Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 66663
Causa N º MO-66663-2017
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "VILLALBA VICTOR MANUEL Y OTRO/A C/ ALVAREZ LUNA FLORENCIA LUZ Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" Causa N º MO-66663-2017 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO, dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 Departamental, con fecha 22 de Mayo de 2023 dictó sentencia definitiva, haciendo lugar a la demanda en los términos que de allí surgen.
Apelan la actora, la co demandada y la citada en garantía.
Sus recursos se conceden libremente.
El de la actora fue fundado con el escrito de fecha 26 de Junio de 2023, no replicado.
El de la co demandada y la citada en garantía lo fue con el escrito de fecha 23 de Junio de 2023, replicado con fecha 3 de Agosto de 2023.
La actora llega cuestionando la suma fijada por incapacidad física para ambos co actores, la establecida por daño psíquico para Valiente y la fijada por daño extrapatrimonial.
La demandada y su garante, mientras tanto, se quejan de que se haya tenido por acreditado el hecho dañoso, objetan -además- las sumas resarcitorias.
Al tenor de cada escrito cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 29 de Agosto de 2023, se llamaron "autos para sentencia" providencia que adquirió firmeza, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, lo que deja las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
2. Circunscripta así la cuestión, he de comenzar señalando que -desde mi punto de vista- los fundamentos de los recursos sortean, en líneas generales y sin perjuicio de lo que diré de algunos aspectos en particular, la valla del art. 260 del CPCC.
Debo comenzar abordando las quejas de la co demandada y su garante relativas a la acreditación del hecho dañoso.
En tal sentido, es sabido que quien reclama por daños y perjuicios debe acreditar la existencia del hecho en base al cual peticiona un resarcimiento y, además, su conexión causal con los perjuicios reclamados (arts. 1734, 1736 CCyCN, 375 CPCC).
Pues bien, aquí la co demandada y su garante traen una serie de cuestionamientos.
Veamos.
El Sr. Juez de Grado computa varios elementos.
En primer lugar, la rebeldía.
Al respecto, las apelantes dicen varias cosas e, incluso, dejan entrever alguna posibilidad de que existiera cierta conducta perjudicial hacia la aseguradora por parte del asegurado.
Pues bien, como quiera que esto sea, la cuestión debería ventilarse por la vía y forma que corresponda; incluso porque en este proceso, mas allá de las afirmaciones de las apelantes, no contamos con mayores elementos objetivos.
No veo que haya mediado alguna denuncia o presentación de algún tipo en relación a la conducta de su asegurado, que describe al expresar agravios.
Lo único que tenemos es la rebeldía, declarada y firme, que genera las consecuencias establecidas por el sistema de los arts. 59 y ccdtes. del CPCC, la cual es capitalizada para decidir por el sentenciante de la instancia originaria.
Además, el Sr. Juez de Grado se apoya en las constancias de la causa penal, ofrecida como prueba por la actora e incorporada en el trámite de fecha 5 de Marzo de 2021.
Pues bien, a este respecto cabe recordar que esta Sala en la causa 37892 (R.S. 24/99) ha sostenido que " cuando se ofrecen como prueba todas las constancias de la causa penal, y en ella aparecen actuaciones que enervan total o parcialmente las pretensiones del accionante o las defensas del accionado, es necesario ensayar alguna explicación que al menos tienda a desvirtuar los efectos negativos de esos elementos probatorios. Ha dicho la Suprema Corte de Justicia de nuestra provincia que los elementos de convicción del sumario policial se incorporan a la causa civil cuando se traen como prueba (Acuerdos y Sentencias 1.958 -II-365; 1.958-V-337; esta sala en Causas 24.215 Reg. Sent. 29/90; 28.298 Reg. Sent. 87/92) (...) ".
Así, se trata de prueba adquirida para el proceso (causa nro. 39389 R.S. 171/09).
Hemos destacado también que el mismo Máximo tribunal de la provincia, sostiene que la doctrina que impide trasladar la eficacia probatoria de las declaraciones testimoniales producidas en la causa penal, si el expediente no fue ofrecido por ambas partes, o si se ha omitido reproducir en sede civil dichos testimonios "...no debe aplicarse rígidamente porque limita demasiado la apreciación judicial" (ver S.C.B.A., Acuerdo 61.784; esta Sala en causa nro. 57713 R.S. 219/10).
Pues bien, en este contexto, observamos que, al contestar demanda, pudieron plantearse las cuestiones que ahora se traen u oponerse al ofrecimiento de la causa penal.
No se planteó absolutamente nada.
Incluso las quejosas pudieron, mediante su asistencia letrada, acceder a tal causa y procurar la citación de los testigos que allí habían declarado, si querían interrogarlos aquí.
Nada de eso se hizo.
Ni siquiera se planteó nada cuando las actuaciones penales se incorporaron, digitalizadas.
Tampoco se ofreció ninguna prueba (art. 375 del CPCC) para revertir las que había aportado la contraria.
En este contexto, las objeciones que ahora se traen son tardías pues, en su momento, debió mediar o bien oposición a la agregación de dichas constancias penales o bien algún ofrecimiento probatorio que apuntara a desvirtuarlas.
Insisto: nada se hizo y se viene, recién en Cámara, a plantear múltiples cuestiones sobre este tema y a deslizar una serie de cuestiones que no encuentran respaldo objetivo en las constancias de la causa .
Ello, lo aclaro, mas allá del análisis en cuanto a la vinculación causal entre los padecimientos de los que nos habla el perito y el hecho dañoso.
Considero, entonces, que los agravios de la co demandada y su aseguradora, en este punto, han de desestimarse.
Sigo con las quejas vinculadas a la incapacidad física, rubro que prosperó por la suma de $1.800.000,00 para el Sr. Victor Manuel Villalba y $1.500.000,00 para la Sra. Nilda Modesta Valiente.
Al respecto cabe recordar que la indemnización por incapacidad psicofísica tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquélla tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. En suma, el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluidos los daños de salud y a la integridad física y psíquica (A. Abrevaya, El Daño y Su Cuantificación, ed. Abeledo-Perrot, pág. 55/57; año 2008 y jurisp. allí citada).
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1746 y ccdtes. del CCyCN).
Ahora bien, con respecto a la cuantificación del perjuicio, como lo expliqué anteriormente, considero que no puede fijarse en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de cálculos actuariales que puede ser meras pautas indicativas y sugeridas, como así tampoco por el conocido parámetro del "calcul au point", sino que debe adoptarse un criterio que, en cada caso, contemple las específicas circunstancias de la víctima, especialmente las referidas a la edad, estado familiar, preparación intelectual o capacitación para el trabajo, el grado de disfunción y la incidencia que ésta tiene para el cumplimiento de las tareas que desarrollaba, inclusive en su vida de relación, como también el nivel socioeconómico en que se desenvolvía (art. 165, C.P.C.C.; conf. SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).
Decía, asimismo, en la causa mo-21839-2014, sentencia del 3 de Marzo de 2022 del Registro de la Sala III que los montos dependen de las circunstancias del caso, y que varían o pueden lícitamente variar de caso en caso, y de tiempo en tiempo, no estando constreñido moral ni jurídicamente a seguir los valores que en otros casos pudieran haberse fijado, ni tampoco el método del calcul au point, sino más bien me inclino decididamente por la posición establecida por el Dr. Jordá en cuanto a que el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de meros cálculos matemáticos, y que esa clase de porcentajes sólo constituyen un elemento más a considerar entre una multiplicidad de variables.
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo y el principio de integralidad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso-.
Pues bien, teniendo en cuenta los alcances de los agravios de las partes, comienzo por lo atinente a la valoración de la pericia (presentación del 11 de Agosto de 2022 y explicaciones del día 24 de ese mismo mes y año.
La pericia nos informa una incapacidad respecto de Villalba del 11,65% por cervicalgia y esguince de tobillo izquierdo; respecto de Valiente informa una incapacidad del 9.76% por cervicalgia y limitación funcional de tobillo derecho.
La pericia se apoya en constancias médicas concomitantes al accidente (http://docs.scba.gov.ar/Documentos?nombre=30e5230e-63a3-430d-99bd-d16191e8ceda&hash=06EC8F21B677277BE79D9BB49159C298&nombrepath=Villalba+victor+c+alvarez+cc1m+ANTECEDENTES+MEDICO+HOSPITALARIOS.pdf) que no son solamente las del hospital sino que comprenden también las de otra institución.
Aclaro que, en este último sentido, acompañadas las constancias pertinentes (ver resolución del 20 de Agosto de 2019) no se planteó absolutamente nada (art. 401 del CPCC).
Tampoco se planteó nada al presentarse la pericia, en cuanto a la vinculación causal y la documentación médica (ver presentación del 22 de Agosto de 2022).
Sino que se viene con la cuestión directamente ante esta Alzada.
Sobre el tema pudieron, y debieron, las apelantes interrogar al perito en los términos del art. 473 del CPCC, en vez de venir con el tema directamente ante esta Sala, cuando la etapa probatoria ya está cerrada.
En conclusión: tenemos una pericia médica que, fundadamente, apoyándose en estudios complementarios, constancias de la época del accidente y la revisación de los actores nos está informando determinados padecimientos, sin que existan pruebas (objetivas) que la contradigan, mas allá de la discrepancia (subjetiva) de las quejosas, que recién están viniendo a la instancia de revisión a traer varias cuestiones.
Consecuentemente, teniendo en cuenta lo dicho en la pericia, me atendré a ella (arts. 384 y 474 del CPCC).
Pues bien, llegado a este punto, efectuadas las antedichas aclaraciones y teniendo determinado el menoscabo incapacitante cabe aclarar que la cuestión resarcitoria no debe observarse desde el estrecho lente del menoscabo económico que ya pudiera haberse sufrido, desde el momento en que nos hallamos ante una incapacidad, de carácter permanente, que acompañará a una persona a lo largo de los años que le queden de vida.
Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta todo lo dicho hasta aquí, conjugando las incapacidades resultantes con las circunstancias personales de cada uno de los actores (sexo, edad y condiciones socio económicas del reclamante) y el impacto patrimonial que ello ha de generar a los reclamantes, entiendo que las suma fijadas en este rubro no es para nada excesiva, sino mas bien reducida, por lo que promoveré su elevación a la de $4.000.000 (cuatro millones de pesos) para Villalba y $3.500.000 (tres millones quinientos mil pesos) para Valiente.
En cuanto al daño psíquico, el fallo lo descarta para Villalba y lo admite para Valiente, prosperando el rubro por la suma de $375.000.
Con relación a la desestimación, no tenemos crítica suficiente (art. 260 del CPCC).
Sí, en cambio, en cuanto al monto fijado para Valiente.
Aquí tenemos una pericia (ver escrito de fecha 27 de Octubre de 2021 y explicaciones del 15 de Noviembre de 2022) que, emanando de profesional competente, de manera clara, explicativa y fundada, con apoyatura en estudios especializados, nos dice que el accidente motivo de juicio le ha ocasionado a la actora una fobia específica reactiva de carácter leve, con una incapacidad del 10%.
Luego, teniendo en cuenta la entidad el menoscabo, y las condiciones personales de la accionante, y computando residualmente la incapacidad, articulándola con los menoscabos concretos (no abstractos) y con el carácter leve de la patología, entiendo que el rubro ha de prosperar, que la suma no es elevada, sino reducida, por lo que promoveré su elevación a la de $1.500.000 (un millón quinientos mil pesos) .
Finalizo con las quejas relativas al daño extrapatrimonial, que prosperó por la suma de $300.000 para cada co actor.
Al respecto he dicho que se entiende por daño moral, la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. Su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio de enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por el reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir. Siendo eso así, de lo que se trata es de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido.
El daño moral es de carácter resarcitorio y no de naturaleza punitiva, es decir, no se trata de reprochar la conducta del ofensor, sino de resarcir económicamente a la víctima, que no debe guardar necesaria relación con el daño de carácter patrimonial.
Tiene entendido nuestro Superior Tribunal que el reconocimiento y resarcimiento del daño moral depende -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que haya existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por demostrado por el sólo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- (conf. entre otros: S.C.B.A., Ac. y Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975, pág. 187; Ac.51.179 del 02/11/93).
Por lo demás, el art. 1741 del CCyCN nos indica las pautas a seguir para su tarifación.
Pues bien, desde esta perspectiva, hay varios elementos a tener en cuenta: las características del hecho, las lesiones que sufrió cada uno de los actores, los tratamientos a los que debieron someterse y la incapacidad que les ha quedado
Luego, y por tales razones, ponderando algunas satisfacciones sustitutivas que el actor pudiera encontrar con el dinero, entiendo que el monto fijado no es para nada excesivo sino reducido, motivo por el cual promoveré su elevación a la suma de $1.000.000 (un millón de pesos) para cada uno de los actores.
3. En suma y por lo que llevo dicho, deberán elevarse las sumas fijadas en concepto de incapacidad física y daño extrapatrimonial, a las de $4.000.000 (cuatro millones de pesos) y $1.000.000 (un millón de pesos) para el co actor Villalba y a las de $3.500.000 (tres millones quinientos mil pesos) y $1.000.000 (un millón de pesos) , prosperando para ella el rubro daño psicológico por la suma de $1.500.000 (un millón quinientos mil pesos), confirmando la sentencia apelada en lo demás que decide y ha sido materia de agravio, con costas de Alzada a la demandada y citada en garantía (art. 68 del CPCC).
Consecuentemente a la cuestión planteada doy mi voto
PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA
A LA MISMA CUESTION EL SR. JUEZ DR. GALLO DIJO:
Adhiero al voto que antecede, por sus mismos fundamentos, con las los propios que aquí añado
En lo tocante al monto fijado por daño físico, cabe señalar que la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de daños, t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Asimismo tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suáres), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, c
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.