Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 3851
Registro N° 94 /2020
Folio 619/637
En la ciudad de Pergamino, el 23 de julio de 2020, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 3851-20 caratulados "DIAZ OLIVERA JOSUE ELISEO Y OTRO/A C/ CAÑETE ALFREDO RAMON Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", Expte. N° 82733 del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 departamental, encontrándose el Dr. Bernardo Louise excusado a fs. 254, se ordenó la integración de este Tribunal y se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Graciela Scaraffia y Roberto Manuel Degleue, estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿ Se ajusta a derecho la sentencia apelada?.
II. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
A la primera cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo:
El Juez de la anterior instancia hizo lugar a la demanda entablada por la parte actora, y en consecuencia condenó a la parte demandada a abonar la suma de pesos $ 1.661.873,58 (suma que resulta de deducirse el 30% por el aporte causal actoral a la suma de $ 2.374.105,12.-) con más los intereses a la tasa pura del 6% anual desde la fecha del hecho 07/04/2017, hasta la fecha en que se determinó el capital controvertido y de allí en más, resultará aplicable la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días (SCBA causas C. 101.774, "Ponce "; L. 94.446, " Ginossi " y C. 119.176," Cabrera ")...". De ello, la suma de $ 37.740, se liquidará como se dijera ut supra. Con más las costas a cuyos efectos difirió la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes para cuando obre en autos, liquidación firme (art. 51 ley arancelaria).
Tal decisorio fue objeto de los recursos de apelación por la actora a fs. 250, concedido a fs. 251 y por la demandada y citada en garantía mediante el escrito electrónico de fecha 06/01/2020, concedido a fs. 245, ambos libremente y con efecto suspensivo. Con fecha 06/05/2020 se ordenó expresar agravios a la actora, el que fue fundado mediante el escrito electrónico de fecha 08/05/2020. El día 25/05/2020 se ordenó expresar agravios a la demandada y citada en garantía, quien fundó los mismos mediante el escrito electrónico de fecha 22/05/2020. En fecha 28/05/2020 fueron sustanciados los traslados recíprocos, los cuales fueron evacuados con fecha 05/06/2020. Con fecha 02/06/2020 se llamó autos para dictar sentencia, providencia que firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser fallada.
1).- Agravios parte actora: Los agravios de la parte actora atacan los siguientes puntos, a saber: a) la responsabilidad del 30 % que le fuera adjudicada como aporte causal en el evento; b) la fijación en el rubro incapacidad parcial y permanente de una expectativa de vida fijada en los 65 años y que el quejoso pretende llevar a los 75 años, c) el rechazo del rubro lucro cesante d) el importe de los rubros comprensivos de gastos médicos, farmacéuticos y de traslado que no le fuera recibido en el total reclamado e) el daño moral y daño a la motocicleta que estima en un 30% más de lo decidido.-
Asimismo José Fabián Diaz se duele del rechazo del pedido de reintegro de gastos y alude a la legitimación activa asentada sobre su carácter de progenitor de Josué Díaz Olivera.-
Luego de exponer en esta síntesis los puntos de queja el recurrente se explaya señalando que 1) le perjudica la contribución causal en el evento decidida y que se le adjudicara en un 30 por ciento del total, apontocada en la afirmación del aquo de que "la huella de 30 mts. de frenada acreditaría una velocidad -no precautoria- de 57 km/h y que sumado al 50% de vida útil de las cubiertas y/o las malas condiciones de la motocicleta -frenos-, le impidieron en la ocasión, frente al imprevisto, lograr con éxito la maniobra evitativa intentada;" señalando frente a esa a formulación que no existe prueba categórica e irrefutable de dichos extremos, sino meras hipótesis forzosamente extraídas de indicios imprecisos o equívocos, acudiendo en cuanto a la velocidad a la planimétrica de fs. 38 de la IPP expresando que es elocuente con relación a la existencia de una única huella de frenada; que aplicó el freno de una sola de las ruedas, la trasera.
Explica que de haber frenado con ambas, delantera y trasera, habría perdido el dominio, caído y continuado en forma recta como venía, colisionando contra la parte media o trasera de la camioneta; y hubiese dejado, además, dos huellas -una por cada neumático- y algún que otro rastro y/o rayón al caer y marcar el asfalto con el pedalín, por ejemplo. Explica que estas motos no tiene el sistema de ABS (anti-bloqueo), por lo tanto, donde se clavan o bloquean los frenos se imprime la marca con las gomas; ergo, si hubiese frenado con ambos a la vez dice que habría dejado otras huellas y con diferentes trazados. Que ello no fue controvertido.-
Agrega que dichas circunstancias obligan a rever el cálculo de la velocidad, pues el coeficiente de roce de 0,43 es el que correspondería si hubiese accionado ambos frenos; al haber utilizado únicamente el trasero -para evitar el bloqueo de las ruedas y la pérdida del control de la motocicleta-, se aplica la mitad del mismo, 0,215, que arroja una velocidad de 40,46 km/h.
Señala que la fórmula fue desarrollada en el escrito de impugnación y no mereció crítica por parte del perito; en su ampliación reitera y ratifica lo dicho, y agrega: "...El cálculo teórico de velocidad mínima comprobable se efectúa en función de un rastro de 30 metros descripto en la planimétrica de IPP fs. 38 atribuyendo a dicho rastro un coeficiente razonable de roce de acuerdo fundamentalmente a las condiciones del lugar y características de las superficies que entran en contacto (0,43)...".
Y es justamente en ésto último donde se basa y fundamenta su impugnación, pues al frenar solo con una rueda resulta ser ésta la única superficie a considerar; es decir, que para calcular la velocidad correctamente se debió ponderar los metros de frenada, las condiciones del lugar -asfalto seco y en buen estado-, y el coeficiente de roce en función de las características de la superficie que entrara en contacto en la ocasión, que no ha sido otra que la rueda trasera.
Indica que en su informe originario de fecha 7 de marzo de 2019 al dar respuesta a su punto de pericia 3, el Ing. Ferretti sostuvo: "...En el caso particular que nos atañe, Policía Científica en el informe presentado en IPP fs.79 a 84, consideró el desgaste eventual de las cubiertas, ya que para el cálculo de la velocidad adoptó un coeficiente de adherencia de 0,47 (en caso de buena adherencia se puede adoptar valor de hasta 0,8 en dicho coeficiente)..."; que significa ello, que el coeficiente que se toma para una motocicleta con cubiertas nuevas sería de 0,80. Pues todos los coeficientes de roce utilizados para calcular las velocidades han sido determinados en base y teniendo en consideración la totalidad de los componentes de frenado; o lo que es lo mismo, sobre el frenado de las ruedas y/o neumáticos de cada vehículo en cuestión, en un automóvil cuatro y en una motocicleta dos.
Por último, señala que el juez previo al dictado de sentencia le efectúa al perito cinco preguntas puntuales para desentrañar la cuestión puesta en crisis, omitió expedirse; sus respuestas vagas nada nuevo aportaron, solo confusión y/o ambigüedad.
Dice que la impugnación realizada y las preguntas concretas formuladas por S. S. ameritaban respuestas contundentes; pero el Ing. Ferretti no ha expuesto en ninguna de sus intervenciones los antecedentes y/o fundamentos técnicos, y hasta ha omitido explicar y desarrollar las razones que abonan su peculiar criterio.
Sostiene que carece de valor probatorio el dictamen que no suministra la explicación pormenorizada de las operaciones técnicas llevadas a cabo y la enumeración de los principios jurídicos en que se apoyan las conclusiones.
En el punto 2 de su queja señala que aún cuando en el supuesto caso que se entienda que la velocidad imputada no ha podido ser controvertida, tampoco puede ser catalogada como inadecuada y/o violatoria de lo establecido por el art.50 Ley 24.449; por varias razones.
Agrega que ningún problema de salud padecía en aquel entonces y nada en contrario ha sido probado; su Licencia de Conducir Nº 36.476.598 fue acompañada como documental -ver fs.2/92- y reconocida su autenticidad -ver fs.196-, sin perjuicio de lo cual, obra en autos certificado de legalidad remitido por la Municipalidad de Pergamino -ver fs.216-.
Transcribe párrafos de la pericia accidentológica realizada y obrante en la IPP, y en lo que a eso respecta (fs. 80/81) y transcribe el relato de los testigos Héctor Armando Albornoz, (fs.51, Sra. Stella Marís Benavidez (fs.52) y Hugo Olivera (fs 49).
Aduce que fuese a 57 km/h o 40,46 km/s no habría violado la velocidad máxima establecida para dicha arteria; ya que el art.51 inc a) 1. establece para las avenidas 60 km/h acudiendo a los dichos de Maximiliano Daniele, Marta Soledad López .
Respecto a la motocicleta y el estado de las cubiertas existió por parte del aquo a su decir, un sobredimensionamiento impropio e inadecuado; sostuvo: "...En nuestro caso, apareció el imprevisto y el estado de las cubiertas de la motocicleta, impidió que la maniobra evitativa realizada se cumpliese y ello, viola la disposición legal en relación a las condiciones de los vehículo...".
Afirmar como reza el fallo que tener las cubiertas al 50% de vida útil importa la violación del art.39, considerando que su motocicleta no se encuentra en condiciones adecuadas de seguridad, y que además, y que ello ha sido la causa que le impidiera lograr la maniobra de esquive intentada, resulta un despropósito; como también lo es, suponer y/o sugerir que haya estado con cubiertas con falla o sin la profundidad legal en su banda de rodamiento (art.48 inc. l).
Dice que ninguna prueba ha sido producida -ni existe- con relación a que las cubiertas de mi motocicleta se encontraran con algún tipo de falla; los neumáticos no presentaban desgaste irregular, no tenían ampollas, deformaciones anormales, roturas ni signo alguno que evidenciara el desgaste de alguna capa en los flancos o de la banda de rodadura. Su estado al 50% de vida útil, contrariamente a lo que afirma el Sr. Juez de Grado, otorga certeza suficiente con relación a que las mismas aún no habían llegado al mínimo legal; a los testigos de desgaste. Agregando que el sistema de frenado era adecuado, permanente, seguro y eficaz; nada en contrario ha sido acreditado. Afirmar que el mismo no resultó eficaz con fundamento en la falta de éxito de la maniobra intentada resulta ser una deducción endeble, insuficiente; no hay prueba que justifique se me sindique como que hubiese estado circulando en violación al art.29 inc. a) 1.
Culmina afirmando que no existe prueba categórica, suficiente y necesaria que sustente la contribución culposa que se le achaca.-
En punto a los rubros dados señala que con respecto al monto otorgado en concepto de incapacidad parcial y permanente: difiere únicamente con relación a la expectativa laboral fijada a los 65 años, señalando que lo perjudica en tanto manifiesta que la situación económica y laboral en la que se encuentran gran parte de los habitantes de éste país, obligará a tener que trabajar unos cuantos años más al fijado como la edad actual para la jubilación; estimando ello, al menos, hasta los 75 años.
Dice que ello surge de la prueba rendida en el incidente de beneficio de litigar sin gastos, ofrecida como instrumental, describiendo su situación y condiciones familiares y personales, describe que no cuenta con estudios ni universitarios ni terciarios, trabaja desde los 18 años, y expresa que deberá hacerlo hasta los 75 como mínimo, menciona que es músico lo que a su decir le genera y generará ingresos, variados, pero ingresos al fin y casi sin límites de edad.
Afirma que bien es cierto que sus ingresos no los puede acreditar con documentación y/o recibo de sueldo, pues como gran parte de la población trabaja "en negro", no hay nada que pueda hacer presumir que no los tenga y que no los tendrá en el futuro y hasta alta edad. Entonces, considerando su edad al momento del hecho -20 años-, los $16.875.- (SMVM), y teniendo en cuenta el grado de incapacidad del 45% a lo que se agrega una tasa de descuento pura del 4%, la operación financiera determina que mi renta futura frustrada asciende a la suma de $2.182.534,56.-; a lo cual se le deberá descontar el 20% por el aporte causal determinado como consecuencia de la falta de casco, cuestión que se encuentra fuera de discusión y ante la cual no tengo nada que objetar ya que la jurisprudencia en tal sentido es incontrovertible.
Consecuentemente, peticiona se incremente el rubro incapacidad a la suma de $1.746.027,65 y/o lo que en más resulte si al momento de dictar sentencia se actualiza –debería- el SMVM que data del 1 de octubre de 2019.
Le agravia la desestimación del lucro cesante indicando que se ha visto privado de percibir ingresos durante 15 meses aproximadamente, lapso que le insumió la convalecencia e imposibilidad de trabajar, los ingresos que generaba con su trabajo en el almacén de mi abuelo, con las changas en la construcción y mantenimiento junto a mi papá, y con las presentaciones de mi grupo de folclore.
Tal como lo manifestara en el agravio anterior, sus tareas laborales las desarrollaba sin estar debidamente inscripto, "en negro", pero si que trabajaba; que no estar en condiciones de acreditar en forma irrefutable el total de sus ingresos mensuales no puede ser óbice para la procedencia del presente rubro, acudiendo a las testimoniales rendidas en la causa y en el beneficio de litigar sin gastos, que dan cuenta a su criterio de que se vio imposibilitado de realizar durante un lapso importante de tiempo y como consecuencia de las dolencias padecidas. Acude a la declaración testimonial de López, Daniele y Olivera de fs. 201/204.
Menciona que quedó probado que trabajaba en un almacén y que además formaba parte de un grupo de música folclórica, y que estuve sin poder realizar dichas tareas durante un lapso prolongado, más de un año, tampoco. Ambas resultan ser tareas remuneradas; suponer lo contrario resulta absurdo, señalando que la imprecisión con relación a la cuantía de sus ingresos mensuales, propia de las relaciones laborales informales, en modo alguno le puede condenar al rechazo del rubro.
Por lo tanto, y con idéntico fundamento por el cual se tomó el salario mínimo vital y móvil para determinar la renta futura frustrada, podrá hacerse, en todo caso, aquí lo mismo; en consecuencia, $16.875 multiplicado por los 15 meses que fuera el tiempo durante el cual estuve imposibilitado de obtener ingresos por mi actividad laboral remunerada, arroja que he dejado de percibir como consecuencia del hecho dañoso aquí en cuestión, la suma de $253.125 o en subsidio, la originalmente peticionada y que ascendiera a $225.000.
Respecto del monto otorgado en concepto de Gastos Médicos, Farmacéuticos y Traslado se agravia en tanto no se le otorgó la totalidad de la suma reclamada; la que claramente se condice con la naturaleza de las lesiones padecidas, tiempo de curación, necesidad de transporte, y demás. Acude al informe de la perito médica Dra. Polizzi, en su presentación de fecha 7 de agosto de 2019, consideró a los $150.000.- como adecuados, y la contraria nada cuestionó al respecto; pero sin esgrimir fundamento objetivo alguno, el A quo acoge el reclamo pero lo reduce a la suma de $100.000.
Daño Moral y Daños Motocicleta
Expresa "estaba conforme con los montos otorgados por dichos rubros; pero luego de cinco meses entiendo que los mismos han quedado desactualizados, y se volvieron inadecuados por injustos".
Solicita se incremente en un 30%; para así poder minimizar algo los efectos nocivos que los montos otorgados han padecido en este corto pero nefasto período de tiempo.
José Fabián Díaz:
Por su lado, se agravia que se haya rechazado el pedido de reintegro y/o repetición de las sumas que le otorgaran en calidad de préstamos el Banco de Nación Argentina –ver fs.48/54, 196 y 205/10- y La Mutual de los Arroyos –ver fs.45/47, 196 y 212-; contrariamente a lo sostenido por el Sr. Juez de Grado, tanto los hechos como la prueba rendida en autos no hacen otra cosa que inferir que los mismos tuvieron como único y exclusivo propósito afrontar la infinidad de erogaciones ocasionadas a causa de los padecimientos, lesiones y secuelas sufridas por su hijo Josué Eliseo, explicando que durante muchos meses, tanto su mujer como el, estuvieron abocados en forma total y permanente al cuidado y atención del hijo; quien ciertamente pudo haber muerto. Indica que ello le impidió por completo desarrollar actividad lucrativa y la jubilación no resultaba suficiente; acude a los testigos del beneficio de litigar sin gastos para motivar su pedido. Expresa que si se entiende que resulta inadecuado por excesiva la suma de $440.000.- reclamada, pide se fije el monto de reintegro a la luz de lo prescripto por el art.156 in fine del C.P.C.C. Para ello, se tenga no solo en cuenta las lesiones, intervenciones quirúrgicas, tratamientos, medicación, necesidad de curaciones, traslado, tiempo de la convalecencia, entre otras tantas cosas, sino también la situación desesperante en la que se encuentra toda una familia de un momento para el otro, humilde y de escasos recursos, frente a semejante situación disvaliosa, altamente costosa desde todo punto de vista, y estando en juego nada más y nada menos, primero la vida de su hijo y superado ello, su integridad física, moral, psicológica, en definitiva, su futuro.
Por último, y frente a la falta de legitimación activa opuesta por la contraparte, alegando que no se encuentra acreditada mi calidad de progenitor de Josué Eliseo Díaz Olivera, basta con revisar las fojas de la IPP, ofrecida como instrumental por ambas partes, para constatar que allí obra glosada -ver fs.87- copia certificada del acta de nacimiento Nro.15 -instrumento público-, donde expresamente figuro como su legítimo padre; además, las testimoniales del beneficio de litigar sin gastos como las rendidas en autos, dan cuenta precisa, concreta y puntal en tal dirección, ninguna de las cuales mereció observación y/o tacha y/o impugnación por parte de la demandada.
2).- Agravios parte demandada: Versa sobre los siguientes aspectos, a saber: a) se duele de la responsabilidad atribuida a su parte, pretendiendo el achaque total a la contraria o en subsidio plantea la elevación del aporte causal de la actora, b) el monto por incapacidad solicita sea disminuido en tanto considera que es ínfima la valoración en un 20% de la causación del daño por inexistencia de uso de casco del actor c) el daño moral fijado el que estima excesivo en su cuantificación.-
Respecto del primer tópico señala que la sentencia en crisis le agravia en la órbita del juicio de responsabilidad, por cuanto atribuye la misma a la parte demandada en la producción del evento dañoso cuando en autos la actora no acreditó el nexo causal presupuesto básico.
En subsidio, y en virtud al principio de eventualidad procesal, para el caso que V. E. considere que se encuentran reunidos los presupuestos que generan algún tipo de responsabilidad en cabeza de la accionada, agravia el exiguo 30% de la misma que atribuye a la actora en la producción del accidente y, por otro lado, asimismo, el ínfimo porcentaje del 20% que endilga por la inexistencia de uso de casco como concausa del daño físico en la cabeza del actor. Por su parte, desde la órbita del daño agravia a su parte el quantum debeatur del daño moral.
Destaca que en la causa penal no se pudo determinar la responsabilidad del accionado Sr. Cañete sin que exista nueva y/o distinta pru
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.