente la capacidad de la persona de reponerse y retomar su proyecto vital.
La desorganización presente en la peritada y lo que ocurre con su integridad no se puede pensar puramente en el carácter de la lesión, sino que depende del modo en que es vivido por el sujeto. Por definición, el daño psicológico abarca a toda perturbación, trastorno, enfermedad, síndrome, o disfunción que, a consecuencia de un hecho traumático, acarrea una disminución en la capacidad de goce que afecta las relaciones con el otro, las acciones, etc. No importando la intensidad del hecho sino el umbral de tolerancia del sujeto. Hay daño psíquico cuando un sujeto presenta un deterioro, disfunción o trastorno que afecta sus esferas afectiva y/o volitiva y/o intelectual, a consecuencia del cual se disminuye su capacidad de goce individual y/o social y/o familiar y/o recreativa.
En consecuencia, la evaluada presenta actualmente el estado psicológico arriba descrito, que se resume en modificaciones en sus hábitos, tendencia al aislamiento, se ha tornado mayormente dependiente física y psíquicamente. Con una marcada sintomatología fóbica, autocrítica constante, mecanismos de evitación, presencia de distimia (tristeza, ansiedad, falta de energía), clara indecisión a la hora de tomar iniciativa y realizar acciones; elementos todos que concluyen en una perturbación en el equilibrio psíquico, tensional e interaccional con el medio exterior – personas y objetos, poniendo en evidencia el trauma psicológico generado a consecuencia de lo acontecido.
El estado psíquico actual de la Sra. Viviana Rita Santin muestra estar consolidado, ya que las alteraciones perduran a pesar de haber transcurrido más de dos años desde que acaecieron los hechos que promueven las presentes actuaciones.
Es posible establecer que el cuadro psíquico que en la actualidad presenta el peritado guarda un nexo causal directo con los sucesos que se investigan.
Concordantemente a lo arriba expuesto y de lo que se desprende de lo observado al momento de la evaluación, se considera que la peritada estaría ubicado en el nivel severo de un cuadro de DESARROLLO PSÍQUICO POST TRAUMÁTICO (PTSD) de grado moderado, el que se estima, sólo a los fines de ilustrativos, en un 25% del VPI – VPG, tomando como referencia lo específicamente ligado al factor causal de su estado psicológico al momento de la evaluación pericial".
Por otra parte el auxiliar de justicia aclara que "A modo de contención, fortalecimiento de los aspectos saludables existentes y a los fines de evitar el agravamiento del cuadro descrito, este profesional recomienda un tratamiento psicológico por un lapso no inferior a un año, de una sesión semanal. El costo por sesión aproximado actual es entre $4000 y $6000 en el ámbito privado, según institución y profesional al que se recurra."
Tampoco encuentro merito alguno en este punto que me inclinen a apartarme del informe técnico pericial (art. 384 y 474 del C.P.C.C.)
Dicho esto, y sobre este piso de marcha queda por aludir -ahora- a la tarifación del perjuicio.
Al efecto cabe recordar que, tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suares), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Por otra parte, cabe recordar que esta Sala (causa 35.878, R.S. 354/96) ha señalado que al repararse una incapacidad sobreviniente el juez contempla las posibilidades o chances frustradas o cercenadas, según las cualidades personales del sujeto y que debe atenderse que las incapacidades no solo limitan las posibilidades de trabajo sino a todas las que pertenecen al área de actuación de la víctima.-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular, no obstante y reiterando, tal base de cálculo se hace tomando como base objetiva el punto de incapacidad en la suma que corresponda; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.
Actualmente el valor referencial utilizado es de $500.000 por cada punto de incapacidad; ello, claro está, adecuándolo a las diversas variables que el caso concreto ofrezca.
En este sentido, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del "calcul au point" no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fría, sino valerse -y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado -valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible, se adecúe a las circunstancias del caso (art. 165 CPCC) y respete el principio de integralidad (art. 1083 del C. Civil).-
Por otro lado, es necesario añadir a todo lo dicho alguna consideración mas, en cuanto a la aplicación de una fórmula matemática (polinómica), a los fines de tarifar los resarcimientos.-
Al respecto, en varios precedentes la Suprema Corte de Justicia provincial, sin desconocer la utilidad de los cálculos matemáticos, ha reprobado los fallos que se apegaron excesivamente a los mismos; como lo dijo el Dr. de Lázzari las fórmulas juegan como un elemento mas a considerar junto con un haz de pautas fundamentales ajenas al mundo de las matemáticas y con todas las cuales el juzgador ha de trabajar para aquella determinación; aseverando que en la labor cuantificadora no debe aplicarse en todos los casos de modo invariable e indiscriminado un mecanismo u operación aritmética sino que es menester confrontar, además, las circunstancias particulares de la víctima; y, en este sentido, se descalifica el fallo que se limitó a aplicar una fórmula matemática (Sup. Corte Bs. As., 11/2/2015, "P.M.G. y ot. c. Cardozo, Martiniano y ot." y sus acumuladas), temperamento seguido también en otros fallos (Sup. Corte Bs. As., 15/4/2015, "B.V. c. Municipalidad de Esteban Echeverría s. Accidente de trabajo").
Además, es -desde mi punto de vista- insuficiente limitarse a conjugar el porcentual de incapacidad pericialmente informado con los ingresos de la víctima, en la medida en que no esté demostrado que el meno
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