Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 12099
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.
Costas de Alzada, a la actora (art. 68 del CPCC).
Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
Causa Nº MO-12099-2016
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "ORREGO GABRIEL EZEQUIEL Y OTRO/A C/ IZAGUIRRE VICTOR GABRIEL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) Causa N º MO-12099-2016" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO - CUNTO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 3 Departamental con fecha 2 de Agosto de 2023 declaró la caducidad de instancia, con costas a la actora.
Apela la parte actora, su recurso se concede en relación y se funda con el memorial de fecha 21 de Agosto de 2023, que no mereció réplica y a cuyos términos cabe remitirse, en homenaje a la brevedad procesal.
Con fecha 26 de Septiembre de 2023, se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, lo que deja las actuaciones en condición de ser resueltas.
2. Para abordar la cuestión planteada, es oportuno recordar que esta Sala que ahora integro en la causa 39.829, R.S. 60/13 ha sostenido en relación al instituto de la caducidad de instancia que: "es uno de los modos anormales de terminación del proceso, apunta a objetivos en los cuales está interesado el servicio de justicia a través del principio de economía procesal (Arts. 34 inc, 5 e del C.P.C.C.) y la paz social a través del interés particular de quien está encartado en un litigio y que viene asistido del legítimo derecho de ver finiquitada la incertidumbre que todo reclamo implica. Hace a los principiosínsitos en la economía procesal el descongestionamiento del servicio de justicia cuando quien ha promovido una acción exterioriza desinterés en su prosecución a través de la falta de impulso procesal por el plazo que la ley fija, plazo que tiene carácter de presunción "iuris et de iure". Y hace a la paz social en tanto la subsistencia de litigios individuales atenta contra la misma existiendo asimismo un tutelable interés de los individuos en ver dirimidos sus conflictos de intereses.
Como bien dicen Morello-Sosa-Berizonce (Códigos Procesales IV A, pág. 24) citando a Lascano "la caducidad se funda menos en la presunta voluntad de las partes de abandonar el juicio, que en la necesidad pública o social de que las acciones ante la justicia no se demoren indebidamente en su tramitación; más que una sanción para con el litigante remiso, la caducidad se propone dar fin a la situación patológica que supone la litis o apurar la realización de los efectos jurídicos que se persiguen con el proceso".
Y el tema se emparenta también con el principio dispositivo que inspira nuestro sistema procesal civil en el cual los titulares del interés litigioso asumen no sólo la carga de la afirmación y de la prueba sino también de la activación del proceso (Cfe. Morello, obra citada página 23).
Pues bien, aquí hay varias cosas por ver.
La primera de ellas es que, efectivamente, al solicitarse la caducidad de instancia había transcurrido el plazo trimestral consagrado por el art. 310 inc. 2 del CPCC para estos procesos, dado que el último acto procesal de real impulso databa del 21 de Marzo de 2023.
Los posteriores no son actos impulsorios.
Igualmente, aun aunque lo computáramos, desde el 3 de Abril de 2023, igual el plazo de caducidad había transcurrido.
En cuanto a las quejas del apelante, vemos que fluyen esencialmente desde dos vertientes: la legitimación del perito para plantear la caducidad y que no medió intimación en los términos del art. 315 del CPCC.
Abordando estos temas, la Sala ha dicho -en cuanto a la posibilidad de que el perito pida la caducidad- que el perito está legitimado a tales efectos (causas 42515, R.S. 329/02; 49192; R.S. 608/03; 47894 R.S. 319/04; 58599 R.S. 531/06; 52358 R.S. 252/11, este último recurrido ante la SCBA y desestimado el recurso con fecha 27 de Junio de 2012).
Incluso, la cuestión de la legitimación del perito para pedir la caducidad pierde relevancia a poco que se advierta que la misma podía igualmente ser declarada de oficio.
Ahora, en cuanto al segundo aspecto, vemos que el 3 de Febrero de 2023 ya había mediado una intimación a activar el proceso en los términos del art. 315 del CPCC (no pierdo de vista que allí el lapso de inactividad superaba los 6 meses).
Y, como lo indica expresamente el artículo, la intimación del art. 315 procede una sola vez (esta Sala en causa nro. 68142 R.S. 101/12).
Es decir, una vez que se efectuó la intimación frente a un lapso de inactividad, la parte actora deberá estar especialmente atenta a no incurrir, nuevamente, en esta situación.
Lo que, como está a la vista, aquí no sucedió.
Por lo demás, no perdemos de vista que este proceso fue iniciado en el año 2016 y siete años después todavía no llegó al estado sentencial.
Con lo cual, el letargo en el impulso no se observa, solamente, desde el ángulo de esta última situación de inactividad, sino mucho mas amplio.
Luego, por tales razones, habiendo transcurrido el lapso de caducidad desde el último acto impulsorio y no asistiéndole razón a la parte actora en sus restantes planteos, el auto apelado habrá de confirmarse, con costas a los apelantes (art. 68 del CPCC).
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor CUNTO por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor GALLO
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.
Costas de Alzada, a la actora (art. 68 del CPCC).
SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DEL Ac. 4013, MEDIANTE RESOLUCION AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES.
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE, HACIENDO SABER A LAS PARTES QUE SI ALGUNA IMPUGNACION EXTRAORDINARIA RESULTARA ADMISIBLE DEBERA PRESENTARSELA ANTE ESTE TRIBUNAL (ART. 279 CPCC) Y QUE, EN CASO DE SER NECESARIO, ESTA SALA REQUERIRA LA REMISION DE LOS OBRADOS A LA INSTANCIA DE ORIGEN
Firmas
Funcionario Firmante: 05/12/2023 09:38:45 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/12/2023 11:02:49 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/12/2023 11:07:42 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 05/12/2023 11:07:43 hs. bajo el número RS-510-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia