Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 38892
Causa N º MO-38892-2017
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "RODRIGUEZ SUSANA BEATRIZ C/ TRANSPORTES LA PERLITA SA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" Causa N º MO-38892-2017 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SR. JUEZ DR. CUNTO DIJO
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial nro. 5 Departamental, con fecha 7 de Septiembre de 2023 dictó sentencia definitiva, haciendo lugar a la demanda en los términos que de allí surgen; con fecha 15 de ese mismo mes y año la sentencia fue aclarada.
Apelaron la actora, la demandada y la citada en garantía.
Sus recursos se concedieron libremente.
El de la actora fue fundado con el escrito de fecha 13 de Diciembre de 2023, replicado el día 22 de ese mismo mes y año.
El de la demandada y citada en garantía fue fundado con el escrito de fecha 11 de Diciembre de 2023, replicado con fecha 28 de ese mismo mes y año.
La actora llega quejándose de las sumas fijadas por incapacidad, gastos de tratamiento psicológico, daño moral y gastos, como así también de la tasa de interés..
La demandada y su aseguradora, mientras tanto, cuestionan lo decidido en lo referente a la atribución de responsabilidad, objetando los mismos rubros que la actora, aunque con finalidad contrapuesta, por cierto, y agraviándose, además, de la forma en que se ordenan computar los intereses.
Al tenor de dichos escritos cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 15 de Febrero de 2024, se llamaron "autos para sentencia" providencia que adquirió firmeza, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, lo que deja las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
2. Circunscripta así la cuestión, he de comenzar señalando que -desde mi punto de vista- los fundamentos de los recursos sortean, en algunos aspectos mas ampliamente que en otros, la valla del art. 260 del CPCC.
Ello así, paso al tratamiento de las quejas.
Comienzo con la atribución de responsabilidad.
Teniendo en cuenta la fecha en que se produjeron los hechos, el caso se rige por la normativa del CCyCN.
Con todo es bueno recordar que -en vigencia del ordenamiento anterior- se ha señalado -reiteradamente- que los principios del art. 184 del Código de Comercio (hoy derogado) se aplican al transporte automotor de pasajeros, sobre todo cuando es realizado en forma de Empresa; a todos los servicios públicos de transporte, cualesquiera sean los vehículos utilizados, inclusive colectivos y taxímetros o automóviles de "remise".
Es decir, el transportista asume una obligación fundamental de resultado; el desplazamiento o conducción del pasajero sano y salvo hasta el lugar de destino. La mentada obligación no expira con el cumplimiento del traslado del viajero sino que también asume una obligación de seguridad y de vigilancia para que no sufra su integridad personal. Sin lugar a dudas estamos frente a una relación contractual (pasajero-empresa) y la ejecución deber efectuarse de acuerdo a lo convenido, conduciéndose al pasajero al lugar de destino, por la ruta y en el tiempo establecido o el que resulte de las reglamentaciones.
Con todo, también se ha señalado, reiteradamente, que el pasajero debe probar el contrato de transporte y el daño sufrido en el contexto del mismo (esta Sala en causa nro. 52485 R.S. 504/07, entre otros).
El citado artículo (184 del Código de Comercio) para la relación precedentemente indicada establece una responsabilidad objetiva, como una expresión del riesgo creado. En consecuencia, el pasajero debe probar el contrato de transporte y el daño sufrido pero no es necesario que pruebe la culpa del transportista, pues dicha norma presume la responsabilidad del mismo y por ende, incumbe al transportador la prueba de alguna causal eximente de responsabilidad (SCJBA 31-5-60; A.S. 1960-IV-1.970); ya que priva el principio de la inversión de la prueba.
Tales causales son; la fuerza mayor, la culpa de la propia víctima o el hecho de un tercero por el que el transportista no es civilmente responsable.
Hoy en día, en vigencia del CCyCN, esto no ha cambiado demasiado.
El art. 1286 nos indica que la responsabilidad del transportista por daños a las personas transportadas está sujeta a lo dispuesto en los artículos 1757 y siguientes, que consagra una responsabilidad de carácter objetivo.
El art. 1288 señala que el transporte de personas comprende, además del traslado, las operaciones de embarco y desembarco.
El art. 1289 enumera como obligaciones del transportista respecto del pasajero:
a) proveerle el lugar para viajar que se ha convenido o el disponible reglamentariamente habilitado;
b) trasladarlo al lugar convenido;
c) garantizar su seguridad;
d) llevar su equipaje.
Y el art.1290 cuáles son las obligaciones del pasajero.
Asimismo, el art. 1291 indica que además de su responsabilidad por incumplimiento del contrato o retraso en su ejecución, el transportista responde por los siniestros que afecten a la persona del pasajero y por la avería o pérdida de sus cosas.
Por cierto, toda esta normativa resulta atravesada por la protección a los consumidores, de raigambre constitucional (art. 42 Const. Nac.) y consagración legal (ley 24.240), y el deber de seguridad que de la misma emana.
Luego, y en este contexto, no es el pasajero quien debe demostrar la mecánica del siniestro, bastándole con acreditar la existencia del contrato y que el daño se produjo en ese contexto.
Aquí, está plenamente probada la existencia de un contrato de transporte.
No solo por las constancias emitidas por las reparticiones compententes en cuanto a la titularidad y uso de la tarjeta SUBE (ver respuestas de oficios de fecha 2 de Noviembre de 2020 y 2 de Febrero de 2021).
Sino también por el hecho de que, conforme el acta preventora policial de la IPP 10-01-005650-16/00, el día del hecho (es decir, el mismo que surge de los informes mencionados precedentemente) surge que los funcionarios policiales, al divisar un colectivo estacionado y a una mujer tendida en el suelo, con fuertes dolores, convocaron a una ambulancia, que retiró a la actora (ver fs. 1/vta.).
A ello se suman, además, las constancias médicas concomitantes al hecho (ver fs. 24/5 de la causa penal).
Y, además, no existe ningún elemento objetivo (mas allá de lo que potencialmente nos dicen la demandada y su garante) de que la tarjeta SUBE hubiera sido utilizada por otra persona, lo cual se contrapone -totalmente- a las ya referidas constancias de la causa penal y del hospital interviniente.
Si a ello sumamos que no era carga de la pasajera demostrar la mecánica del hecho, y que las apelantes no han arrimado ninguna prueba conducente que demuestre alguna eximente legal de responsabilidad, entiendo que el fallo es correcto en cuanto a la atribución de responsabilidad y, por ello, promoveré su confirmación.
Sigo, ahora, con el análisis de la cuantía resarcitoria.
Comienzo por las quejas vinculadas a la incapacidad, rubro que -englobando el menoscabo psicofísico y los tratamientos- prosperó por la suma de $8.680.000
Al respecto cabe recordar que la indemnización por incapacidad psicofísica tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquélla tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. En suma, el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluidos los daños de salud y a la integridad física y psíquica (A. Abrevaya, El Daño y Su Cuantificación, ed. Abeledo-Perrot, pág. 55/57; año 2008 y jurisp. allí citada).
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1746 y ccdtes. del CCyCN).
Ahora bien, con respecto a la cuantificación del perjuicio, como lo expliqué anteriormente, considero que no puede fijarse en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de cálculos actuariales que puede ser meras pautas indicativas y sugeridas, como así tampoco por el conocido parámetro del "calcul au point", sino que debe adoptarse un criterio que, en cada caso, contemple las específicas circunstancias de la víctima, especialmente las referidas a la edad, estado familiar, preparación intelectual o capacitación para el trabajo, el grado de disfunción y la incidencia que ésta tiene para el cumplimiento de las tareas que desarrollaba, inclusive en su vida de relación, como también el nivel socioeconómico en que se desenvolvía (art. 165, C.P.C.C.; conf. SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).
Decía, asimismo, en la causa mo-21839-2014, sentencia del 3 de Marzo de 2022 del Registro de la Sala III que los montos dependen de las circunstancias del caso, y que varían o pueden lícitamente variar de caso en caso, y de tiempo en tiempo, no estando constreñido moral ni jurídicamente a seguir los valores que en otros casos pudieran haberse fijado, ni tampoco el método del calcul au point, sino más bien me inclino decididamente por la posición establecida por el Dr. Jordá en cuanto a que el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de meros cálculos matemáticos, y que esa clase de porcentajes sólo constituyen un elemento más a considerar entre una multiplicidad de variables.
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo y el principio de integralidad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso-.
Pues bien, teniendo en cuenta los alcances de los agravios de las partes, comienzo por lo atinente a la valoración de las pericias traídas en autos y al análisis de la cuestión de la demostración, o no, del nexo causal.
Aquí tenemos una pericia médica (escrito del 5 de Noviembre de 2021 y sus explicaciones del 7 de Septiembre de 2022 y 14 de Diciembre del mismo año) la cual diagnostica una incapacidad del 25,27% y desglosa así: 10% de incapacidad por lumbalgia con limitación funcional; 10% por cervicalgia con limitación funcional y 5% por esguince de tobillo derecho con limitación funcional.
Además, tenemos una pericia psicológica (escrito del 6 de Febrero de 2021 y explicaciones del 2 de Marzo del mismo año) en la cual se dice que la actora padece síntomas de depresión, marcados montos de ansiedad, sentimientos de inseguridad, incertidumbre y miedos en relación a su futuro, dificultades para proyectar su futuro, dificultades en relaciones interpersonales, sentimientos de aislamiento y soledad, inhibiciones, dificultades y diagnostica una incapacidad del 15% de tipo moderada.
Además, sugiere un tratamiento de las condiciones allí indicadas.
Ambas pericias emanan de profesional competente, se apoya en constancias médicas objetivas y concomitantes al hecho (agregadas al expediente y respecto de las cuales no se planteó nada, art. 401 CPCC), tests de la especialidad y estudios complementarios, no existiendo en al causa elementos de convicción (objetivos) que las contradigan, mas allá de la discrepancia (subjetiva) de las quejosa.
Por ello, y al igual que lo ha hecho la Sra. Jueza de Grado, he de atenerme a sus conclusiones.
Pues bien, llegado a este punto, efectuadas las antedichas aclaraciones y teniendo determinado el menoscabo incapacitante cabe aclarar que la cuestión resarcitoria no debe observarse desde el estrecho lente del menoscabo económico que ya pudiera haberse sufrido, desde el momento en que nos hallamos ante una incapacidad, de carácter permanente, que acompañará a una persona a lo largo de los años que le queden de vida.
A lo que se suma algo mas (en respuesta a los argumentos de la parte actora): la determinación del resarcimiento no puede, desde mi punto de vista, traducirse en un cálculo automático basado en porcentuales e ingresos, y cálculos actuariales, lo cual muchas veces no refleja, adecuadamente, la entidad del menoscabo incapacitante y sus repercusiones, en el plano material, para la víctima del evento.
Repercusiones que, desde ya, deben observarse de manera concreta y no solamente abstracta, basándonos en menciones genéricas que pudieran haberse incluido en dictámenes periciales u otras pruebas.
Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta todo lo dicho hasta aquí, conjugando las incapacidades resultantes con las circunstancias personales del actor (sexo, edad y condiciones socio económicas del reclamante) y el impacto patrimonial que ello ha de generar al reclamante, como así también las características del tratamiento sugerido, entiendo que la suma fijada en este rubro no es para nada excesiva, sino mas bien reducida, motivo por el cual promoveré su elevación a la de $15.000.000 (quince millones de pesos) .
Prosigo con las quejas atinentes a las sumas fijadas en concepto de gastos ($50.000).
Para abordar el tema, es del caso recordar que desde esta Sala se ha sostenido que ciertos gastos (honorarios de médicos; traslados; etc.) aunque no se haya demostrado documentadamente su existencia deben ser reparados, aunque -claro está- este concepto dista mucho de ser absoluto y de resultar una graciosa concesión de los jueces encontrando su fundamento en la naturaleza del perjuicio que hace sumamente dificultosa su prueba. Lo que si debe acreditarse es la correlación entre los gastos realizados y las lesiones experimentadas, tiempo de curación, secuelas, carácter de ellas y tratamientos aconsejados no pudiendo derivar solamente de la voluntad o comodidad de la víctima o sus familiares (ver esta Sala en causa N° 33.001, R. S.295/95, 54.100, R.S. 367/07, entre otras).
Importante resulta mencionar también que en más de una ocasión esta Sala, con cita de jurisprudencia del Superior Tribunal, tiene dicho que: "...el hecho que la víctima de un accidente de tránsito se haya atendido en establecimientos asistenciales públicos, no obsta a que en la indemnización se incluya una suma en concepto de gastos médicos y de farmacia, pues es notorio que existen erogaciones que deben ser solventadas por el paciente, aunque el resarcimiento se reitera- debe guardar concordancia con las lesiones, afección o enfermedad sufrida, sin que resulte indispensable que se encuentre documentado su importe S. C. B. A., Ac. y Sent., T° 1.976-I-549; D.J.B.A., T. 118-74-.
Asimismo, es menester referir que "...corresponde presumir las erogaciones por tal concepto a cargo de la víctima aunque no este demostrado cabalmente su importe..." -S.C.B.A., T° 117, p g. 127- (Conf. Causas de esta Sala N° 20.745, R.S. 63/88; N° 24.973 R.S. 165/90; N° 41.649, R.S. 607/99), y que la circunstancia de que la víctima de un hecho ilícito se encuentre asociada a los servicios de una obra social, no resulta suficiente para desestimar el rubro (esta Sala entre otras causas: nros. 32.928 y 32.928 bis, R.S. 648/99; 27.098, R.S. 199/91; 40.796, R.S. 218/99); pues ello no se condice con el principio de reparación integral y la obligación de resarcir todos los gastos de curación y convalecencia no se comparecen con semejante tesis (causa nro. 26.558, R.S. 148/91); lo mismo sucede en el caso de que exista una aseguradora de riesgos del trabajo.
Juega, además, la presunción del art. 1746 del CCyCN.
Pues bien, a esta altura, están acreditados los menoscabos físicos que ha sufrido el actor y los tratamientos a los que debió someterse, por lo que -computando incluso la antedicha presunción y los escasos argumentos que se traen- entiendo que debe confirmarse también este aspecto de la decisión.
Finalizo con las quejas relativas al daño extrapatrimonial, que ha prosperado por la suma de $3.000.000.
Al respecto he dicho que se entiende por daño moral, la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. Su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio de enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por el reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir. Siendo eso así, de lo que se trata es de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido.
El daño moral es de carácter resarcitorio y no de naturaleza punitiva, es decir, no se trata de reprochar la conducta del ofensor, sino de resarcir económicamente a la víctima, que no debe guardar necesaria relación con el daño de carácter patrimonial.
Tiene entendido nuestro Superior Tribunal que el reconocimiento y resarcimiento del daño moral depende -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que haya existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por demostrado por el sólo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- (conf. entre otros: S.C.B.A., Ac. y Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975, pág. 187; Ac.51.179 del 02/11/93).
Por lo demás, el art. 1741 del CCyCN nos indica las pautas a seguir para su tarifación.
Pues bien, desde esta perspectiva, hay varios elementos a tener en cuenta: las características del hecho, las lesiones que sufrió la actora, los tratamientos a los que debió someterse y la incapacidad que le ha quedado
Luego, y por tales razones, ponderando algunas satisfacciones sustitutivas que el actor pudiera encontrar con el dinero, entiendo que el monto fijado no es para nada excesivo sino reducido, motivo por el cual promoveré su elevación a la suma de $5.000.000 (cinco millones de pesos) .
Me queda por tratar lo relativo a los intereses.
En tal sentido, debo recordar que hasta el momento de celebrarse el Acuerdo N° 839 de este Excelentísimo Tribunal, me había venido inclinando por la aplicación de la tasa pasiva digital, a partir de dicho acuerdo me sumé a la postura de aplicar la tasa pura (6%) establecida por la SCJBA en los casos "Vera y Nidera". Así lo hice porque dicha orientación se había tornado mayoritaria tanto en el seno de este tribunal como así también en las diversa Cámaras Provinciales.
Pues bien la SCJBA se ha expedido en la causa C 123.090, "Paredes Roberto Gabriel Horacio c/ Transporte La Perlita S.A. s/ Ds. y Pj." (fallo del 18-09-2020) considerando aplicable la doctrina sentada en materia de cálculo de intereses en casos de evaluaciones de deudas realizadas a valor real en las
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