Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 43095
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma el decisorio cuestionado se encuentra ajustado a derecho, debiéndose actuar en la instancia de origen lo conducente para que continúe la inversión, tal como fuera ordenada.
Sin costas de alzada, atento a la naturaleza de la cuestión (art. 68., 2°p. del C.P.C.C.)
Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
Causa Nº MO-43095-2017
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "P. Y. M. C/ P. J. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) Causa N º MO-43095-2017" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO-GALLO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO dijo:
1. Contra el decisorio del 24 de mayo del 2023, se alzó la Sra. Asesora de Incapaces, interponiendo el 26 de junio, recurso de apelación; siendo el mismo concedido en relación, presentándose el respectivo memorial el 3 de julio, confiriéndose traslado del mismo, no mereció replica.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse.
2. El 24 de agosto del 2023, se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
Planteada así la cuestión, considero necesario en primer lugar efectuar una reseña del trámite de autos, focalizando en el tema convocante.
El 22 de marzo del 2023, la Sra. Asesora, peticionó:
"Habida cuenta de la vista conferida, en tanto el saldo remanente del prorrateo no pretenda cobrarse del capital perteneciente al menor de edad causante, este Ministerio Público Tutelar nada debe observar con relación al planteo introducido en la presentación a despacho (art. 730 del C.C.C.N.).
En atención a los fondos que surgen depositados en favor del niño URIEL ANGEL PEÑA, en aras de preservar su capacidad adquisitiva, solicito a V.S. tenga a bien ordenar su inversión a plazo fijo en moneda extranjera, dólares estadounidenses, y renovable automáticamente cada treinta días, en una cuenta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal Tribunales de Morón, disponible solo con autorización judicial previa conformidad de esta representación complementaria.
Al emitir la orden, aclárese que no debe deducirse el impuesto país de la Ley 27.541 ni la retención del 35% en concepto de pago a cuenta de impuesto a las ganancias y/o bienes personales, ya que la presente implica una medida de protección derivada de normativas nacionales e internacionales del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes".
A raiz de lo cual, el 24 de mayo, el magistrado de la instancia de origen dispuso:
"Atento lo solicitado y previo a todo, se hace saber que no corresponde hacer lugar a lo pedido por la Sra. Asesora en fecha 22/02/2023 respecto a no deducirse el impuesto país de la Ley 27.541 ni la retención del 35% en concepto de pago a cuenta de impuesto a las ganancias y/o bienes personales, toda vez que el artículo 16 de la Constitución Nacional, establece la igualdad de todos los habitantes de la Nación y ella constituye la base del impuesto y de las cargas públicas y el artículo 14 del mismo cuerpo normativo establece que: "Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio....", lo que descarta la posibilidad de considerar a los derechos como absolutos, siempre que las limitaciones o restricciones legales no se presenten como irrazonables.-
En el marco normativo explicitado se me reclama que ordene al Banco Oficial local el no acatamiento de las normas cambiarias e impositivas relativas a la adquisición de moneda extranjera y emanadas de autoridad competente, sin que siquiera se haya formulado algún tipo de planteo de inconstitucionalidad a su respecto, lo que ciertamente se encuentra fuera del abanico de atribuciones con el que cuento.-
Como sabemos, la oportunidad, mérito y conveniencia de medidas adoptadas por las autoridades políticas competentes son irrevisables por la Jurisdicción, mucho menos lo son cuando no se tacha de inconstitucional lo decidido por los otros poderes del Estado.-
Aún cuando lo hasta aquí dicho resulta suficiente fundamentación como para desestimar lo peticionado por la Sra. Asesora, cabe señalar que la operación cambiaria reclamada no se encuentra exenta de los tributos previstos en la ley 27.541 y en la RG N° 4815/2020 de la AFIP, en razón de que, contrariamente a como se señala en la petición, no se trata de una adquisición de moneda extranjera para: "gastos referidos a prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato, utilización de plataformas educativas y software con fines educativos..." (supuesto exento, conf. art. 36, tercer párrafo, ap. a) de la ley cit.), sino de una adquisición para atesoramiento (hecho imponible descripto en el art. 35 de la ley 27.541).-
En función de todo lo expuesto corresponde rechazar el pedido relativo a la adquisición de moneda extranjera e instar a la parte actora y al Ministerio Pupilar, para que una vez firme o consentida expresamente la presente resolución propongan, de manera conjunta o indistinta, una inversión distinta a la aquí rechazada, de conformidad con lo establecido en el art. 36 inc. 7° del CPCC.-
Finalmente, respecto a lo solicitado en cuanto a la desafectación de fondos correspondientes a honorarios, aclárese".
Sabemos que contra tal forma de decidir, se alzó la Sra. Asesora de Menores.
No puedo avanzar sin recordar lo sostenido por esta alzada 17.626, R.I. 144/23, donde se analizó un tema muy similar.
Veamos lo allí señalado:
" El auto apelado desestima el planteo de fecha 2 de Febrero de 2023 mediante el cual se pretendía que, existiendo fondos depositados pertenecientes a la Sra. Porter, se la autorice a adquirir moneda extranjera sin las percepciones previstas por la ley 27.541 (arts. 35 y concordantes) y en la Resolución General N° 4815/2020.
Abordando la cuestión, coincidimos con el Sr. Juez de Grado en el sentido de que la situación de autos no encuadra en ninguna de las excepciones contempladas por dicha normativa como para eximir de la percepción tributaria aludida.
Por lo demás, el tema -y la autorización pretendida- escapa a los alcances de este proceso.
Inicialmente, y como bien lo señala el sentenciante, no se observa que se hubiera introducido planteo de inconstitucionalidad de tal normativa, con lo cual no podríamos inaplicarla sin más.
Incluso porque, de existir tal planteo, el tema debería tramitarse con el organismo tributario (AFIP).
Ahora, y aun así, la cuestión constitucional podríamos abordarla oficiosamente.
Pero sucede que, para hacerlo, debería surgir con claridad que la inversión pretendida sería la única posible para preservar el valor de los bienes de la Sra. Porter.
Y, por cierto, la adquisición de moneda extranjera a valor oficial no se perfila, con grado de evidencia, como la única opción posible, existiendo otras posibilidades de inversión con similar (o incluso mejor) rendimiento en el contexto económico actual (el Sr. Juez de Grado menciona una posibilidad, pero en realidad existen otras)."
Vemos que, si bien en el presente caso, como ya lo remarcamos, involucra a un menor de edad, los argumentos base del citado antecedente resultan plenamente aplicables al caso de autos, aunque en el presente tenemos un detalle de convicción, lo dispuesto el 9 de agosto del 2023.
Allí, el magistrado de la instancia de origen dispone:
" De conformidad con lo pedido oportunamente y lo manifestado por la Sra. Asesora, líbrese oficio vía electrónica al Banco de la Provincia de Bs. As., Sucursal Tribunales de Morón, a los fines de que proceda a transferir de la cuenta de autos 8210842, la suma de $4.187.337,74 (Pesos cuatro millones ciento ochenta y siete mil trescientos treinta y siete con setenta y cuatro centavos) y los invierta en una cuenta a plazo fijo en pesos renovable automáticamente cada 30 días, a nombre de este expediente y a la orden del Suscripto.-
Póngase en conocimiento de la entidad bancaria que la tasa de interés a aplicar deberá ser la más alta de conformidad con la normativa vigente (art. 30 de la Ac. 2579 modif. por el art. 1 de la 3960/19) y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 34 de la Ac. 2579 modif. por el art. 2 de la Ac. 3960/19 , deberá, a su vez, informar a este organismo y a la mayor brevedad posible el resultado de la operación".
Vemos así que en definitiva, las sumas en cuestión, con posterioridad al decisorio cuestionado, fueron invertidas, más allá del horizonte recursivo de dicha decisión.
Así, teniendo en cuenta los argumentos expuestos en el antecedente citado, relativos tanto a la falta de planteo de inconstitucionalidad de la normativa cambiaria, considero que el decisorio cuestionado se encuentra ajustado a derecho.
Ello, claro está, sin perjuicio de las medidas que pudieran adoptarse frente al nuevo escenario económico.
En virtud de lo expuesto, se deberá confirmar el decisorio cuestionado en todo lo que fue materia de agravios, debiéndose actuar en la instancia de origen lo conducente para que continúe la inversión, tal como fuera ordenada.
Ello sin costas atento a la naturaleza de la cuestión (art. 68., 2°p. del C.P.C.C.)
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor CUNTO
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA el decisorio cuestionado se encuentra ajustado a derecho, debiéndose actuar en la instancia de origen lo conducente para que continúe la inversión, tal como fuera ordenada.
Sin costas de alzada, atento a la naturaleza de la cuestión (art. 68., 2°p. del C.P.C.C.)
SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del Acuerdo 4013 de la S.C.J.B.A., mediante resolución autonotificable, remitiendo copia de la presente a los siguientes domicilios electrónicos:
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE AL JUZGADO DE ORIGEN, DEJANDO CONSTANCIA DE QUE, PARA EL CASO DE SER NECESARIA LA ELEVACION DE LAS ACTUACIONES FRENTE A ALGUNA PRESENTACION DE LAS PARTES, LAS MISMAS SERÁN REQUERIDAS POR ESTE TRIBUNAL.
Firmas
Funcionario Firmante: 21/12/2023 11:49:36 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2023 12:19:05 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2023 12:21:24 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 21/12/2023 12:21:25 hs. bajo el número RS-557-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia