Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 15233
Causa N º MO-15233-2021
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "LABADO SANTIAGO GABRIEL C/ CARDOZO GOMEZ NICOLAS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" Causa N º MO-15233-2021 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO, dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial nro. 9 Departamental, con fecha 11 de Septiembre de 2023 dictó sentencia definitiva, haciendo lugar a la demanda en los términos que de allí surgen; el mismo día, dictó aclaratoria en relación a la misma sentencia.
Apelaron la actora y la citada en garantía.
Sus recursos se concedieron libremente.
El de la actora fue fundado con el escrito de fecha 30 de Noviembre de 2023, replicado con el escrito del 14 de Diciembre de 2023.
El de la aseguradora con el de fecha 3 de Diciembre de 2023, replicado el 18 de ese mismo mes y año.
La actora se queja de las sumas fijadas por daño biológico, gastos y daño moral.
La aseguradora, mientras tanto, objeta la atribución de responsabilidad, las sumas fijadas por daño biológico, daño moral y gastos y por lo resuelto en cuanto al límite del seguro.
Al tenor de cada escrito cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 28 de Diciembre de 2023, se llamaron "autos para sentencia" providencia que adquirió firmeza, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, lo que deja las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
2. Circunscripta así la cuestión, he de comenzar señalando que -desde mi punto de vista- los fundamentos del recurso sortean la valla del art. 260 del CPCC.
Comienzo por las quejas vinculadas a la atribución de responsabilidad, que nos trae la citada en garantía.
Para dar comienzo con el análisis del punto entiendo necesario recordar que, el art. 1769 del CCyCN indica que " los artículos referidos a la responsabilidad derivada de la intervención de cosas se aplican a los daños causados por la circulación de vehículos ".-
Con lo cual, devienen de aplicación las pautas de los arts. 1757 y siguientes.-
En virtud del primero " toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención ".-
La responsabilidad se coloca, concurrentemente, sobre el dueño y el guardián (art. 1758) indicando que " se considera guardián a quien ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta ".-
Ahora, cuando la responsabilidad es objetiva, debemos abrevar en el art. 1722: " el factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. En tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario ".-
Coincidentemente, y cuando se hubiera alegado la conducta de la propia víctima como eximente legal, debemos acudir al art. 1729 que ya no habla -como regla- de "culpa" de la víctima, sino de "hecho del damnificado".-
El artículo indica que " la responsabilidad puede ser excluida o limitada por la incidencia del hecho del damnificado en la producción del daño, excepto que la ley o el contrato dispongan que debe tratarse de su culpa, de su dolo, o de cualquier otra circunstancia especial ".-
El círculo termina de cerrarse con la regla del art. 1734 del mismo estatuto legal: la prueba de los factores de atribución y de las circunstancias eximentes corresponde a quien las alega.-
Así, y desde mi punto de vista, el mecanismo de juzgamiento no ha variado, en sustancia, del existente en el régimen del anterior: siguen pesando sobre las partes las mismas cargas de afirmación y demostración, y siguen siendo de utilización -para nosotros- iguales pautas de juzgamiento.-
Al respecto, en vigencia del régimen anterior se ha venido señalando que:
" un automóvil constituye de suyo normalmente una cosa generadora de peligro (Bustamante Alsina, Jorge, "Teoría General de la Responsabilidad Civil", nro. 1049, pág. 317, ed. A. Perrot, Bs. As 1973; Borda, Guillermo, "Tratado de Derecho Civil-Obligaciones",t. II, nro. 1056, pág. 350/352, ed. A. Perrot, Bs. As. 1974: en contra, Alterini, Atilio A., "Curso de Obligaciones, t. I, nro. 476, pág. 230, ed A. Perrot, Bs. As. 1975, que encuadra en la especie, no obstante -en general- en la primera hipótesis del referido segundo párrafo del art. 1113), circunstancia que por virtud del precepto legal mencionado, torna presumible la responsabilidad del dueño o guardián de la misma; la exención de responsabilidad del interesado, sólo puede proceder si demuestra que medió culpa de la víctima o de un tercero por el que no deba responder (art. 1113 2do párrafo cit), o que la cosa fue usada en contra de su voluntad (art.1113 in fine), o cuando el hecho se produjo por caso fortuito (art. 513 y 514 del Código Civil).-
Viene al caso referir que esta Sala tiene dicho en las causas nro. 26.963, R.S. 139/91; 28.460, R. S. 97/92; 55.053, R.S. 296/08, entre otras que: "...Cuando el artículo 1.113 del Código Civil establece que el dueño o guardián son responsables del daño que deriva del riesgo o vicio de la cosa, se tiene en cuenta una situación social dejando de lado la concepción de culpa que constituye un elemento ajeno al caso. La Ley toma en cuenta como factor para atribuir la responsabilidad al dueño o guardián, el riesgo creado. Y así, en principio, se prescinde de toda apreciación de su conducta desde el punto de vista subjetivo. No interesa si de su parte existe culpa, y la víctima del hecho dañoso sólo debe probar el daño, la calidad de dueño o guardián, el riesgo o vicio de la cosa y la relación causal existente entre la actuación de la cosa y el daño (S. C. J. B. A. Acuerdo 33.743 del 14/10/86; D. J. B. A. T. 132-1.987, ejemplar n ° 10.229 del 24/4/87).-
Asimismo, la circunstancia que el accidente fuera protagonizado por dos vehículos en movimiento, de manera alguna puede destruir de vigencia la presunción de responsabilidad que el art. 1.113, 2 ° párrafo, segunda parte del Código Civil pone en cabeza del dueño o guardián que con su vehículo ha provocado los daños cuyo resarcimiento es motivo de reclamo.-
Es decir, los accionantes sólo están obligados a demostrar el accidente, el contacto material de la cosa conducida por su parte con la otra y la existencia de daños (S. C. J. B. A. Acuerdo 33.744, D. J. J. oct. 1.988). Por el contrario, corre por cuenta del demandado, acreditar la culpa de la víctima del daño o de un tercero por el que no deba responder (arts. 1.113, 2 ° párrafo, segunda parte del Código Civil y 375, 2° párrafo del C. P. C. C.), o, en su defecto, la ocurrencia de un caso fortuito -arg. arts. 513 y 514 del Código Civil"-.-
Ha dicho también esta Sala en las causas nro. 20.745, R. S. 63/88; 28.460, R. S. 97/92; 55.053, R.S. 296/08, entre otras: "...Cualquiera fuere el fundamento de la responsabilidad objetiva en los supuestos de daños causados por cosas riesgosas, resulta innecesario acudir al análisis de la conducta culposa del causante del daño sea para demostrar la existencia de aquélla, sea para justificar su inexistencia. Lo que sí interesa comprobar -frente a la concreta invocación del victimario exteriorizada en su responde (art. 354, inciso segundo del C. P. C. C.)- es si ha mediado responsabilidad de la víctima o de un tercero por quien no deba responder -art. 1.113, segundo párrafo, segunda parte "in fine" del Código Civil".-
En cuanto a la justificación de las eximentes legales, "Dicha prueba corre por cuenta del indicado dueño o guardián, ya que se trata del presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su defensa..." -art. 375 del C. P. C. C..-
Pero el análisis de la prueba exculpatoria debe ser riguroso. Los impedimentos de la responsabilidad civil legalmente establecidos, deben ser juzgados y apreciados con criterio restrictivo porque la norma, con finalidad social típica, ha creado factores de atribución que deben cesar sólo en casos excepcionales, sin que se les confiera a éstos desmedida extensión, trascendiendo los límites legales (S. C. J. B. A. Acuerdo 33.743; D. J. B. A. T. 132-1.987)" (Causa Nº MO-24867-2011 R.S. 54/2019) .
Sentado ello, hay algo indisputable: reconocida la existencia de la colisión, era la citada en garantía quien debía acreditar la responsabilidad de la víctima en la causación del evento.
Básicamente, debía acreditar -como lo sostuvo en su contestación del 9 de Septiembre de 2021- que cuando el actor venía circulando había intentado "realizar una maniobra de cruce de carril, es decir, intenta cruzar a la otra mano de la calle Guemes, sin percatarse del tránsito que circulaba por detrás ni observar la presencia de otros vehículos que circularan por detrás" , interponiéndose indebidamente en la marcha del automotor tripulado por el demandado.
Pero ocurre que ninguno de los elementos de convicción que menciona en su expresión de agravios sirve a tales fines.
En efecto: aun si, como lo propone, descartáramos las declaraciones de los testigos Rodriguez y Cartecchini y tomáramos en cuenta la declaración del funcionario policial (plasmando lo que el actor le habría referido al agente) tendríamos probado el cambio de carril, pero no de manera intempestiva e imprevista, como lo sostiene la apelante.
Es mas, si pretende capitalizar la eventual confesión del actor frente al policía, no podría la misma fraccionarse (arts. 422 y 423 del CPCC) con lo cual deberíamos computar también el aviso que el actor allí mismo menciona, lo que diluiría la supuesta maniobra imprevista.
Si a ello sumamos la confesión ficta del demandado (bien capitalizada por la sentenciante) en los términos del art. 415 del CPCC, creo que no podemos tener -de ninguna manera- por acreditada la eximente legal invocada.
Por cierto, nada agrega la decisión del fiscal de archivar la causa, como para demostrar una mecánica del hecho que si bien la quejosa afirmó, de ninguna manera logró acreditar y, en definitiva, lo único que hace el representante del ministerio público es archivar la causa penal, lo cual carece del peso que pretende asignarle la recurrente.
En definitiva: quien invocó la eximente legal, debió haber acreditado los hechos respectivos y no lo hizo.
Consecuentemente, la demanda ha sido correctamente admitida en la decisión apelada.
Llegado este punto, me toca seguir con el abordaje de los restantes agravios.
Comienzo con el rubro incapacidad, que ha prosperado por la suma de $6.800.000.
Al respecto cabe recordar que la indemnización por incapacidad psicofísica tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquélla tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. En suma, el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluidos los daños de salud y a la integridad física y psíquica (A. Abrevaya, El Daño y Su Cuantificación, ed. Abeledo-Perrot, pág. 55/57; año 2008 y jurisp. allí citada).
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1746 y ccdtes. del CCyCN).
Ahora bien, con respecto a la cuantificación del perjuicio, como lo expliqué anteriormente, considero que no puede fijarse en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de cálculos actuariales que puede ser meras pautas indicativas y sugeridas, como así tampoco por el conocido parámetro del "calcul au point", sino que debe adoptarse un criterio que, en cada caso, contemple las específicas circunstancias de la víctima, especialmente las referidas a la edad, estado familiar, preparación intelectual o capacitación para el trabajo, el grado de disfunción y la incidencia que ésta tiene para el cumplimiento de las tareas que desarrollaba, inclusive en su vida de relación, como también el nivel socioeconómico en que se desenvolvía (art. 165, C.P.C.C.; conf. SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).
Decía, asimismo, en la causa mo-21839-2014, sentencia del 3 de Marzo de 2022 del Registro de la Sala III que los montos dependen de las circunstancias del caso, y que varían o pueden lícitamente variar de caso en caso, y de tiempo en tiempo, no estando constreñido moral ni jurídicamente a seguir los valores que en otros casos pudieran haberse fijado, ni tampoco el método del calcul au point, sino más bien me inclino decididamente por la posición establecida por el Dr. Jordá en cuanto a que el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de meros cálculos matemáticos, y que esa clase de porcentajes sólo constituyen un elemento más a considerar entre una multiplicidad de variables.
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo y el principio de integralidad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso-.
Pues bien, teniendo en cuenta los alcances de los agravios de las partes, comienzo por lo atinente a la valoración de las pericias traídas en autos.
El fallo trabaja con una incapacidad del 31,31% .
Para ello se apoya en dos dictámenes periciales.
El médico (presentación de fecha 16 de Abril de 2023 y explicaciones del 26 de Mayo y 14 de Junio) que nos habla de las siguientes incapacidades:
* Compromiso de la Columna Lumbosacra:9% debido a lumbalgia con contractura muscular dolorosa, perdida de la lordosis fisiológica en las radiografías y reducción del rango de movilidad de columna.)
* Compromiso de la Clavícula Derecha:5% por secuela de Fractura con callo oseo hipertrófico;
* Compromiso del Hombro Derecho:7% por Tendinitis crónica;
* Compromiso del Codo Derecho:4% por Bursitis crónica; y
* Compromiso de la Rodilla Derecha:11%
Asimismo el fallo, valorando el dictamen pericial de fecha 5 de Marzo de 2023 y explicaciones del 19 del mismo mes y año, descarta el componente psicológico, por las razones que allí expresa.
Coincido con la Sra. Jueza de la instancia previa, en el sentido de que no existe mérito, razón ni fundamento para apartarse de la pericia médica, la cual se presenta clara, explicativa y fundada, apoyándose en estudios complementarios y constancias conocomitantes al accidente, no existiendo elemento de convicción (objetivo) que la contradiga (arts. 384 y 474 del CPCC).
Comparto, además, su punto de vista en cuanto al dictamen psicológico: la exageración que allí menciona la experta, la imposibilidad de la que habla la experta de precisar, desde lo psicopatológico, aquello que menciona la perito, me persuaden de que no existen elementos de convicción de grado suficiente como para sostener adecuadamente que el cuadro psíquico que padece el actor sea atribuible al accidente y que el mismo le haya generado una incapacidad de tipo permanente.
Pues bien, llegado a este punto, efectuadas las antedichas aclaraciones y teniendo determinado el menoscabo incapacitante cabe aclarar que la cuestión resarcitoria no debe observarse desde el estrecho lente del menoscabo económico que ya pudiera haberse sufrido, desde el momento en que nos hallamos ante una incapacidad, de carácter permanente, que acompañará a una persona a lo largo de los años que le queden de vida.
Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta todo lo dicho hasta aquí, conjugando las incapacidades resultantes con las circunstancias personales del actor (sexo, edad y condiciones socio económicas del reclamante, bien reseñadas en el fallo apelado) y el impacto patrimonial que ello ha de generar al reclamante, entiendo que la suma fijada en este rubro no es para nada excesiva, sino mas bien reducida, por lo que promoveré su elevación a la de $18.000.000 (dieciocho millones de pesos) .
Prosigo con las quejas atinentes a las sumas fijadas en concepto de gastos ($100.000).
Para abordar el tema, es del caso recordar que desde esta Sala se ha sostenido que ciertos gastos (honorarios de médicos; traslados; etc.) aunque no se haya demostrado documentadamente su existencia deben ser reparados, aunque -claro está- este concepto dista mucho de ser absoluto y de resultar una graciosa concesión de los jueces encontrando su fundamento en la naturaleza del perjuicio que hace sumamente dificultosa su prueba. Lo que si debe acreditarse es la correlación entre los gastos realizados y las lesiones experimentadas, tiempo de curación, secuelas, carácter de ellas y tratamientos aconsejados no pudiendo derivar solamente de la voluntad o comodidad de la víctima o sus familiares (ver esta Sala en causa N° 33.001, R. S.295/95, 54.100, R.S. 367/07, entre otras).
Importante resulta mencionar también que en más de una ocasión esta Sala, con cita de jurisprudencia del Superior Tribunal, tiene dicho que: "...el hecho que la víctima de un accidente de tránsito se haya atendido en establecimientos asistenciales públicos, no obsta a que en la indemnización se incluya una suma en concepto de gastos médicos y de farmacia, pues es notorio que existen erogaciones que deben ser solventadas por el paciente, aunque el resarcimiento se reitera- debe guardar concordancia con las lesiones, afección o enfermedad sufrida, sin que resulte indispensable que se encuentre documentado su importe S. C. B. A., Ac. y Sent., T° 1.976-I-549; D.J.B.A., T. 118-74-.
Asimismo, es menester referir que "...corresponde presumir las erogaciones por tal concepto a cargo de la víctima aunque no este demostrado cabalmente su importe..." -S.C.B.A., T° 117, p g. 127- (Conf. Causas de esta Sala N° 20.745, R.S. 63/88; N° 24.973 R.S. 165/90; N° 41.649, R.S. 607/99), y que la circunstancia de que la víctima de un hecho ilícito se encuentre asociada a los servicios de una obra social, no resulta suficiente para desestimar el rubro (esta Sala entre otras causas: nros. 32.928 y 32.928 bis, R.S. 648/99; 27.098, R.S. 199/91; 40.796, R.S. 218/99); pues ello no se condice con el principio de reparación integral y la obligación de resarcir todos los gastos
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