Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 12790
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca parcialmente el fallo apelado, desestimando los rubros incapacidad física, psíquica y tratamiento psicológico y de rehabilitación, reduciendo las sumas fijadas en conceptos de gastos y daño extrapatrimonial a las de $10.000 (diez mil pesos) y $800.000 (ochocientos mil pesos) , respectivamente, dejando establecido que los intereses deberán calcularse a la tasa del 6% anual hasta la fecha del presente y, de allí en mas, a la tasa bancaria indicada en la sentencia.
Costas de Alzada, en un 80% a la actora y en un 20% a la demandada y citada en garantía (arts. 68 y 71 del CPCC).
Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
Causa N º MO-12790-2019
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "CABALLERO QUESADA VICTOR JESUS C/ GAILLARD LABORDE CONSTANZA Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) " Causa N º MO-12790-2019 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO, dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial nro. 4 Departamental, con fecha 26 de Septiembre de 2023 dictó sentencia definitiva, haciendo lugar a la demanda en los términos que de allí surgen.
Apelan la actora, la demandada y la citada en garantía.
Los recursos se conceden en forma libre.
El de la actora fue fundado con el escrito de fecha 17 de Octubre de 2023, y fue replicado el 2 de Noviembre de ese año.
El de la demandada y citada en garantía lo fue con el escrito del 24 de Octubre de 2023, y fue respondido con el escrito del 27 de ese mismo mes y año.
La parte actora se agravia en varios aspectos de la sentencia de primera instancia, argumentando que no se ha hecho una correcta valoración de las pruebas ni una adecuada aplicación de los criterios legales y jurisprudenciales vigentes.
Los puntos principales de agravio son:
- Daño Psicofísico: Se agravia por el método de cálculo utilizado para determinar la indemnización por daño psicofísico. Argumenta que la fórmula matemática aplicada no refleja adecuadamente la gravedad de los daños sufridos por la víctima y no considera aspectos individuales importantes como la edad, el sexo, la condición social y familiar, y las circunstancias particulares del caso.
- Gastos Médicos, Farmacéuticos, de Traslado y Tratamientos Futuros: Alega que el monto asignado para cubrir estos gastos es insuficiente y no corresponde a la realidad de los costos que deben afrontarse.
- Daño Moral: Se agravia por la cuantía asignada a este rubro, considerando que no se ha evaluado adecuadamente la afectación y el menoscabo sufrido, tanto física como psicológicamente, por la víctima a raíz del accidente.
- Intereses: Discrepa con la tasa de interés aplicada en la sentencia, considerándola desproporcionada y alejada de la realidad inflacionaria del país. Argumenta que debería aplicarse la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde la fecha del hecho hasta su pago efectivo.
Finalmente, solicita la modificación del criterio aplicado para la cuantificación de los rubros mencionados y una elevación del monto deducido en el rubro de daño psicofísico, argumentando que debe fijarse un monto más acorde con las circunstancias del caso y el detrimento psicofísico sufrido por la víctima.
La demandada y la citada en garantía, a su turno, se quejan de los siguientes puntos:
- Déficit en la Valoración de la Prueba Médica y Documental: Argumenta que la relación causal entre las lesiones (síndrome meniscal de rodilla izquierda y esguince de tobillo izquierdo) y el accidente no está suficientemente demostrada. Cuestiona el análisis parcial de la pericia médica y falta de consideración del conjunto de pruebas.
- Aplicación de Fórmulas Matemáticas para Determinar Indemnizaciones: Se opone al uso de fórmulas matemáticas para calcular la indemnización por incapacidad sobreviniente, considerando esta práctica arbitraria y alejada de las circunstancias individuales del caso.
- Excesiva Estimación de Valores Indemnizatorios: Alega que los montos establecidos para incapacidad sobreviniente, daño moral, tratamientos de rehabilitación y psicológico, y gastos médicos, son excesivos y no se ajustan al principio de reparación integral.
- Tasa de Interés Aplicada: Argumenta que la tasa de interés establecida para el cálculo de intereses no sigue las directrices de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, y pide que se modifique acorde a las normativas vigentes.
Solicita la modificación de la sentencia en cada uno de estos puntos, con costas a la parte contraria por considerar infundada su oposición.
Al tenor de cada escrito cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 23 de Noviembre de 2023, se llamaron "autos para sentencia" providencia que adquirió firmeza, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, lo que deja las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
2. Circunscripta así la cuestión, he de comenzar señalando que -desde mi punto de vista- los fundamentos de ambos recursos sortean la valla del art. 260 del CPCC.
Comienzo por las quejas vinculadas a la incapacidad física, rubro que prosperó por la suma de $6.500.000.
Al respecto cabe recordar que la indemnización por incapacidad psicofísica tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquélla tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. En suma, el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluidos los daños de salud y a la integridad física y psíquica (A. Abrevaya, El Daño y Su Cuantificación, ed. Abeledo-Perrot, pág. 55/57; año 2008 y jurisp. allí citada).
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1746 y ccdtes. del CCyCN).
Con todo, es también necesario que quien alega que determinado hecho le causó cierto daño debe demostrar no solo que padece esas consecuencias sino también la vinculación causal entre el hecho y los menoscabos (arts. 1736, 1744 CCyCN, 375 CPCC).
Pues bien, abordando las quejas de la demandada y citada en garantía en relación a este tema, considero que les asiste razón.
En efecto: la pericia médica (ver escrito del 11 de Octubre de 2022) nos informa una incapacidad del 15.36%: 8% por síndrome meniscal no operado y 8% por esguince de tobillo izquierdo con bostezo lateral.
Pero el perito señala algo importante: en la prueba informativa de oficio aportada al expediente, se constata su presencia en la guardia del hospital Eva Perón de Merlo (no se observa la fecha) donde se informan laceraciones y contusiones en miembros.
Luego nos habla de la existencia de otros accidente de tránsito, posterior a este, con otras lesiones.
Y finalmente, antes de hablar de la incapacidad precedentemente referida, afirma que " en el caso de que V.S considerare otorgar validez a los certificados aportados por la parte actora o solicite reconocimiento de la misma , podría corresponder una incapacidad de 15.36% ".
Respecto de estos certificados, son los incorporados por la actora en el escrito de demanda.
El perito nos precave de que " la parte actora aporta en la documental varios certificados médicos con fecha del 22/03/2018 (10 días posteriores al accidente) donde el Dr. Lisandro Santangelo MP 335.814 indica para la rodilla izquierda, inmovilización ballenada, RMN y Fisiokinesioterapia, para el tobillo izquierdo Rx y fkt y para la columna cervical RMN, fkt y collar de Filadelfia, no siendo dichas constancias contestadas por oficio" .
Y sucede que dichos certificados, efectivamente, fueron desconocidos por la contraparte (ver contestaciones de demanda del 5 de Marzo de 2021) no siendo acreditada su autenticidad.
Luego, en sus explicaciones del 25 de Octubre de 2022, remarca que en la documentación del Hospital no surgen los diagnosticos de "esguince de rodilla izquierda y sindrome meniscal" y "traumatismo de tobillo izquierdo" sino que los mismos " surgen de la documental aportados por la parte actora, lo cual fuera debidamente aclarado en la pericia medica en el punto de Incapacidad, dejando a consideracion de V. S el otorgamiento de la validez de los mismos".
Pero sucede que dichos certificados son instrumentos privados, fueron desconocidos y su autenticidad no se acreditó por ningún medio.
Y tampoco resulta suficiente, para apuntalar las conclusiones periciales, en el específico contexto de autos, la documentación hospitalaria que, como dice el perito, no menciona estas lesiones y ni siquiera aclara en cuál de las extremidades se instalaba la problemática descripta.
A ello se agrega, además, la total inexistencia de documentación o cualquier dato posterior, a lo que se suma también la circunstancia de haber protagonizado el actor otro accidente de tránsito.
Y, por si ello fuera poco, la limitadísima argumentación de la actora, al replicar los agravios de la contraria, donde pudo intentar siquiera apuntalar este déficit, cosa que no hizo.
Entonces, en estas condiciones y dadas las específicas prevenciones del perito, no podemos considerar adecuadamente demostrado el nexo causal entre los daños que refiere y el hecho dañoso.
Y lo propio sucede, a mi juicio, con el daño psíquico.
Aquí la perito (dictamen del 8 de Octubre de 2022 y explicaciones del 14 y 24 de ese mismo mes y año) nos habla de una incapacidad del 20%
Ahora, frente al hallazgo de que el actor había sufrido otro accidente posterior, el 25 de Abril de 2023 se le pidió a la perito una ampliación de su dictamen.
Es así que, al día siguiente, la perito psicóloga ratifica su opinión, poniendo énfasis en la cuestión de que el accidente aquí producido produjo gran impacto en el accionante dada la frustración de su proyecto futbolístico.
Ahora bien, esto la perito lo indica replicando, nada mas, los dichos del actor y, lo fundamental, conectando lo aquí expuesto con lo señalado anteriormente en cuanto a la pericia médica, si no tuvimos por probada la vinculación causal del menoscabo físico, tampoco podemos apoyarnos en la pericial psicológica, que le asigna a esta cuestión un papel preponderante en el daño psíquico que diagnostica.
Por ello, he de apartarme de las conclusiones periciales (arts. 384 y 474 del CPCC).
Luego, y por tales razones, promoveré la revocación del fallo, desestimando los rubros incapacidad física, psíquica y tratamiento psicológico y de rehabilitación.
Continúo, ahora, con la suma fijada para resarcir los gastos ($30.000).
Para abordar el tema, es del caso recordar que desde esta Sala se ha sostenido que ciertos gastos (honorarios de médicos; traslados; etc.) aunque no se haya demostrado documentadamente su existencia deben ser reparados, aunque -claro está- este concepto dista mucho de ser absoluto y de resultar una graciosa concesión de los jueces encontrando su fundamento en la naturaleza del perjuicio que hace sumamente dificultosa su prueba. Lo que si debe acreditarse es la correlación entre los gastos realizados y las lesiones experimentadas, tiempo de curación, secuelas, carácter de ellas y tratamientos aconsejados no pudiendo derivar solamente de la voluntad o comodidad de la víctima o sus familiares (ver esta Sala en causa N° 33.001, R. S.295/95, 54.100, R.S. 367/07, entre otras).
Importante resulta mencionar también que en más de una ocasión esta Sala, con cita de jurisprudencia del Superior Tribunal, tiene dicho que: "...el hecho que la víctima de un accidente de tránsito se haya atendido en establecimientos asistenciales públicos, no obsta a que en la indemnización se incluya una suma en concepto de gastos médicos y de farmacia, pues es notorio que existen erogaciones que deben ser solventadas por el paciente, aunque el resarcimiento se reitera- debe guardar concordancia con las lesiones, afección o enfermedad sufrida, sin que resulte indispensable que se encuentre documentado su importe S. C. B. A., Ac. y Sent., T° 1.976-I-549; D.J.B.A., T. 118-74-.
Asimismo, es menester referir que "...corresponde presumir las erogaciones por tal concepto a cargo de la víctima aunque no este demostrado cabalmente su importe..." -S.C.B.A., T° 117, p g. 127- (Conf. Causas de esta Sala N° 20.745, R.S. 63/88; N° 24.973 R.S. 165/90; N° 41.649, R.S. 607/99), y que la circunstancia de que la víctima de un hecho ilícito se encuentre asociada a los servicios de una obra social, no resulta suficiente para desestimar el rubro (esta Sala entre otras causas: nros. 32.928 y 32.928 bis, R.S. 648/99; 27.098, R.S. 199/91; 40.796, R.S. 218/99); pues ello no se condice con el principio de reparación integral y la obligación de resarcir todos los gastos de curación y convalecencia no se comparecen con semejante tesis (causa nro. 26.558, R.S. 148/91); lo mismo sucede en el caso de que exista una aseguradora de riesgos del trabajo.
Juega, además, la presunción del art. 1746 del CCyCN.
Pues bien, a esta altura, no he tenido por acreditada incapacidad vinculada causalmente con el hecho, pero sí el Hospital merlense ha referido una atención médica.
Con lo cual, desde mi punto de vista, ello amerita admitir el rubro gastos, pero por una suma módica.
Propondré, entonces, se reduzca el monto fijado a la suma de $10.000 (diez mil pesos) .
Finalizo el abordaje de los rubros con las quejas relativas al daño extrapatrimonial, que prosperó por la suma de $3.250.000.
Al respecto he dicho que se entiende por daño moral, la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. Su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio de enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por el reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir. Siendo eso así, de lo que se trata es de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido.
El daño moral es de carácter resarcitorio y no de naturaleza punitiva, es decir, no se trata de reprochar la conducta del ofensor, sino de resarcir económicamente a la víctima, que no debe guardar necesaria relación con el daño de carácter patrimonial.
Tiene entendido nuestro Superior Tribunal que el reconocimiento y resarcimiento del daño moral depende -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que haya existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por demostrado por el sólo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- (conf. entre otros: S.C.B.A., Ac. y Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975, pág. 187; Ac.51.179 del 02/11/93).
Por lo demás, el art. 1741 del CCyCN nos indica las pautas a seguir para su tarifación.
Pues bien, desde esta perspectiva, hay varios elementos a tener en cuenta: las características del hecho, las lesiones que puede haber sufrido el actor y la falta de acreditación de que la incapacidad derive de este accidente.
Luego, y por tales razones, ponderando algunas satisfacciones sustitutivas que el actor pudiera encontrar con el dinero, entiendo que el monto fijado es excesivo, por lo que propondré su reducción a la suma de $800.000 (ochocientos mil pesos) .
Sigo, ahora, con las quejas referentes a los intereses, que nos traen ambas partes.
En cuanto al recurso de la actora, tenemos que los fijados en el fallo lo han sido con apego a la doctrina de la SCBA sentada en los fallos "Vera", "Nidera", "Paredes", "Cristos" y análogos, y a lo decidido por este Tribunal en el Ac. Extr. 839.
Con lo cual, no le asiste razón.
Pero sucede que, en dicha doctrina, el momento que se computa como límite para la aplicación de la tasa pura es el de cuantificación de los daños.
Y, como lo sostienen la demandada y su garante, aquí los daños se están cuantificando al momento de esta decisión.
Luego, y por tales razones, los intereses deberán calcularse a la tasa del 6% anual hasta la fecha del presente y, de allí en mas, a la tasa bancaria indicada en la sentencia.
3. En suma y por lo que llevo dicho, deberá revocarse el fallo apelado, desestimando los rubros incapacidad física, psíquica y tratamiento psicológico y de rehabilitación, reduciendo las sumas fijadas en conceptos de gastos y daño extrapatrimonial a las de $10.000 (diez mil pesos) y $800.000 (ochocientos mil pesos) , respectivamente, dejando establecido que los intereses deberán calcularse a la tasa del 6% anual hasta la fecha del presente y, de allí en mas, a la tasa bancaria indicada en la sentencia.
Atento el resultado propuesto para los recursos las costas de Alzada deberán imponerse en un 80% a la actora y en un 20% a la demandada y citada en garantía (arts. 68 y 71 del CPCC).
Consecuentemente a la cuestión planteada doy mi voto
PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA
A LA MISMA CUESTION EL SR. JUEZ DR. GALLO DIJO:
Adhiero al voto que antecede, por sus mismos fundamentos, dando el mio
PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE REVOCA parcialmente el fallo apelado, DESESTIMANDO los rubros incapacidad física, psíquica y tratamiento psicológico y de rehabilitación, reduciendo las sumas fijadas en conceptos de gastos y daño extrapatrimonial a las de $10.000 (diez mil pesos) y $800.000 (ochocientos mil pesos) , respectivamente, DEJANDO ESTABLECIDO que los intereses deberán calcularse a la tasa del 6% anual hasta la fecha del presente y, de allí en mas, a la tasa bancaria indicada en la sentencia.
Costas de Alzada, en un 80% a la actora y en un 20% a la demandada y citada en garantía (arts. 68 y 71 del CPCC).
SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DEL Ac. 4013/21, MEDIANTE RESOLUCION AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES.
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE
Firmas
Funcionario Firmante: 28/12/2023 11:02:10 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2023 11:20:23 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2023 11:25:23 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 28/12/2023 11:25:25 hs. bajo el número RS-581-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia