Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 3667
Registro N° 145 /2019
Fojas 985/1000
En la ciudad de Pergamino, el 03 de diciembre de 2019, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 3667-19 caratulada "BELEN JULIO JESUS C/ DE JESUS ERNESTO ANTONIO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", Expte. 70.370 del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Sres Jueces Graciela Scaraffia - Roberto Degleue, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo:
1).-El Sr. Juez de la anterior instancia hizo lugar a la demanda incoada por el Julio Jesús Belén y, en consecuencia, condenó a los demandados Ernesto Antonio De Jesús, Fernando Gabriel De Jesús y a la citada en garantía HDI Seguros S.A., a abonar a aquel dentro de los diez (10) días de notificada la presente, la suma de $2.124.291, con más sus respectivos intereses calculados a la tasa pasiva "digital" que pague el Bco. de la Pcia. de Bs. As. en sus depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación, a partir de la fecha de la mora (14/03/2016) y hasta el momento de su efectivo pago (S.C.B.A., Ac. 2078, C-95.720 del 15/09/2010 y L-118615 del 11/03/2015) (art. 768 C.C.C.N.). Aplicó las costas a los demandados y a la citada en garantía, que resultan vencidos (Art. 68 C.P.C.). Difirió la regulación de honorarios de los letrados intervinientes y de los peritos, hasta que medie firme la respectiva liquidación de intereses y gastos (arts. 7 del C.C.C.N., 1 dec. 522/17 y 51 ley 8904).
Tal decisorio fue objeto del recurso de apelación interpuesto por la demandada mediante presentación electrónica de fecha 05/07/2019, el que fuera concedido libremente a fs. 272 y fundado en fecha 21/08/2019. Conferido el traslado pertinente, es contestado por la contraria a fs. 279/281. A fs. 282 se llama autos para dictar sentencia, providencia que firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser fallada.-
2).-AGRAVIOS PARTE DEMANDADA: Se duele del decisorio de grado en tanto le ha atribuído la total responsabilidad del evento a su representado, solicitando el reparto en cabeza de ambos, repitiendo lo que planteara en el escrito de responde de la demanda, señalando que "la colisión se produce en razón de la velocidad impuesta por el conductor de la moto en el cruce de la bocacalle, al advertir que ya prácticamente la había traspuesto el vehículo conducido por el demandado, y no pudiendo evitar el choque intentó sin éxito con una peligrosa maniobra sortear el automóvil pasando por su frente". Dice que en un accidente en una bocacalle es clave determinar cuando dos rodados aparecen en la misma casi en simultánea, cual de ambos ha tenido participación en el hecho. Y que en el caso si bien reconoce la prioridad de paso de quien circulaba por la derecha remarca que ese principio no es absoluto con cita de fallo.-
Se duele también de la cuantificación dada a los rubros daño físico y daño moral señalando que no guardan relación con el perjuicio sufrido por el accionante, explayándose sobre el proceso de cuantificación y el uso de fórmulas.-
Respecto de los intereses señala que al fijarse un quantum a valor actual, los intereses moratorios sobre el crédito deberán liquidarse aplicando la tasa pura del 6% anual desde la fecha del siniestro hasta la sentencia y a partir de allí recién a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Pcia. de Buenos Aires. (cfr. CAP fallo 23/04/2019).-
3).-RESPONDE DE LA ACTORA: Solicita la confirmación del fallo diciendo que el demandado debió probar la culpa del actor o alguno de los eximentes previstos y no lo ha hecho. Se conforma con los rubros dados por el aquo y respecto de los intereses señala la diferencia entre los fallos "Vera" "Nidera" con "Zócaro", indicando que una tasa pura del 6% atenta contra el derecho de propiedad si se tiene en cuenta la inflación de nuestro país.-
4).-Entrando a resolver liminarmente he de señalar que ha quedado reconocida por las partes la plataforma fáctica que da cuenta que el día 14 de marzo de 2016, aproximadamente a las 11 hs. Ernesto de Jesús circulaba al comando de su vehículo Marca Ford Focus Dominio HJO-269 por calle Rivadavia en dirección Sur-Norte y al llegar a la intersección con calle Lagos, colisiona con Julio Jesús Belén quien lo hacía a bordo de una motocicleta marca Mondial 110 c.c color roja dominio 507-GEC en sentido oeste-este, y por su derecha, sufriendo éste último lesiones que dieron origen al reclamo.-
Lo que ha sido puesto en crisis mediante la queja de la demandada, es el capítulo atinente a la responsabilidad, en cuanto pretende su exoneración total o al menos parcial.-
Sin embargo ello no puede ser atendido, en cuanto todos los elementos probatorios reunidos en autos indican que el aporte causal relevante para la causación del siniestro estuvo en cabeza del demandado, quien no ha logrado neutralizarlo.
En efecto, de las constancias arrimadas mediante la prueba instrumental (Causa Penal Nro. 959/2017) que se ha tornado común para las partes se distinguen: el acta de procedimiento de fs. 1/2, que da cuenta de las circunstancias de tiempo y lugar, las actas de fs. 13 y 20 los daños constatados, el informe médico de fs. 24, la pericia planimétrica, fotográfica y preliminar accidentológica de fs. 32/45 del cual surgen los vehículos involucrados, lugar y estado en el que se hallaron, la pericia accidentológica de fs. 64/65 que le otorga carácter de embistente físico mecánico al automóvil.-
Que de todo ello surge claramente que el actor venía circulando por su derecha y que tenía la prioridad de paso; y si bien es cierto que ello no constituye un bill de indemnidad para arrasar con todo lo que encuentre a su paso; para omitir su aplicación como regla de tránsito es menester que se pruebe la concurrencia de alguno de los supuestos que la excepcionan, y ello en la especie no ha acontecido.-
La sola indicación en los agravios del quejoso, que pretende fundar el apartamiento de la regla, en la supuesta velocidad desarrollada por el conductor del ciclomotor no encuentra respaldo en ninguna constancia de esta causa ni de las actuaciones en sede penal, tornándose entonces en una formulación que ensaya para mejorar su situación procesal. Lo mismo que la simultaneidad que invoca y que no fue acreditada.-
Respecto de la prioridad de paso este Tribunal ha señalado en forma reiterada que "...quien pretende soslayar la regla que obliga a ceder el paso del vehículo que se presenta por la derecha, debe aportar concluyentes pruebas en apoyo de su tesis, pues se trata de nada menos que de invalidar la aplicación de una norma positiva. Y esto es así, porque el conductor que tiene preferencia de paso puede creer, con justa razón que quien guía el otro automóvil, obligado a conocer las disposiciones vigentes se lo cederá (art. 20 Cód. Civil), por lo que continua su marcha normal y al ocurrir la transgresión se ve sorprendido por esa irregular conducta, lo cual le impide contar con el tiempo necesario para maniobrar y evitar el choque..." Cfr C.C. L.P. B 69976 R.S.D. 188-90.
A mayor abundamiento es doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que tanto "el art. 71 de la ley 5800 como el art. 57 de la ley 11.430, imponen al conductor que llegue a una bocacalle la obligación de reducir sensiblemente la velocidad y la de ceder el paso al vehículo que se presente por su derecha y ello es así sin discriminar quien fue el primero que llegó a la bocacalle" (Ac 47.547). En efecto, interpretando el primero de los dispositivos legales, puntualiza el ministro Hitters que "se impone una obligación a todo conductor que enfrenta una encrucijada o bocacalle: disminuir sensiblemente la velocidad, que en buen romance significa casi detener la marcha. Ello apareja una obligación adicional a quien se presenta por la izquierda: la de ceder el paso. No están condicionadas al arribo simultáneo, desde que comprobar tales circunstancias impondría -en los hechos- la colocación de sensores para constatarlo. El texto legal es lo suficientemente claro al respecto: quien viene por la izquierda sólo podrá continuar su marcha si luego de frenar su marcha hasta casi detenerla, advierte que no circulan autos con prioridad de paso. La actual ley 11.430 en su artículo 57 mantiene esos mismos lineamientos enfatizando por si hacía falta el carácter absoluto de la prioridad ..." -Cfr. Ac. 58.668, 11-3-97 y 47.547, 31-8-93 Jorge Galdós, Derecho de Daños en la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Buenos Aires, pág. 325-.-
Ninguna duda cabe entonces que la responsabilidad del evento causal es atribuible en su totalidad al demandado tal como ha sido recogido por el sentenciante primero (arts. 1721, 1724, 1725, 17261734, 1736 y ccs del Código Civil y Comercial de la Nación), propiciando la confirmación de este capítulo.
5. Respecto de la cuantificación de los daños, que ha sido puesta en crisis también por el quejoso, ninguna duda cabe que frente a la lesión acreditada del derecho o del interés del actor, corresponde adentrarse en las consecuencias y determinar el daño resarcible, conforme el art. 1737 del CCyC., partiendo del principio consagrado en el art. 1740 del CCyC que es la reparación plena, o sea en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso.-
A partir de aquí y con las premisas del nuevo sistema fondal, se analizará el capítulo referido a los importes dados a los distintos rubros, que ha sido cuestionado por el apelante.-
Liminarmente señalo que este Tribunal en su actual conformación ha negado la existencia de un monopolio metodológico de las fórmulas actuariales como método exclusivo y excluyente para determinar la extensión del resarcimiento debido a la víctima, también ha dicho que éstas pueden aportar una herramienta útil para cuantificar los daños: "De modo que, aún cuando las fórmulas matemáticas puedan representar un método útil para la cuantificación del daño, de ello no se sigue que las mismas constituyan un método de inexcusable utilización para la determinación de los rubros en cuestión". El art. 1746 del nuevo Código establece: “Indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica. En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades (…)” (la letra en negrita me pertenece). Un aspecto importante de la nueva norma es la referencia a una pauta o criterio para determinar la suma global definitiva a título de capital que, invertido adecuadamente, produzca una renta o ganancia que le permita al damnificado continuar percibiendo durante su vida un monto equivalente al que cobraba antes del hecho dañoso.
Estamos ante una previsión legal que le marca un sentido o dirección a la fundamentación judicial del daño resarcible, al establecer en este rubro una relación compleja entre la entidad del daño, la renta futura del damnificado y la cuantía final de la indemnización.
A la hora de resolver esta relación racional entre las variables contempladas por la norma legal, las fórmulas matemáticas pueden representar un método útil para la cuantificación del daño, aunque de ello no se siga que las mismas constituyan un método exclusivo ni excluyente para la determinación del rubro en cuestión.
Como argumento concomitante, puedo añadir también que la necesidad de motivar las resoluciones judiciales, amén de ser un imperativo institucional del sistema republicano de gobierno que hace a la posibilidad de control de los actos de uno de los poderes del Estado y eventualmente a la efectivización de la responsabilidad de los agentes que lo integran, es también una garantía de los justiciables en cuanto posibilita la revisión de lo resuelto en una instancia superior, mediante los recursos ordinarios o extraordinarios de que se disponga, haciendo factible al justiciable, la crítica del fallo que lo perjudica (art. 18 y 75 inc. 23 de la CN, y art. 8.2.h. de la CADDHH).
Esta garantía constitucional y convencional reclama que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa (art. 1 y 75 inc. 22 CN y art. 3 del CCyC).
En tal dirección, el Código Iberoamericano de Etica Judicial recuerda que en el Estado de derecho al juez se le exige que se esfuerce por encontrar la solución justa y conforme a derecho para el caso jurídico que está bajo su competencia. Al respecto, reza la mentada norma deontológica que: “La obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones judiciales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales” (…) “Motivar supone expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas aptas para justificar la decisión”. Estas exigencias revisten vital importancia, por cuanto implican la recepción de máximas y mandas constitucionales que trasuntan estándares básicos para evaluar la validez intrínseca de una sentencia judicial.
En el caso de la responsabilidad por daños, esta exigencia adquiere pleno vigor, por cuanto sólo quien conoce el procedimiento seguido por el tribunal para la determinación del monto del resarcimiento, queda en posición de criticarlo.
En este sentido, no puedo negar que las reglas sintéticas del pensamiento matemático facilitan la compatibilización y traducción caso por caso de la teoría normativa aplicable al caso, de tal forma que aumentan la predictibilidad y hacen posible abstraer, para una adecuada comprensión, la lógica común de las decisiones “caso por caso”. Por lo que no cabe descalificar en abstracto la aplicación de fórmulas actuariales como procedimiento válido dentro del marco de posibilidades metodológicas que ofrecen los arts. 3 y 1746 del CCyC, y art. 165 del CPCCBA), todo ello sin perjuicio de que puedan ser ampliamente revisadas en instancia recursiva.
A partir de una interpretación armónica y sistemática de los arts. 3 y 1746 del Código Civil y Comercial de la Nación cabe inferir que las fórmulas actuariales pueden erigirse como un método válido para justificar racionalmente el concepto de renta variable. Y es precisamente en este punto donde convergen sustancialmente las dos líneas argumentales anteriormente expuestas.
Ahora bien, la circunstancia de que las fórmulas actuariales constituyan un método válido para la determinación del daño por incapacidad no las exime del control judicial de juridicidad en relación a la racionalidad de su diseño técnico, la corrección de su aplicación en el caso concreto y la razonabilidad de los resultados que arroje la misma. Como dice Aciarri, "Sostener que las fórmulas son un instrumento más en la decisión judicial es absolutamente correcto, en cuanto no se trata de argumentos autosuficientes. Lo relevante es acertar en su rol en la fundamentación de la sentencia. Las fórmulas son apenas expresiones que exponen un procedimiento efectuado sobre datos que no son más, ni menos, que premisas. Por eso mismo, tampoco resulta correcto utilizarlas y luego descartar su resultado por excesivo o insuficiente" (cf. ACCIARRI, Hugo, Aplicación de fórmulas de rentas variables para cuantificar indemnizaciones por incapacidad según el Código Civil y Comercial. Publicado en Jurisprudencia Argentina, 2016-IV, 14/12/2016, p. 1).
Es que en la tarea de interpretación y aplicación del derecho que realiza el juez, la lógica por sí sola no proporciona un límite; por el contrario, la lógica invita a una continua expansión de consecuencias deductivas sin importar los méritos de los resultados, de manera que si el juez se atiene a la lógica hasta el final, la justicia, la solidaridad, la cooperación, la paz y otros valores pueden ser ignorados o destruidos.
De ello se sigue que las fórmulas matemáticas configuran una pauta objetiva de referencia dentro de un contexto de fundamentación más amplio, desde el cual pueden ser confirmadas en sus resultados, modificadas parcialmente o directamente desestimadas sobre la base de una ponderación judicial de carácter integral a la que los magistrados no deben renunciar, so riesgo de conculcar el deber de fundamentación de sus sentencias (art. 3 del Código Civil y Comercial).
Como este Tribunal ha dicho en la causa "Berón" -oportunamente citada por el recurrente-, "las fórmulas actuariales o baremos constituyen instrumentos que orientan a las partes y a los magistrados para esclarecer la existencia y entidad de la incapacidad laborativa genérica que una persona puede experimentar; pero sus resultados deben necesariamente ser conjugados con otros elementos que brinda la realidad del caso concreto, de persona, tiempo y lugar, para la determinación de la incapacidad específica de la víctima. Dicho de otro modo, la fórmula no sustituye las concretas cargas probatorias que pesan sobre las partes respecto a los extremos en que se fundan sus pretensiones o defensas".
Dicho de otro modo, y sin perjuicio de la validez metodológica de las fórmulas actuariales en la fase de determinación cuantitativa de la extensión del resarcimiento, éstas no son la panacea al tradicional problema de la cuantificación del daño, toda vez que aun cuando se ajusten perfectamente a un supuesto de hecho determinado, no están exentas de discrecionalidad en la elección de las variables que en definitiva se toman en consideración para la determinación del capital fructuario (ingresos potenciales de la víctima, término final de su vida laboral, etc.) ni están suficientemente adaptadas para captar la totalidad de circunstancias especiales relevantes que trae consigo el caso concreto.
Los jueces deben tender en suma hacia un delicado equilibrio entre ambos extremos que posibilite el uso de la matemática como un recurso auxiliar en la fundamentación de sus sentencias, pero sin declinar a la función correctora del prudente arbitrio judicial en la compleja tarea de cuantificar el daño indemnizable, toda vez que allí reside la esencia de la labor jurisdiccional.
Sobre estas premisas, tenemos que si bien en el caso concreto la fórmula "Aciarri" aplicada por el a quo contempló los parámetros fáctico-jurídicos previstos en el art. 1746 del CCyC para la determinación del capital constitutivo del rubro incapacidad sobreviniente: ingresos económicos del damnificado, edad que tenía al momento del hecho, grado de incapacidad, etc., advierto inconsistencias en la determinación que hiciera el a quo del porcentaje de incapacidad de la víctima como variable constitutiva de la fórmula empleada como en el razonamiento empleado en punto a la predicción del aumento probable de los ingresos futuros de la víctima.
En relación a la primera cuestión, he de partir de la base de que el porcentaje de incapacidad referido fue establecido en sede pericial en un 25%. En efecto, la perito Marcela Polizzi fue categórica al concluír en su dictamen de fecha 27 de Agosto de 2018 que: "En el caso que nos ocupa, las secuelas han sido fundamentalmente óseas, localizada en pierna, que comportan una incapacidad equivalente a 25% parcial y permanente" (la letra en negrita corresponde al original). Ahora bien, el porcentaje aludido fue determinado en función de un baremo de incapacidad médica genérica sin analiz
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.