Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 3513
Registro N° 83 /2019
Fojas 520/528
En la ciudad de Pergamino, el 02 de julio de 2019, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 3513-18 caratulada "ESCUDERO PAMELA MARCIA CEFERINA C/ SECCASPINA RICARDO JESUS MARIA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", Expte. 71.449 del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Graciela Scaraffia y Roberto Degleue, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo:
El Sr. Juez de la anterior instancia hizo lugar a la demanda incoada por la Sra. Pamela Marcia Ceferina Escudero y, en consecuencia, condenó al demandado, Sr. Ricardo Jesús Maria Seccaspina y a la citada en garantía Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A., a abonar la suma de dos millones seiscientos ochenta mil seiscientos sesenta pesos con 31/100 ($2.680.660,31), con más sus respectivos intereses calculados a la tasa pasiva "digital" que pague el Bco. de la Pcia. de Bs. As. en sus depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación, a partir de la fecha de la mora (21/03/2017) y hasta el momento de su efectivo pago. Aplicó las costas al demandado y a la citada en garantía y difirió la regulación de honorarios de los letrados intervinientes, peritos y mediadora hasta tanto medie liquidación de intereses y gastos.
Tal decisorio fue objeto de recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía mediante presentación electrónica de fecha 1/11/18, el que fuera concedido libremente a fs. 223, fundado mediante escrito electrónico de fecha 17/02/19, habiendo la contraria contestado el traslado conferido a fs. 228. A fs. 233 se llama autos para dictar sentencia, providencia que firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser fallada.-
El primer motivo de queja se centra en el carácter elevado de la indemnización otorgada habida cuenta de que, a su entender, se han utilizado fórmulas matemáticas que no estarían recepcionadas en el derecho positivo y que además no hay causa suficientemente justificada que respalde el monto concedido.
El segundo agravio gira en torno a la tasa de interés aplicable. En tal sentido, plantea la apelante que resulta improcedente la fijación de la tasa pasiva digital aplicada en la sentencia objeto de crítica. En tal sentido, la recurrente aduce que, dado que la totalidad de los rubros acogidos han sido calculados a valores actualizados a la fecha del dictado de la sentencia no corresponde la aplicación de una tasa bancaria y, mucho menos, una tan elevada como la tasa pasiva digital. Cita jurisprudencia de esta Cámara y otros tribunales que se expide sobre la cuestión apelada.
Entrando a resolver la materia constitutiva del recurso deducido, he de adentrarme en el tratamiento del primer agravio expresado en lo que refiere a la aplicación de fórmulas matemáticas que carecen de sustento en el derecho positivo.
Anticipo que el referido motivo de queja debe ser rechazado in totum. Así como esta Cámara ha negado la existencia de un monopolio metodológico de las fórmulas actuariales como método exclusivo y excluyente para determinar la extensión del resarcimiento debido a la víctima, también ha dicho que éstas pueden aportar una herramienta útil para cuantificar los daños: "De modo que, aún cuando las fórmulas matemáticas puedan representar un método útil para la cuantificación del daño, de ello no se sigue que las mismas constituyan un método de inexcusable utilización para la determinación de los rubros en cuestión" (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino, "GARCIA STELLA MARIS Y OTRO/AC/ MONTANARI MARIANO Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", autos 3233, 23 de Abril de 2019).
El art. 1746 del nuevo Código establece: “Indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica. En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades (…)” (la letra en negrita me pertenece). Un aspecto importante de la nueva norma es la referencia a una pauta o criterio para determinar la suma global definitiva a título de capital que, invertido adecuadamente, produzca una renta o ganancia que le permita al damnificado continuar percibiendo durante su vida un monto equivalente al que cobraba antes del hecho dañoso.
Estamos ante una previsión legal que le marca un sentido o dirección a la fundamentación judicial del daño resarcible, al establecer en este rubro una relación compleja entre la entidad del daño, la renta futura del damnificado y la cuantía final de la indemnización.
A la hora de resolver esta relación racional entre las variables contempladas por la norma legal, las fórmulas matemáticas pueden representar un método útil para la cuantificación del daño, aunque de ello no se siga que las mismas constituyan un método exclusivo ni excluyente para la determinación del rubro en cuestión.
Como argumento concomitante, puedo añadir también que la necesidad de motivar las resoluciones judiciales, amén de ser un imperativo institucional del sistema republicano de gobierno que hace a la posibilidad de control de los actos de uno de los poderes del Estado y eventualmente a la efectivización de la responsabilidad de los agentes que lo integral, es también una garantía de los justiciables en cuanto posibilita la revisión de lo resuelto en una instancia superior, mediante los recursos ordinarios o extraordinarias de que se disponga, haciendo factible al justiciable, la crítica del fallo que lo perjudica (art. 18 y 75 inc. 23 de la CN, y art. 8.2.h. de la CADDHH).
Esta garantía constitucional y convencional reclama que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa (art. 1 y 75 inc. 22 CN y art. 3 del CCyC).
En tal dirección, el Código Iberoamericano de Etica Judicial recuerda que en el Estado de derecho al juez se le exige que se esfuerce por encontrar la solución justa y conforme a derecho para el caso jurídico que está bajo su competencia. Al respecto, reza la mentada norma deontológica que: “La obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones judiciales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales” (…) “Motivar supone expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas aptas para justificar la decisión”. Estas exigencias revisten vital importancia, por cuanto implican la recepción de máximas y mandas constitucionales que trasuntan estándares básicos para evaluar la validez intrínseca de una sentencia judicial.
En el caso de la responsabilidad por daños, esta exigencia adquiere pleno vigor, por cuanto sólo quien conoce el procedimiento seguido por el tribunal para la determinación del monto del resarcimiento, queda en posición de criticarlo.
En este sentido, no puedo negar que las reglas sintéticas del pensamiento matemático facilitan la compatibilización y traducción caso por caso de la teoría normativa aplicable al caso, de tal forma que aumentan la predictibilidad y hacen posible abstraer, para una adecuada comprensión, la lógica común de las decisiones “caso por caso”. Por lo que no cabe descalificar en abstracto la aplicación de fórmulas actuariales como procedimiento válido dentro del marco de posibilidades metodológicas que ofrecen los arts. 3 y 1746 del CCyC, y art. 165 del CPCCBA), todo ello sin perjuicio de que puedan ser ampliamente revisadas en instancia recursiva.
A partir de una interpretación armónica y sistemática de los arts. 3 y 1746 del Código Civil y Comercial de la Nación cabe inferir que las fórmulas actuariales pueden erigirse como un método válido para justificar racionalmente el concepto de renta variable. Y es precisamente en este punto donde convergen sustancialmente las dos líneas argumentales anteriormente expuestas.
En el caso concreto, la fórmula "Aciarri" aplicada por el a quo contempló los parámetros fáctico-jurídicos previstos en el art. 1746 del CCyC para la determinación del capital constitutivo del rubro incapacidad sobreviniente: ingresos económicos del damnificado, edad que tenía al momento del hecho, grado de incapacidad, etc. Y es justamente esa condición la que permite fundar la validez del método empleado desde la previsión normativa del art. 3 y 1746 del CCyC. Por tal motivo, la queja del apelante según la cual la fórmula aplicada no se encontraría recepcionada en el derecho positivo queda privada de fundamento, toda vez que, aún cuando la misma no se halla expresamente enunciada en la norma legal, su adecuación, pertinencia y utilidad metodológica para resolver cuantitativamente las variables contempladas en la disposición aludida opera como la razón determinante de su basamento normativo.
El otro aspecto del primer agravio se relaciona con que el monto atribuido no tiene causa suficientemente justificada. Si bien el grado de generalidad de la disconformidad expresada debilita la fuerza argumentativa de la crítica constitutiva del agravio, una interpretación amplia de los exigencias racionales del recurso con base en el derecho a recurrir como manifestación específica del derecho de defensa me conducen a revisar prudencialmente la cuestión. En tal sentido, se ha admitido que: “En la sustentación del recurso de apelación el cumplimiento de sus requisitos debe ponderarse con tolerancia, mediante una interpretación amplia que los tenga cumplidos aún frente a la precariedad de la crítica del fallo apelado; por ello, si la apelación cumple en cierta medida las exigencias del Código Procesal (…) cabe estimar que la carga procesal de fundar los agravios se satisface con el mínimo de técnica exigido por las normas procesales en materia recursiva (Loutayf Ranea, Roberto G., “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, 2° Ed., Ed. Astrea, Bs. As., 2009, Tomo I. pág. 62 y jurisprudencia allí citada; esta Sala, causa n°58.439, “H.S.B.C. Bank Argentina S.A….”, causa n°57.474, “Bonachi…”, sent. del 23/4/14/, entre otras; esta Sala causa n°63.339, del 8/2018, “Creditia…”)" (Cámara de Apelaciones en lo Civil y comercial de Azul, "N. M. E. C/ L. R. O. Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC. USO AUT. Y ESTADO)", Causa nº: 2-62974-2018, 11/09/2018).
En virtud de ello, advierto que si bien en el caso concreto se encuentran debidamente comprobados los ingresos de la víctima (fs. 29/30), la edad al momento del hecho (fs. 11), el grado de incapacidad (fs. 159/160), no se ha acreditado la base fáctica en virtud de la cual se presume una variación ascendente de los ingresos futuros del damnificado.
Al momento de aplicar la fórmula "Aciarri" para la cuantificación de daño, el juez de grado se limitó a decir que "parece razonable establecer tres períodos en los que entiendo probable que exista un cambio (en el caso, ascendente) de los ingresos de la víctima...", pero en ningún momento fundó tal modificación futura del ingreso estimado del demandado en elementos objetivos que surjan del material probatorio producido en la causa, ni tampoco advierto en esta instancia prueba concreta que así lo indique.
Como ha dicho esta Cámara en la causa "Berón", las fórmulas actuariales no sustituyen las concretas cargas probatorias que pesan sobre las partes respecto a los extremos en que se fundan sus pretensiones o defensas (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino, "BERON WALTER DANIEL C/ CHADE GUSTAVO ADRIAN Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)", autos 3278, 9 de Octubre de 2018).
Si bien es cierto que la utilidad probable dejada de percibir es un supuesto específico de pérdida de chance y, como tal, presenta un margen de aleatoriedad que no es necesariamente incompatible con la idea de certidumbre como requisito del daño resarcible, también es verdad que la consecuencia dañosa cuya reparación se pretende debe contar con un nivel de probabilidad objetiva suficiente en función de las circunstancias del caso concreto, no bastando a tal efecto una simple posibilidad contingente proyectada en abstracto (Cf. PIZARRO, Ramón Daniel, VALLESPINOS, Carlos Gustavo, Instituciones de Derecho Privado - Obligaciones, Tomo III, Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 2006, pag. 663).
En esta tónica, nuestra Corte Provincial ha enfatizado en la necesidad de acreditar el carácter cierto de la utilidad frustrada: "Aún cuando pueda no ser exigible la acreditación exacta de la utilidad dejada de percibir, resulta al menos necesario que se justifique la labor lucrativa frustrada, lo que se ganaba, las mermas sufridas, el tiempo transcurrido, etc. ya que de admitirse sin esos datos, se estaría otorgando indemnización por simples conjeturas o abstracciones y satisfaciendo un daño hipotético (arts.375 y 384 del Código Procesal)".(SCBA, "Rivero, Benjamin Domingo c/ Monardez, Jorge Luis y Otro/a s/ Daños y Perjuicios", 21/03/2017).
Por las razones aportadas, corresponde excluir el concepto "incrementos probables" de la fórmula aplicada por el Juzgador de grado. En consecuencia, he de propiciar la moderación del resarcimiento en la suma de $ 1.641.411,71. En todo lo demás, entiendo que el baremo utilizado resulta procedente y se encuentra debidamente justificado.
El segundo agravio parte de la base de que la totalidad de los rubros acogidos han sido calculados a valores actualizados a la fecha del dictado de la sentencia, por lo que no correspondería la aplicación de una tasa bancaria y menos aún una tasa tan elevada como la pasiva digital.
En primer término, he de apuntar que el argumento según el cual no corresponde fijar tasa de interés alguna por la sola circunstancia de que la indemnización fue fijada a valores actuales no resiste el menor análisis, habida cuenta de que, de procederse de tal modo, el actor tendría a su cargo las consecuencias de la mora del demandado por el tiempo transcurrido entre el dictado de la sentencia y el efectivo pago, sin que la actualización de los valores adquiriese operatividad alguna por ser dicho lapso posterior al dictado de la sentencia de grado. Tiempo durante el cual no sólo quedaría expuesto a los efectos de la depreciación monetaria, sino que además no recibiría compensación alguna por la imposibilidad de disponer del capital hasta tanto el deudor se decida a proceder al pago efectivo de la obligación indemnizatoria que adeuda desde la fecha del hecho generador de responsabilidad (art. 886 del CCyC).
Un mayor esfuerzo argumentativo requiere la justificación de la aplicación de la tasa de interés pasiva digital desde el hecho dañoso hasta el efectivo pago a la luz de la contradicción que invocase el apelante entre el criterio adoptado y la posición sentada por la SCBA y por esta Cámara departamental en los precedentes aludidos.
Tras haber analizado detenidamente la cuestión en tratamiento, entiendo que la señalada contradicción no es real, sino aparente. Y esto se debe al hecho de que el apelante construye su razonamiento impugnatorio a partir de una premisa falsa. Puntualmente señaló que el rubro incapacidad fue calculado a valores actuales. Empero, basta un somero análisis de la causa para advertir que el Juez de Primera Instancia consideró, de acuerdo a lo informado por el Sr. Barros y lo que surge de las facturas de fs. 29/30 (las que datan de fecha 16/2/2017 y 9/3/2017 respectivamente), que el ingreso mensual del actor oscilaba los $ 15.000. De lo expuesto puede inferirse válidamente que el ingreso del actor como presupuesto de base del rubro incapacidad fue estimado a valores históricos (vigentes al tiempo en que se facturó la mercadería de referencia) y no a valores actuales (vigentes al tiempo en que se dictó la sentencia de primera instancia).
Es el propio precedente citado por el apelante (Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Pergamino, "GAUNA VERONICA DEL CARMEN C/ RUIZ DIAZ ANDREA PAOLA Y OTRA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte Nro. 73035, de fecha 13 de Diciembre de 2018) el que termina por sepultar cualquier expectativa razonable de utilizar una tasa distinta a la aplicada. En la causa mencionada, este Tribunal adoptó el criterio sentado por la sala II de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Mar del Plata que había resuelto que: "Si se utilizan tasas bancarias [pasivas o activas] que han sido determinadas en función del fenómeno inflacionario y se las aplica en forma retroactiva sobre un capital que ya fue cuantificado teniendo en cuenta el envilecimiento del signo monetario (sea por vía de indexación, o representación actual de un cierto valor), se produce una previsible distorsión que altera el significado económico de la condena y que encierra -en este punto- un enriquecimiento del acreedor que carece de causa" (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Mar del Plata, Sala Segunda, "AGÜERO, MARTA BEATRIZ Y OT. C/ TRANSPORTES 25 DE MAYO S.R.L. Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", del 4/09/2018, Reg. Sent. 199-S Fo. 762/9).-
En función de ello, resulta claro que en el presente caso no se verifica el supuesto de hecho que excluye la aplicación de la tasa de interés pasiva digital, toda vez que el capital de la condena no fue cuantificado teniendo en cuenta el envilecimiento del signo monetario sino que se determinó a valores históricos.
A fin de evitar interpretaciones desaguisadas de la doctrina legal de la Corte, considero oportuno referir que nuestro Máximo Tribunal Provincial se ha pronunciado sobre esta cuestión en la causa “Vera”, y que fuera ratificado en la causa “Nidera”, en las que se reafirmó enfáticamente la ineluctable conexión entre el momento de cuantificación del daño y la tasa de interés aplicable.
Así, en la causa “Vera”, el Máximo Tribunal bonaerense planteó la necesidad de vincular la determinación de la indemnización a valores actuales con la aplicación de una tasa de interés puro: “Como la indemnización se ha estimado a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito, era congruente con esa realidad económica liquidar los intereses devengados hasta ese momento aplicando, como tradicionalmente se establecía en relación con todas las modalidades de actualización, una tasa de interés puro; es decir, el accesorio destinado a la retribución de la privación del capital, despojado de otros componentes (entre otros, la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, producto del fenómeno inflacionario; conf. Molinario, Alberto D., "Del interés lucrativo contractual y cuestiones conexas, RdN, 725, 1573)”.
Vemos nuevamente que lo que justifica la aplicación de una tasa de interés puro y, por ende, de una alícuota menor a la tasa pasiva, es la actualización de los valores que integran el monto de la condena. En la especie, dado que esos montos se hallan desactualizados atento a que su presupuesto de base -ingresos de la víctima- quedó vinculado a los valores vigentes al año 2017, no cabe aplicar una tasa de interés puro.
A mayor abundamiento, cabe señalar que la tasa pasiva digital es una tasa de interés aparente por cuanto no se integra exclusivamente con la rentabilidad pura del capital (interés puro), sino que se desliza en ella una serie de componentes de importancia, denominados “escorias”, que tienen fuerte incidencia a la hora de su dete
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