Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala II · Causa 77819
Causa N° 77819 Reg. Elec. RS N° /22.
Expte. N° SM 33636/2014 Sala Segunda.
En General San Martín, a los días del mes de abril año dos mil veintidós, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín, Sala Segunda, integrada por el señor juez, Dr. Carlos Ramón Lami (Ac. Ext. 857 de este Tribunal), con la presencia del señor Secretario actuante, se trajo al Acuerdo para dictar sentencia la causa N° 77.819, caratulada “GOMEZ, YESICA GISELA C/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS SA y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)”, habiéndose establecido el siguiente orden de votación: jueces Valdi y Lami.
Conforme lo establecido por los Arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código Procesal, se resolvió plantear y votar las siguientes
1. ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión propuesta, la señora juez Dra. Valdi dijo:
I. Contra la sentencia de fecha 29/10/2020, que hace lugar a la demanda, decretando la concurrencia de culpas en el hecho en cuestión, en un 30% a cargo de la actora, y un 70% a cargo de la demandada; condena a esta última a abonar a aquélla la suma de $2.065.000, con más el interés puro del 6% anual desde la fecha del ilícito y hasta la fecha de tal decisorio, y posteriormente la denominada "tasa pasiva-plazo fijo digital" a treinta días que establece el Banco de la Provincia de Buenos Aires; impone las costas a la vencida; difiere la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad; y hace extensiva la condena a la citada en garantía, apela, con fecha 03/11/2020, la parte actora, recurso que le es concedido con fecha 04/11/2020; y con fecha 06/11/2020, lo hace la demandada y citada en garantía, el que se concede con fecha 13/11/2020.
II. En su expresión de agravios, la parte actora, se disconforma con la concurrencia de responsabilidad -30%- adjudicada a Jonatan Maximiliano Morel en la ocurrencia del hecho; por los montos otorgados a Mía Jazmín Morel Gómez y a Yesica Gisela Gómez, en concepto de valor vida; monto otorgado en concepto de resarcimiento moral a Mía Jazmín Morel Gómez; denegación de resarcimiento por daño moral a Yesica Gisela Gómez; monto otorgado en concepto de daño psicológico a Mía Jazmín Morel Gómez; intereses estipulados en el fallo.
Sostiene que de una y otra pericia accidentológica -producidas en ambas causas- los expertos han realizado aproximaciones con respecto a las velocidades que podrían haber llevado ambos rodados y, si bien los dos, según dichos informes se encontrarían sobrepasando los límites de velocidad, no dan certezas absolutas al respecto. De testimoniales de su parte no merituadas por el a quo surge, a su criterio, que la víctima circulaba a velocidad moderada.
De hecho, lo que realmente subyace a la prueba rendida en ambas actuaciones, sostiene, es la conducta imprudente y temeraria por una parte, y diligente y atenta por la otra.
Considera que el demandado Leiva, que circulaba por Vernet, al llegar al cruce con la calle Seguí -o Plumerillo-, no detuvo su marcha como correspondía, en su condición de circular por la izquierda, no acatando entonces de este modo, la norma de respeto a la prioridad de paso.
No hay indicios, considera, que indiquen que el demandado haya tomado el mínimo recaudo de mirar hacia ambos lados de la calle que cruzaba. De haber sido así, la visión de la moto, y la posibilidad de inminente colisión, habrían generado una inmediata y aguda maniobra de frenado. Pues bien, agrega, ninguna marca de frenado quedó en el asfalto con respecto al camión, quien recién detuvo su marcha entre los 10 y 15 minutos posteriores a la colisión. He aquí la segunda norma no acatada por el demandado, continúa: conducir con la debida atención.
El haber, mínimamente, conducido de tal modo, accionando con mayor antelación el freno, podría haberse evitado, sino la colisión en sí, por lo menos, el paso de la rueda trasera por sobre el cuerpo de Morel, causa directa de su aplastamiento y deceso.
Con respecto a la conducta de la víctima, considera no suficientemente valorada por el a quo. Morel venía por Seguí -o Plumerillo-, acercándose a la bocacalle respecto de la cual tenía prioridad de paso, y atento a las circunstancias de manejo. Al percibir la inconducta de Leiva, que se lanzó a cruzar sin miramientos, activó enérgicamente los frenos -huellas de frenado constatadas a lo largo de 3 minutos, en un intento de evitar la colisión, lo que en consecuencia generó su caída sobre el asfalto. Entiende ello sobrada muestra, de la debida y diligente atención con la que conducía Morel.
Surgen también sobradas constancias, prosigue, de que Morel iba con su casco reglamentario colocado, el cual, aún al caer sobre el asfalto, se encontraba puesto. Decididamente, colige, la razón de la muerte instantánea de Morel, no fue el derrape o caída, sino la no detención inmediata del camión que, literalmente, lo pisó con su rueda trasera, permaneciendo por 10/15 minutos más, fuera de todo control por parte de su conductor.
Por todo lo expuesto, por no haber sido suficientemente valoradas, a su criterio, la totalidad de las circunstancias de manejo; por no existir en autos certezas sobre las velocidades de los rodados, sino sólo estimaciones, pero sí las hay respecto de las normativas infringidas por una parte, y las normas perfectamente acatadas por la otra, solicita se haga lugar al presente agravio, modificándose la sentencia dictada en este punto, y se adjudique el 100% de responsabilidad en el hecho de autos a los demandados.
Su segundo agravio se refiere al monto otorgado en concepto de valor vida.
No es irrazonable suponer, manifiesta, que Yesica Gisela Gómez, la compañera supérstite y madre de Mía, de sólo 3 años a la fecha del accidente, debió, debe y deberá afrontar una serie de gastos para sobrellevar -sin la colaboración del padre-, la crianza y educación de la niña y la atención de las necesidades del hogar.
Entendiendo su parte que los montos otorgados por el a quo por este rubro resultan ser extremadamente escasos, en razón de las particularidades del caso, solicita su elevación, tanto respecto al otorgado a la pequeña Mía Jazmín Morel Gómez, como a su madre, Yesica Gisela Gómez.
Su tercer agravio remite al monto otorgado en concepto de daño moral, para la niña Mía Jazmín Morel.
En el presente caso, sostiene, la muerte del padre representa, para la hija de tres años, un gran dolor al sentirse desprotegida o desamparada. La pequeña crecerá con una familia desmembrada y con una frustrante ausencia de la figura paterna. Se trata aquí de pérdidas irreparables, de vacíos afectivos, de dolores con los que se deberá aprender a convivir, pero sin expectativas de que sanen. También lo significa para su compañera, pues se trataba de una pareja joven, con todo un futuro personal y familiar por delante. Las desgraciadas circunstancias del accidente que costó la vida de Jonatan Maximiliano Morel, ameritan, entiende, incrementar sustancialmente la indemnización otorgada a la pequeña niña de 3 años por el a quo, por este concepto, lo que solicita.
Su cuarto agravio remite al rechazo del daño moral respecto a Yesica Gisela Gómez.
Cita jurisprudencia en abono de su postura. No se puede negar, sostiene, que muchas personas sufren un menoscabo moral por el fallecimiento de su pareja. Más aún cuando han convivido durante años y llevado a cabo una vida en conjunto. El art. 1078 CC, considera, se contrapone con derechos reconocidos por nuestra Constitución Nacional.
Por todo lo expuesto, solicita se revoque lo dispuesto por el a quo en lo que hace al presente rubro, haciéndose lugar a este y fijando el monto de resarcimiento por daño moral, a la actora Yesica Gisela Gómez.
Su quinto agravio remite al monto otorgado en carácter de daño psicológico, que estima exiguo, en tanto y en cuanto el profesional interviniente, establece la conveniencia de un tratamiento de uno a dos años "en principio", es decir, se entiende como tiempo mínimo, de no surgir mayores complicaciones en la salud psíquica de la menor.
En virtud de lo expuesto, solicita se modifique la sentencia apelada, y se eleve el monto otorgado por el presente.
Su sexto agravio se dirige a los intereses.
Solicita, a raíz del especial proceso inflacionario de público conocimiento que atraviesa nuestro país en los últimos años, se aplique desde la misma fecha del hecho -24/10/14-, hasta el dictado de sentencia, la tasa pasiva-plazo fijo digital, que establece el Banco Provincia de Buenos Aires, y a partir de la fecha de sentencia y hasta el efectivo pago, la tasa activa.
III. A su turno, la demandada y citada en garantía, se agravian en primer lugar por la determinación de la responsabilidad.
Sostiene que el carácter de embistente de un rodado, no trae aparejado, al menos en este caso, su necesaria responsabilidad en el hecho, el que debe resolverse a través de las prioridades de paso.
Considera que la prioridad de paso de quien circula por la derecha, por tratarse de una presunción iuris tantum de culpabilidad, cede, aunque parcialmente, ante la conducta infractora de quien accede por la derecha.
La regla de la prioridad de paso, debe ser apreciada en conjunto, con el resto de las pruebas y normas de tránsito, admitiendo restricciones frente a las circunstancias del caso en particular, que van más allá de quién llega antes a la esquina. Su aplicación no es abstracta.
Señala que la velocidad de la moto al momento de efectuar la acción frenante, no debió ser inferior a los 40 km/h aproximadamente y para el caso del camión, considerando que fue detenido por su conductor tras recorrer una distancia de 10 a 15 metros sin dejar huellas de bloqueo, el valor de su velocidad debió ser entre los 35 km/h aproximadamente.
Entiende que el señor juez de primera instancia, incurrió en conclusiones erróneas al dictaminar que ambas partes hayan contribuido en la atribución de responsabilidad, en la proporción de tan solo el 30% en cabeza del motociclista fallecido.
Advierte que las diversas constancias obrantes en la causa penal, guardan relación con los términos vertidos en la contestación de la demanda y citación en garantía.
Sostiene que cuando la causa penal fue ofrecida como prueba, su valor probatorio resulta indiscutible si no existen en el fuero civil otras constancias que desvirtúen la plena fe que a aquélla corresponde otorgarle.
Menciona la declaración testimonial de José Luis Luna, que refiere un exceso de velocidad del motociclista y no así del camión; destacando que el hecho de el accidente ocurrió en una encrucijada, y que uno de los protagonistas provino desde la derecha, no releva del análisis de todas las circunstancias que rodearon al caso, ni exime de verificar la influencia de otras reglas de tránsito o de los preceptos específicos del Código Civil que regulan la materia de la responsabilidad por daños.
Así las cosas, corresponde verificar la velocidad en que circulaba el motociclista que es la conducta que le asigna su parte como factor desencadenante del hecho. De la pericia del ingeniero mecánico que obra en la causa penal, referida ut supra, surge que la motocicleta conducida por el Sr. Morel circulaba a una velocidad mayor a la que fue determinada, al considerar que los 40 km/h es la menor que se puede establecer y que el motociclista posee carácter de embistente y el primero que ingresa es el camión de los accionados. Surge también que el motociclista impacta en la rueda trasera derecha del camión.
Ahora bien, en concreta relación a la valoración del testimonio del Sr. Luna, quien se domicilia en la encrucijada donde sucedieron los hechos, destaca que coincide con las pericias e informes técnicos de la causa penal, y advierte que sus afirmaciones son absolutamente verosímiles, al coincidir con la mecánica del hecho descripto en la contestación de demanda y citada en garantía.
Esta probado con sus dichos que el motociclista circulaba a elevada velocidad, producto de ello y ante la presencia del camión, el cuál arribó a la intersección con suficiente antelación, el Sr. Morel, producto de la velocidad -también lo dice el perito mecánico-, al accionar el freno pierde el control de su motocicleta, derrapa y en tal situación de arrastre, termina debajo del camión.
Considera que, si bien el motociclista poseía prioridad de paso, circulaba a gran velocidad, fue el vehículo embistente y de acuerdo a lo que surge de la pericia del ingeniero mecánico, el camión del demandado fue quién llegó primero a la encrucijada y fue embestido en su parte lateral. Todas esas circunstancias determinan a su criterio, una evidente falta de cuidado y previsión, así como la imposibilidad de mantener el dominio de su rodado y detener su marcha frente al camión que se le anticipaba en el cruce de la bocacalle.
Concluye entonces que al conductor de la moto le correspondía, puesto que accedía a un cruce, disminuir sensiblemente la velocidad de su vehículo y, aunque en su caso tuviera prioridad de paso, actuar con cuidado y previsión, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación -potenciados por el tipo de automotor que tenía a su cargo-, y con total dominio de su vehículo. Cree que incumplió con tales deberes, y que no estaba lo suficientemente alerta como para sortear las comunes circunstancias del tránsito.
Concluye que el motociclista ha contribuido en el hecho en una proporción muy superior a la atribuida por el a quo, solicitando se revea dicha situación, y se otorgue una responsabilidad exclusiva de la víctima en la producción del evento dañoso, o en su defecto, un porcentaje mayor de responsabilidad.
Su segundo agravio es con respecto a la cuantificación y determinación del rubro Valor Vida, que el Magistrado de la anterior instancia fijó para las coactoras, la cual a su criterio resulta elevada, porque no se encuentran debidamente acreditados los ingresos que generaba en vida el Sr. Morel.
Entiende se desprende de la prueba colectada a través de los testigos de concepto en el beneficio de litigar sin gastos, que el ingreso familiar era aportado por la Sra. Gómez, quién se desempeña como personal policial, no aportándose prueba que demostrase que dependieran ella y su hija económicamente del Sr. Morel.
El juez debió merituar las distintas circunstancias atinentes al núcleo familiar, entre ellas, la edad de Mía Jazmín Morel Gómez, de tan solo tres años al momento del fallecimiento de su progenitor; la presencia y convivencia, no sólo con su progenitora, sino también con su abuela materna; asistencia a un colegio privado -ver declaraciones juradas de los testigos en el BLSG-, permitiendo ello a su criterio, un gran sostén afectivo y de contención entre sí, y que ello contribuye a poder llevar de mejor manera el lamentable deceso de su progenitor.
Requiere se haga lugar a este agravio, y se revoque el decisorio atacado, reduciendo la suma otorgada por el a quo en concepto de daño moral.
IV. El traslado de la expresión de agravios ha sido contestado sólo por la actora, solicitando se tengan por reproducidas las consideraciones vertidas en su propia expresión.
v. Entrando al análisis de los distintos agravios expuestos y dada su entidad, entiendo corresponde pronunciarse en primer término en relación a la atribución de responsabilidad determinada en la sentencia de grado, que cada una de las partes considera debería determinarse en su totalidad, en cabeza de su contraria.
Principio por ello destacando que, conforme nuestra jurisprudencia provincial: “…Se hace necesario determinar el protagonismo que cupo a cada uno de los partícipes, ya que sólo mediante un análisis global de lo ocurrido se posibilitará comprobar si ha acontecido, en esta hipótesis, la eximente invocada por el demandado y, en su caso, en qué medida o por el contrario si resulta probada la responsabilidad objetiva del demandado. Para ello, se impone ponderar cuál era el comportamiento exigible por cada parte, de conformidad con las particularidades del hecho y en mérito de la normativa ordenatoria del tránsito vehicular…”. (CC0202 LP 130247 RE SD 20/2022 S 28/10/2021 Juez BANEGAS (SD), Carátula: FERNANDEZ EMILIANO ANGELC/ SAVOIA ALBERTO ANTONIO Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO); Magistrados Votantes: Banegas-Hankovits).
Y para el logro de este objetivo, resulta esencial una valoración de todo el constructo probatorio en su conjunto.
En este sentido, corresponde analizar, dada su inmediatez a la ocurrencia del hecho, las constancias emergentes de la causa penal acollarada (IPP N° 15-00-046858-14, instruida por ante la UFI N°04, con la intervención del Juzgado de Garantías N° 2 Dptales.), que no mereciera objeción a las partes al momento de su agregación (Art. 993 CC, vigente al tiempo del hecho -24/10/2014- por imperio de lo dispuesto por el Art. 7° CCC; art. 401 CPCC).
En este sentido, se ha sostenido: “…estas constancias revisten importancia para elucidar la litis, máxime que ha recogido los datos que temporalmente estaban próximos a la producción de los hechos que motivan esta litis, y que los testigos se hallaban en mejores condiciones de recordar, libres de las influencias que suelen alterar la objetividad del testimonio, cuando con ulterioridad se plantea un litigio sobre los hechos que deponen (CC0201 LP, B 82372 RSD-66-96 S 18-4-1996) …” (esta Cámara por su Sala III, Causas 74066 y 74066/1, “HERNÁNDEZ, Hilda Norma c/STECA, Cristian Armando y Otro/a s/DAÑOS Y PERJUICIOS” (Causa N° 74066, acumulante) y “MENDIZÁBAL, Marcela Florencia c/STECA, Cristian Armando y Otros s/DAÑOS Y PERJUICIOS” (Causa N° 74066/1, acumulada).
Asimismo: “…La causa en sede represiva posee la indiscutible preeminencia de la cercanía temporal de lo sucedido en el siniestro, lo que encierra para los testigos una más fidedigna rememoración y por consiguiente una versión de lo acontecido más exacta de lo sucedido, por lo que corresponde otorgarle mayor poder convictivo a lo narrado en la mencionada causa ofrecida como prueba que a lo dicho en sede civil… (CC0001 QL 3315 RSD-50-00 S 8-6-2000; esta Sala Tercera, causa N° 68156)…” (Causa N° 70522, TUCURMAN, PEDRO PABLO Y OTRA C/ MACARINI, VICENTE S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, SALA III CCSM 30/08°/2016.
Del croquis ilustrativo obrante a fs. 6, se desprende con toda claridad que, quien tenía la prioridad de paso en su circulación, era la actora. No obstante, puede también colegirse de allí, que, al momento de contactarse su motociclo con el camión conducido por el demandado, este último había trascendido gran parte de la encrucijada, lo que se aprecia de la simple observación del lugar del impacto.
Otro elemento que se desprende fácilmente en relación al punto de colisión, es que ha sido tan cercano a las ruedas traseras del camión conducido por el codemandado, que cualquier maniobra de frenado, o evitación del que resultara ser el trágico final, se tornaba realmente dificultosa.
A fs. 172 vta., el mismo día de ocurrencia del siniestro, declara como testigo el Sr. José Luis Antonio Luna, quien de manera espontánea refiere que se hallaba en la puerta de su domicilio donde observa que un masculino circulaba a alta velocidad por la calle Plumerillo hacia la arteria Francisco Beiró. Al llegar a la arteria Luis Vernet, intentó el conductor de su vehículo detener su marcha dado a que se encontraba pasando un camión de materiales el cual se hallaba cruzando la arteria Plumerillo. El conductor del motovehículo perdió el control, y cayó al asfalto, y se deslizó por debajo del camión, que lo arrolló con sus ruedas traseras.
El camión fue observado por la prevención, estacionado sobre la arteria Luis Vernet, a unos cinco metros de la calle Plumerillo, y debajo de sus ejes traseros, al motovehículo, como asimismo el cuerpo del Sr. Mo
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