Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 3522
Registro N° 92 /2019
Fojas 578/602
En la ciudad de Pergamino, el 16 de julio de 2019, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 3522-18 caratulada "FESSER DAIANA MARIBEL Y OTROS C/ MANITTO JORGE ALBERTO Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", Expte. 76.608 del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Graciela Scaraffia y Roberto Degleue, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo:
I. El Sr. Juez de la instancia anterior hizo lugar a la demanda entablada por Daiana Maribel Fesser, Isabel Marcelina Fesser, Antonela Victoria Fesser, María del Rosarios Fesser y Víctor Damian Fesser, y en consecuencia condenó al Sr. Jorge Alberto Manitto, Guami Agrologística S. A. y "Antártida Cia. Argentina de Seguros S. A." (en los términos del contrato), a abonar a los primeros dentro de los 10 días de notificada la presente la suma de $ 1.200.000. Otorgándose a Víctor Damián Fesser la suma de $ 383.500, para Antonela Victoria la suma de $ 216.500 y para los restantes hermanos la suma de $ 200.000 cada uno de ellos. Con más los intereses a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Bs. As., desde la fecha de la mora 11 / 02 / 2014. Con más las costas, a cuyos efecto se difirió la regulación de los honorarios para el momento procesal oportuno (art. 51 L.H.).
Tal decisorio fue objeto de los recursos de apelación por la parte actora mediante los escritos electrónicos de fecha 03/12/2018 y por la demandada el día 21/12/2018, concedidos a fs. 141 y 144 libremente y con efecto suspensivo. A fs. 148 se ordenó expresar agravios a la parte actora y a la demandada a fs. 150. Mediante los escritos electrónicos de fecha 27/02/2019 y 21/03/2019 son fundados ambos recursos. A fs. 151 se ordenaron los traslados recíprocos, los que son evacuados electrónicamente con fecha 28/03/2019 y 04/04/2019 respectivamente. A fs. 152 se ordena llamamiento de autos, providencia que firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser fallada.
II. AGRAVIOS PARTE ACTORA: A través de su apoderado Dr. Federico Tomás Rosell se agravian no sólo de la cuantificación de los importes dados por valor vida a Antonella y Víctor Damián, sino de la desestimación del rubro con respecto a las otras tres hijas. Asimismo estiman los importes como exiguos por los rubros valor vida, daño moral y la desestimación del rubro incapacidad psicológica.-
Señala que es un caso de especiales características en cuanto estos hermanos se quedan con el padre antes de la separación de sus progenitores, especificando que la madre se había ido de la casa seis años antes, formando otra pareja y que no volvió a convivir con los cinco hijos. Que a la fecha del hecho el único varón tenía 14 años y las hermanas de 19, 21, 22 y 23 años. La queja versa sobre los importes dados para Antonela Victoria Fesser (19 años) a quien le fijó $ 16.500 por el rubro valor vida; a Víctor Damián de 14 años la suma de $ 183.500; desestimando el mismo para las restantes hermanas de 21, 22 y 23 años (Daiana Maribel, María del Rosario e Isabel Marcelina Fesser), refiriendo que la muerte del progenitor ha representado una brusca interrupción de la actividad con la que contribuía económicamente. Ello dice que se acredita con las probanzas rendidas en los beneficios de litigar sin gastos, los que fueron debidamente sustanciados sin que se ejerza oposición por la contraria. También destaca la testimonial de Sonia Montenegro quien dice que: "Víctor el padre de los chicos era en exclusividad el sostén de la familia, no sólo en lo económico sino también afectivamente". El doliente expresa que se toma hoy por hoy como expectativa de colaboración mínimamente hasta los 25 años más teniendo en cuenta las condiciones personales de las actoras que vivían con el padre y siendo éste el eje económico fundamental de la familia".- Invocando que "no sólo trabajaba en el remis sino de noche en un boliche" y según la testigo haciendo otras changas como por ejemplo albañilería y seguridad los fines de semana.-
El quejoso acude al uso de fórmulas, desarrollando lo que a su criterio debiera contener el razonamiento del aquo y alcanzando resultados propios con los cálculos utilizados a los que contrapone con el que efectivamente recepta la sentencia.
También se duele de los importes de daño moral, considerando que el monto de $ 200.000 a cada uno monto promedio es bajo.-
Respecto del rechazo del rubro daño psicológico dice que respecto del menor Víctor Damián ha sido probado mediante la pericia psicológica, que otorga el 15% de incapacidad y ha sido rechazado.
III. AGRAVIOS PARTE DEMANDADA: El apoderado de la demandada y citada en garantía Dr. Marcelo Hugo Monaldi:
Se queja del otorgamiento del rubro valor vida en cuanto el aquo acude a los arts. 1084 y 1085 del Cód Civil señalando que respecto de los hijos mayores no opera la presunción que de ellos dimana, pero luego otorga a Antonela Victoria la suma de $ 16.500 por valor vida, considerándola erróneamente como menor de edad (cuando tenia 20 años al momento del hecho, obviando las disposiciones de la ley 26.579, por lo cual si se adoptara el mismo temperamento para todos los hijos mayores, también debería estar incluida Antonela.
Se duele de la suma otorgada al menor Víctor Damían considerándola elevada, señalando que no se acreditaron los ingresos del Sr. Fesser y porque al darse al actor una suma única anticipada ello deriva en una doble imposición para la accionada toda vez que por dicha suma el actor puede percibir intereses y obtener un rédito adicional.-
Considera elevado el monto por daño moral y dice que no es razonable suponer que el hijo menor de edad haya sufrido más que el resto de sus hermanos.-
Por ultimo se duele de la tasa de interés fijada por el aquo solicitando la aplicación de los fallos "Vera" y "Nidera" que conlleva la aplicación de la tasa pura del 6% anual desde la fecha del hecho y hasta el dictado de la presente, y de allí en mas la tasa de interés prevista en el fallo "Cabrera".-
IV. Metodología de abordaje.
A modo preliminar, he de aclarar que por razones de economía y claridad expositiva no abordaré los puntos de agravio vertidos por las partes apelantes en forma independiente y separada, sino que en oportunidad de tratar cada rubro en particular introduciré el análisis concerniente a las críticas que competan a éste con el doble propósito de evitar reiteraciones superfluas y al mismo tiempo confrontar el mérito de los argumentos esgrimidos por las partes en recíproca interacción dialéctica y no como cuestiones inconexas y estancas.
V. Valor Vida.
V.I. Procedencia del rubro y sus legitimados.
Entrando a resolver, el valor vida viene cuestionado en tanto ha sido denegado por el aquo para los hijas mayores por falta de acreditación del perjuicio económico que la muerte del progenitor les causara, acudiendo a la aplicación de los arts. 1084 y 1085 del Cód. Civil y su doctrina, más dicho rubro fue receptado en beneficio de Víctor Damián Fesser y Antonela Victoria. En tal faena, el aquo tuvo en cuenta la minoría de edad que tenían al momento del hecho y sobre los cuales existía una obligación legal de brindarles alimentos y asistencia conforme arts. 264, 265 ley 26.579. Criterio cuestionado por la contraria en relación a la última de las nombradas. Para cuantificar los rubros acudió a la prueba rendida en las causas acumuladas que se reseña y evaluó que Fesser contaba con un vehículo afectado a la empresa Marca Renault Dominio IYP 269, que trabajó desde el año 2010 a febrero de 2014 con un ingreso diario de $ 500/600 para el titular del remis, deduciendo la cifra que le correspondía al dueño, de lo cual se desprende una cifra diaria de $ 250 más los trabajos que por fuera realizaba el causante, toma los ingresos del mismo, descuenta el 20% que le destinaría objetivamente a los menores en forma mensual y hasta la mayoría de edad, y fija el rubro en la suma de $ 183.500 para el menor Víctor Damián y con el mismo razonamiento hasta la mayoría de edad para Antonela Victoria otorgándole la cifra de $ 16.500.-
Como se ha señalado en forma reiterada "Si bien la vida humana no es sí misma indemnizable, sí lo es en cambio el perjuicio cierto y relevante que su supresión puede producir en determinadas personas y tal reparación lo es a titulo de pérdida de chance o de ganancia, como asimismo frustración de legítima como comprobable ayuda y sostén futuros" (Lexis 16/8220).-
Esto supone que el llamado "valor vida" se traduce en el detrimento sufrido por quien era destinatario, en todo o en parte, de los bienes económicos que el extinto producía.
En una prolija descripción del contenido del rubro analizado, la Sala D de la Cámara Nacional Civil ha sostenido que: "La valoración de la vida, a fin de fijar la cuantía del daño sufrido, es la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos que el extinto producía constituyendo un daño patrimonial indirecto (...) Para la fijación del daño por muerte de una persona deben valorarse en relación con la víctima diversas circunstancias, como ser, entre otras, su capacidad productiva, su edad, sus ingresos, su profesión, su sexo, su vida probable, sus condiciones personales y con relación al damnificado por el fallecimiento deben considerarse la asistencia que recibía, su edad, sus necesidades asistenciales, su sexo, su vida probable. Para la fijación del daño por muerte de una persona debe tenerse en consideración no el promedio de vida vegetativo, sino el de vida útil desde el punto de vista productivo y el "quantum" de las ganancias que la víctima destinaba a quien acciona, así como las alteraciones u oscilaciones previsibles en las ganancias fruto de la capacidad laborativa de la víctima y de la dinámica de la actividad que estaba desempeñando" (CNCiv., sala D, 2000/09/28 - N., M.M. c. Transportes Metropolitanos General San Martín, La Ley 6 de julio de 2001, pág.4).
En relación a la queja relativa al método de determinación cuantitativa del daño empleado por el Juez de Grado en cuanto se aparta de lo dispuesto en el art. 1746 del Código Civil y Comercial de la Nación, fuente que regiría el caso por tratarse de una consecuencia derivada de una relación jurídica (art. 7 del CCyC), es menester señalar que la pretendida distinción entre la determinación de la responsabilidad derivada del hecho dañoso y la cuantificación del daño como una consecuencia autónoma a la cual le sería aplicable la nueva codificación no puede funcionar como criterio delimitativo del ámbito temporal de aplicación de la ley. Es que el aludido temperamento hermenéutico entra en contradicción con la tesis de la unidad del fenómeno indemnizatorio que reclama un tratamiento integrado y armónico de la relación jurídica resarcitoria.
Al respecto esta Cámara ha entendido que: "...al ser el daño un presupuesto constitutivo de la responsabilidad (cfr. arts. 1.716 y 1.717 del Cód. Civil y Comercial de la Nación y art. 1.067 de anterior Código civil), aquél que diera origen a este proceso constituyó, en el mismo instante en que se produjo, la obligación jurídica de repararlo. En consecuencia, dicha relación jurídica, al haberse consumado antes del advenimiento del actual Código Civil y Comercial de la Nación, debe ser juzgada -en sus elementos constitutivos y con excepción de consecuencias no agotadas-, de acuerdo al sistema del anterior Código Civil -Ley Nº 17.711..." (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino, "LUDUEÑA, LORENA C/ NAL, FERNANDO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" , 11 de setiembre de 2015).
Esta es también la solución que tomó en pleno la Cámara Nacional Civil Sala B, in re, "Rey, José J. c/ Viñedos y Bodegas Arizu S.A.", del 21/12/71, cuando luego de sancionarse la reforma de la Ley Nº 17.711 se produjeron resoluciones contradictorias respecto de la aplicación temporal de esta. Allí, la mayoría entendió que el hecho ilícito se produce instantáneamente, no quedando sometido a acción alguna del tiempo, por lo cual corresponde atribuir a la ley antigua la regulación de los presupuestos de existencia de la obligación de reparar el daño causado, así como su contenido, inclusive la extensión del daño y su evaluación (cfr. Belluscio-Zannoni, "Código Civil y Leyes complementarias...", Bs. As., 1979, T I, Pág. 28).
Obiter dictum, cabe puntualizar que el modo de cuantificación del daño indemnizable propuesto por el apoderado del actor mediante el empleo de fórmulas polinómicas constituye una alternativa distinta de determinar la extensión de la obligación resarcitoria, pero no resulta en sí mismo demostrativo de la impropiedad, incorrección o irrazonabilidad del método aplicado por el Juez de Grado, con lo cual el agravio no satisface el mínimo de crítica exigible a la expresión de agravios.
Aunque las fórmulas actuariales o baremos constituyan instrumentos que orientan a las partes y a los magistrados para esclarecer la existencia y entidad de la incapacidad laborativa genérica que una persona puede experimentar, sus resultados deben necesariamente ser conjugados con otros elementos que brinda la realidad del caso concreto, de persona, tiempo y lugar, para la determinación de la incapacidad específica de la víctima. Dicho de otro modo, la fórmula no sustituye las concretas cargas probatorias que pesan sobre las partes respecto a los extremos en que se fundan sus pretensiones o defensas.
En esta tónica, la sala A de la Cámara Nacional Civil ha relativizado la fuerza vinculante de los baremos al resolver: “Para cuantificar la incapacidad sobreviniente deben tenerse en cuenta las condiciones personales de la víctima, así como las familiares y socio-económicas, sin que el grado de incapacidad determinado (…) traduzca matemáticamente una cierta cuantía indemnizatoria, pues éste sólo constituye un parámetro de aproximación económico que debe ser conjugado con las múltiples circunstancias vitales que contribuyen a definir razonablemente el monto de la reparación” (CNCiv, sala G, 27/9/2010, La Ley Online, CNCiv, Sala A, 23/3/2010, La Ley On line).
Lo expuesto no invalida la utilización de fórmulas actuariales –las que, por cierto, pueden aportar una aproximación útil al valor final del resarcimiento-, sino que simplemente revela que no constituyen una fuente autónoma ni única de cuantificación. Es decir, en todos los casos debe operar el prudente arbitrio judicial, que no es arbitrariedad, sino determinación de lo justo concreto conforme a la realidad del caso.
Es que, en la tarea de interpretación y aplicación del derecho que realiza el juez, la lógica por sí sola no proporciona un límite; por el contrario, la lógica invita a una continua expansión de consecuencias deductivas sin importar los méritos de los resultados, de manera que si el juez se atiene a la lógica hasta el final, la justicia, la solidaridad, la cooperación, la paz y otros valores pueden ser ignorados o destruidos.
Si estas disquisiciones resultan aplicables al nuevo Código que introduce el concepto de renta variable como pauta determinativa del daño por incapacidad sobreviniente, con mayor razón deben trasladarse a los supuestos en los que conserve vigencia el Código de Vélez -como acontece en la especie-, habida cuenta de que el citado cuerpo normativo no supedita la cuantificación de este rubro resarcitorio a otro criterio que no sean las consecuencias dañosas que se encuentran en relación de causalidad adecuada con el hecho productor del daño (cf. art. 901, 1068, 1069 del Código Civil).
De ello se sigue que las fórmulas matemáticas configuran una pauta objetiva de referencia posible dentro de un contexto de fundamentación más amplio, desde el cual pueden ser confirmadas en sus resultados, modificadas parcialmente, sustituidas por otros métodos o directamente desestimadas sobre la base de una ponderación judicial de carácter integral a la que los magistrados no deben renunciar, so riesgo de conculcar el deber de fundamentación de sus sentencias.
Sin perjuicio de lo señalado, entiendo que en el caso concreto el porcentaje de aporte alimentario (20% para ambos) sobre el total de ingresos de la víctima que estimó el juez de primera instancia en la sentencia apelada no resulta suficientemente representativo de la contribución alimentaria que el progenitor hacía respecto de sus hijos menores de edad, máxime teniendo en cuenta la ausencia de colaboración materna. En virtud de ello, propongo elevar el monto otorgado en concepto de valor vida en la suma de $ 350.000 para el Víctor Damián Fesser, y de $ 30.000 para Antonela Victoria Fesser.
En cuanto a la legitimación activa, los arts. 1084 y 1085 del Cód. Civil consagran un régimen especial, que se asienta en la obligación alimentaria del progenitor (art. 372 del Cód. Civil), la que no cabe presumir a menos que el hijo mayor de edad acredite el perjuicio efectivo que la muerte de su progenitor le ocasionó.
En otra palabras, la presunción que dimana del art. 1084 del Cód. Civil no puede involucrar a los hijos mayores de la víctima, pues no es normal ni corriente que hagan depender su subsistencia del esfuerzo de los padres.
Esto importa que los hijos mayores de edad sin derecho alimentario necesario o presunto, al no encontrarse amparados bajo la responsabilidad alimentaria de sus padres, en principio no se ven perjudicados en su subsistencia ante la muerte de cualquiera de ellos.
Al decir de Alferillo, "sería contrario a la lógica ampliar el beneficio a los hijos mayores de edad, pues lo normal es que ellos se provean la satisfacción de sus necesidades" (ALFERILLO, Pascual Eduardo, Daño a la vida. Cuantificación, valoración, acción resarcitoria, Mendoza, Ed. Ediciones jurídicas cuyo, 2009, pág. 532/533).
Bajo este encuadre jurídico y conceptual, debo decir en relación a las hijas mayores de edad que en la especie no se ha acreditado
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.