Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala II · Causa 72464
Causa Nº 72.464/3 Reg. Int. Nº D- /17.
Expte. Nº SM31151/2012 Sala Segunda.
En General San Martín, a los días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín, Sala Segunda, integrada en esta oportunidad con el Dr. Carlos Ramón Lami (Ac. Ext. N° 803 de esta Excma. Cámara), con la presencia de la Secretaria actuante, se trajo al Acuerdo para dictar sentencia la causa Nº 72.464, caratulada “CARABAJAL, HUGO NORBERTO C/ TRAFIND S.A.I. Y C. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”, habiéndose establecido el siguiente orden de votación: jueces Scarpati, Lami.
Conforme lo establecido por los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código Procesal, se resolvió plantear y votar la siguiente
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A la cuestión propuesta, la señora juez Scarpati dijo:
I. Que la sentencia de fs. 414/423 que hace lugar a la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por Trafind S.A.I. y C., es apelada por la actora (fs. 427) y el condenado Ignacio Lopez (fs. 427). La primera sustenta su recurso mediante la memoria de fs. 445/449, replicada a fs. 452/453, quedando desierto el recurso del segundo (fs.451).
Sostiene la recurrente que en el caso de autos no ha habido transmisión de dominio del rodado, pues la denuncia de venta agregada a fs. 33 y en la que el juzgador funda el acogimiento de la excepción planteada Trafind S.A., carece de los requisitos indispensables. Tal el indicar el nombre y apellido del comprador y el lugar y fecha de entrega del vehículo o fecha aproximada, puntualizando que nunca fueron datos denunciados en el formulario respectivo, limitándose a expresar que no los recuerda.
Alude a los requisitos que establece la Dirección Nacional de Registros del Automotor y Créditos Prendarios en el Digesto de Normas registrales (arts. 1° y 2° del Título II Capítulo IV) en cuánto al modo de formular la denuncia respectiva así como los datos que ella debe contener, insistiendo en que la que hiciera por Trafind S.A. carece de los mismos.
Afirma también que existió error en el planteo defensivo, pues la accionada debió invocar falta de legitimación pasiva y no activa, lo que viola el principio de responsabilidad de los propios actos, la preclusión y la igualdad ante la ley.
Destaca la extrañeza que provoca que la demandada diga no recordar el nombre del adquirente del rodado y que al momento de contestar la demanda haya invocado una historia destinada a liberarse de su responsabilidad, sosteniendo que la omisión en que incurriera en los formularios respectivos la hace pasible de responsabilidad por omisión, pues el Registro no pudo tomar conocimiento del nombre y dirección del adquirente del vehículo, y que de haber aportado esos datos hubiera permitido al mismo intimar al supuesto comprador, ello bajo apercibimiento de pedir el cese de la circulación del mismo, lo que no ocurrió, pudiendo procederse al secuestro del mismo, circunstancias que hubieran evitado el siniestro, sosteniendo que tal omisión no puede liberarla de la responsabilidad.
Apunta que si bien no está en discusión la fecha de la denuncia de venta, efectuada el 17-12-1998, sí lo está su confección, en cuánto no cumple con los recaudos establecidos por el mencionado decreto, pues se dijo no recordar los datos del comprador así como el lugar y fecha de entrega del vehículo, sosteniendo que tampoco tiene fecha cierta la documentación aportada con posterioridad, de la que el a-quo se vale.
Aduce que se ha desconsiderado el documento de fs. 34 relativo a la responsabilidad civil, confeccionado según la demandada cinco meses antes de efectuar la denuncia de venta, el que sin perjuicio de carecer de fecha cierta demuestra que la demandada o tenía cabal conocimiento del nombre y apellido así como de la dirección y documento del adquirente, o nos encontramos frente a un fraude procesal, lo que aparece reforzado por el hecho de la citación de Ignacio López como tercero, con lo que sorprende porque no se lo denunció en su oportunidad.
Insiste en qué no está en discusión ni la autenticidad de la denuncia en cuánto a su fecha, sino su contenido, marcando que tampoco existe constancia de la entrega del certificado 08 al comprador, aspectos todos desatendidos por el juzgador, insistiendo que la negligencia de la accionada habilitó que el rodado siguiera circulando y generando daños mientras ella se escudaba en una denuncia de venta incompleta.
Asevera que el sentenciante tampoco advirtió que la legislación vigente busca conferir protección legal a la víctima de un accidente frente a la desidia o negligencia del vendedor que, como en el caso, omite datos que supuestamente le eran conocidos, impidiendo que el vehículo fuera secuestrado por el Registro, observando que el juzgador tiene por cierto que el rodado tenía una prohibición de circular y pedido de secuestro de fecha 3-2-1999, invocando que si la demandada hubiera hecho correctamente la denuncia de venta, el Registro hubiese notificado en debida forma tanto el secuestro como la prohibición de circular.
Solicita así el rechazo de la defensa articulada por Trafind S.A., requiriendo se lo condene solidariamente con Ignacio López, transcribiendo fallos diversos que involucran la responsabilidad tanto del propietario como del guardián en virtud de la finalidad que anima en el texto del art. 27 del decreto 6582/58 (ley 22997).
Hace referencia al reconocimiento que produce el coaccionado condenado en relación al documento de fs. 34 de responsabilidad civil (fs. 348), marcando las contradicciones que se advierten en cuánto al domicilio que la accionada denuncia en la contestación de demanda como de López, sito en la calle Pedriel 1439 de La Matanza, el que no coincide con el que López denuncia en su conteste, ubicado en Cuzco 835 de La Matanza.
Destaca a modo indiciario la circunstancia de que López no recordara al contestar la citación de tercero la versión que luego sostiene en su confesional, invocando que todas las inconsistencias destacadas han sido inadvertidas por el juzgador y que la liberación que decide no puede serle opuesta, en cuánto ha sido víctima de un obrar negligente.
Aduce en relación a la condena en costas que ella se fundó en que demandó pese a obrar en el proceso penal la denuncia de venta, reiterando a este respecto las razones expresadas y requiriendo se desestime el criterio de aplicación de las mismas a su parte, marcando la orfandad probatoria en que incurre la empresa demandada y las contradicciones puestas de manifiesto.
II. Postulo la recepción de la queja con la consecuente extensión del reproche respecto de Trafind S.A.C.I.
Para motivar el criterio cabe señalar en primer término que la redacción del art. 27 de la ley 22977 (modificatorio decreto ley 6582/58) confirma de modo indudable el carácter constitutivo del sistema registral del automotor, estableciendo un sistema simplificado de exoneración de responsabilidad del titular registral a través de la llamada “denuncia de venta”.
En su texto se marca y afirma la responsabilidad del titular registral, y recién después de hacerlo admite que es posible desmembrar su responsabilidad aún cuándo no medie transferencia asentada, concediéndole la posibilidad de anoticiar que ha efectuado tradición del vehículo.
Esta redacción articula un mecanismo que permite al titular dominial eximirse de responsabilidad cuándo ha vendido y entregado el vehículo, ello si actúa diligentemente y hace conocer esta circunstancia, también por vía registral. Con tal modificación normativa se atendió a un vasto sector doctrinario y jurisprudencial para quienes resultaba injusto que la persona que ya no contaba con poder de dirección sobre la cosa continuase sujeto a una responsabilidad por los daños que con ella se ocasionasen y, para liberarlo, le ha reclamado que obre con diligencia, haciendo conocer que se desprendió de la guarda material del rodado (Moisset de Espanés, Luis LL Córdoba 1990 N° 6 (junio) pág. 477 cit. Sydiaha, Alejandro “El debate permanente acerca de la denuncia de venta del automotor” DJ 24-02-2010, 395).
De este modo, quien aparece como responsable en razón de su calidad de propietario tiene la posibilidad de esgrimir una causal eximente, proviniente de la mentada comunicación de venta y entrega de la posesión del vehículo que, cumplido cierto plazo, provoca la revocación de la autorización para circular. Formulada tal comunicación ante el Registro respectivo cabe reputar al adquirente, o a quien hubiese recibido el uso, la tenencia o la posesión por parte del titular como “tercero ajeno” por quien el titular dominial no debe responder, considerado que el automotor ha sido usado en contra de su voluntad, enmarcándolo así dentro de las causales de eximición establecida por el art. 1113 del C.C.
Acreditada en autos la existencia de la comunicación de venta formulada por la titular dominial (fs.41/43 de la causa acollarada y 132/134 de ésta), frente a sus características y los embates que se traen, corresponde discernir si ella justifica y autoriza la exoneración prevista en el mentado art. 27, o si, por el contrario, en orden al modo absolutamente despojado de su formulación debe considerarse inoperante a tales efectos, debiendo en consecuencia resultar la accionada Tranfind S.A.C.I. también destinataria solidaria del reproche (art. 1113 apartado segundo párrafo segundo y 1081 del Cód. Civil).
Cierto es que la denuncia objetada ha sido formulada al amparo de las normas registrales vigentes al momento (Capítulo IV “Denuncia de venta y transmisión de posesión o tenencia” Sección 1° art. 2°) que permitían asentar que no se recordaban los datos del comprador o adquirente cómo tampoco el lugar de entrega del vehículo. Más a este respecto bien califica Molina Quiroga que he aquí “el talón de Aquiles” de la reglamentación de la denuncia de venta al permitir la omisión de datos muy importantes, como los referidos al nombre, apellido y domicilio del adquirente, situación que vulnera severamente la eficacia del sistema y lo convierte en un mecanismo tendiente, casi exclusivamente, a eximir de responsabilidad al titular registral, sin cumplir con la otra finalidad explicitada por la norma, cuál resulta la regularización de la inscripciones dominiales. Es que la regularización no puede registrarse cuándo el vendedor omite -deliberada o inconscientemente- suministrar la información pertinente incrementando además el riesgo de una eventual víctima en un accidente de tránsito al no tener a quien reclamar (“Denuncia de venta. Una interpretación de la ley que desprotege a la víctima” DJ 25-11-2009, 3224).
Tal medular falencia ha motivado una sensata modificación reglamentaria respecto de las exigencias hoy vigentes, en cuánto se requiere consignar nombre apellido, número y tipo de documento y si se tratare de una persona jurídica, denominación, tipo societario y N° de CUIT, así como lugar y fecha de entrega del vehículo, contemplándose sólo la posibilidad de indicar fecha aproximada y que se de desconoce el domicilio del adquirente.
Es más, en la necesidad de sanear el sistema y dotarlo de una mayor certidumbre existen proyectos de modificación del mentado art. 27 a este respecto. Tal el que incorpora en su texto la obligación de denunciar tales datos y adjuntar las constancias que posee el vendedor de la celebración de la venta, estableciendo que su omisión impide la toma de la denuncia de venta, consignándose a modo de fundamento legislativo que “al facilitarse o permitirse que el transmitente o vendedor desconozca la persona a quien le vendió su automóvil, en cuánto reglamentariamente permitido, avala casi sin pretenderlo a aquellos compradores - vendedores de automóviles (intermediarios) que realizan su negocio sin autorización, así como su deslinde de responsabilidad frente a la reparación de los daños que el titular registral debe soportar (proyecto Luz M. Sapag presentado Cámara de Diputados de la Nación 9-5-2006 , cit. trabajo de Alejandro Sydiaha).
En concordancia con el criterio que voy perfilando, sostengo que esta desabastecida modalidad reglamentaria no puede ni debe contrariar y comprometer las pautas en que se asienta la responsabilidad objetiva del dueño de cosa portadora de riesgo (tal el automotor) por los daños derivados de su intervención causal, afirmando que cuándo la ley exonera de responsabilidad a quien la efectúa la denuncia lo hace en forma excepcional y restringida, en el marco de un sistema de “bienes registrables”.
En torno al propósito de esta excepción, obvio es el de protección del vendedor ante la despreocupación del adquirente, más también lo es la seguridad de terceros que eventualmente resulten menoscabados en sus derechos por los daños que ocasione un rodado. Y en relación las eventuales víctimas de daños no resulta posible soslayar que el sistema de responsabilidad consagrado por el art. 1113 C.C. descansa en la necesidad de protección de la víctima, por lo que se ha entendido que no cabe priorizar la protección del vendedor por sobre las perspectivas resarcitorias de la víctima del siniestro, tercero ajeno al negocio entre el “dueño” y el “guardián” (SCBA Ac.2078 “Crudo, Delia y ot. C. Verzoletto, Enrique A. y ot. s/daños y perjuicios” 18-11-2009 voto juez Soria).
De este modo y en virtud del carácter francamente omisivo que exhibe la denuncia de venta de autos sostengo en el caso una interpretación restrictiva de la causal eximitoria que consagra el indicado art. 27. Ello en la comprensión de que en materia tan relevante como resulta la del daño causado por automotores debe evitarse que se diluya la tutela derivada del factor objetivo previsto por el ordenamiento(Pizarro, Ramón “La responsabilidad del titular registral de un automotor en la actual jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” LL ejemplar 12-12-2005).
Y a este respecto no cabe desatender los sugestivos indicios a que alude la recurrente, relativos a la total ignorancia que en relación al adquirente consigna el propietario en la formulación de la denuncia y a la contrastante aportación en el proceso de datos sobre él adquirente. Es que su olvido en la denuncia registral aparece contradicho por las alegaciones defensivas que plasma en su contestación así como por el concreto requerimiento de citación como tercero de Ignacio López, conducta que insinúa que recién cuándo se lo emplaza en el litigio aparece recordando a quien vendió el vehículo, oportunidad en la que glosa la impugnada documental de fs. 34.
Aprecio así que la ignorancia formulada en la denuncia registral no sólo resulta en mi criterio jurídicamente inconsistente e inhábil a la exoneración dispuesta -ello al comprometer y defraudar las pautas de la atribución de responsabilidad fundada en el factor objetivo– sino que además torna inexplicable el posterior señalamiento de López como adquirente. Es que la denuncia de venta tiene fecha 17-12-1998 y la indicada “responsabilidad civil” es de 8-7-1998, con lo cuál al momento de la denuncia los datos del adquirente le constaban al propietario denunciante. Tal inexplicada discordancia no sólo desmerece la verosimilitud de su olvido, sino que fundamentalmente habilita la razonable presunción de que la confección de la “responsabilidad civil” estuvo esencialmente dirigida a dar algún soporte documental a la invocada traslación de la guarda del rodado e involucrar en el reclamo a Lopez. Pero demás, en franca concordancia con tal contexto indiciario, tampoco López ha aportado en su contestación señalamientos pertinentes a este respecto (fs. 59/64), limitándose en la confesional a reconocer el documento de fs. 34, sosteniendo, sin precisión alguna, que el vehículo le fue dado en pago (ver fs. 348 - arg. art. 354 inc. 1° y 2°, 163 inc. 5° y 375 del Cód. Proc.)
A su turno es dable también señalar que la impugnada constancia de responsabilidad civil glosada a fs. 34, si bien ha sido reconocida por el co-accionado López (confesional de fs. 348) no mereció la indagación pericial ofrecida (fs. 409), por lo que se muestra carente de proyección probatoria respecto de la reclamante (arg. art. 354 inc. 1° y 375 del Cód. Proc.).
Así, en este despojado contexto registral y frente a una ostensible orfandad probatoria, aprecio que no corresponde eximir la responsabilidad objetiva del titular registral, ello con fundamento en el art. 1113 del C.C. Es que la trascendencia de los efectos de la “denuncia de venta” como el principio de responsabilidad dispuesto por el C.C. exigen una denuncia fundada, que atienda a la documentación civilmente idónea, con identificación de aquél a quien se ha transmitido el automotor, lo que es una carga insoslayable para el dueño, pues si sólo se admitiera la simple denuncia implicaría una franca desnaturalización del sistema y llevaría a letra muerta la normativa civil (Ghersi, Carlos “La responsabilidad del dueño del automoroe y el nuevo plenario Morris Sotham. La destrucción de la responsabilidad objetiva del art. 1113 del C.C.” JA 1984-II-884).
En tal contexto, más allá de la admisión administrativa, debió probar que efectivamente se desprendió de la guarda del rodado, entregando la posesión o tenencia un tercero y que también entregó la documentación necesaria para cumplir con la correspondiente transferencia. Ello, pues no parece razonable interpretar que la ley haya dispuesto una consecuencia de tanta importancia, como es la liberación de la responsabilidad, mediante el simple expediente de realizar un mero acto formal, que además resulta una declaración unilateral (Mundet, Eduardo R. “El nuevo sistema de responsabilidad civil del titular registral de un automotor impuesto por la ley 22977 LLC 1985-757 y 761). Concordantemente con tal entendimiento se ha resuelto que el titular registral del vehículo causante del daño no puede eximirse de la responsabilidad objetiva que le atribuye el art. 1113 del C.C., toda vez que denunció deficientemente ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor que había transmitido la posesión del rodado a un tercero con anterioridad al siniestro, ya que no identificó a quién hizo tradición de la cosa ni la fecha en que la hizo. Pues debe acreditar la posesión del vehículo en poder del supuesto adquirente cuándo no ha mediado una real transmisión de la guarda del mismo y dicho supuesto no fue probado” (CNC Sala B 30-9-2004 “Livore Hnos. S.R.L. c. Vvera, Juan c. LL 2005-A-880).
En cuánto a la admisión de formular una denuncia absolutamente vacía en cuánto a los datos necesarios - en tanto no identifica a quien hizo tradición de la cosa y la fecha en que lo hizo - he de apuntar que sin bien desde lo reglamentario la misma puede resultar formalmente suficiente para su recepción, no lo es para eximirlo del reproche que le viene impuesto como titular registral de la cosa dañosa, pues la atribución objetiva que establece la legislación de fondo a su respecto no puede verse desnaturalizada a expensas de normas meramente formales y de rango ciertamente menor.
De este modo, apreciando inidónea la denuncia de venta formulada por la titular registral del rodado interviniente en el hecho de autos como para producir los efectos reconocidos en el art. 27 de la ley 22977, considerando también a la inexistencia de prueba que demuestre de manera seria y concluyente que ha mediado una efectiva traslación de la guarda del mismo, postulo revocar el acogimiento de la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por Tranfind S.A.I. y C. haciéndole en consecuencia extensiva solidariamente la condena recaída respecto del hecho de autos, ello en su condición de titular dominial del rodado interviniente (arg. arts. 1113 apartado segundo, párrafo segundo y 1081 del Cód. Civil y arts. 163 inc. 5°-375-384 del Cód. Proc.).
En cuá
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.