Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala II · Causa 79996
Causa N° 79.996/9 Reg. Elec. RS N° /23.
Expte. N° SM 20341/2020 Sala Segunda.
En General San Martín, a los días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín, integrada con los Dres. Verónica Paula Valdi y Carlos Ramón Lami (Ac. Ext. N° 873 del Tribunal), con la presencia del señor Secretario actuante, se trajo al Acuerdo para dictar sentencia la causa N° 79.996, caratulada “RUBIO FRIDRICH AGUSTIN IGNACIO Y OTRO/A C/ CALDERON ALEJANDRA RAMONA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.”, habiéndose establecido el siguiente orden de votación: jueces Valdi, Lami.
Conforme lo establecido por los Arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código Procesal, se resolvió plantear y votar las siguientes
1. ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión propuesta, la señora juez Dra. Valdi, dijo:
I. La sentencia de Primera Instancia hace lugar a la demanda entablada por los Sres. AGUSTÍN IGNACIO RUBIO FRIDRICH y ALAN JOAQUÍN DI LORENZO, contra la Sra. ALEJANDRA RAMONA CALDERON, y en consecuencia, condena a la accionada a abonar al actor, la suma de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA ($ 4.551.230), correspondiendo la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL ($ 250.4000), al coactor Sr. Agustín Ignacio Rubio Fridrich, y la suma de PESOS DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA ($ 2.047.230) a favor del coactor Sr. Alan Joaquín Di Lorenzo, con más intereses, dentro de los diez días de quedar firme la presente, bajo apercibimiento de ejecución; hace extensiva la condena impuesta, a la citada en garantía COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SOCIEDAD ANÓNIMA dentro de los límites de la cobertura, en los términos de su contrato y de acuerdo a las previsiones del art. 118 de la ley 17.418; impone las costas a la demandada vencida, y difiere la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para la oportunidad prevista por el art. 51 de la ley 14.967.
II. Esta es apelada, el 22/03°, por la actora, recurso que le fuera concedido con fecha 25/03°; y en esta última fecha, lo hacen la demandada y citada en garantía, concediéndoseles el 30/03°.
III. Radicados los autos por ante esta Sala con fecha 02/06°, el 07°/06° se llama a expresar agravios, lo que la parte actora cumple el 14/06°, y su contraria, el 21/06°. De ello, se corrió traslado con fecha 28/06°, que fuera contestado el 05°/07° por la parte actora, y con fecha 07°/07°, por su contraria.
El 04°/08°, se llamó autos para sentencia. No obstante, este llamado fue suspendido a los fines del cumplimiento de una serie de medidas, entre ellas, la celebración de una audiencia en los términos del art. 413 C.P.C.C., que ha tenido lugar el 01°/08° Pxmo. Ppdo. En el transcurso de esta audiencia -que fuera videograbada y así se encuentra reflejado en el sistema-, se peticionó la reanudación del término para dictar sentencia, lo que fue proveído en el mismo acto, regresando estos autos entonces a esta vocalía.
IV. La actora se agravia, básicamente, por la escasez de los montos indemnizatorios otorgados en la sentencia recurrida. Puntualmente, DAÑO FÍSICO y MORAL.
V. La demandada y citada en garantía a su turno, sostienen que el Juez de grado, ha obviado los reconocimientos vertidos en la audiencia de vista de causa por los propios actores al momento de absolver posiciones. Ni siquiera los consideró al determinar los montos de condena.
El primer agravio, está referido al quantum por el cual prospera el rubro DAÑO EMERGENTE-GASTOS DE FARMACIA-TRASLADOS-DAÑOS FUTUROS, ETC..
Sostiene que fueron los propios actores quienes, en la audiencia de vista de causa, reconocieron que por el accidente de marras, fueron atendidos en centros asistenciales públicos, que no estuvieron internados, que no soportaron yeso, Etc.. Extremos a los cuales corresponde agregar que no existen incorporados a este expediente, comprobantes, tickets, facturas, recibos, Etc. y/o cualquier otro tipo de documentación que acredite erogaciones por los conceptos indicados.
Solicita su reducción.
Su segundo agravio se refiere a los excesivos montos de condena fijados por el A-Quo para resarcir el rubro INCAPACIDAD SOBREVINIENTE.
Destaca que el dictamen pericial médico fue impugnado por su parte, requiriendo en su oportunidad explicaciones al experto, las cuales fueron respondidas en forma parcial y elíptica -según sus términos-.
Las críticas que su parte efectuó a tal dictamen, sostiene, fueron más que contundentes, pues en modo alguno se había demostrado que las dolencias de los reclamantes, tuvieran vinculación causal o concausal con el accidente de marras, en especial por la ausencia de estudios médicos que las avalaran, coetáneas con la fecha de ocurrencia del accidente; por la existencia de una historia clínica prolongada en el tiempo; por haber omitido utilizar el método de la capacidad restante, y por falta de determinación precisa de las secuelas.
Valora que el accidente objeto de este juicio, no fue más que una simple colisión callejera entre dos vehículos, que nunca pudo afectar el cuerpo de los actores en la magnitud que señala el Perito Médico, conclusión a la que se arriba comparando los daños entre ambos rodados, y la diferencia de porte, altura, Etc..
Tampoco ponderó el A-quo, prosigue, con relación al coactor DI LORENZO, que este, tal como reconoció en la audiencia de vista de causa, fue indemnizado por idénticas lesiones en otro accidente, conforme surge de un expediente que tramitara por ante el Dpto. Judicial de Morón.
Solicita su reducción.
Como tercer agravio, solicita se adecuen los montos de condena fijados para resarcir el rubro DAÑO MORAL.
Considera que ninguna prueba aportó la parte actora, acerca de la forma, y/ o de la manera en que el accidente repercutió en la vida personal de los reclamantes, en sus comportamientos sociales, en sus maneras de actuar dentro de su núcleo familiar, social, Etc. Más aún, las contundentes conclusiones de la evaluación psíquica de los actores, en cuanto a la inexistencia de daño psíquico producto del accidente, permiten concluir que tal afectación fue inexistente y/o en caso de haber existido, fue mínima.
Por otra parte, la orfandad probatoria en la que incurrió la parte actora en modo alguno puede interpretarse en favor de los accionantes.
Solicita se reduzca el monto otorgado a sus justos términos.
Finalmente, cuestiona la tasa de interés fijada en la sentencia recurrida.
Solicita que, desde la fecha del hecho, hasta la fecha de la sentencia de Primera Instancia, los intereses se establezcan a la tasa del 6% anual, y desde la fecha de tal pronunciamiento hasta el momento del efectivo pago, la tasa pasiva digital que fija el Banco de la Pcia. de Buenos Aires.
Sostiene que la tasa de interés que se fija en la sentencia recurrida, conlleva a una actualización encubierta, practicada sobre valores de sentencia estimados a la fecha del pronunciamiento.
VI. Al contestar el traslado de esta expresión, la actora principia solicitando la deserción del recurso de su contraria, entendiendo que la pieza en traslado no reúne los requisitos mínimos exigidos por el art. 260 del CPCC.
A continuación contesta el agravio dirigido a cuestionar los diversos montos, al hacer lo cual básicamente reproduce los motivos expuestos al pedir la deserción.
En punto a la tasa de interés, sostiene que la fijada por el A-Quo es correcta, toda vez que las sumas otorgadas como indemnización se han visto depreciadas, afectadas por el fenómeno inflacionario.
VII. La demandada y citada en garantía, en primer término y como consideración general referente a los agravios vertidos por la contraria, previa al responde pormenorizado, afirma que surge en forma más que evidente, y palmaria, que tales manifestaciones no constituyen en modo alguno una crítica concreta y razonada, en los términos del art. 260 del C.P.C.C..
En efecto, la parte actora sólo afirma, que discrepa con la valoración que realiza el sentenciante respecto de los montos y rubros que admite la condena fijada en la sentencia, peticionando su elevación, mas en modo alguno demuestra en el escrito en responde, cuál sería el argumento base de la modificación de la sentencia que pretende, y/o cuál es el error de apreciación, y/o de criterio en el que incurridera por el sentenciante.
En lo relativo al cuestionamiento de los montos indemnizatorios, reitera mayormente los argumentos vertidos en oportunidad de expresar agravios.
VIII. Entrando al análisis de los agravios, y frente a la recíproca manifestación de las partes en cuanto a que la expresión de agravios no reuniría los requisitos previstos por el art. 260 C.P.C.C., y solicitando por ende su deserción, entiendo no corresponde hacer lugar al planteo, pues en ambos casos, los memoriales se presentan como críticas concretas y razonadas hacia el fallo que cuestionan.
Con lo cual, corresponde adentrarse en su tratamiento.
IX. Siguiendo el orden propuesto, comenzaré por el agravio relativo a la INCAPACIDAD SOBREVINIENTE-DAÑO FÍSICO, debiendo diferenciarse, así en este como en los restantes rubros a tratarse, la situación de los Sres. RUBIO por un lado y DI LORENZO por otro.
Entiendo que, teniendo en cuenta la dilación temporal existente entre la fecha de ocurrencia del hecho, 04°/11/20-, la realización de los estudios previos requeridos por el perito a fin de elaborar su dictamen, así como la confección de este último, cobra especial énfasis el análisis de la documentación que acredita la atención primaria, dada su inmediatez con el acaecimiento del siniestro.
En este sentido, y más allá del tratamiento diferenciado de este rubro en relación a cada uno de ambos accionantes, existen cuestiones comunes que se plantearán de modo introductorio.
Uno elemento que incide en detrimento de la gravedad atribuida a las lesiones, es la ausencia de IPP instruida en relación al hecho, o al menos, de alguna intervención prevencional.
Claramente, de haber revestido el accidente características incidentes en lesiones graves, la intervención de las fuerzas de seguridad y posterior de la UFI de turno, resultan estadísticamente inevitables. Tal como prevé el art. 59 Inc. 1° del CPP, de acuerdo a la modificación inserta por la Ley 13.078.
Ambos coautores se expresaron en la oportunidad del art. 413 C.P.C.C. -cuya videograbación obra adjunta a la presente- de modo conteste, en cuanto a que no se produjo tal intervención, como también en que ninguno de ellos se acercó con posterioridad al accidente a la sede penal como denunciantes del hecho que nos ocupa.
Otro indicio que indica que las lesiones no han sido particularmente graves, es que no hubo intervención médica en el lugar de ocurrencia del siniestro, ni fueron trasladados los coaccionantes a ninguna institución de salud, porque hubiese sido necesario atenderlos de urgencia.
Por el contrario, ambos sostienen en la audiencia mencionada con anterioridad, que recién acudió. el Sr. Di Lorenzo, al día siguiente, al Sanatorio San Lucas, pues, como ambos también sostuvieron, prodigan una atención rápida, ya que fue en tal oportunidad que sintieron molestias que así se lo indicaron, que no se habían presentado antes.
Luego, lo hicieron al Instituto Jonas SALK.
Allí recibieron las indicaciones y diagnósticos a los que me referiré infra, distinguiendo en cada uno de ambos casos, mas lo concreto es que no acreditan ninguna atención médica recibida a posteriori, en el ínterin de tiempo transcurrido entre entonces y la realización de los estudios médicos requeridos por el perito de autos.
Seguidamente entonces, me referiré a cada una de las situaciones de autos.
AGUSTÍN IGNACIO RUBIO FRIDRICH:
Como adelantáramos, la actora cuestiona el monto otorgado por este concepto, por considerarlo exiguo, y su contraria, excesivo.
A su respecto, la pericia en la materia informa las siguientes lesiones: rectificación de la lordosis fisiológica; dolor a nivel apófisis espinosas y musculatura paravertebral, que también presenta contractura, a nivel de C5-C6; en cuanto a sus reflejos: hiporeflexia bicipital y/o braquioradial; parestesias en hombro y/o cara lateral de brazo; Movilidad activa: Flexión activa disminuida en 40° y la pasiva 15° más. Extensión activa y pasiva disminuida en 10°. Rotación activa a izquierda disminuida en 30° y pasiva 10° más. Inclinación activa hacia izquierda disminuida en 20°, pasivamente llega a 10° más, pero doloroso. En cuanto a la rodilla derecha (comparada con la contralateral), refiere episodios de inestabilidad.
A la inspección revela: Parado sin ropas, peso recargado sobre miembro inferior contralateral, edema, se constata disminución del diámetro de muslo de 5 centímetros en detrimento (tomado a 7 cm de la rótula), edema (choque rotuliano). Maniobras de Lachman y bostezo anterior positivos grado I. Maniobras de Apley y a la flexión y extensión forzada positivos, para distensión ligamentaria. A la palpación: dolor a nivel de la interlínea articular en la extensión y flexión forzadas. Movilidad: disminuida la flexión pasiva en 40° y extensión pasiva disminuida en 10°. Imposibilidad de ponerse en cuclillas.
A ello atribuye: a nivel cervical, un 12% y a nivel de rodilla, un 19%, dando un total del 31% (treinta y uno por ciento) de incapacidad parcial y permanente.
El 30/12/21, la parte demandada y citada en garantía solicitaron explicaciones respecto de esta pericia.
Comienza de modo global, sin distinción entre ambas situaciones, sosteniendo que el mecanismo lesional invocado, un accidente de tránsito producto de colisión trasera, no resulta idóneo para producir las secuelas que se reclaman en la actualidad, años después de ocurrido.
No informa la Perito haber tenido a la vista documental médica que acredite los dichos de la parte actora en cuanto a lesiones, ni tratamientos. Tampoco se consigna que se le hayan efectuado estudios complementarios en el momento, ni sus resultados, ni que se hayan detectado lesiones capaces de generar secuelas permanentes. Se relata una única atención médica, sin constancias.
La relación causal no se demuestra en la pericia, prosigue, ya que los dichos del actor no son acompañados de constancias, estudios, ni tratamientos médicos acordes a las lesiones, cuyas presuntas secuelas reclama.
Destaca que la actora no aporta ninguna documental que demuestre la fecha en la que comenzó con sus dolencias.
Entiende que las secuelas valoradas no se relacionan con el siniestro.
En el período agudo del accidente, se motivó una única atención médica. La evolución fue lógicamente favorable, ya que no consta necesidad de nuevas atenciones, ni tratamientos por las lesiones por las que ahora supuestamente reclama.
Señala también que las lesiones agudas (es decir cuando recién se producen), resultan ser mucho más incapacitantes que las secuelas. El Perito informa un porcentaje de incapacidad, que no guarda relación con el accidente, ya que no se comprueba a través de la documental médica, una incapacidad similar o incluso superior (como debió ser en el período agudo).
Como es común en este tipo de pericias, continúa, resulta imprescindible la evaluación del actor y los resultados de la documentación generada durante la fase aguda del siniestro (proximidad temporal con el accidente en cuestión): una constancia de atención en un Servicio de Guardia instantes después o a las pocas horas de transcurrido el siniestro, los hallazgos del examen físico inicial, los estudios complementarios de diagnóstico practicados durante la urgencia (por imágenes u otros), con el objeto de lograr una adecuada correlación con el resultado del examen semiológico actual y los estudios solicitados al momento de la presente evaluación pericial.
Lo único documentado, continúa, son simples contusiones, las que no tienen entidad para generar secuelas. Si se hubiera tratado de algo más que contusiones hubiera ameritado tratamientos y estudios, sin embargo no fue así.
El estudio de rodilla derecha del Sr. RUBIO, muestra lesiones recientes, que no se condicen con el tiempo de evolución desde el accidente. Agrega que las alteraciones que se informan en el EMG, no se condicen con el examen físico, en el cual no se detectaron signos de braquialgia, esto en cuanto a Rubio.
Adjunta a esta presentación el informe médico obrante en la sede de su conferente.
Precisamente por la gran disparidad que este presenta con el agregado a estos actuados, solicita pasen a la Oficina Pericial Departamental y/o designe un nuevo Perito Médico como medida de mejor proveer a fin de que se pronuncie sobre la cuestión.
Por todo lo expuesto, concluye, no corresponde considerar, ni los dichos ni la conclusión del peritaje en traslado.
El traslado de estas objeciones fue contestado por el experto conforme presentación efectuada el 12/02°/22.
Sostiene que existe correlación entre las lesiones enunciadas por los médicos tratantes y las secuelas encontradas en la experticia, que está dada por la documental médica donde se refieren las zonas lesionadas dentro de las primeras 48 hs del hecho de autos, y es elemento médico-legal por excelencia.
Expresa que la documental que demuestra cuándo comenzó su dolencia, remite a la contestación de Oficio de Sanatorio San Lucas, que adjunta atención por guardia de traumatología, de fecha 4/11/20, según la cual, el motivo de consulta fuera cervicalgia; en cuanto a los estudios, menciona la Rx SLOA.; historia clínica de fecha 05°/11/20 firmada por Dr. Osvaldo Rodríguez que dice que en el día anterior, el actor había sufrido politraumatismos en vía pública con esguince cervical (rectificación rx), tx lumbar, de hombro izquierdo y rodilla izquierda. Solicitó RMN de columna cervical y rodilla, indicó reposo, aine, collar ortopédico, 1 sem, y férula de rodilla durante 3 semanas.
Manifiesta que no constan en autos atenciones posteriores, no quiere decir que no las haya realizado, y que no las haya realizado no invalida las secuelas e incapacidad ponderada.
Está de acuerdo con la abogada, prosigue, en cuanto la necesidad y la importancia de la documental inmediatamente posterior al hecho, pero cabe aclarar que las atenciones de guardia son para las urgencias y si el individuo no está sangrando o con una fractura expuesta, el examen y los estudios que se realizan son precarios y por eso luego se debe como en este caso concurrir al médico de la obra social y/o particular, donde el examen es más profundo y se colocan todas las lesiones existentes.
La afirmación de simples contusiones, corren por cuenta de la letrada, y para decir que no fueron ocasionadas en el incidente de autos, debió presentar prueba de ello como historia clínica de la actora, que lo demuestre; si no, son meras especulaciones.
Entiende que la aplicación de capacidad restante no corresponde pues estamos en el fuero civil y aparte la lesión es en columna cervical, y en este expediente es en columna lumbar.
En cuanto al examen físico: sobre la movilidad activa y pasiva es otro ítem en la que la letrada sigue errando, solo colocó el experto, a
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.