Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 37587
Causa N º MO-37587-2019
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "SUAREZ GUSTAVO LEONEL Y OTRO/A C/ ALVAREZ CARLOS ARIEL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) " Causa N º MO-37587-2019 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO, dijo:
1. El Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial nro. 9 Departamental, con fecha 30 de Noviembre de 2022 dictó sentencia definitiva, haciendo lugar a la demanda en los términos que de allí surgen.
Apelan la actora y la citada en garantía, concediéndose libremente ambos recursos.
El de la actora es fundado con la expresión de agravios de fecha 23 de Junio de 2023, replicada con fecha 10 de Julio de 2023.
El de la citada en garantía es fundado con la expresión de agravios de fecha 28 de Junio de 2023, replicada con fecha 30 de ese mismo mes y año.
Mientras que la actora se queja del rechazo del rubro incapacidad para el co actor Gramajo, el monto fijado por incapacidad para Suarez, las sumas por las que prosperan los rubros daño moral y gastos y la falta de actualización de la cobertura, la aseguradora cuestiona el monto fijado por incapacidad para el co actor Suarez, como así también las sumas fijadas por daño moral y gastos en favor de ambos co actores.
Al tenor de cada escrito cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 10 de Agosto de 2023, se llamaron "autos para sentencia" providencia que adquirió firmeza, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, lo que deja las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
2. Circunscripta así la cuestión, he de comenzar señalando que -desde mi punto de vista- los fundamentos de ambos recursos sortean la valla del art. 260 del CPCC.
Zanjado ello, paso al tratamiento de las quejas.
Comienzo por las quejas vinculadas a la incapacidad, rubro que -englobando el menoscabo psicofísico- solo prosperó por la suma de $ 2.690.600.
Al respecto cabe recordar que la indemnización por incapacidad psicofísica tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquélla tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. En suma, el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluidos los daños de salud y a la integridad física y psíquica (A. Abrevaya, El Daño y Su Cuantificación, ed. Abeledo-Perrot, pág. 55/57; año 2008 y jurisp. allí citada).
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1746 y ccdtes. del CCyCN).
Ahora bien, con respecto a la cuantificación del perjuicio, como lo expliqué anteriormente, considero que no puede fijarse en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de cálculos actuariales que puede ser meras pautas indicativas y sugeridas, como así tampoco por el conocido parámetro del "calcul au point", sino que debe adoptarse un criterio que, en cada caso, contemple las específicas circunstancias de la víctima, especialmente las referidas a la edad, estado familiar, preparación intelectual o capacitación para el trabajo, el grado de disfunción y la incidencia que ésta tiene para el cumplimiento de las tareas que desarrollaba, inclusive en su vida de relación, como también el nivel socioeconómico en que se desenvolvía (art. 165, C.P.C.C.; conf. SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).
Decía, asimismo, en la causa mo-21839-2014, sentencia del 3 de Marzo de 2022 del Registro de la Sala III que los montos dependen de las circunstancias del caso, y que varían o pueden lícitamente variar de caso en caso, y de tiempo en tiempo, no estando constreñido moral ni jurídicamente a seguir los valores que en otros casos pudieran haberse fijado, ni tampoco el método del calcul au point, sino más bien me inclino decididamente por la posición establecida por el Dr. Jordá en cuanto a que el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de meros cálculos matemáticos, y que esa clase de porcentajes sólo constituyen un elemento más a considerar entre una multiplicidad de variables.
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo y el principio de integralidad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso-.
Pues bien, teniendo en cuenta los alcances de los agravios de las partes, comienzo por lo atinente a la valoración de las pericias traídas en autos y el rechazo del rubro incapacidad respecto del co actor Gramajo.
Las conclusiones del fallo son, en este sentido, sólidas.
En efecto: si bien la pericia médica de fecha 20 de Junio de 2022 informa ciertas lesiones e incapacidad, conectándolas causalmente con el hecho, lo cierto es que Gramajo, el mismo día del hecho, fue atendido en la guardia y se asentó que "no se registraron síntomas" (ver informe glosado el 21 de Septiembre de 2020).
Esto a diferencia de lo que aconteción con el otro co actor respecto de quien sí se detallaron las lesiones sufridas y se las consignó puntillosamente.
De las constancias de la IPP (recibida el 17 de Marzo de 2021) tampoco surge lesión alguna.
En este contexto, y por mas que dos semanas después aparezcan algunas dolencias diagnosticadas en otro establecimiento, coincido con lo que señala la Sra. Jueza de Grado en cuanto a que no podemos concluir que las mismas se conecten con el hecho dañoso, pues pueden deberse a otra causa y mas aun cuando hay una mención explícita, y bien concomitante al hecho, en cuanto a que no se registraron síntomas.
De este modo, y añadiendo que -conforme surge de la pericia psicológica- tampoco hubo afectación en esta área, el agravio debe rechazarse (arts. 1736 y 1744 CCyCN, 375 CPCC).
Sigo con las quejas relativas al monto por el que prospera el rubro para el co actor Suarez ($ 2.690.600).
El fallo trabaja con una incapacidad del 20,4% apoyándose en el dictamen pericial de fecha 20 de Junio de 2022, en donde se señaló que el actor sufrió a consecuencia del hecho cervicalgia, luxación o esguince de tobillo izquierdo y síndrome meniscal.
Con fecha 3 de Septiembre de 2022 el perito respondió las explicaciones respectivas.
Tenemos, además, que en las constancias de atención primaria (incorporadas el 21 de Septiembre de 2020) aparecen mencionadas las lesiones, lo que luego es reiterado en la historia clínica de Cepem (incorporada el 13 de Agosto de 2020).
Con todo, en las primeras no aparece mencionada la cervicalgia, y solo aparece mencionada posteriormente, en la historia clínica de Cepem.
Motivo por el cual, y asumiendo el mismo temperamento que el que adoptamos con el otro co actor, entiendo que esta dolencia debe detraerse de la informada pericialmente por no estar adecuadamente acreditada su vinculación causal con el hecho (arts. 384 y 474 del CPCC).
Trabajaré, entonces, solo teniendo en cuenta las otras dolencias informadas (síndrome meniscal y luxación o esguince de tobillo) y el porcentual de incapacidad referido por las mismas.
Pues bien, llegado a este punto, efectuadas las antedichas aclaraciones y teniendo determinado el menoscabo incapacitante cabe aclarar que la cuestión resarcitoria no debe observarse desde el estrecho lente del menoscabo económico que ya pudiera haberse sufrido, desde el momento en que nos hallamos ante una incapacidad, de carácter permanente, que acompañará a una persona a lo largo de los años que le queden de vida.
Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta todo lo dicho hasta aquí, conjugando las incapacidades resultantes con las circunstancias personales del actor (sexo, edad y condiciones socio económicas del reclamante) y el impacto patrimonial que ello ha de generar al reclamante, entiendo que la suma fijada en este rubro no es para nada excesiva, sino mas bien reducida, por lo que promoveré su elevación a la de $7.000.000 (siete millones de pesos) .
Prosigo con las quejas atinentes a las sumas fijadas en concepto de gastos ($40.000 para Suarez y $5.000 para Gramajo).
Para abordar el tema, es del caso recordar que desde esta Sala se ha sostenido que ciertos gastos (honorarios de médicos; traslados; etc.) aunque no se haya demostrado documentadamente su existencia deben ser reparados, aunque -claro está- este concepto dista mucho de ser absoluto y de resultar una graciosa concesión de los jueces encontrando su fundamento en la naturaleza del perjuicio que hace sumamente dificultosa su prueba. Lo que si debe acreditarse es la correlación entre los gastos realizados y las lesiones experimentadas, tiempo de curación, secuelas, carácter de ellas y tratamientos aconsejados no pudiendo derivar solamente de la voluntad o comodidad de la víctima o sus familiares (ver esta Sala en causa N° 33.001, R. S.295/95, 54.100, R.S. 367/07, entre otras).
Importante resulta mencionar también que en más de una ocasión esta Sala, con cita de jurisprudencia del Superior Tribunal, tiene dicho que: "...el hecho que la víctima de un accidente de tránsito se haya atendido en establecimientos asistenciales públicos, no obsta a que en la indemnización se incluya una suma en concepto de gastos médicos y de farmacia, pues es notorio que existen erogaciones que deben ser solventadas por el paciente, aunque el resarcimiento se reitera- debe guardar concordancia con las lesiones, afección o enfermedad sufrida, sin que resulte indispensable que se encuentre documentado su importe S. C. B. A., Ac. y Sent., T° 1.976-I-549; D.J.B.A., T. 118-74-.
Asimismo, es menester referir que "...corresponde presumir las erogaciones por tal concepto a cargo de la víctima aunque no este demostrado cabalmente su importe..." -S.C.B.A., T° 117, p g. 127- (Conf. Causas de esta Sala N° 20.745, R.S. 63/88; N° 24.973 R.S. 165/90; N° 41.649, R.S. 607/99), y que la circunstancia de que la víctima de un hecho ilícito se encuentre asociada a los servicios de una obra social, no resulta suficiente para desestimar el rubro (esta Sala entre otras causas: nros. 32.928 y 32.928 bis, R.S. 648/99; 27.098, R.S. 199/91; 40.796, R.S. 218/99); pues ello no se condice con el principio de reparación integral y la obligación de resarcir todos los gastos de curación y convalecencia no se comparecen con semejante tesis (causa nro. 26.558, R.S. 148/91); lo mismo sucede en el caso de que exista una aseguradora de riesgos del trabajo.
Juega, además, la presunción del art. 1746 del CCyCN.
Pues bien, a esta altura, están acreditados los menoscabos físicos que ha sufrido el actor Suarez, por lo que -computando incluso la antedicha presunción y los escasos argumentos que trae la recurrente- entiendo que debe elevarse la suma fijada a la de $50.000 (cincuenta mil pesos) .
En cuanto a Gramajo, no habiéndose acreditado lesiones físicas derivadas del evento ni atenciones que pudieran estar vinculadas con ellas (mas allá de lo informado por Cepem) entiendo que el rubro no debió haber prosperado (art. 375 del CPCC), motivo por el cual promoveré su rechazo.
Finalizo con las quejas relativas al daño extrapatrimonial que prosperó por la suma de $ 1.300.000 a favor del actor Suarez y $ 200.000 para Gramajo.
Al respecto he dicho que se entiende por daño moral, la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. Su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio de enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por el reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir. Siendo eso así, de lo que se trata es de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido.
El daño moral es de carácter resarcitorio y no de naturaleza punitiva, es decir, no se trata de reprochar la conducta del ofensor, sino de resarcir económicamente a la víctima, que no debe guardar necesaria relación con el daño de carácter patrimonial.
Tiene entendido nuestro Superior Tribunal que el reconocimiento y resarcimiento del daño moral depende -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que haya existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por demostrado por el sólo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- (conf. entre otros: S.C.B.A., Ac. y Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975, pág. 187; Ac.51.179 del 02/11/93).
Por lo demás, el art. 1741 del CCyCN nos indica las pautas a seguir para su tarifación.
Pues bien, desde esta perspectiva, hay varios elementos a tener en cuenta: las características del hecho, las lesiones que sufrió el actor Suarez, los tratamientos a los que debió someterse y la incapacidad psicofísica que le ha quedado; en cuanto a Gramajo, el hecho de haber protagonizado el accidente de tránsito, aunque no le hubiera dejado secuelas, tienen entidad objetiva suficiente como para admitir este monto, aunque por una cuantía mucho mas reducida.
Luego, y por tales razones, ponderando algunas satisfacciones sustitutivas que los actores pudieran encontrar con el dinero, entiendo que el monto fijado no es para nada excesivo, sino adecuado para Gramajo, por lo que promoveré su confirmación y reducido para Suarez, por lo que propondré su elevación a la suma de $3.000.000 (tres millones de pesos) .
Me queda por abordar lo atinente a la actualización del límite de cobertura.
Recordaré, al efecto, la postura que ha venido adoptando la Sala (causa 30.716, R.S. 313/2020, entre muchas otras).
Allí se decía que " viola el principio de reparación integral la aplicación del límite de cobertura vigente a la fecha del siniestro, ello implicaría que la prestación a cargo de Generali Argentina fuese por una cifra inferior al de la garantía mínima vigente en ese momento, porque como bien dice la SCBA en autos " Martinez, Emir c/ Boito Alfredo s/ Ds. y Pj. "...implicaría desnaturalizar el contrato, provocar un infraseguro y patentizar el beneficio indebido a la aseguradora...".
En un reciente fallo -que analógicamente se puede traer a estos obrados-, esta sala segunda en causa mo16237-2015, ha dicho que "el devenir y desarrollo del proceso económico de este país en los últimos años y teniendo en cuenta los destructivos efectos inflacionarios... la clausula limitativa de cobertura del seguro se ha mantenido petrea, en valores desactualizados haciendo recaer ese atraso exclusivamente en la víctima.
La aplicación literal de la clausula de limitación de cobertura contenida en la póliza resultaría frustratoria de la finalidad económica-social del seguro, dejando al firmante del mismo desprotegido por una cobertura proporcionalmente inferior en relación con la magnitud del daño.
Esta situación repercute en la víctima frente a quien se respondería en interior proporción, frustrando su naturaleza indemnizatoria.
La SCBA en causa 119088 ha dicho que " Es que el art. 68 de la ley 24.449, al imponer el requisito del seguro obligatorio, no pretende otra cosa que proteger -con carácter de orden público- a las víctimas de accidentes de tránsito y asegurar su reparación, poseyendo un verdadero fundamento tuitivo, de seguridad social.
Dicha obligatoriedad es una pieza más del sistema de protección de las víctimas porque la garantía de solvencia que -en ejercicio de una función social- ofrecen las aseguradoras permite que los daños irrogados con el ejercicio de determinadas actividades (como ser la conducción de un automóvil) sean efectivamente reparados (conf. Mosset Iturraspe, Jorge y Rosatti, Horacio, "Derecho de tránsito. Ley 24.449", Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1995, pág. 269 y sigs.).
Así, el seguro obligatorio -que no se agota en la relación jurídica que vincula al asegurado con el asegurador- también obedece a una necesidad y función socializadora y colectivizadora de los riesgos, atenta primordialmente a la protección de la víctima a través de la efectiva reparación de sus daños; de modo que una razonable aplicación de las cláusulas del contrato, ponderadas a la luz de la tutela reglamentaria de la Superintendencia de Seguros de la Nación y del principio de reparación integral de los damnificados, debe llevar a extender la garantía contratada incorporando la cobertura básica vigente al momento de la valuación judicial del daño contenida en la sentencia definitiva, sustituyendo dicho componente en su valor histórico, y sin perjuicio del mayor valor pactado por encima de dicho mínimo obligatorio y las demás prestaciones o riesgos convencionalmente comprometidos por la aseguradora (conf. arts. 1, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.037, 1.068, 1.069, 1.071, 1.077, 1.079, 1.109, 1.137, 1.167, 1.197, 1.198 y concs., Cód. Civ.; 68 y concs., ley 24.449; 23, 24, 25, 30, 31, 33, 43, y concs., ley 20.091; 5, 7, 11, 61, 62, 65, 68, 69, 109, 118, 158 y concs., LS; 3, 37 y concs., ley 24.240; arts. 217, 218, 219 y concs., Cód. Com.; 47, 92 y concs., ley 11.430)."
Por lo expuesto se deberá revocar parcialmente la sentencia de grado, dejando establecido que el límite de cobertura ha de computarse según la normativa vigente, al momento de hacerse efectivo el pago ".
Ese es el criterio que ha de aplicarse aquí y que no tiene que ver con la conducta, o inconducta, de la aseguradora, sino que apunta a la reparación integral, y efectiva, del daño causado.
Por lo demás, a lo que se tiende es a que el valor de la prestación de la aseguradora se mantenga, apegándose no a montos caprichosos, sino a los mínimos establecidos por la autoridad competente.
Desde ya, tampoco hay modificación de la esencia del vínculo asegurativo, sino llevar a valores actuales, aquello que originariamente se pactó y que perdería toda virtualidad a raíz de circunstancias ajenas a los actores, que en definitiva son quienes han sufrido el daño y deben ser resarcidos.
No hay, entonces, razón para apartarse de la doctrina de la SCBA sobre el particular y, por ello, los agravios de la actora han de admitirse, dejando establecido que el límite de cobertura ha de computarse según la normativa vigente, al momento de hacerse efectivo el pago.
3. En suma y por lo que llevo dicho, deberá modificarse la sentencia ap
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