Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 3209
Causa N º MO-3209-2014
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "OJEDA LORENZO MARCELINO C/ DE GREGORIO JUAN FRANCISCO Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) " Causa N º MO-3209-2014 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO, dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial nro. 12 Departamental, con fecha 6 de Mayo de 2021 dictó sentencia definitiva, haciendo lugar a la demanda en los términos que de allí surgen.
Apelaron la actora y la citada en garantía.
Sus recursos se concedieron libremente.
El de la actora fue fundado con el escrito de fecha 12 de Julio de 2023, replicado con fecha 9 de Agosto de 2023.
El de la aseguradora lo fue con la presentación de fecha 13 de Julio de 2023, que no mereció réplica.
La actora se queja de las sumas fijadas en concepto de incapacidad física, daño moral, daño psíquico y gastos de tratamiento, reclamando su elevación.
La aseguradora, mientras tanto, cuestiona las mismas sumas, pero con fines contrapuestos. Sostiene, asimismo, que la sentenciante ha fallado mas allá de lo pedido, violentando el principio de congruencia.
Al tenor de cada escrito cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 31 de Agosto de 2023, se llamaron "autos para sentencia" providencia que adquirió firmeza, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, lo que deja las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
2. Circunscripta así la cuestión, he de comenzar señalando que -desde mi punto de vista- los fundamentos de ambos recursos sortean la valla del art. 260 del CPCC.
Comienzo por las quejas vinculadas a la eventual violación del principio de congruencia.
En tal sentido, debemos recordar que, como lo ha venido señalando la sala en múltiples ocasiones, " ha dicho la Suprema Corte de Justicia de este Estado, in re "Piersantelli Vda. de Suarez, Renata y otro c/ Mauregui, Angel s/daños y perjuicios" -Acuerdo 22.875 del 23/11/76- (Acuerdos y Sentencias Tomo 1976-III-p gs 157/60) que: "La remisión, respecto del monto pretendido "a lo que en más o en menos resulte de la prueba", o "de los autos" o "que fijen los peritos" u otras fórmulas de equivalente contenido, es admisible siempre que no exteriorice inconducta procesal". La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que las sentencias que condenan a un monto que sobrepasa la petición originaria, en tales supuestos no son susceptibles de recursos constitucionales, cualquiera fuere el tipo de acción (E:D: 17-494; L.L. 125-91). No existe, en realidad, decisión "ultra petita" en la genuina acepción del concepto" -mi voto en Causas 21.203 R.S. 143/88 y 18.828 R.S. m167/91 de esta Sala-.- Precisamente la Casación Provincial anuló una sentencia que había limitado el monto de la condena al importe requerido, no obstante haberlo supeditado la demandante a lo que resultare de la prueba.- sostuvo en dicha oportunidad el Dr. Negri: "La Cámara incurre en absurdo al sostener que la sentencia debe ceñirse al monto reclamado, cuando justamente la actora al peticionar esa suma" o lo que en más o en menos resulte de la prueba", está expresamente poniendo de manifiesto que los valores no se "congelen" a cifras históricas, máxime cuando, como en el caso, los rubos valor vida y daño moral que según el fallo "insumen la casi totalidad del reclamo", no están sujetos a reglas fijas, ni a pautas rígidas en función de lo probado, para lo cual basta la certeza que ha existido un perjuicio cierto (art. 1067 Código Civil, Causas L. 34.235 en Acuerdos y Sentencias 1985-III-178; L. 36.489 del 2/9/86, su doctrina) " (causa nro. 38.449 R.S. 544/97, entre otros).
Luego, teniendo en cuenta los términos en que fue entablada la demanda (ver copia del 24 de Septiembre de 2020) donde se entabla el reclamo por una suma pero supeditándola a " lo que en más o en menos resulte de las probanzas de autos y del recto criterio de vuestra señoría al sentencia " no hay infracción alguna al principio de congruencia.
Mas aun: teniendo en cuenta la época del suceso, el tiempo en que se entabló la demanda y el que se ha demorado hasta tanto el expediente llegó a la Cámara, tratándose la presente de una deuda de valor (motivo por el cual la indemnización ha de fijarse a valores mas próximos a la época del fallo), computando -asimismo- las condiciones económicas actuales (de público y notorio conocimiento) es esperable que los valores que se fijen superen, con creces, los reclamados hace algunos años atrás; y ello queda cubierto, tal lo dicho, por la fórmula amplia que he referido anteriormente.
Con esto aclarado (que incluso incidirá en los montos que nosotros fijaremos) paso, ahora, a tratar las quejas relativas a la incapacidad física, rubro que -englobando el menoscabo psicofísico- prosperó por la suma de $350.000 (no perdamos de vista que la sentencia data del año 2021).
Al respecto cabe recordar que la indemnización por incapacidad psicofísica tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquélla tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. En suma, el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluidos los daños de salud y a la integridad física y psíquica (A. Abrevaya, El Daño y Su Cuantificación, ed. Abeledo-Perrot, pág. 55/57; año 2008 y jurisp. allí citada).
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1746 y ccdtes. del CCyCN).
Ahora bien, con respecto a la cuantificación del perjuicio, como lo expliqué anteriormente, considero que no puede fijarse en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de cálculos actuariales que puede ser meras pautas indicativas y sugeridas, como así tampoco por el conocido parámetro del "calcul au point", sino que debe adoptarse un criterio que, en cada caso, contemple las específicas circunstancias de la víctima, especialmente las referidas a la edad, estado familiar, preparación intelectual o capacitación para el trabajo, el grado de disfunción y la incidencia que ésta tiene para el cumplimiento de las tareas que desarrollaba, inclusive en su vida de relación, como también el nivel socioeconómico en que se desenvolvía (art. 165, C.P.C.C.; conf. SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).
Decía, asimismo, en la causa mo-21839-2014, sentencia del 3 de Marzo de 2022 del Registro de la Sala III que los montos dependen de las circunstancias del caso, y que varían o pueden lícitamente variar de caso en caso, y de tiempo en tiempo, no estando constreñido moral ni jurídicamente a seguir los valores que en otros casos pudieran haberse fijado, ni tampoco el método del calcul au point, sino más bien me inclino decididamente por la posición establecida por el Dr. Jordá en cuanto a que el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de meros cálculos matemáticos, y que esa clase de porcentajes sólo constituyen un elemento más a considerar entre una multiplicidad de variables.
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo y el principio de integralidad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso-.
Pues bien, teniendo en cuenta los alcances de los agravios de las partes, vemos que ninguna cuestiona el tema de la valoración de la pericia ni la vinculación causal de los daños con el hecho aquí analizado.
El fallo trabaja con una incapacidad del 6,88% apoyándose en la pericia del 16 de Septiembre de 2018, donde se indica que el actor padece secuelas detectadas en la columna cervical y parrilla costal.
Consecuentemente, teniendo en cuenta lo dicho en la pericia, que emana de profesional competente y la ausencia de elementos (objetivos) que la contradigan, sin perder de vista lo expuesto recién en cuanto al limite de los agravios (art. 260 del CPCC) me atendré, yo también, a lo que surge de la pericia.
Pues bien, llegado a este punto, efectuadas las antedichas aclaraciones y teniendo determinado el menoscabo incapacitante cabe aclarar que la cuestión resarcitoria no debe observarse desde el estrecho lente del menoscabo económico que ya pudiera haberse sufrido, desde el momento en que nos hallamos ante una incapacidad, de carácter permanente, que acompañará a una persona a lo largo de los años que le queden de vida.
Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta todo lo dicho hasta aquí, conjugando las incapacidades resultantes con las circunstancias personales del actor (sexo, edad y condiciones socio económicas del reclamante) y el impacto patrimonial que ello ha de generar al reclamante, entiendo que la suma fijada en este rubro no es para nada excesiva, sino mas bien reducida, por lo que promoveré su elevación a la de $2.800.000 (dos millones ochocientos mil pesos) .
Continúo con el menoscabo psíquico, donde rigen las mismas pautas antedichas en lo que hace a la composición del rubro.
El mismo ha prosperado por la suma de $250.000 en concepto de incapacidad y tratamiento, dividiéndolo en la forma indicada en la sentencia.
Aquí tenemos una pericia psicológica (2 de Mayo de 2019) que nos habla de una incapacidad del 10% , luego tenemos las explicaciones del 23 de Agosto del mismo año.
Asimismo, se indica tratamiento psicológico en la modalidad terapia individual, con una duración no menor a un año, y frecuencia de una sesión por semana ya que el nombrado refiere no haber recibido asistencia por los hechos que motivan el presente.
Aclarando que la finalidad de recibir asistencia terapéutica es para contención y esclarecimiento de lo vivenciado, tendría como utilidad que dicho estado de angustia no se profundice ni se agrave.
De este modo, en tanto el tratamiento apunta a evitar agravamientos, no hay superposición de rubros y partidas, correspondiendo admitirlo, junto con la incapacidad.
La pericia es clara, explicativa, fundada, y no existe elemento objetivo ni tampoco agravio suficiente como para que nos apartemos de ella, motivo por el cual he de atenerme a sus conclusiones (arts. 384 y 474 del CPCC).
Luego, ponderando la incapacidad sufrida, el tratamiento aconsejado, la cantidad de sesiones y el costo medio (actual) de las mismas, conforme las máximas de la experiencia, entiendo que este rubro ha de prosperar por la suma de $3.000.000 (tres millones de pesos) .
Prosigo con las quejas atinentes a las sumas fijadas en concepto de gastos ($20.000).
Para abordar el tema, es del caso recordar que desde esta Sala se ha sostenido que ciertos gastos (honorarios de médicos; traslados; etc.) aunque no se haya demostrado documentadamente su existencia deben ser reparados, aunque -claro está- este concepto dista mucho de ser absoluto y de resultar una graciosa concesión de los jueces encontrando su fundamento en la naturaleza del perjuicio que hace sumamente dificultosa su prueba. Lo que si debe acreditarse es la correlación entre los gastos realizados y las lesiones experimentadas, tiempo de curación, secuelas, carácter de ellas y tratamientos aconsejados no pudiendo derivar solamente de la voluntad o comodidad de la víctima o sus familiares (ver esta Sala en causa N° 33.001, R. S.295/95, 54.100, R.S. 367/07, entre otras).
Importante resulta mencionar también que en más de una ocasión esta Sala, con cita de jurisprudencia del Superior Tribunal, tiene dicho que: "...el hecho que la víctima de un accidente de tránsito se haya atendido en establecimientos asistenciales públicos, no obsta a que en la indemnización se incluya una suma en concepto de gastos médicos y de farmacia, pues es notorio que existen erogaciones que deben ser solventadas por el paciente, aunque el resarcimiento se reitera- debe guardar concordancia con las lesiones, afección o enfermedad sufrida, sin que resulte indispensable que se encuentre documentado su importe S. C. B. A., Ac. y Sent., T° 1.976-I-549; D.J.B.A., T. 118-74-.
Asimismo, es menester referir que "...corresponde presumir las erogaciones por tal concepto a cargo de la víctima aunque no este demostrado cabalmente su importe..." -S.C.B.A., T° 117, p g. 127- (Conf. Causas de esta Sala N° 20.745, R.S. 63/88; N° 24.973 R.S. 165/90; N° 41.649, R.S. 607/99), y que la circunstancia de que la víctima de un hecho ilícito se encuentre asociada a los servicios de una obra social, no resulta suficiente para desestimar el rubro (esta Sala entre otras causas: nros. 32.928 y 32.928 bis, R.S. 648/99; 27.098, R.S. 199/91; 40.796, R.S. 218/99); pues ello no se condice con el principio de reparación integral y la obligación de resarcir todos los gastos de curación y convalecencia no se comparecen con semejante tesis (causa nro. 26.558, R.S. 148/91); lo mismo sucede en el caso de que exista una aseguradora de riesgos del trabajo.
Pues bien, a esta altura, están acreditados los menoscabos físicos que ha sufrido el actor y los tratamientos a los que debió someterse, por lo que -computando incluso la antedicha presunción- entiendo que debe elevarse la suma fijada, a la de $50.000 (cincuenta mil pesos) .
Finalizo con las quejas relativas al daño moral.
Al respecto he dicho que se entiende por daño moral, la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. Su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio de enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por el reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir. Siendo eso así, de lo que se trata es de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido.
El daño moral es de carácter resarcitorio y no de naturaleza punitiva, es decir, no se trata de reprochar la conducta del ofensor, sino de resarcir económicamente a la víctima, que no debe guardar necesaria relación con el daño de carácter patrimonial.
Tiene entendido nuestro Superior Tribunal que el reconocimiento y resarcimiento del daño moral depende -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que haya existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por demostrado por el sólo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- (conf. entre otros: S.C.B.A., Ac. y Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975, pág. 187; Ac.51.179 del 02/11/93).
Pues bien, desde esta perspectiva, hay varios elementos a tener en cuenta: las características del hecho, las lesiones que sufrió el actor, los tratamientos a los que debió someterse y la incapacidad psicofísica que le ha quedado
Luego, y por tales razones, ponderando algunas satisfacciones sustitutivas que el actor pudiera encontrar con el dinero, entiendo que el monto fijado no es para nada excesivo sino reducido, motivo por el cual promoveré su elevación a la suma de $1.000.000 (un millón de pesos) .
3. En suma y por lo que llevo dicho, deberá modificarse la sentencia apelada elevando los montos fijados en concepto de daño físico, daño psíquico, gastos y daño moral a los de $2.800.000 (dos millones ochocientos mil pesos), $3.000.000 (tres millones de pesos), $50.000 (cincuenta mil pesos) y $1.000.000 (un millón de pesos) , con costas de Alzada a la demandada y citada en garantía (art. 68 del CPCC).
Consecuentemente a la cuestión planteada doy mi voto
PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA
A LA MISMA CUESTION EL SR. JUEZ DR. GALLO DIJO:
Adhiero al voto que antecede, por sus mismos fundamentos, con las los propios que aquí añado
En lo tocante al monto fijado por daño físico, cabe señalar que la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de daños, t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Asimismo tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suáres), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos a
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