Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 9113
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.
Costas de alzada , a la apelante vencida (art. 68 del CPCC).
Causa Nº MO-9113-2020
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andrés Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadr i y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: " GARAY MIRTA HAYDEE C/ TRANSPORTES LA PERLITA S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" Causa N º MO-9113-2020 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO-GALLO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO, dijo:
1. Contra la sentencia definitiva del 2 de agosto de 2023 se alzó la parte actora interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido en relación y se fundó con el memorial del 8 de agosto de 2023 que mereció la réplica de la contraria del 21 de Diciembre de 2023, presentaciones a las que cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
2. Llegados estos obrados a la Sala Segunda, desde la Presidencia de la misma y previo informe del Actuario, se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Antes que nada debemos señalar que el caso debe juzgarse a la luz de las nuevas previsiones del CCyCN.
Allí se determina la responsabilidad del transportista.
Reza el artículo que "la responsabilidad del transportista por daños a las personas transportadas está sujeta a lo dispuesto en los artículos 1757 y siguientes...".
Al respecto, la doctrina nos dice que se establece una responsabilidad objetiva para la eventual responsabilidad por incumplimiento del transportador. La norma remite a los artículos 1757 y siguientes, o sea, a las normas sobre la responsabilidad civil derivada de la intervención de cosas y de ciertas actividades.
Cabe mencionar, además, que el régimen jurídico aplicable al transporte de personas se integra con las reglamentaciones y los marcos regulatorios y las normas de defensa de la competencia, lealtad comercial y defensa del consumidor, y particularmente con el artículo 42 de la Constitución Nacional reformada en 1994.(CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN COMENTADO, LORENZETTI, Ricardo L. (dir.), Ed. Rubinzal-Culzoni -2015 Tomo VII pags.23 y sig).-
De este modo, se presenta una dimensión constitucional del contrato de transporte de pasajeros, particularmente en lo que concierne a la seguridad personal de éstos. En ese marco se ubican los importantísimos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la materia: "Ledesma" (Fallos: 331:819); "Uriarte Martínez" (Fallos: 333:203); "Montaña" (3-5-2012) y "Maules" (del 11-12- 2014).
Sigue diciendo la doctrina evocada que, regresando a los principios, "es preciso señalar que de la norma surgen las siguientes pautas: a) La responsabilidad por daños a las personas transportadas se rige por los principios de responsabilidad por el hecho de las cosas y actividades riesgosas...".
De estas consideraciones queda por precisar que en la responsabilidad por daños a las personas transportadas, no son eximentes: a) La autorización administrativa (que tiene relevancia en materia de transporte); b) El cumplimiento de las técnicas de prevención (que también es sumamente importante en la organización de transporte).
Ahora bien, si se considera que el factor de atribución es objetivo, porque así lo establece el artículo 1757, ello implica que sólo se libera demostrando causa ajena, que no sea ninguna de las dos que están prohibidas como eximentes por el propio artículo 1757.
Las demás situaciones que configuren "causa ajena" pueden actuar como eximentes, siempre que (además) reúnan los requisitos de cada una de estas situaciones que liberan o pueden liberar de responsabilidad (hecho del tercero, hecho de la víctima, caso fortuito).
Ligado a ello, el art. 1291 es muy claro en su redacción.
El mismo refiere que por incumplimiento del contrato o retraso en su ejecución, el transportista responde por los siniestros que afecten a la persona del pasajero y por la avería o pérdida de sus cosas.
Aquí es necesario deslindar el alcance de la norma.
En primer término hace responsable al transportista por el daño en la persona del pasajero, complementando la norma general que establecía por cuáles reglas se rige la responsabilidad del transportista en casos de daños al pasajero.
Aquí se lo considera responsable. En la general se indica el sistema de responsabilidad aplicable. Son normas complementarias.
De manera tal que el transportista responde sin más si el pasajero resulta dañado o sus cosas. Claro está que en base a los principios, pautas y eximentes de los artículos 1757 y siguientes (CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN COMENTADO, cit., Tomo VII pags.23 y sig).-
Concatenado todo ello podemos decir que el transportista asume una obligación fundamental de resultado; el desplazamiento o conducción del pasajero sano y salvo hasta el lugar de destino. La mentada obligación no expira con el cumplimiento del traslado del viajero sino también asume una obligación de seguridad y de vigilancia para que no sufra su integridad personal. Sin lugar a dudas estamos frente a una relación contractual (pasajero-empresa) y la ejecución debe de efectuarse de acuerdo a lo convenido, conduciéndose al pasajero al lugar de destino, por la ruta y en el tiempo establecido o el que resulte de las reglamentaciones.
Ahora bien, en el contexto descripto es claro que incumbía a la actora dejar suficientemente demostrada la existencia del hecho en sí, como así también su vinculación (nexo causal) con los daños en virtud de los cuales viene a reclamar, con esto levantaría su carga -y en caso de no lograr acreditar alguno de estos extremos se diluiría la responsabilidad del transportador-; luego, si el actor probaba los extremos a su cargo, incumbiría a la demandada la alegación -y demostración- de alguno de los eximentes legales ya descriptos.
Pero sucede que, en el caso, mas allá del informe de la tarjeta SUBE, que acredita la celebración del contrato de transporte, no tenemos mas elementos de convicción, objetivos, que nos indiquen que la actora se hubiera lesionado durante su ejecución.
La lectura de la IPP (incorporada con el trámite de fecha 18 de Marzo de 2021) nos muestra que la misma fue incoada por denuncia de la actora, pero no existe ninguna prueba allí que nos indique que las lesiones se produjeron durante la ejecución del contrato de transporte.
Y en la causa no surge ningún otro elemento de convicción en este sentido.
Dos aclaraciones: aquí la regla del art. 1775 del CCyCN no tiene ninguna operatividad, porque lo que está en juego es un tema probatorio.
Es decir que sea cual fuere el resultado de las actuaciones penales, resulta indistinto.
Si allí se hubieran colectado elementos probatorios que fueran de utilidad, podrían haberse aprovechado a los fines del presente (prueba trasladada), pero ello no sucedió.
De este modo, no es la dilación en dicho trámite lo que deviene contrario a las aspiraciones de la quejosa sino su omisión de arrimar las pruebas correspondientes que demuestren que la lesión que dice haber padecido se produjo en ocasión del transporte en el vehículo de la demandada.
Por lo demás, la regla del art. 1735 del CCyCN no entra en juego aquí, porque la misma opera en el ámbito de los factores de atribución y lo que aquí está en juego es la demostración del nexo causal entre el vínculo contractual y el daño que la actora dice haber sufrido, aspecto en el cual rige el art. 1736 del CCyCN (el cual no contempla una distribución de la carga probatoria análoga a la del art. 1735).
A lo dicho se suma que el hecho de haber contado, o no, con los datos del chofer no nos conduce, directamente, a tener por acreditado el hecho dañoso (lesión durante la ejecución del contrato) por lo que aun una eventual omisión en este sentido posee escaso potencial para operar como indicio (art. 163 inc. 5 CPCC).
Y, ya cerrando, la existencia de eventuales tratativas para una transacción (que no se concretó), tampoco podemos computarla como indicio de responsabilidad o de existencia del hecho dañoso.
Luego, y por tales razones, entiendo que la sentencia apelada, en cuanto consideró inacreditado que la lesión se produjo durante la ejecución del contrato de transporte, debe confirmarse.
3. Si mi propuesta es compartida se deberá confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio, con imposición de las costas a la apelante vencida (art. 68 del cpcc).
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor CUNTO
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.
Costas de alzada , a la apelante vencida (art. 68 del CPCC).
REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del Acuerdo 4013/21 de la S.C.J.B.A., mediante resolución autonotificable, a los siguientes domicilios electrónicos:
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE AL JUZGADO DE ORIGEN, DEJANDO CONSTANCIA DE QUE, PARA EL CASO DE SER NECESARIA LA ELEVACION DE LAS ACTUACIONES FRENTE A ALGUNA PRESENTACION DE LAS PARTES, LAS MISMAS SERÁN REQUERIDAS POR ESTE TRIBUNAL.
Firmas
Funcionario Firmante: 04/04/2024 12:07:01 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/04/2024 12:22:04 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/04/2024 12:33:11 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 04/04/2024 12:33:13 hs. bajo el número RS-109-2024 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia