Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 4290
Causa N º MO-4290-2013
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "I. G. D. C/ C. P. Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" Causa N º MO-4290-2013 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO, dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial nro. 3 Departamental, con fecha 6 de Diciembre de 2022 dictó sentencia definitiva, haciendo lugar a la demanda en los términos que de allí surgen.
Apeló la citada en garantía.
Su recurso se concedió libremente.
Fue fundado con el escrito de fecha 13 de Agosto de 2023, replicado con fecha 29 de ese mismo mes y año.
La apelante se agravia, primero, de la atribución de responsabilidad, para luego quejarse de los montos fijados en concepto de incapacidad, tratamiento psicológico y daño moral.
Al tenor de dicho escrito cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 14 de Septiembre de 2023, se llamaron "autos para sentencia" providencia que adquirió firmeza, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, lo que deja las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
2. Circunscripta así la cuestión, he de comenzar señalando que -desde mi punto de vista- los fundamentos del recurso sortean la valla del art. 260 del CPCC.
Comienzo por las quejas vinculadas a la atribución de responsabilidad.
Teniendo en cuenta la fecha en que acontecieron los hechos, el caso se rige por la normativa hoy derogada (Código Civil, ley 340), de acuerdo con lo establecido por el art. 7 del CCyCN y su doctrina.
Nos encontramos ante un reclamo de daños y perjuicios derivado de un accidente de tránsito, entre un automotor y una motocicleta.
Al respecto, en vigencia del régimen anterior se ha venido señalando que:
"un automóvil constituye de suyo normalmente una cosa generadora de peligro (Bustamante Alsina, Jorge, "Teoría General de la Responsabilidad Civil", nro. 1049, pág. 317, ed. A. Perrot, Bs. As 1973; Borda, Guillermo, "Tratado de Derecho Civil-Obligaciones",t. II, nro. 1056, pág. 350/352, ed. A. Perrot, Bs. As. 1974: en contra, Alterini, Atilio A., "Curso de Obligaciones, t. I, nro. 476, pág. 230, ed A. Perrot, Bs. As. 1975, que encuadra en la especie, no obstante -en general- en la primera hipótesis del referido segundo párrafo del art. 1113), circunstancia que por virtud del precepto legal mencionado, torna presumible la responsabilidad del dueño o guardián de la misma; la exención de responsabilidad del interesado, sólo puede proceder si demuestra que medió culpa de la víctima o de un tercero por el que no deba responder (art. 1113 2do párrafo cit), o que la cosa fue usada en contra de su voluntad (art.1113 in fine), o cuando el hecho se produjo por caso fortuito (art. 513 y 514 del Código Civil).-
Viene al caso referir que esta Sala tiene dicho en las causas nro. 26.963, R.S. 139/91; 28.460, R. S. 97/92; 55.053, R.S. 296/08, entre otras que: "...Cuando el artículo 1.113 del Código Civil establece que el dueño o guardián son responsables del daño que deriva del riesgo o vicio de la cosa, se tiene en cuenta una situación social dejando de lado la concepción de culpa que constituye un elemento ajeno al caso. La Ley toma en cuenta como factor para atribuir la responsabilidad al dueño o guardián, el riesgo creado. Y así, en principio, se prescinde de toda apreciación de su conducta desde el punto de vista subjetivo. No interesa si de su parte existe culpa, y la víctima del hecho dañoso sólo debe probar el daño, la calidad de dueño o guardián, el riesgo o vicio de la cosa y la relación causal existente entre la actuación de la cosa y el daño (S. C. J. B. A. Acuerdo 33.743 del 14/10/86; D. J. B. A. T. 132-1.987, ejemplar n ° 10.229 del 24/4/87).-
Asimismo, la circunstancia que el accidente fuera protagonizado por dos vehículos en movimiento, de manera alguna puede destruir de vigencia la presunción de responsabilidad que el art. 1.113, 2 ° párrafo, segunda parte del Código Civil pone en cabeza del dueño o guardián que con su vehículo ha provocado los daños cuyo resarcimiento es motivo de reclamo.
Es decir, los accionantes sólo están obligados a demostrar el accidente, el contacto material de la cosa conducida por su parte con la otra y la existencia de daños (S. C. J. B. A. Acuerdo 33.744, D. J. J. oct. 1.988). Por el contrario, corre por cuenta del demandado, acreditar la culpa de la víctima del daño o de un tercero por el que no deba responder (arts. 1.113, 2 ° párrafo, segunda parte del Código Civil y 375, 2° párrafo del C. P. C. C.), o, en su defecto, la ocurrencia de un caso fortuito -arg. arts. 513 y 514 del Código Civil"-.
Ha dicho también esta Sala en las causas nro. 20.745, R. S. 63/88; 28.460, R. S. 97/92; 55.053, R.S. 296/08, entre otras: "...Cualquiera fuere el fundamento de la responsabilidad objetiva en los supuestos de daños causados por cosas riesgosas, resulta innecesario acudir al análisis de la conducta culposa del causante del daño sea para demostrar la existencia de aquélla, sea para justificar su inexistencia. Lo que sí interesa comprobar -frente a la concreta invocación del victimario exteriorizada en su responde (art. 354, inciso segundo del C. P. C. C.)- es si ha mediado responsabilidad de la víctima o de un tercero por quien no deba responder -art. 1.113, segundo párrafo, segunda parte "in fine" del Código Civil".
En cuanto a la justificación de las eximentes legales, "Dicha prueba corre por cuenta del indicado dueño o guardián, ya que se trata del presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su defensa..." -art. 375 del C. P. C. C..
Pero el análisis de la prueba exculpatoria debe ser riguroso. Los impedimentos de la responsabilidad civil legalmente establecidos, deben ser juzgados y apreciados con criterio restrictivo porque la norma, con finalidad social típica, ha creado factores de atribución que deben cesar sólo en casos excepcionales, sin que se les confiera a éstos desmedida extensión, trascendiendo los límites legales (S. C. J. B. A. Acuerdo 33.743; D. J. B. A. T. 132-1.987)" (Causa Nº MO-24867-2011 R.S. 54/2019).-
Pues bien, a la luz de lo expuesto, debemos analizar el caso, y las quejas sobre la atribución de responsabilidad.
La Sra. Jueza de Grado ha sido muy clara al analizar la controversia y señalar, bien concretamente, que la maniobra inadecuada que estaba realizando la demandada consistía en el hecho de adelantarse en una encrucijada.
Cita, incluso, la normativa de tránsito que marca la incorrección de dicho temperamento.
Pues bien, siendo tan clara la sentencia vemos que en el discurso de la apelante, al margen de ser bastante extenso y plagado de adjetivaciones (que, en verdad, suman muy poco y solo contribuyen a hacer mas tediosa la lectura), prácticamente se pasa por alto dicha circunstancia.
El discurso de la quejosa se enfoca, casi totalmente, en objetar los dichos del testigo, casi en los mismos términos en que lo hizo con su presentación de fecha 27 de Junio de 2022.
Ahora bien, dicho testigo ha sido claro, explicativo y dio razón de sus dichos.
Alguna divergencia, o imprecisión, es comprensible dada la cantidad de tiempo que transcurrió desde el accidente.
Pero lo relevante es que no existen ninguna prueba (objetiva) que lo contradiga (arts. 384 y 456 del CPCC).
Ni el paso del tiempo, ni tampoco el hecho de que el testigo haya comparecido a instancias de la parte actora le restan eficacia convictiva.
De hecho, el asumir las partes la carga de la comparecencia del testigo, independientemente de su citación, es un temperamento que la propia ley procesal contempla (art. 432 CPCC).
Por lo demás, la intensidad de las críticas que ahora se traen en relación a sus dichos para nada se condice con el poco interés que demostró la actuación en primera instancia, al llegar la letrada de la citada en garantía casi una hora tarde a la audiencia (luego de que el testigo había respondido) y formularle solo dos preguntas, poco sustanciales.
A ello debemos, necesariamente, sumarle algo mas y que es la confesión ficta de la demandada, conductora del automóvil (pliego del 14 de Junio de 2022 y resolución del 23 de ese mismo mes y año), generándose los efectos del art. 415 del CPCC.
Si se quiere todavía mas: al contestar la demanda, la defensa esgrimida era que la motocicleta había embestido al rodado de la actora en su parte trasera, y no es solo que ello no se pudo demostrar, sino que el perito mecánico nos dice que esa versión no podría explicar las lesiones en la pierna derecha del actor (ver presentación de fecha 27 de Junio de 2021, respuesta al punto 1).
Luego, y por estas razones, creo que no lleva razón la apelante en cuanto pretende que desatendamos los dichos del testigo, por la sencilla razón de que, además de no existir prueba que la contradiga, la confesión ficta de la demandada la apuntala (arts. 384, 415, 456 y ccdtes. CPCC).
De este modo, y como bien lo indica la sentenciante de la instancia previa, tenemos por demostrado que la demandada intentó el sobrepaso del camión en una encrucijada e invadiendo la mano contraria, lo cual denota una conducta indebida, reprobada por la ley de tránsito (art. 42 inc. b ley 24.449) y que diluye (a mi juicio totalmente) la eventual responsabilidad que podría caberle al propio actor en base a la prioridad de paso.
En suma, y por tales razones, entiendo que la atribución de responsabilidad decidida debe confirmarse.
Prosigo con las restantes quejas.
Vemos que uno de los planteos que introduce la quejosa es que la suma de condena excede en varias veces la reclamada inicialmente.
Pues bien, no podemos perder de vista que este reclamo data de 2013.
Por otro lado, la Sala ha señalado (causa nro. 38449 RSD-544-97, entre infinidad de otras en igual sentido) que
" ha dicho la Suprema Corte de Justicia de este Estado, in re "Piersantelli Vda. de Suarez, Renata y otro c/ Mauregui, Angel s/daños y perjuicios" -Acuerdo 22.875 del 23/11/76- (Acuerdos y Sentencias Tomo 1976-III-págs 157/60) que: "La remisión, respecto del monto pretendido "a lo que en más o en menos resulte de la prueba", o "de los autos" o "que fijen los peritos" u otras fórmulas de equivalente contenido, es admisible siempre que no exteriorice inconducta procesal". La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que las sentencias que condenan a un monto que sobrepasa la petición originaria, en tales supuestos no son susceptibles de recursos constitucionales, cualquiera fuere el tipo de acción (E:D: 17-494; L.L. 125-91). No existe, en realidad, decisión "ultra petita" en la genuina acepción del concepto" -mi voto en Causas 21.203 R.S. 143/88 y 18.828 R.S. m167/91 de esta Sala-.- Precisamente la Casación Provincial anuló una sentencia que había limitado el monto de la condena al importe requerido, no obstante haberlo supeditado la demandante a lo que resultare de la prueba.- sostuvo en dicha oportunidad el Dr. Negri: "La Cámara incurre en absurdo al sostener que la sentencia debe ceñirse al monto reclamado, cuando justamente la actora al peticionar esa suma" o lo que en más o en menos resulte de la prueba", está expresamente poniendo de manifiesto que los valores no se "congelen" a cifras históricas, máxime cuando, como en el caso, los rubos valor vida y daño moral que según el fallo "insumen la casi totalidad del reclamo", no está n sujetos a reglas fijas, ni a pautas rígidas en función de lo probado, para lo cual basta la certeza que ha existido un perjuicio cierto (art. 1067 Código Civil, Causas L. 34.235 en Acuerdos y Sentencias 1985-III-178; L. 36.489 del 2/9/86, su doctrina) ".
Consecuentemente, el agravio no prospera.
Voy, ahora, a los montos de condena que llegan cuestionados.
Comienzo por el rubro incapacidad, donde se fijó la suma de $2.914.400.
Al respecto cabe recordar que la indemnización por incapacidad psicofísica tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquélla tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. En suma, el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluidos los daños de salud y a la integridad física y psíquica (A. Abrevaya, El Daño y Su Cuantificación, ed. Abeledo-Perrot, pág. 55/57; año 2008 y jurisp. allí citada).
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1746 y ccdtes. del CCyCN).
Ahora bien, con respecto a la cuantificación del perjuicio, como lo expliqué anteriormente, considero que no puede fijarse en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de cálculos actuariales que puede ser meras pautas indicativas y sugeridas, como así tampoco por el conocido parámetro del "calcul au point", sino que debe adoptarse un criterio que, en cada caso, contemple las específicas circunstancias de la víctima, especialmente las referidas a la edad, estado familiar, preparación intelectual o capacitación para el trabajo, el grado de disfunción y la incidencia que ésta tiene para el cumplimiento de las tareas que desarrollaba, inclusive en su vida de relación, como también el nivel socioeconómico en que se desenvolvía (art. 165, C.P.C.C.; conf. SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).
Decía, asimismo, en la causa mo-21839-2014, sentencia del 3 de Marzo de 2022 del Registro de la Sala III que los montos dependen de las circunstancias del caso, y que varían o pueden lícitamente variar de caso en caso, y de tiempo en tiempo, no estando constreñido moral ni jurídicamente a seguir los valores que en otros casos pudieran haberse fijado, ni tampoco el método del calcul au point, sino más bien me inclino decididamente por la posición establecida por el Dr. Jordá en cuanto a que el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de meros cálculos matemáticos, y que esa clase de porcentajes sólo constituyen un elemento más a considerar entre una multiplicidad de variables.
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo y el principio de integralidad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso-.
Pues bien, teniendo en cuenta los alcances de los agravios de las partes, comienzo por lo atinente a la valoración de las pericias traídas en autos.
La pericia médica (24 de noviembre de 2021), apoyándose en la revisación del actor, estudios complementarios y documentación médica concomitante al hecho, nos habla de una incapacidad del 26,43% , que se divide en 12% por cervicobraquialgia, 5% por limitación funcional de hombro derecho y 12% por inestabilidad externa de rodilla derecha, aclarando que se usó el método de la capacidad restante.
No observo que al perito médico le fueran requeridas explicaciones ni se formulara planteo alguno en su momento respecto del dictamen.
La psicológica (7 de Agosto de 2021) de un desarrollo psíquico post traumático, con un porcentual de daño psíquico del 20% derivado exclusivamente del evento de autos, aclarando que el daño es parcial y permanente.
La perito psicóloga respondió, adecuadamente a mi juicio, las explicaciones que le fueron solicitadas, con su escrito del 20 de Agosto de 2021.
Consecuentemente, teniendo en cuenta lo dicho en las pericias, que emanan de profesionales competentes y la ausencia de elementos (objetivos) que las contradigan, sin perder de vista lo expuesto recién en cuanto a la ausencia de planteo alguno respecto de la pericia médica y a la evacuación por parte de la psicóloga de las explicaciones que se le pidieron me atendré, yo también, a lo que surge de las pericias.
Pues bien, llegado a este punto, efectuadas las antedichas aclaraciones y teniendo determinado el menoscabo incapacitante cabe aclarar que la cuestión resarcitoria no debe observarse desde el estrecho lente del menoscabo económico que ya pudiera haberse sufrido, desde el momento en que nos hallamos ante una incapacidad, de carácter permanente, que acompañará a una persona a lo largo de los años que le queden de vida.
Tampoco surge de las constancias de autos, mas allá de la apreciación de la apelante, que sea un problema menor o leve.
Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta todo lo dicho hasta aquí, conjugando las incapacidades resultantes con las circunstancias personales del actor (sexo, edad y condiciones socio económicas del reclamante) y el impacto patrimonial que ello ha de generar al reclamante, entiendo que la suma fijada en este rubro no es para nada excesiva, sino mas bien reducida, pero ante la ausencia de recurso de la actora, me limitará a proponer su confirmación.
Prosigo con las quejas atinentes a las sumas fijadas en concepto de gastos de tratamiento ($156.000).
En la especie, vemos que la perito psicóloga aconsejó tratamiento por dos años mínimo a razón de una sesión semanal.
Pues bien, a esta altura, están acreditados los menoscabos que ha sufrido el actor, la necesidad del tratamiento y computando -conforme las máximas de la experiencia- el costo medio actual al que ascienden las sesiones psicológicas, no podemos considerar que la suma en cuestión sea excesiva para afrontar un tratamiento de las características descriptas por la perito.
Finalizo con las quejas relativas al daño extrapatrimonial, que prosperó por la suma de $1.457.000.
Al respecto he dicho que se entiende por daño moral, la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. Su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio de enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por el reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir. Siendo eso así, de lo que se trata es de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido.
El daño moral es de carácter resarcitorio y no de naturaleza punitiva, es decir, no se trata de reprochar la conducta del ofensor, sino de resarcir económicamente a la víctima, que no debe guardar necesaria relación con el daño de carácter patrimonial.
Tiene entendido nuestro Superior Tribunal que el reconocimiento y resarcimiento del daño moral depende -en principio- del arbitrio judicial, p
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.