Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 5831
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía y, en consecuencia, declarar procedente la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la recurrente.
2Imponer las costas de Alzada a la parte actora (art. 68/69 del CPCCBA).
3Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).-
Glósese copia de la presente a su acumulada N° 5832-25 "LEYRO DIAZ JUAN PABLO C/ SCALISE SERGIO DANIEL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)" Expte. N° 76.132 del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 departamental.-
En la ciudad de Pergamino, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 5831-25 caratulada "GUEVARA MAURO GERMAN Y OTRO/A C/ SCALISE SERGIO DANIEL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" , Expte. N° 74.885 y su acumulada N° 5832-25 "LEYRO DIAZ JUAN PABLO C/ SCALISE SERGIO DANIEL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)" Expte. N° 76.132 Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Graciela Scaraffia y Roberto Degleue, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo:
El Sr. Juez de la anterior instancia rechazó a la excepción de falta de legitimación pasiva, exclusión de cobertura y defensa de no seguro opuesta por la citada en garantía, La Perseverancia Seguros S.A., en la causa N°74.885; con costas a su cargo. Difirió la regulación de honorarios de los letrados intervinientes, hasta que medie firme la respectiva liquidación de intereses y gastos (art. 51 ley 14.967). Declaró la inconstitucionalidad sobrevenida de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, según ley 25.561, del mismo modo que su inaplicabilidad al caso, a fin de disponer una equitativa actualización del crédito adeudado. Hizo lugar a la demanda incoada bajo el Expte. N° 74.885 y, en consecuencia, condenó a los demandados y la citada en garantía Sra.
Morena Patricia Gago, Sr. Sergio Daniel Scalise y a La Perseverancia Seguros S.A., a abonar la parte actora dentro de los diez (10) días de notificada la presente, la suma de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS Pesos ($17.575.436), -correspondiendo a la Sra. Bárbara Romina Usero la suma de $800.000 y al Sr. Mauro Germán Guevara la suma de $16.775.436- actualizable según lo dispuesto en el considerando X, con más sus respectivos intereses calculados en la forma establecida en el considerando IX, a partir de la fecha del hecho (15/06/2018) y hasta el momento de su efectivo pago (S.C.B.A., Ac. 2078, C-95.720 del 15/09/2010 y L-118615 del 11/03/2015) (art. 768 C.C.C.N.).
Aplicó las costas a la parte demandada y a la citada en garantía que resultan vencidas (art. 68 C.P.C.). Difirió la regulación de honorarios de los letrados intervinientes y de los peritos, hasta que medie firme la respectiva liquidación de intereses y gastos (art. 51 ley 14.967). Hizo lugar a la demanda incoada bajo el Expte. N° 76.132 y, en consecuencia, condenó a los demandados Sra. Morena Patricia Gago y Sr. Sergio Daniel Scalise, a abonar la parte actora, Sr. Juan Pablo Leyro Diaz, dentro de los diez (10) días de notificada la presente, la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS Pesos ($5.643.200), actualizable según lo dispuesto en el considerando X, con más sus respectivos intereses calculados en la forma establecida en el considerando IX, a partir de la fecha del hecho (15/06/2018) y hasta el momento de su efectivo pago (S.C.B.A., Ac. 2078, C-95.720 del 15/09/2010 y L-118615 del 11/03/2015) (art. 768 C.C.C.N.).
Aplicó las costas a la parte demandada que resulta vencida (art. 68 C.P.C.). Difirió la regulación de honorarios de los letrados intervinientes y de los peritos, hasta que medie firme la respectiva liquidación de intereses y gastos (art. 51 ley 14.967).
Tal decisorio fue motivo de apelación por la parte citada en garantía (9-4-2025) concedida libremente y en efecto suspensivo. Elevados los autos a esta Alzada se ordenó expresar agravios a la citada en garantía, quien los fundaron en tiempo y forma. Y de los mismos se ordenaron los traslados a la parte actora y a los demandados, los que fueron evacuados el 30-10-2025 por la parte actora. El 4-11-2025 no habiendo los demandados evacuado el traslado conferido se le dio por perdido el derecho dejado de usar y se llamo autos para dictar sentencia, providencia, que firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser fallada.
En sustento de su crítica recursiva, la citada en garantía dedujo los siguientes puntos de agravio:
1. Indebido rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva por suspensión de cobertura: Argumenta que la pericia contable acreditó que, al momento del siniestro, la póliza se hallaba suspendida por falta de pago (cuota vencida el 28/05/2018, pago el mismo día del accidente y rehabilitación recién desde las 0 hs. del 16/06/2018, sin efecto retroactivo). Al respecto, invoca la doctrina legal reiterada de la SCBA (“Acuña Díaz”, “Brusa”, “López”, “Novoa”, “Rojas” y otros), según la cual la obligación de pronunciarse del art. 56 solo rige con cobertura vigente y no resulta exigible cuando la garantía está suspendida por mora en el pago del premio (arts. 31 y 56 LS). Añade que, aun no siendo exigible, la aseguradora rechazó el siniestro dentro de los treinta días (CD del 11/07/2018 al domicilio contractual y reiteración del 24/07/2018, recibida el 01/08/2018), por lo que es errónea la afirmación de “silencio” y aceptación tácita.
En subsidio, la recurrente se agravia por la declaración de inconstitucionalidad de oficio de la prohibición de indexar contenida en los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (t.o. ley 25.561), fundada en la doctrina del fallo “Barrios”. Sostiene que dicha cuestión no fue oportunamente planteada por la actora ni sometida a contradictorio, vulnerándose el principio de congruencia, el debido proceso y el derecho de defensa, en contradicción con los propios lineamientos del ministro Soria en ese precedente. Agrega que, habiéndose cuantificado los rubros indemnizatorios a valores actuales, la actualización adicional derivada de “Barrios” implica un enriquecimiento sin causa en favor de la víctima, por lo que solicita la revocación de ese segmento del pronunciamiento.
A su turno, la parte actora evacúa el traslado correspondiente a la expresión de agravios. A tal efecto, aduce que el art. 56 de la ley 17.418 resulta plenamente aplicable al caso, incluso cuando lo invocado por la aseguradora sea una exclusión de cobertura, y que la propia remisión de una carta documento extemporánea importa reconocimiento de la operatividad del plazo legal, cuyo incumplimiento conduce a la aceptación tácita de la cobertura; invoca doctrina (Stiglitz) y jurisprudencia de la SCBA (“Villarruel”, entre otros) en el sentido de que el deber de expedirse es ineludible y rige aun en supuestos de exclusión, y destaca que el rechazo comunicado el 01/08/2018 resulta claramente fuera del plazo de treinta días, configurándose la consecuencia prevista por la ley. Apunta que los planteos relativos a la extemporaneidad de la denuncia del siniestro por el asegurado y otras defensas vinculadas no fueron articulados al contestar demanda y, por ende, no pueden introducirse recién en la instancia recursiva sin vulnerar el principio de congruencia. En cuanto al agravio subsidiario referido a la declaración de inconstitucionalidad de la prohibición de indexar y la aplicación de “Barrios”, afirma que el control de constitucionalidad y convencionalidad integra el “orden público” y puede ser efectuado de oficio por los jueces, citando doctrina de la SCBA (entre otros, “R., A. H. c/ Kelly”) que admite la actuación oficiosa en dicha materia, por lo que defiende la validez de la decisión del a quo y peticiona el rechazo integral del recurso, con costas.
Entrando a resolver, advierto que la cuestión principal sometida a revisión versa sobre la procedencia de la excepción de falta de legitimación pasiva por suspensión de cobertura. Y, como cuestión accesoria, se dirime la aplicación del fallo Barrios a la presente causa.
Por razones metodológicas, comenzaré el análisis por el abordaje de la primera cuestión, ya que de su suerte dependerá la necesidad o no de tratar el segundo asunto objeto de apelación.
I. Impuesto entonces en la temática de referencia, corresponde, en primer término, delimitar el alcance del agravio vinculado a la vigencia de la cobertura y a la defensa de falta de legitimación pasiva articulada por la citada en garantía.
No se encuentra en discusión que el vehículo Ford Eco Sport dominio FCR-669 se hallaba asegurado en La Perseverancia Seguros S.A. bajo la póliza 6319180/6, ni que el siniestro ocurrió el 15/06/2018. También aparece firme, a partir de la pericia contable y de la propia contestación de la citación en garantía, que a esa fecha el asegurado adeudaba la cuota del premio con vencimiento el 28/05/2018, lo que de conformidad con la cláusula de cobranza del premio importaba la suspensión automática de la cobertura desde la hora 24 de ese día, con rehabilitación recién a partir de las 0 horas del 16/06/2018, sin efecto retroactivo.
Desde el plano fáctico, la secuencia relevante también aparece suficientemente delineada en la prueba producida.
La pericia contable (ver informe pericial de fecha 27/7/2021 realizado por la Contadora Pública Lina Kaare) da cuenta de que el siniestro ocurrió el 15/06/2018, que a esa fecha el asegurado adeudaba la cuota con vencimiento el 28/05/2018 y que, conforme la cláusula de cobranza de premio, la cobertura se hallaba suspendida desde la hora 24 de ese día y sólo se rehabilitaba a partir de las 0 horas del 16/06/2018, sin retroactividad. También se verifica que la denuncia de siniestro fue formulada por Scalise el 28/06/2018, recibida por la aseguradora el 02/07/2018 y registrada el día siguiente.
Frente a esa denuncia, La Perseverancia remitió una primera carta documento el 11/07/2018 al domicilio del asegurado consignado en la póliza (ver póliza adjunta a PDF -página 9- agregado en escrito de fecha 17/9/2020), comunicando el rechazo del siniestro por falta de pago del premio; esa pieza fue devuelta con la constancia “se mudó”. Posteriormente, la compañía obtuvo un nuevo domicilio y reiteró el rechazo mediante segunda carta documento del 24/07/2018, que sí fue recepcionada por Scalise el 01/08/2018 (ver PDF adjunto en escrito de fecha 17/9/2020). Sobre este cuadro fáctico se proyecta la normativa específica en materia de domicilio y notificaciones en el contrato de seguro. En efecto, el artículo 16 de la ley 17.418 establece que el domicilio en el que las partes deben efectuar las denuncias y declaraciones previstas en la ley o en el contrato es el último declarado; en igual sentido, las condiciones generales de la póliza contemplan que las comunicaciones dirigidas al domicilio allí indicado surtirán efectos válidos mientras no se notifique fehacientemente un cambio.
De esta arquitectura normativa se sigue que el asegurador cumple su deber de información cuando dirige su pronunciamiento al domicilio contractual que figura en la póliza, sin que pueda imputársele la falta de recepción material del envío si ésta obedece a la conducta del asegurado que no comunicó su mudanza.
En la especie, la devolución de la carta documento del 11/07/2018 con la leyenda “se mudó” revela precisamente un incumplimiento de este último, que no puede trasladarse en detrimento de la aseguradora, máxime cuando ésta no se limitó a conservar una postura pasiva sino que llevó a cabo nuevas gestiones para ubicar el nuevo domicilio y reiterar la comunicación.
Desde la óptica del artículo 56 de la ley de seguros, aun cuando se aceptara en hipótesis su pertinencia al supuesto de autos, lo decisivo no es sólo la fecha de recepción de la segunda carta documento (01/08/2018), sino la verificación de si el asegurador cumplió con la carga de pronunciarse dentro del plazo legal de treinta días desde que contó con los elementos necesarios para decidir.
La denuncia de siniestro fue recibida el 02/07/2018; a la luz de la prueba pericial, la compañía ya disponía de la información básica sobre la mora en el pago del premio, de modo que el rechazo comunicado el 11/07/2018 se produjo dentro de los treinta días.
El hecho de que esa primera comunicación no llegara a manos del asegurado por haber abandonado el domicilio declarado no desvirtúa la existencia ni la eficacia del pronunciamiento en cuanto manifestación de voluntad del asegurador, que es lo que la norma exige.
De este modo, el envío al domicilio contractual basta para tener por cumplida la carga legal. En el caso, la demora posterior hasta la efectiva recepción de la reiteración del rechazo el 01/08/2018 se vinculó con la necesidad de salvar la omisión del asegurado de informar su nueva residencia, y no con una actitud negligente o silente de la aseguradora. En este marco, la afirmación de la sentencia en el sentido de que la compañía habría guardado silencio y que tal silencio debería interpretarse como aceptación tácita de la cobertura luce desajustada a las constancias objetivas de la causa. No sólo porque se omitió valorar la primera carta documento del 11/07/2018 y su devolución por mudanza, sino también porque se prescindió de la específica disciplina del domicilio contractual en el seguro y de la distribución de cargas derivada de la buena fe objetiva: si el asegurado pretende invocar en su favor el vencimiento del plazo del artículo 56, no puede al mismo tiempo desentenderse de su propia obligación de mantener actualizado el domicilio donde deben cursarse las notificaciones del contrato.
Desde una perspectiva finalista, es dable resaltar asimismo que el carácter sustancial del deber de pronunciarse pone el acento en la buena fe y en la necesidad de que el rechazo sea inmediato y enérgico cuando el asegurador cuenta con los datos relevantes. Esa pauta, lejos de resultar vulnerada, resultó cumplida en el caso por la conducta desplegada por la citada en garantía, que reaccionó en pocos días desde la denuncia y reiteró la comunicación cuando advirtió la imposibilidad de notificar en el domicilio primigenio.
A mayor abundamiento, Stiglitz afirma que en aquellos supuestos de pronunciamiento emitido por el asegurador pero no recibido por el asegurado, no corresponde tener por cumplida la carga comunicativa del art. 56 de la ley 17.418, pero sí interrumpido el plazo, lo que consecuentemente habilitará la producción del pronunciamiento más allá de los 30 días, siempre que lo haga dentro de un término razonable desde que conoció o debió conocer el fracaso de la comunicación anterior (STIGLITZ, Rubén, Derecho de seguros, 5ta. edición actualizada y ampliada, Tomo II, La Ley, Buenos Aires, 2008, pag. 298). En la especie, cabe observar que el asegurador, ante el diligenciamiento fallido de la primera notificación, procedió con prontitud a la averiguación del domicilio actual del asegurado y en menos de un mes reiteró la comunicación respectiva, lo que satisface el concepto de plazo razonable exigido por la calificada doctrina precitada y por ende avala la temporaneidad relativa del pronunciamiento del asegurador.
Resta agregar que en el marco del presente litigio, no resulta trasladable sin más la solución ensayada por esta Cámara en la causa n.º 5733-25 “López, Miguel Ángel y otra c/ González, Juan Carlos y otro s/ daños y perjuicios autom. c/les. o muerte (exc. estado)”, desde que allí el eje decisorio estuvo dado por la falta de acreditación fehaciente y oportuna de la notificación del rechazo de cobertura: la Alzada tuvo por demostrada la mora en el pago y la consecuente suspensión “en abstracto” de la póliza, pero concluyó que tal suspensión era inoponible porque la aseguradora sólo había probado el despacho de una carta documento, sin acreditar de modo suficiente la recepción por el asegurado en el domicilio pertinente, ni la trazabilidad de su efectiva entrega, configurándose así el presupuesto aplicativo del art. 56 de la ley 17.418 y la consecuente aceptación tácita de la cobertura.
En el sub-lite, por el contrario, la situación fáctico-probatoria es diversa: la suspensión de cobertura por falta de pago surge con claridad de la pericia contable; la aseguradora remitió una primera carta documento de rechazo dentro del plazo legal al domicilio contractual declarado en la póliza, la cual fue devuelta con la constancia “se mudó”, circunstancia imputable al asegurado que omitió denunciar su cambio de domicilio; y, lejos de permanecer inactiva, la compañía diligenció una segunda comunicación al nuevo domicilio, que fue efectivamente recepcionada. Ello coloca el caso en un plano distinto: aquí no se está frente a un silencio absoluto o a una deficiencia probatoria en la comunicación del rechazo, sino frente a un pronunciamiento tempestivo y categórico del asegurador, acompañado de un comportamiento diligente que neutraliza el presupuesto fáctico sobre el cual se construyó la solución de la causa “López”.
Corresponde ahora, descartada la tesis de la aceptación tácita de la cobertura por aplicación del art. 56 de la ley 17.418, examinar si en el caso se encuentran configurados los presupuestos del incumplimiento de la obligación de pago del premio por parte del asegurado y la consecuente sanción de suspensión de la cobertura.
Sobre el particular, la plataforma fáctica y probatoria resulta clara: de la pericia contable agregada en oficio electrónico de fecha 15/12/2021 surge que el vehículo Ford Eco Sport dominio FCR-669 se encontraba asegurado bajo la póliza 6319180/6; que el premio se abonaba en cuotas periódicas; que a la fecha del accidente (15/06/2018, 7:30 hs aproximadamente) el asegurado adeudaba la cuota con vencimiento el 28/05/2018; y que dicha cuota recién fue abonada el mismo día del siniestro, verificándose contractualmente que la rehabilitación de la cobertura operaba a partir de las 0 horas del 16/06/2018.
La cláusula segunda del contrato relativa a la cobranza del préstamo (ver póliza adjunta a PDF agregado en escrito de fecha 17/9/2020) establece expresamente que, vencido el plazo de pago sin que éste se produzca, la cobertura queda automáticamente suspendida desde la hora 24 del día del vencimiento impago, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, y que toda rehabilitación surtirá efecto desde la hora 0 del día siguiente a aquel en que la aseguradora reciba el pago del importe vencido.
Desde el ángulo jurídico, la obligación de pago del premio reviste carácter esencial en el contrato de seguro: es la contrapartida directa de la asunción del riesgo por parte del asegurador y constituye un presupuesto de vigencia de la garantía. La ley 17.418 recoge esta lógica al prever que la mora del asegurado en el pago del premio habilita la suspensión de la cobertura (art. 31), sin exigir para su operatividad intimación previa ni declaración expresa por parte de la compañía, máxime cuando el propio plexo contractual, aceptado por el tomador al celebrar el seguro, reproduce este esquema y refuerza el efecto suspensivo automático. No se trata de una simple cláusula accesoria, sino de una condición que delimita temporalmente el ámbito de riesgo asumido por el asegurador: cuando el premio no se paga en término, la compañía queda liberada de la obligación de mantener la cobertura mientras subsista la situación de mora, sin perjuicio de la subsistencia del contrato y del derecho a percibir las cuotas vencidas a título de penalidad.
De este modo, la suspensión por falta de pago funciona como una suerte de “pena privada” o “caducidad en potencia” que el propio asegurado puede hacer cesar reponiendo el pago, pero cuyos efectos no se purgan retroactivamente. El pago tardío no reconstituye la cobertura para el lapso ya transcurrido, sino que sólo la rehabilita hacia el futuro, desde la hora 0 del día siguiente al pago, en estricta consonancia con la cláusula de cobranza transcripta en autos. Ello implica que, si el siniestro ocurre durante el período de suspensión, el riesgo ya no se encuentra amparado y el asegurador se halla desvinculado de la obligación de indemnizar, aun cuando el contrato en sí no se haya extinguido. En el caso concreto, el accidente del 15/06/2018 tuvo lugar cuando la póliza se hallaba suspendida desde las 24 horas del 28/05/2018 y antes de la rehabilitación prevista para las 0 horas del 16/06/2018, de modo tal que el evento dañoso se produjo precisamente dentro de la “franja temporal” que el propio asegurado generó al incumplir el pago en término.
Desde la perspectiva probatoria, no se advierte controversia sustancial sobre estos extremos. La pericia contable no fue desvirtuada, el asegurado no desconoció la mora ni el pago tardío, y la parte actora no rindió prueba idónea que permita alterar este cuadro. Por el contrario, la conducta del asegurado refuerza la configuración del incumplimiento: abonó la cuota el mismo día del siniestro, denunció el accidente de manera extemporánea y omitió comunicar a la aseguradora su cambio de domicilio, lo que incluso dificultó la recepción de la carta documento de rechazo. Se trata de elementos que, lejos de debilitar la posición de la citada en garantía, consolidan la existencia de una desatención relevante de sus deberes contractuales por parte del tomador, cuya consecuencia típica en el régimen del seguro es, precisamente, la suspensión de la cobertura.
Finalmente, corresponde recordar que el tercero víctima es ajeno al contrato de seguro, pero no inmune a su contenido: el art. 118 de la ley 17.418 admite que se le opongan las cláusulas de exclusión o limitación válidamente pactadas, entre ellas las que disciplinan la suspensión de la garantía por falta de pago. Admitir la pretensión de extender la condena a la aseguradora pese a la suspensión acreditada importaría, en los hechos, desnaturalizar el régimen legal del premio, trasladando a la compañía las consecuencias de un riesgo no cubierto y alterando el equilibrio propio del contrato.
En estas condiciones, verificados los presupuestos del incumplimiento del asegurado y operada la sanción de suspensión de cobertura antes del siniestro, corresponde concluir que al momento del hecho dañoso la aseguradora no se encontraba obligada a brindar cobertura, lo que reafirma la procedencia de la defensa de falta de legitimación pasiva articulada por la citada en garantía y justifica la necesidad de revocar el fallo en tal sentido.
II. Atento al resultado del primer agravio, es dable colegir que el segundo motivo de queja se ha tornado abstracto por cuanto la citada en garantía ha quedado desvinculada de toda obligación de responder por el hecho generador de responsabilidad.
Por las razones dadas, citas legales de referencia y con el alcance indicado, VOTO POR LA NEGATIVA.
A la misma cuestión el señor Juez Roberto Degleue por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-
A la segunda cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo: De conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es:
1. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía y, en consecuencia, declarar procedente la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la recurrente.
2. Imponer las costas de Alzada a la parte actora (art. 68/69 del CPCCBA).
3. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión el señor Juez Roberto Degleue por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-
Con lo que terminó el presente Acuerdo, dictándose la siguiente;
1. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía y, en consecuencia, declarar procedente la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la recurrente.
2. Imponer las costas de Alzada a la parte actora (art. 68/69 del CPCCBA).
3. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).-
Glósese copia de la presente a su acumulada N° 5832-25 "LEYRO DIAZ JUAN PABLO C/ SCALISE SERGIO DANIEL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)" Expte. N° 76.132 del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 departamental.- Regístrese. Notifíquese por Secretaría (Ac. 4013 SCBA)
remitiéndose copia digital de la presente sentencia a los domicilios electrónicos de las respectivas partes. Devuélvase.-
Fin de la sentencia