Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 13554
Causa N º MO-13554-2019
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "DI SI SERGIO PABLO C/ PALLETA JOSE Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" Causa N º MO-13554-2019 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO, dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial nro. 11 Departamental, con fecha 30 de Octubre de 2023 dictó sentencia definitiva, haciendo lugar a la demanda en los términos que de allí surgen.
Apelan la actora y la citada en garantía.
Sus recurso se conceden libremente.
El de la actora fue fundado con el escrito de fecha 4 de Diciembre de 2023, replicado con fecha 11 de ese mismo mes y año.
El de la aseguradora lo fue con el escrito del 3 de Diciembre de 2023, replicado el 7 de ese mismo mes y año.
La actora llega cuestionando la suma fijada en concepto de gastos, la establecida por la incapacidad psicofísica, lo decidido en cuanto al tratamiento psicológico, la suma fijada por daño extrapatrimonial, lo resuelto en cuento al daño del rodado y el valor de reventa, y la tasa de interés fijada.
La citada en garantía, mientras tanto, se queja de las sumas fijadas en concepto de incapacidad y daño extrapatrimonial.
Al tenor de dichos escritos cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 8 de Febrero de 2024, se llamaron "autos para sentencia" providencia que adquirió firmeza, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, lo que deja las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
2. Circunscripta así la cuestión, he de comenzar señalando que -desde mi punto de vista- los fundamentos de ambos recursos sortean la valla del art. 260 del CPCC.
Comienzo por las quejas vinculadas a la incapacidad, rubro que -englobando el menoscabo psicofísico- prosperó por la suma de $4.500.000, desestimándose los gastos de tratamientos futuros (psicológico y kinesiológico).
Al respecto cabe recordar que la indemnización por incapacidad psicofísica tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquélla tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. En suma, el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluidos los daños de salud y a la integridad física y psíquica (A. Abrevaya, El Daño y Su Cuantificación, ed. Abeledo-Perrot, pág. 55/57; año 2008 y jurisp. allí citada).
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1746 y ccdtes. del CCyCN).
Ahora bien, con respecto a la cuantificación del perjuicio, como lo expliqué anteriormente, considero que no puede fijarse en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de cálculos actuariales que puede ser meras pautas indicativas y sugeridas, como así tampoco por el conocido parámetro del "calcul au point", sino que debe adoptarse un criterio que, en cada caso, contemple las específicas circunstancias de la víctima, especialmente las referidas a la edad, estado familiar, preparación intelectual o capacitación para el trabajo, el grado de disfunción y la incidencia que ésta tiene para el cumplimiento de las tareas que desarrollaba, inclusive en su vida de relación, como también el nivel socioeconómico en que se desenvolvía (art. 165, C.P.C.C.; conf. SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).
Decía, asimismo, en la causa mo-21839-2014, sentencia del 3 de Marzo de 2022 del Registro de la Sala III que los montos dependen de las circunstancias del caso, y que varían o pueden lícitamente variar de caso en caso, y de tiempo en tiempo, no estando constreñido moral ni jurídicamente a seguir los valores que en otros casos pudieran haberse fijado, ni tampoco el método del calcul au point, sino más bien me inclino decididamente por la posición establecida por el Dr. Jordá en cuanto a que el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de meros cálculos matemáticos, y que esa clase de porcentajes sólo constituyen un elemento más a considerar entre una multiplicidad de variables.
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo y el principio de integralidad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso-.
Pues bien, teniendo en cuenta los alcances de los agravios de las partes, debemos ir, inicialmente, a la pericia traída (escrito del 25 de Septiembre de 2023 y explicaciones del 2 de Octubre de ese mismo año).
La pericia nos informa una incapacidad del 23,82% , que desglosa así: 1) 10% Trastorno por estrés postraumático Crónico leve: 100% - 10% = 90% Capacidad restante, 2) Cervicalgia con limitación funcional, presenta signos degenerativos que se descuenta el 20%, 10% x 20% = 2% 10% - 2% = 8%, 90% x 8% = 7,20% 82,80% Capacidad restante, 3) Lumbalgia con limitación funcional, presenta signos degenerativos que se descuenta el 20%, 10% x 20% = 2%, 10% - 2% = 8%, 82,80% x 8% = 6,62% 76,18% Capacidad restante.
Dicha pericia emana de profesional médico (nadie ha introducido objeciones acerca de su competencia, dado el objeto y cuestiones que tenía que peritar, motivo por el cual no ingreso en el tema), se encuentra fundada, apoyada en estudios complementarios y documentación médica concomitante al hecho, no existiendo elementos de convicción (objetivos) en el proceso que la contradigan y ni siquiera agravios (idóneos) para que nos apartemos de sus conclusiones.
Con lo cual he de ceñirme a las mismas (arts. 384 y 474 del CPCC).
Pues bien, llegado a este punto, efectuadas las antedichas aclaraciones y teniendo determinado el menoscabo incapacitante cabe aclarar que la cuestión resarcitoria no debe observarse desde el estrecho lente del menoscabo económico que ya pudiera haberse sufrido, desde el momento en que nos hallamos ante una incapacidad, de carácter permanente, que acompañará a una persona a lo largo de los años que le queden de vida.
Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta todo lo dicho hasta aquí, estando probada la existencia del hecho dañoso y su vinculación causal con las lesiones, conjugando las incapacidades resultantes con las circunstancias personales del actor (sexo, edad y condiciones socio económicas del reclamante, bien enunciadas en el fallo) y el impacto patrimonial que ello ha de generar al reclamante, entiendo que la suma fijada en este rubro no es para nada excesiva, sino mas bien reducida, motivo por el cual promoveré su elevación a la de $12.000.000 (doce millones de pesos) .
En cuanto a los gastos de tratamiento, bien señala el fallo que los mismos no fueron indicados por el perito, con lo cual, mas allá de lo que surja del psicodiagnóstico (que, como mucho, podemos tomar como estudio complementario, mas no como conclusión pericial, si ello no es informado por el perito designado), coincido con el fallo apelado en que no corresponde admitirlo.
Prosigo con las quejas atinentes a las sumas fijadas en concepto de gastos ($20.000).
Para abordar el tema, es del caso recordar que desde esta Sala se ha sostenido que ciertos gastos (honorarios de médicos; traslados; etc.) aunque no se haya demostrado documentadamente su existencia deben ser reparados, aunque -claro está- este concepto dista mucho de ser absoluto y de resultar una graciosa concesión de los jueces encontrando su fundamento en la naturaleza del perjuicio que hace sumamente dificultosa su prueba. Lo que si debe acreditarse es la correlación entre los gastos realizados y las lesiones experimentadas, tiempo de curación, secuelas, carácter de ellas y tratamientos aconsejados no pudiendo derivar solamente de la voluntad o comodidad de la víctima o sus familiares (ver esta Sala en causa N° 33.001, R. S.295/95, 54.100, R.S. 367/07, entre otras).
Importante resulta mencionar también que en más de una ocasión esta Sala, con cita de jurisprudencia del Superior Tribunal, tiene dicho que: "...el hecho que la víctima de un accidente de tránsito se haya atendido en establecimientos asistenciales públicos, no obsta a que en la indemnización se incluya una suma en concepto de gastos médicos y de farmacia, pues es notorio que existen erogaciones que deben ser solventadas por el paciente, aunque el resarcimiento se reitera- debe guardar concordancia con las lesiones, afección o enfermedad sufrida, sin que resulte indispensable que se encuentre documentado su importe S. C. B. A., Ac. y Sent., T° 1.976-I-549; D.J.B.A., T. 118-74-.
Asimismo, es menester referir que "...corresponde presumir las erogaciones por tal concepto a cargo de la víctima aunque no este demostrado cabalmente su importe..." -S.C.B.A., T° 117, p g. 127- (Conf. Causas de esta Sala N° 20.745, R.S. 63/88; N° 24.973 R.S. 165/90; N° 41.649, R.S. 607/99), y que la circunstancia de que la víctima de un hecho ilícito se encuentre asociada a los servicios de una obra social, no resulta suficiente para desestimar el rubro (esta Sala entre otras causas: nros. 32.928 y 32.928 bis, R.S. 648/99; 27.098, R.S. 199/91; 40.796, R.S. 218/99); pues ello no se condice con el principio de reparación integral y la obligación de resarcir todos los gastos de curación y convalecencia no se comparecen con semejante tesis (causa nro. 26.558, R.S. 148/91); lo mismo sucede en el caso de que exista una aseguradora de riesgos del trabajo.
Juega, además, la presunción del art. 1746 del CCyCN.
Pues bien, a esta altura, están acreditados los menoscabos físicos que ha sufrido el actor y los tratamientos a los que debió someterse, por lo que -computando incluso la antedicha presunción- entiendo que debe elevarse el monto fijado, a la suma de $50.000 (cincuenta mil pesos) .
Continúo con las quejas relativas al daño extrapatrimonial ($200.000) que llega objetado por ambas partes.
Al respecto he dicho que se entiende por daño moral, la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. Su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio de enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por el reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir. Siendo eso así, de lo que se trata es de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido.
El daño moral es de carácter resarcitorio y no de naturaleza punitiva, es decir, no se trata de reprochar la conducta del ofensor, sino de resarcir económicamente a la víctima, que no debe guardar necesaria relación con el daño de carácter patrimonial.
Tiene entendido nuestro Superior Tribunal que el reconocimiento y resarcimiento del daño moral depende -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que haya existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por demostrado por el sólo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- (conf. entre otros: S.C.B.A., Ac. y Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975, pág. 187; Ac.51.179 del 02/11/93).
Por lo demás, el art. 1741 del CCyCN nos indica las pautas a seguir para su tarifación.
Pues bien, desde esta perspectiva, hay varios elementos a tener en cuenta: las características del hecho, las lesiones que sufrió el actor, los tratamientos a los que debió someterse y la incapacidad que le ha quedado
Luego, y por tales razones, ponderando algunas satisfacciones sustitutivas que el actor pudiera encontrar con el dinero, entiendo que el monto fijado no es para nada excesivo sino mas bien reducido, motivo por el cual promoveré su elevación a la suma de $4.000.000 (cuatro millones de pesos) .
Debo abordar, ahora, los planteos de la actora en relación a los daños al rodado y la desvalorización, rubros que prosperaron por las sumas de $231.187 y $150.000.
Para decidir ambas cuestiones, la Sra. Jueza de la instancia previa se apoyó en el dictamen pericial mecánico de fecha 6 de Junio de 2023, que -en lo que hace al costo de las reparaciones- informó la suma de $231.187 y en lo que hace a la desvalorización, fijó la suma de $150.000.
Ahora bien, teniendo en cuenta que dicha pericia data de mediados del año pasado, es un hecho notorio que los valores -hasta este momento- han fluctuado notoriamente, tanto en lo que hace a las reparaciones, como en lo referente a la valuación del automotor.
Se trata, como decía, de un hecho notorio.
Y siendo una deuda de valor (art. 772 del CCyCN), cuyo monto debe establecerse al sentenciar, es necesario operar a los valores mas próximos a la fecha de la decisión, circunstancia de suyo compleja, dada la inestabilidad que se da en el contexto local, acrecentada en los últimos tiempos.
Con todo, no tenemos elementos específico que nos indique cómo se han modificado concretamente dichos valores, por lo que -desde mi punto de vista- debemos acudir a la facultad del art. 165 del CPCC, fijándolos prudencialmente, con apoyo en las máximas de la experiencia.
Ello así, y por tales razones, computando como base referencial lo informado pericialmente, la época en la que el perito se expidió y el tiempo transcurrido hasta el presente, promoveré la modificación de las sumas fijadas, elevando a la suma de $500.000 (quinientos mil pesos) la suma fijada por daños al rodado y a la de $300.000 (trescientos mil pesos) la correspondiente a la desvalorización.
Ahora, me abocaré a la queja planteada relativa a la tasa de interés fijada en el decisorio de grado.
En tal sentido, debo recordar que la tasa fijada se ajusta a la establecida por la SCJBA en los casos "Vera y Nidera".
Pues bien, posteriormente la SCJBA se ha expedido en la causa C 123.090, "Paredes Roberto Gabriel Horacio c/ Transporte La Perlita S.A. s/ Ds. y Pj." (fallo del 18-09-2020) considerando aplicable la doctrina sentada en materia de cálculo de intereses en casos de evaluaciones de deudas realizadas a valor actual en las causas C.120.536 "Vera", sent.de 18-04-2018 y C.121.134, "Nidera", sent. de 3-05-2018 a un supuesto análogo presente.
Dicha doctrina fue mantenida en precedentes ulteriores del mismo tribunal.
Coincido, de este modo, con la tasa de interés que se ordena aplicar en la sentencia de primera instancia y si bien la parte actora objeta el punto, no se hace cargo de la existencia de dichos precedentes del superior tribunal.
Bajo tales condiciones, su recurso habrá de rechazarse y desde que no existe agravio de la contraparte en relación a la forma de computar los accesorios, deberá confirmarse el fallo apelado en este sentido.
3. En suma y por lo que llevo dicho, deberá modificarse la sentencia apelada, elevando los montos fijados en concepto de incapacidad psicofísica, gastos, daño extrapatrimonial, daño al automotor y desvalorización a las sumas de $12.000.000 (doce millones de pesos), $50.000 (cincuenta mil pesos), $4.000.000 (cuatro millones de pesos) , $500.000 (quinientos mil pesos) y $300.000 (trescientos mil pesos), confirmando la decisión apelada en lo demás que decide y ha sido materia de agravio.
Las costas de Alzada deberán imponerse en un 10% a la actora y en un 90% a la demandada y citada en garantía (arts. 68 y 71 del CPCC).
Consecuentemente a la cuestión planteada doy mi voto
PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA
A LA MISMA CUESTION EL SR. JUEZ DR. GALLO DIJO:
Adhiero al voto que antecede, por sus mismos fundamentos, con las los propios que aquí añado
En lo tocante al monto fijado por daño físico, cabe señalar que la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de daños, t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Asimismo tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suáres), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Beri
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