Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 19430
Causa Nº MO-19430-2017
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "DE CARLO FEDERICO GASTON C/ WALSH JOSE MARIA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) Causa N º MO-19430-2017" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-CUNTO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:
1. Contra la sentencia dictada el 29 de diciembre del 2022, se alzaron tanto la parte actora como la demandada y citada en garantía, interponiendo sendos recursos de apelación los días 7 y 1 de febrero del 2023, respectivamente; concediéndose ambos libremente.
Llegadas las presentes actuaciones a esta alzada, se presentan las pertinentes expresiones de agravios los días 8 y 9 de agosto, confiriéndose traslado el 17 de agosto, mereciendo la réplica del 24 de agosto del 2023.
2. El 14 de septiembre del 2023, se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
IIa.- Agravios de la parte actora
En primer lugar, el accionante, se agravia, por considerar exiguo el monto indemnizatorio fijado para el rubro incapacidad sobreviniente, incapacidad física, psicológica, gastos terapéuticos e inclusión del lucro cesante en la misma.
En segundo término, cuestiona la suma reparatoria fijada en concepto de gastos médicos y farmacéuticos y gastos de asistencia y movilidad, también por considerarla insuficiente.
Por último, critica, también por escaso, el monto fijado para reparar el daño moral.
IIb.- Agravios de la demandada y citada en garantía
El letrado apoderado comienza cuestionando la procedencia y cuantificación de los rubros indemnizatorios.
Luego de ello, focaliza su embate primeramente en el daño psicofísico, por considerar desmedida la suma fijada, solicitando se lo reduzca a límites razonables.
También cuestionó la suma fijada en concepto de gastos médicos y farmacéuticos, gastos extraordinarios de asistencia y movilidad.
Además de ello, critica la cuantificación del daño moral, también por entenderla elevada.
Y concluye, agraviándose de la aplicación de la tasa de pasiva (bip), solicitando se desestime la establecida y se fije la tasa fija del 6% anual.
Preliminarmente debo destacar que ambas expresiones de agravios -en líneas generales- cumplen con la manda del art. 260 del C.P.C.C.
Asimismo y también a titulo introductorio debo resaltar liminarmente que la Sra. Jueza de Grado abordó la cuestión a la luz de la normativa vigente al momento de acontecer los hechos, asumiendo idéntica postura a la que esta Sala ha sostenido (causa MO-23.280-09, R.S. 257/15, entre muchísimas otras).
Aclarado ello, comencemos con el análisis de las cuestiones traídas aquí para resolver.
1. Daño físico o biológico, daño psíquico, daño estético, incapacidad sobreviniente, lucro cesante actual, futuro y gastos terapéuticos
La sentenciante cuantificó el rubro en la suma de $2.000.000, generando ello el alzamiento de ambos recurrentes.
Comencemos.
Es necesario recordar -en cuanto a la incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil -hoy art.1746 y ccs. del nuevo CCyCN-).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Amén de ello, y como el tema involucra la valoración de la pericia llevada a cabo en autos, debo recordar -de todo comienzo- que en cuanto al valor probatorio de los dictámenes periciales, he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en su conocimiento personal, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurdas o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).
Recuérdese, además, que esta Sala ha puesto de manifiesto -reiteradamente- que "tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria" (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras) y que las discrepancias técnicas de las partes con las conclusiones del experto designado no son -por si solas- elementos suficientes para apartarse de lo dicho por el experto (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.; esta Sala en causa nro. 48.539, R.S. 472/05, entre otras).-
Para ello, entonces, debemos recurrir a la pericia médica presentada en autos, el 29 de diciembre del 2020, donde se indica que
"Resulta de lo expuesto que el actor DE CARLO, FEDERICO GASTON , a raíz del accidente ocurrido el día 18/02/2017, en base a mecánica accidental, examen clínico, estudios complementarios (RMN) y antecedentes hospitalarios acreditados en autos, presenta:
S índrome meniscal rodilla izquierda no operado con signos objetivos y estudios complementarios que lo certifican.
Impotencia funcional hombro izquierdo por traumatismo directo contra superficie dura (Ruptura de tendón supraespinoso bursitis)
Esguince tobillo derecho por mecanismo de inversión forzada (Laxitud de ligamento colateral externo con bostezo y edema local)
CORRESPONDE DETERMINAR INCAPACIDAD PARCIAL Y PERMANENTE DEL 23,9 % DE LA TV.
DETERMINACIÓN DE INCAPACIDAD
Método utilizado : Blathazard (capacidad residual o restante)
10 % Síndrome meniscal rodilla izquierda (según página 230 del Baremo de Altube Rinaldi para Fuero Civil)
100 % - 10% = 90 % Capacidad restante
10% Limitación funcional hombro izquierdo (según página 190 del Baremo de Altube Rinaldi para Fuero Civil)
90 % x 10% = 9% 90 - 9 = 81 % Capacidad restante
6 % Esguince tobillo izquierdo (según página 220 del Baremo de Altube Rinaldi para Fuero Civil)
81 % x 6 % = 4,9% 81 - 4,9 = 76,1% Capacidad restante
Sumatoria total 1 2 3 = Incapacidad
10% 9 % 4,9= 23,9 %
100% - 76,1 % = 23,9 %
(...)2.6- Se aconseja realizar tratamiento de kinesiología para el tobillo derecho, hombro izquierdo y rodilla izquierda que padece la actora a fin de no agravar el cuadro. El mismo debería ser al menos de 20 sesiones por región a un valor de cada sesión aproximadamente de 1000 pesos" .
Ahora bien, compulsada las presentes actuaciones, entiendo que no existen en el caso elementos de convicción (objetivos) que nos lleven a apartarnos de las conclusiones de la perito: dado que las mismas emanan de profesional competente, se apoyan en las historias clínicas de los nosocomios allí mencionados (Instituto Médico Aguero y Clinica centro médico Castelar) como así también de estudios complementarios(arts. 384 y 474 del C.P.C.C.).
Debo agregar en este punto que nuestro Código de Procedimientos nos brinda las pautas para el evaluar la fuerza probatoria del dictamen pericial.
La doctrina a abordado el estudio de tal cuestión ha destacado que “ el dictamen de un perito no es relevante por el solo fundamento de la presunción de su conocimiento, de su arte o técnica, puesto que es característica del orden científico la refutabilidad de las conclusiones a que allí se arriba. Precisamente, más científico será el dictamen cuando más sujeto a comprobación objetiva se halle y menos seriedad habrá de atribuírsele cuando se sustente en opiniones subjetivas cuya refutación no es posible, porque se origina en la persona misma del experto en cuanto se trate de pura estimación u opinión. Se configura la validez científica del dictamen de un perito en cuanto recurre a una característica más de toda labor de ese tenor, cual es la remisión a múltiples pautas objetivas para a la elaboración de conclusiones verificables y cuya validez no se basa únicamente en el título del experto sino también en la coherencia interna del dictamen y en al posibilidad de comprobación y verificación de sus referencias a elementos externos útiles, para la ordenación lógica de la labor respectiva ” (cfr. Morello - Sosa- Berizonce, “Códigos procesales...”, T:V-B, pág. 452).
La Corte local ha dicho que “ la fuerza probatoria de los dictámenes periciales es de meritación exclusiva del magistrado quien, teniendo en consideración la competencia de las personas que efectúan los mismos, los principios en que puedan fundarlos y la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrece, tomará su propia convicción, adjudicándole el valor que estime apropiado para la resolución de la “litis” (SCBA, DJBA, v 134, p 345 o La Ley 1988v. p. 100).
Atento a la linea argumental hasta aquí trazada, y atento a lo normado por los artículos 384 y 474 del C.P.C.C., considero que ajustado a derecho la procedencia del rubro; dejaremos para mas adelante el análisis de la tarifación del mismo.
Pasemos ahora al daño psicológico.
En este aspecto cabe destacar que las alteraciones o secuelas en dicha esfera, sean totales o parciales, son indemnizables cuando derivan en una incapacidad, pues toda disminución de la integridad humana es materia de obligado resarcimiento, dentro del cual debe incluirse, a la merma de las aptitudes psíquicas del individuo, lo que por sí constituye un daño resarcible (el suscripto en causa 28.511 R.S. 89/1.992, entre muchas otras).-
La prueba esencial, en esta caso también, es la pericial, la cual se presenta en autos el 21 de abril del 2020.
Allí se informa que:
" Al momento de la evaluación el actor no presenta secuelas psicológicas consecuencia del accidente referido en la demanda.
2/3- No se evidencian trastornos de conducta ni alteraciones en esfera personal y laboral, cierto nivel de ansiedad y pesimismo.
En los momentos inmediatos posteriores al hecho ocurrido pudo sufrir secuelas de índole psicológicas relacionadas al padecer somático, a las dificultades en el ámbito laboral, entendiendo al sujeto como una unidad indivisible, que generaron una incapacidad temporaria, pero que no entorpecen el grado de adaptabilidad y el desarrollo normal de actividades. En la actualidad al no existir conciencia de enfermedad o padecimiento no requiere ningún tipo de tratamiento psicológico.
Por lo expuesto es que fundamento la ausencia de patologías y/o secuelas reactivas en la actualidad producto del mismo".
Tampoco encuentro merito alguno en este punto que me inclinen a apartarme del informe técnico pericial (art. 384 y 474 del C.P.C.C.)
Dicho esto, y sobre este piso de marcha queda por aludir -ahora- a la tarifación del perjuicio.-
Al efecto cabe recordar que, tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suares), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Por otra parte, cabe recordar que esta Sala (causa 35.878, R.S. 354/96) ha señalado que al repararse una incapacidad sobreviniente el juez contempla las posibilidades o chances frustradas o cercenadas, según las cualidades personales del sujeto y que debe atenderse que las incapacidades no solo limitan las posibilidades de trabajo sino a todas las que pertenecen al área de actuación de la víctima.-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular, no obstante y reiterando, tal base de cálculo se hace tomando como base objetiva el punto de incapacidad en la suma que corresponda; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.
Actualmente el valor referencial utilizado es el de $750.000 por cada punto de incapacidad; ello, claro está, adecuándolo a las diversas variables que el caso concreto ofrezca.
En este sentido, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del "calcul au point" no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fría, sino valerse -y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado -valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible, se adecúe a las circunstancias del caso (art. 165 CPCC) y respete el principio de integralidad (art. 1083 del C. Civil).
Por otro lado, es necesario añadir a todo lo dicho alguna consideración mas, en cuanto a la aplicación de una fórmula matemática (polinómica), a los fines de tarifar los resarcimientos.-
Al respecto, en varios precedentes la Suprema Corte de Justicia provincial, sin desconocer la utilidad de los cálculos matemáticos, ha reprobado los fallos que se apegaron excesivamente a los mismos; como lo dijo el Dr. de Lázzari las fórmulas juegan como un elemento mas a considerar junto con un haz de pautas fundamentales ajenas al mundo de las matemáticas y con todas las cuales el juzgador ha de trabajar para aquella determinación; aseverando que en la labor cuantif
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