Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 30110
Causa N º MO-30110-2021
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "BILLORDO GONZALO JORGE C/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" Causa N º MO-30110-2021 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO, resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es ajustada a derecho la resolución de fecha 27 de Marzo de 2023?
2. ¿Es ajustada a derecho la sentencia de fecha 31 de Julio de 2023?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO, dijo:
1. La resolución de fecha 27 de Marzo de 2023 decidió desestimar la negligencia planteada, con costas a la demandada y su aseguradora.
Apelan las nombradas, su recurso se concede en relación y con efecto diferido.
Lo fundan con el escrito de fecha 11 de Agosto de 2023, replicado con fecha 25 de ese mismo mes y año, en donde objetan la imposición y costas y a cuyos términos cabe remitirse.
2. Abordando la cuestión, es pertinente resaltar que en nuestro ordenamiento rige el principio objetivo de la derrota, consagrado por el art. 68 del CPCC, pudiendo el juez apartarse del mismo, dando las razones del caso, por motivos de equidad o cuando las circunstancias del caso así lo aconsejaren.
Esto se aplica también a los incidentes, donde el criterio para la eximición de costas es algo mas estricto.
Pues bien, en el caso, tenemos que planteada la negligencia, la actora contestó el traslado y detalló, claramente, todas las diligencias que venía llevando a cabo.
Por lo demás, no se observa una demora inusitada ni tampoco desmedida en la realización de los distintos exámenes complementarios que resultaban necesarios para llevar a cabo las pericias.
Es mas, las propias apelantes demoraron en efectuar el pago del anticipo para gastos y fue por tal razón que se las tuvo por desistidas de la pericia.
Esto sucedió escasos días antes de que ellas plantearan la negligencia.
A todo evento, las apelantes en lugar de plantear la negligencia podían haber solicitado que se intimara a la actora a manifestar o a acreditar las diligencias que estaba llevando a cabo, cosa que no hicieron.
En este contexto, lo claro es que las demandadas resultaron vencidas en la incidencia, y no hay razón de equidad alguna para flexibilizar el principio que indica que las costas deben imponerse al vencido.
3. Luego, y por tal razón, el auto apelado ha de confirmarse, con costas a las recurrentes (art. 68 del CPCC).
Lo dicho me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión y por idénticos fundamentos, el Sr. Juez Dr. Gallo adhiere votando en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO, dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial nro. 12 Departamental, con fecha 31 de Julio de 2023 dictó sentencia definitiva, haciendo lugar a la demanda en los términos que de allí surgen.
Apelan la actora, la demandada y la citada en garantía.
Los recursos fueron concedidos libremente.
El de la actora fue fundado con el escrito de fecha 11 de Agosto de 2023, a las 18.24hs, replicado con fecha 18 del mismo mes y año.
El de la demandada y citada en garantía con el de fecha 11 de Agosto de 2023, a las 13.21hs , replicado con fecha 25 de Agosto de 2023.
La actora viene quejándose de las sumas fijadas en concepto de incapacidad física, daño psíquico, daño moral y gastos, pretendiendo su elevación; mientras que la demandada, y su aseguradora, cuestionan las tres primeras sumas, con fines contrapuestos obviamente, y también la tasa de interés.
Al tenor de cada escrito cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 14 de Septiembre de 2023, se llamaron "autos para sentencia" providencia que adquirió firmeza, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, lo que deja las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
2. Circunscripta así la cuestión, he de comenzar señalando que -desde mi punto de vista- los fundamentos de ambos recursos, interpretados y valorados con amplitud, sortean la valla del art. 260 del CPCC.
Comienzo por las quejas vinculadas a la incapacidad física , rubro que prosperó por la suma de $6.000.000.
Al respecto cabe recordar que la indemnización por incapacidad psicofísica tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquélla tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. En suma, el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluidos los daños de salud y a la integridad física y psíquica (A. Abrevaya, El Daño y Su Cuantificación, ed. Abeledo-Perrot, pág. 55/57; año 2008 y jurisp. allí citada).
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1746 y ccdtes. del CCyCN).
Ahora bien, con respecto a la cuantificación del perjuicio, como lo expliqué anteriormente, considero que no puede fijarse en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de cálculos actuariales que puede ser meras pautas indicativas y sugeridas, como así tampoco por el conocido parámetro del "calcul au point", sino que debe adoptarse un criterio que, en cada caso, contemple las específicas circunstancias de la víctima, especialmente las referidas a la edad, estado familiar, preparación intelectual o capacitación para el trabajo, el grado de disfunción y la incidencia que ésta tiene para el cumplimiento de las tareas que desarrollaba, inclusive en su vida de relación, como también el nivel socioeconómico en que se desenvolvía (art. 165, C.P.C.C.; conf. SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).
Decía, asimismo, en la causa mo-21839-2014, sentencia del 3 de Marzo de 2022 del Registro de la Sala III que los montos dependen de las circunstancias del caso, y que varían o pueden lícitamente variar de caso en caso, y de tiempo en tiempo, no estando constreñido moral ni jurídicamente a seguir los valores que en otros casos pudieran haberse fijado, ni tampoco el método del calcul au point, sino más bien me inclino decididamente por la posición establecida por el Dr. Jordá en cuanto a que el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de meros cálculos matemáticos, y que esa clase de porcentajes sólo constituyen un elemento más a considerar entre una multiplicidad de variables.
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo y el principio de integralidad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso-.
Pues bien, teniendo en cuenta los alcances de los agravios de las partes, comienzo por lo atinente a la valoración de la pericia médica.
El dictamen pericial de fecha 22 de Marzo de 2023 nos habla de una incapacidad parcial y permanente del 30,65 % (aplicando la Fórmula de Balthazard para incapacidades múltiples), que desglosa así: Cervicalgia 4% (contractura muscular dolorosa, perdida de lordosis, disminución rango movimientos); rigidez de muñeca derecha (lado dominante): 4 %; lesión de rodilla derecha (inestabilidad simple, interna, con hidrartrosis): 16%; esguince de tobillo izquierdo (laxitud de ligamentos laterales con bostezo y cajón positivo con edema local): 5 % y rigidez de tobillo izquierdo: 3%.
Al perito le fueron requeridas explicaciones, y las respondió con fecha 29 de Mazo de 2023, satisfactoriamente, a mi juicio.
Lo cierto es que el dictamen emana de profesional competente, se apoya en estudios complementarios y en la revisación del actor (no es cierto que el perito se expida solo en base a los dichos del accionante), como así también en documentación concomitante al evento dañoso, no existiendo en el expediente elementos de convicción (objetivos) que lo contradigan, mas allá de la discrepancia (subjetiva) de las apelantes a su respecto.
Consecuentemente, me atendré, yo también, a lo que surge de la pericias (arts. 384 y 474 del CPCC).
Pues bien, llegado a este punto, efectuadas las antedichas aclaraciones y teniendo determinado el menoscabo incapacitante cabe aclarar que la cuestión resarcitoria no debe observarse desde el estrecho lente del menoscabo económico que ya pudiera haberse sufrido, desde el momento en que nos hallamos ante una incapacidad, de carácter permanente, que acompañará a una persona a lo largo de los años que le queden de vida.
Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta todo lo dicho hasta aquí, conjugando las incapacidades resultantes con las circunstancias personales del actor (sexo, edad y condiciones socio económicas del reclamante) y el impacto patrimonial que ello ha de generar al reclamante, entiendo que la suma fijada en este rubro no es para nada excesiva, sino mas bien reducida, por lo que promoveré su elevación a la de $10.000.000 (diez millones de pesos) .
Prosigo con las quejas atinentes a las sumas fijadas en concepto daño psíquico y tratamiento psicológico ($1.500.000 y $200.000) respectivamente.
La pericia (escrito del 21 de Marzo de 2023) nos habla de un desarrollo reactivo moderado y de una incapacidad del 15%, señalando -como bien lo indican la demandada y su aseguradora- que el cuadro que en la actualidad presenta el peritado guarda un NEXO CONCAUSAL INDIRECTO con los sucesos que se investigan, indicando que corresponde la mayoría del porcentaje al hecho en autos (60%)
Es decir, tenemos un 9% de incapacidad vinculada causalmente con el evento dañoso.
Además, se recomienda un tratamiento psicoterapéutico con el propósito de evitar el posible agravamiento del cuadro ya que las secuelas son permanentes, por el lapso de al menos un año, con frecuencia semanal.
La perito ha respondido, el 3 de Abril de 2023, las explicaciones que se le solicitaron.
Llegado este punto he de decir que, al igual que sucedía con la pericia médica, la psicológica emana de profesional competente, sus conclusiones son asertivas, es clara, explicativa y está fundada, no encontrando ninguna razón objetiva para desatender sus conclusiones (arts. 384 y 474 del CPCC).
Desde esta perspectiva, tengo para mi que conjugando el porcentaje de incapacidad informado, con las circunstancias personales del actor y la incidencia, concreta (no abstracta) del menoscabo, la suma fijada en concepto de incapacidad se perfila sensiblemente reducida, por lo que promoveré su elevación a la de $3.000.000 (tres millones de pesos) .
Por lo demás, computando la cantidad de sesiones, y el costo medio actual que cabe asignarle a cada una de ellas, según las máximas de la experiencia (art. 384 del CPCC), considero que la suma fijada en concepto de gastos de tratamiento psicológica, no es ni elevada ni reducida, sino que se perfila prudente, equitativa y razonable.
Voy a tratar, ahora, los agravios de la actora contra la suma fijada en concepto de gastos ($100.000).
Para abordar el tema, es del caso recordar que desde esta Sala se ha sostenido que ciertos gastos (honorarios de médicos; traslados; etc.) aunque no se haya demostrado documentadamente su existencia deben ser reparados, aunque -claro está- este concepto dista mucho de ser absoluto y de resultar una graciosa concesión de los jueces encontrando su fundamento en la naturaleza del perjuicio que hace sumamente dificultosa su prueba. Lo que si debe acreditarse es la correlación entre los gastos realizados y las lesiones experimentadas, tiempo de curación, secuelas, carácter de ellas y tratamientos aconsejados no pudiendo derivar solamente de la voluntad o comodidad de la víctima o sus familiares (ver esta Sala en causa N° 33.001, R. S.295/95, 54.100, R.S. 367/07, entre otras).
Importante resulta mencionar también que en más de una ocasión esta Sala, con cita de jurisprudencia del Superior Tribunal, tiene dicho que: "...el hecho que la víctima de un accidente de tránsito se haya atendido en establecimientos asistenciales públicos, no obsta a que en la indemnización se incluya una suma en concepto de gastos médicos y de farmacia, pues es notorio que existen erogaciones que deben ser solventadas por el paciente, aunque el resarcimiento se reitera- debe guardar concordancia con las lesiones, afección o enfermedad sufrida, sin que resulte indispensable que se encuentre documentado su importe S. C. B. A., Ac. y Sent., T° 1.976-I-549; D.J.B.A., T. 118-74-.
Asimismo, es menester referir que "...corresponde presumir las erogaciones por tal concepto a cargo de la víctima aunque no este demostrado cabalmente su importe..." -S.C.B.A., T° 117, p g. 127- (Conf. Causas de esta Sala N° 20.745, R.S. 63/88; N° 24.973 R.S. 165/90; N° 41.649, R.S. 607/99), y que la circunstancia de que la víctima de un hecho ilícito se encuentre asociada a los servicios de una obra social, no resulta suficiente para desestimar el rubro (esta Sala entre otras causas: nros. 32.928 y 32.928 bis, R.S. 648/99; 27.098, R.S. 199/91; 40.796, R.S. 218/99); pues ello no se condice con el principio de reparación integral y la obligación de resarcir todos los gastos de curación y convalecencia no se comparecen con semejante tesis (causa nro. 26.558, R.S. 148/91); lo mismo sucede en el caso de que exista una aseguradora de riesgos del trabajo.
Juega, además, la presunción del art. 1746 del CCyCN.
Pues bien, a esta altura, están acreditados los menoscabos físicos que ha sufrido el actor y los tratamientos a los que debió someterse, por lo que -computando incluso la antedicha presunción- entiendo que el monto no es para nada reducido, con lo cual y dado que no existe agravio de la demandada y citada en garantía sobre el punto, debe confirmarse también este aspecto de la decisión.
Finalizo con las quejas relativas al daño extrapatrimonial, que prosperó por la suma de $3.000.000 (tres millones de pesos).
Al respecto he dicho que se entiende por daño moral, la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. Su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio de enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por el reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir. Siendo eso así, de lo que se trata es de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido.
El daño moral es de carácter resarcitorio y no de naturaleza punitiva, es decir, no se trata de reprochar la conducta del ofensor, sino de resarcir económicamente a la víctima, que no debe guardar necesaria relación con el daño de carácter patrimonial.
Tiene entendido nuestro Superior Tribunal que el reconocimiento y resarcimiento del daño moral depende -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que haya existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por demostrado por el sólo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- (conf. entre otros: S.C.B.A., Ac. y Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975, pág. 187; Ac.51.179 del 02/11/93).
Por lo demás, el art. 1741 del CCyCN nos indica las pautas a seguir para su tarifación.
Pues bien, desde esta perspectiva, hay varios elementos a tener en cuenta: las características del hecho, las lesiones que sufrió el actor, los tratamientos a los que debió someterse y la incapacidad psicofísica que le ha quedado, que es considerable.
Luego, y por tales razones, ponderando algunas satisfacciones sustitutivas que el actor pudiera encontrar con el dinero, entiendo que el monto fijado no es para nada excesivo sino algo reducido, motivo por el cual promoveré su elevación a la suma de $4.000.000 (cuatro millones de pesos) .
Debo dar respuesta, por último, a los agravios de la demandada y citada en garantía, relativos a la forma de computar los intereses.
Y entiendo que les asiste razón.
Es que aplicando la doctrina de los precedentes "Vera", "Nidera", "Paredes" y concordantes, la tasa pura (6%) debe aplicarse hasta el momento de tarifación de los rubros.
En el caso, esto es al momento de dictarse este fallo, por lo que los intereses deberán calcularse desde la fecha del hecho y hasta la del presente decisorio, a la tasa del 6% anual y, de allí en mas, a la tasa bancaria establecida en la sentencia de primera instancia.
3. En suma y por lo que llevo dicho, deberá modificarse la sentencia apelada, elevándose las sumas fijadas en concepto de incapacidad física, daño psíquico y daño extrapatrimonial a las de $10.000.000 (diez millones de pesos) , $3.000.000 (tres millones de pesos) , $4.000.000 (cuatro millones de pesos) respectivamente, confirmándose las sumas fijadas en concepto de gastos y tratamiento psicológico, dejando establecido que los intereses deberán calcularse desde la fecha del hecho y hasta la del presente decisorio, a la tasa del 6% anual y, de allí en mas, a la tasa bancaria establecida en la sentencia de primera instancia.
Las costas de Alzada deberán imponerse en un 10% a la actora y en un 90% a la demandada y citada en garantía (arts. 68 y 71 del CPCC).
Consecuentemente a la segunda cuestión planteada doy mi voto
PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA
A LA MISMA CUESTION EL SR. JUEZ DR. GALLO DIJO:
Adhiero al voto que antecede, por sus mismos fundamentos, con las los propios que aquí añado
En lo tocante al monto fijado por daño físico, cabe señalar que la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de daños, t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuy
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