Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 25507
Causa N º MO-25507-2018
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "FLEITAS ABEL GUSTAVO C/ TRANSPORTES UNIDOS DE MERLO S.A.C.I.I. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) " Causa N º MO-25507-2018 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO, dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial nro. 6 Departamental, con fecha 11 de Julio de 2023 dictó sentencia definitiva, haciendo lugar a la demanda en los términos que de allí surgen.
Apelan la actora y la demandada, concediéndose los recursos en forma libre.
La actora funda el suyo con la expresión de agravios de fecha 17 de Agosto de 2023, replicada con fecha 6 de Septiembre del mismo año.
La demandada lo hace con el escrito de fecha 16 de Agosto de 2023, respondido con fecha 8 de Septiembre de 2023.
La actora llega cuestionando las sumas fijadas en concepto de incapacidad, gastos y daño extrapatrimonial, como así también lo resuelto en cuanto a la tasa de interés.
La demandada, por su parte, se queja de la atribución de responsabilidad, de la admisión y tarifación de los rubros incapacidad, gastos y daño extrapatrimonial, y de la forma en que se ordenan calcular los intereses.
Al tenor de dichos escritos cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 28 de Septiembre de 2023, se llamaron "autos para sentencia" providencia que adquirió firmeza, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, lo que deja las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
2. Circunscripta así la cuestión, he de comenzar señalando que -desde mi punto de vista- los fundamentos de ambos recursos sortean la valla del art. 260 del CPCC.
Por obvias razones metodológicas debo comenzar con las quejas vinculadas a la atribución de responsabilidad.
Dada la fecha de acaecimiento del accidente, tenemos que el caso se rige por el CCyCN.
En tal sentido, el art. 1769 de dicho cuerpo legal indica que " los artículos referidos a la responsabilidad derivada de la intervención de cosas se aplican a los daños causados por la circulación de vehículos ".-
Con lo cual, devienen de aplicación las pautas de los arts. 1757 y siguientes.
En virtud del primero "toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención".
La responsabilidad se coloca, concurrentemente, sobre el dueño y el guardián (art. 1758) indicando que "se considera guardián a quien ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta".
Ahora, cuando la responsabilidad es objetiva, debemos abrevar en el art. 1722: "el factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. En tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario".
Coincidentemente, y cuando se hubiera alegado la conducta de la propia víctima como eximente legal, debemos acudir al art. 1729 que ya no habla -como regla- de "culpa" de la víctima, sino de "hecho del damnificado".
El artículo indica que "la responsabilidad puede ser excluida o limitada por la incidencia del hecho del damnificado en la producción del daño, excepto que la ley o el contrato dispongan que debe tratarse de su culpa, de su dolo, o de cualquier otra circunstancia especial".
El círculo termina de cerrarse con la regla del art. 1734 del mismo estatuto legal: la prueba de los factores de atribución y de las circunstancias eximentes corresponde a quien las alega.-
Así, y desde mi punto de vista, el mecanismo de juzgamiento no ha variado, en sustancia, del existente en el régimen del anterior: siguen pesando sobre las partes las mismas cargas de afirmación y demostración, y siguen siendo de utilización -para nosotros- iguales pautas de juzgamiento.
Al respecto, en vigencia del régimen anterior se ha venido señalando que:
"un automóvil constituye de suyo normalmente una cosa generadora de peligro (Bustamante Alsina, Jorge, "Teoría General de la Responsabilidad Civil", nro. 1049, pág. 317, ed. A. Perrot, Bs. As 1973; Borda, Guillermo, "Tratado de Derecho Civil-Obligaciones",t. II, nro. 1056, pág. 350/352, ed. A. Perrot, Bs. As. 1974: en contra, Alterini, Atilio A., "Curso de Obligaciones, t. I, nro. 476, pág. 230, ed A. Perrot, Bs. As. 1975, que encuadra en la especie, no obstante -en general- en la primera hipótesis del referido segundo párrafo del art. 1113), circunstancia que por virtud del precepto legal mencionado, torna presumible la responsabilidad del dueño o guardián de la misma; la exención de responsabilidad del interesado, sólo puede proceder si demuestra que medió culpa de la víctima o de un tercero por el que no deba responder (art. 1113 2do párrafo cit), o que la cosa fue usada en contra de su voluntad (art.1113 in fine), o cuando el hecho se produjo por caso fortuito (art. 513 y 514 del Código Civil).-
Viene al caso referir que esta Sala tiene dicho en las causas nro. 26.963, R.S. 139/91; 28.460, R. S. 97/92; 55.053, R.S. 296/08, entre otras que: "...Cuando el artículo 1.113 del Código Civil establece que el dueño o guardián son responsables del daño que deriva del riesgo o vicio de la cosa, se tiene en cuenta una situación social dejando de lado la concepción de culpa que constituye un elemento ajeno al caso. La Ley toma en cuenta como factor para atribuir la responsabilidad al dueño o guardián, el riesgo creado. Y así, en principio, se prescinde de toda apreciación de su conducta desde el punto de vista subjetivo. No interesa si de su parte existe culpa, y la víctima del hecho dañoso sólo debe probar el daño, la calidad de dueño o guardián, el riesgo o vicio de la cosa y la relación causal existente entre la actuación de la cosa y el daño (S. C. J. B. A. Acuerdo 33.743 del 14/10/86; D. J. B. A. T. 132-1.987, ejemplar n ° 10.229 del 24/4/87).-
Asimismo, la circunstancia que el accidente fuera protagonizado por dos vehículos en movimiento, de manera alguna puede destruir de vigencia la presunción de responsabilidad que el art. 1.113, 2 ° párrafo, segunda parte del Código Civil pone en cabeza del dueño o guardián que con su vehículo ha provocado los daños cuyo resarcimiento es motivo de reclamo.
Es decir, los accionantes sólo están obligados a demostrar el accidente, el contacto material de la cosa conducida por su parte con la otra y la existencia de daños (S. C. J. B. A. Acuerdo 33.744, D. J. J. oct. 1.988). Por el contrario, corre por cuenta del demandado, acreditar la culpa de la víctima del daño o de un tercero por el que no deba responder (arts. 1.113, 2 ° párrafo, segunda parte del Código Civil y 375, 2° párrafo del C. P. C. C.), o, en su defecto, la ocurrencia de un caso fortuito -arg. arts. 513 y 514 del Código Civil"-.
Ha dicho también esta Sala en las causas nro. 20.745, R. S. 63/88; 28.460, R. S. 97/92; 55.053, R.S. 296/08, entre otras: "...Cualquiera fuere el fundamento de la responsabilidad objetiva en los supuestos de daños causados por cosas riesgosas, resulta innecesario acudir al análisis de la conducta culposa del causante del daño sea para demostrar la existencia de aquélla, sea para justificar su inexistencia. Lo que sí interesa comprobar -frente a la concreta invocación del victimario exteriorizada en su responde (art. 354, inciso segundo del C. P. C. C.)- es si ha mediado responsabilidad de la víctima o de un tercero por quien no deba responder -art. 1.113, segundo párrafo, segunda parte "in fine" del Código Civil".
En cuanto a la justificación de las eximentes legales, "Dicha prueba corre por cuenta del indicado dueño o guardián, ya que se trata del presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su defensa..." -art. 375 del C. P. C. C..
Pero el análisis de la prueba exculpatoria debe ser riguroso. Los impedimentos de la responsabilidad civil legalmente establecidos, deben ser juzgados y apreciados con criterio restrictivo porque la norma, con finalidad social típica, ha creado factores de atribución que deben cesar sólo en casos excepcionales, sin que se les confiera a éstos desmedida extensión, trascendiendo los límites legales (S. C. J. B. A. Acuerdo 33.743; D. J. B. A. T. 132-1.987)" (Causa Nº MO-24867-2011 R.S. 54/2019).-
Pues bien, a la luz de lo expuesto, debemos analizar el caso, y las quejas sobre la atribución de responsabilidad.
Básicamente, la demandada se queja de que el Sr. Juez de Grado haya descartado la versión de los hechos aportada por el testigo Ielly, ateniéndose a lo dicho por el testigo Diaz y a lo concluido en la pericia.
Recordemos que el primero declara en la IPP (digitalizada el 25 de Abril de 2022) señalando, básicamente, que " de forma imprevista el colectivo es colisionado a la altura del paragolpes delantero lado derecho, por motociclista que venía por la Avenida Eva Perón con sentido hacia Pontevedra, quien cae a la cinta asfáltica lesionándose ".
Esta declaración fue concomitante al accidente.
Mientras que Diaz, tiempo después (algo mas de un mes), declara también en la IPP que se encontraba en una plaza "cuando observa que un colectivo de la empresa TUM se encontraba sobre la calle Estrada se dirigía para cruzar la Avenida Eva Perón y retomar la calle que continúa a Estrada la cual cambia de nombre al cruzar la avenida al de "Mario Bravo", cuando se encontraba cruzando la Avenida colisiona con la zona del paragolpes delantero derecho a una motocicleta que venía por la Avenida Eva Perón con sentido hacia Pontevedra, quien su conductor cae a la cinta asfáltica lesionándose".
Agregando que el chofer quiso darse a la fuga, pero los transeuntes se lo impidieron.
Aclaro que, desde mi punto de vista, el tiempo pasado desde el hecho hasta la declaración no enerva, de por si, la atendibilidad del testigo ni tampoco la referencia al intento de evadirse del conductor, pues lo que se señaló fue un intento y no que lo haga logrado efectivamente, a lo que se suma el hecho de que el personal policial llegó tiempo después al lugar, con lo cual es posible que dicho intento haya existido y que cuando concurrió la policía ya la situación hubiera pasado (arts. 384 y 456 del CPCC).
Luego tenemos la pericia mecánica (escrito del 13 de Mayo y explicaciones del 8 de Junio, todo del año 2022).
La pericia indica como posible mecánica del siniestro la siguiente: al intentar el actor " el cruce de la calle Mario Bravo, resultó embestido en su lateral izquierdo por el frente derecho del colectivo que, circulando por la última de las arterias nombradas, intenta el ingreso a la avenida para circular en la misma dirección que la moto. Conforme las lesiones por las que se reclama, los daños en los rodados y la maniobra que el conductor del colectivo intentaba realizar (giro a la izquierda a 90°), las velocidades de los rodados no superaban las máximas permitidas en el lugar, debiéndose estimar que ninguna superaba los 30 km/h ".
Y aquí dice algo fundamental: la prioridad de paso de la moto era absoluta ya que se desplazaba por una avenida con características de semi autopista, ingesó al cruce desde la derecha del colectivo y circulaba en línea recta .
Remarca, luego, que " las medidas de precaución y cuidado debieron ser adoptadas por el conductor del transporte de pasajeros que intentaba ingresar a una avenida desde la izquierda de la motocicleta " y que " la ubicación de los daños determina que el móvil embistente resultó ser el colectivo que impacta con su frente derecho el lateral izquierdo de la moto ".
Luego explica la cuestión de un eventual giro, para terminar destacando que " de todas formas, ello no varía sustancialmente la mecánica del siniestro toda vez que no se altera la prioridad de paso de la moto que circulaba por una arteria de mayor jerarquía que el colectivo y que, sobre todo, ingresó al cruce desde la derecha. Además, tampoco se altera la condición de embistente del transporte conforme los daños que sufrieran los rodados ".
La pericia emana de profesional competente, es clara, explicativa y está fundada, no existiendo elementos objetivos que la contradigan (arts. 384 y 474 del CPCC).
Por cierto, no era función del perito estar evaluando las declaraciones testimoniales.
El experto brinda su aporte en base a los elementos de convicción objetivos que pudiera encontrar, y recolectar, pero no puede, en este sentido, invadir la función del juez, mas aun cuando los testimonios pudieran presentar sus discordancias.
Llegado a este punto, hay algo importante por determinar: el tema de la prioridad de paso.
Es tiempo de efectuar algunas consideraciones atinentes a la prioridad de paso.
El art. 41 de la ley 24.499 es claro:
" todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta, y sólo se pierde ante:
a) La señalización específica en contrario;
b) Los vehículos ferroviarios;
c) Los vehículos del servicio público de urgencia, en cumplimiento de su misión;
d) Los vehículos que circulan por una semiautopista. Antes de ingresar o cruzarla se debe siempre detener la marcha;
e) Los peatones que cruzan lícitamente la calzada por la senda peatonal o en zona peligrosa señalizada como tal; debiendo el conductor detener el vehículo si pone en peligro al peatón;
f) Las reglas especiales para rotondas;
g) Cualquier circunstancia cuando:
1. Se desemboque desde una vía de tierra a una pavimentada;
2. Se circule al costado de vías férreas, respecto del que sale del paso a nivel;
3. Se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar a otra vía;
4. Se conduzcan animales o vehículos de tracción a sangre.
Si se dan juntas varias excepciones, la prioridad es según el orden de este artículo. Para cualquier otra maniobra, goza de prioridad quien conserva su derecha. En las cuestas estrechas debe retroceder el que desciende, salvo que éste lleve acoplado y el que asciende no ".
A su vez, el art. 64, segundo párrafo, indica que
" Se presume responsable de un accidente al que carecía de prioridad de paso o cometió una infracción relacionada con la causa del mismo, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponderles a los que, aun respetando las disposiciones, pudiendo haberlo evitado voluntariamente, no lo hicieron ".-
Respecto de las normas sobre prioridad de paso, he de recordar el voto del Dr. Roncoroni emitido en la causa Ac 87234 "Landi, Alberto Daniel c/Sobrino, Oscar Eliseo y otros s/Daños y perjuicios", fallo del 29/8/2007, al menos en sus aspectos generales.-
Decía allí el jurista platense que:
" Precisamente buscando el sentido de la preferencia de paso en las encrucijadas que consagra la regla "derecha primero que izquierda" que entroniza el primer párrafo del inc. 2 del art. 57 de la ley 11.430 -como antaño lo hiciera el art. 71 inc. 2 de la ley 5800- hemos sostenido que la subsistencia de una sociedad depende de la existencia de un proyecto vital común, sentido y compartido como tal, que requiere, necesariamente, de la ordenada y, en lo posible, armónica convivencia de sus integrantes. Para ello, la sociedad demanda un orden o pacto social que ordene esa convivencia en torno a una serie o conjunto de normas cuyo acatamiento y cumplimiento ha de imponerse coactivamente a quienes no le presten voluntaria sujeción. Esto es el ordenamiento jurídico de una comunidad. Y como tal, así entendido, el ordenamiento jurídico -como cada una de sus normas- expresa un proyecto coexistencial.
Si entendemos el profundo significado y trascendencia de ese ordenamiento jurídico (que no es otro que el de permitir y ordenar la convivencia -vivir con los demás, vivir en sociedad-) habremos, también, de aprehender, en su justa medida, el mismo sentido que impregna a cada una de las normas que se integran en el sistema. Todas y cada una de ellas sirven a esa armonía y entendimiento del vivir en conjunto.
Y desde ya que entre esas todas, se encuentra la norma que otorga el derecho de paso en las encrucijadas. Por ello, cuando en mis anteriores fallos de Cámara me he referido a cómo juega dicha norma en tales circunstancias de lugar, estoy poniendo el foco ni más ni menos que en la necesidad de ese entendimiento vital común que debe ser compartido y respetado y que tiene su cuota de realismo en cada momento de la convivencia. Necesidad que en el supuesto que nos ocupa tiende a ser satisfecha por lo que llamamos una norma de prevención.
Pero para mejor comprender todo ello y mi postura ante el tema creo conveniente reiterar la línea argumental que vengo defendiendo desde mis tiempos de juez de primera instancia y luego en la Cámara donde se me escuchara decir: "en el escenario de las ciudades multitudinarias y de gran parque automotor -como la nuestra- la presencia preponderante, invasora y casi omnipotente en sus calles de vehículos preñados de velocidad y cargados de potenciales riesgos, exigen de la comunidad una serie de normas de prevención que se traduzcan en pautas de comportamiento de sus habitantes, como medio de mitigar y evitar, en lo posible, aquellos riesgos".
Algunas normas de este tipo, que hacen a la seguridad y educación vial, aparecen contenidas en los Códigos de Tránsito (entre nosotros antiguamente la ley 5800 y hoy la ley 11.430) y reclaman -pese al desdén que hacia su eficacia saben exteriorizar sus destinatarios y hasta los encargados de velar por su acatamiento- un celoso cumplimiento y un rigor creciente en el reproche a su violación. La solidaridad y las necesidades de defensa y preservación de una sociedad organizada, frente a la violencia mecánica presente en su seno y que actitudes u omisiones individuales o conductas desviadas pueden hacerla desbordar en daños, así lo requieren.
Convencido de que precisamente una de estas normas es aquella que consagra la regla de la prioridad de paso (arts. 71 inc. 2 de la ley 5800 y 57 inc. 2) he dicho de ella que juega como cuña del civismo en el desplazamiento urbano de los automotores, desde que objetivamente exige que quien llega a una bocacalle debe ceder espontáneamente el paso a todo vehículo que se presente por su derecha. De lo contrario esa preciosa regla de tránsito (y que la salud de la sociedad necesita que se internalice en todos los ciudadanos conductores) perdería su eficacia y, lo que es más, el desplazamiento vehicular por las calles se sembraría de inseguridad en cada esquina, donde la prioridad no estaría dada por una regla objetiva cual la de las manos de circulación, sino por una regla de juego arbitraria y hasta salvaje, cual la de quien llega primero al punto de colisión y resulta impactado, se libera de culpas (28-IV-1983, R.S.D. 136 Bis/1983; íd. c. 190
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.