Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Trenque Lauquen · Causa 93875
Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°2
Autos: "GARCIA ZULMA HAYDEE C/ RADICCHI GUILLERMO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)"
Expte.: -93875-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Carlos A. Lettieri y Rafael H. Paita, para dictar sentencia en los autos "GARCIA ZULMA HAYDEE C/ RADICCHI GUILLERMO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" (expte. nro. -93875-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 11/9/2023, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿son fundados los recursos de apelación del 3/4/2023 y del 4/4/2023, contra la sentencia del 31/3/2023?
SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
1. La responsabilidad. Con arreglo a la versión de Radicchi, fue cuando estaba a punto de terminar la maniobra y posicionarse en la arteria Santa Rosa para continuar por allí su marcha, que la actora (sorpresivamente) se lanza a cruzar la referida intersección para seguir caminando por la vereda de la mano izquierda de la Av. San Martín, con dirección a calle Paunero. Agregando que lo hizo sin mirar y asegurarse que no viniera ningún automóvil por ninguna de estas dos arterias. Lo hizo así, sin más, iniciando su marcha cuando ya la camioneta estaba doblando y a punto de terminar su maniobra de giro. Como consecuencia del obrar imprudente de la accionante es que el aquí demandado impacta levemente sobre el cuerpo de ella (v. escrito del 15/4/2021).
La aseguradora, sigue el mismo relato (v. escrito del 15/4/2021).
En los agravios, cambian el final, y dice que Zulma Haydeé García no fue embestida por el vehículo, más bien se ‘arrojó’ (tal vez producto de una distracción) al paso del mismo (v. escrito del 30/5/2023).
Esta adaptación postrera del relato parece relacionarse con la información brindada por el perito mecánico en la I.P.P., que señala la existencia en la pick-up de un golpe ‘en bajo parte izquierda’ (es lo que se lee: fs. 21 de la I.P.P.).
Sin embargo, si la camioneta que circulaba por San Martín estaba doblando hacia su izquierda para tomar Santa Rosa y García caminando por la vereda izquierda de San Martín, cruzaba Santa Rosa, la existencia de ese golpe, cuando las lesiones en la víctima se ubican en la rodilla izquierda, fundamentalmente, no es incompatible con un embestimiento por parte del demandado, observando el porte y altura de la camioneta.
En cambio, las lesiones seguramente hubieran sido otras y más graves, si García se hubiera ‘arrojado’ al paso de la pick-up, como se animaron a postular Radicchi y ‘El Progreso Seguros S.A.’ ya al fundar la apelación.
No es un dato menor, en función de apreciar el desempeño de ambos en el proceso que, al contestar la demanda, denotando conocimiento de lo aportado por el perito, ninguno de ellos presentó dudas al admitir haber embestido a García. Hasta que decidieron negarlo al emitir la nueva formulación del episodio, para los agravios (v. escritos del 15/4/2021, negativa número 12, donde se hace expresa referencia a las fotos adjuntas en la IPP 17-00-008292-2019 y al informe del perito mecánico Jorge Valle, fs. 20/21, donde observara que hubiera un golpe en la parte izquierda del dominio AA258OO, por otra parte, mencionado ya en la demanda, luego citado en la expresión de agravios del 30/5/2023, II.1.A, cuarto párrafo; arg. art. 272 del cód. proc.). Variación que, sin otra justificación, deja notar un tardío designio de colocarse en una aparente mejor situación, constituyendo así un indicio en su contra, en tanto la conducta procesal de las partes puede resultar una fuente de presunciones (v. art. 2 del CCyC; 34.5 ap. d, 163.5 párr.2, 375 y concs., cód. proc.; SCBA LP C 117312 S 19/10/2016, ‘Camuyrano, Mario y otra contra Camuyrano, Patricia y otros. Acción de colación’, su doctrina, en Juba sumario B4202580’).
En fin, descartado ese novedoso acomodamiento, lo demás que tanto el demandado como la compañía consideran ‘probado’ por añadidura, puntualmente que la actora no miró antes de cruzar, queda desplazado. Pues no hay un hecho indicador, real y probado, que conduzca razonable e inequívocamente, a tal conclusión (art. 166.5, segundo párrfo, del cód. proc.).
Además, no habla bien de un conductor para quien el cruce de un peatón por la esquina, en una encrucijada, le haya parecido ‘sorpresivo’, como se calificó el paso de García en la parte originaria de su relato. Porque, sin la acreditación fehaciente que haya cruzado corriendo, o entre dos vehículos estacionados o en un contexto semejante, es justamente por donde deben cruzar los peatones. Y por donde cruzó García, conforme se extrae de las versiones del hecho expuestas por la actora, en su declaración de fojas 38/39 de la I.P.P. y en su demanda civil; por el demandado en su contestación del 15/4/2021 y por la aseguradora en su contestación de la misme fecha, compulsadas sobre el plano de la localidad de Casbas (arg. arts. 330.4, 354.2, 374 y concs. del cód. proc.; v. https://www.google.com/search?q=plano+de+la+localidad+de+casbas&oq=plano+de+la+localidad+de+casbas&aqs=chrome..69i57j33i160l2.6727j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8).
En este sentido, la ley 24.449, a la que adhirió esta provincia, prescribe que, en las encrucijadas, aun teniendo prioridad de paso –y con mayor razón si no la tiene– quien circula con un vehículo debe darle preferencia a los peatones que cruzan lícitamente la calzada por la senda peatonal o en zona peligrosa señalizada como tal, debiendo el conductor detener su marcha si pone en peligro al viandante. Entendiéndose por ‘senda peatonal’ al sector de la calzada destinado al cruce de ella por peatones y demás usuarios de la acera, que si no está delimitada es la prolongación longitudinal de ésta (v. arts. 5.t, 38.2, 41.e y concs. de la norma citada; art. 1 de la ley 13927). Gozando el peatón de una presunción en su favor, en caso de duda (art. 64, segundo párrafo, de la ley 24449; art. 1 de la ley 13.927).
Sumado a lo anterior, tratándose de un supuesto de daños atribuidos a la circulación de un automotor, el factor de atribución de la responsabilidad civil de Radicchi, es objetivo. Por manera que la culpa del agente es irrelevante y sólo se libera probando una causa ajena. En este caso eligió el hecho de la damnificada, Pero como esa eximente no quedó acreditada, a medida de lo ya expresado, estando la prueba a su cargo, la consecuencia es la subsistencia de aquella responsabilidad exclusiva (arg. arts. 1721, 1722, 1729, 1734, 1757, 1758, 1769 y concs. del CCyC; arg. arts. 163.5, segundo parte, 384 y concs. del cód. proc.).
Para revertir este tramo, los agravios expuestos en el escrito del 30/5/23, apartado II.1.A, han sido insuficientes (arg. arts. 260 y 261 del cód. proc.).
2. Reparación de los daños. En esta parcela, se tratarán las críticas dirigidas a los distintos rubros indemnizatorios, abordando en cada tramo, las quejas del demandado y su aseguradora, así como las de la actora (v. escritos del 22/5/2023 y 30/5/2023).
2.1. En lo que atañe al resarcimiento por ‘incapacidad’, Radicchi y ‘El Progreso Seguros S.A.’, se limitan a ‘discrepar’ con la fórmula utilizada por el sentenciante para cuantificar este reclamo. Pero es sabido que la discrepancia no es no es base idónea de agravio (arg. art. 260 del cód. proc.). Y nada de eso mejora porque el asiento de sus disidencias sean que la fórmula aplicada para el cálculo, fue extraída de un precedente donde la víctima tenía 19 años y era esperable que siguiera activo en el futuro o bien porque, con un criterio visiblemente alejado de la perspectiva de género, se diga que por ser la víctima ama de casa no desempeñaba actividad económica alguna.
En primer lugar, porque los términos de la fórmula aplicada fueron cubiertos con la edad de la víctima, 63 años, sobre una esperanza de vida que para las mujeres en la Argentina en 2021 era de 78,65 años (78,81 en 2010), el monto del salario mínimo vital y móvil a la fecha del pronunciamiento y el porcentaje de incapacidad, hallando de tal modo, en una fase inicial, la indemnización que le hubiera correspondido según las leyes laborales (art. 14.2.a de la ley 24557 y artículo 2.2 del decreto 472/2014;https://datosmacro.expansion.com/demografia/esperanzavda/argentina;ehttps://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/indicadores_basicos_2020.pdf).
Reparando en que, al margen de la calidad de sexagenaria de García, goza del derecho a la integridad de su cuerpo con la ‘actualidad’ que presenta. No siendo óbice aquello para indemnizar el daño que se produce. Toda vez que las disminuciones naturales y progresivas que produce inexorablemente el paso de la vida, si no han determinado una incapacidad absoluta y preexistente, no clausuran el resarcimiento de la lesión. Incumbiendo indemnizar toda incapacidad que no existía antes del accidente -y producida por éste- como igualmente, si ya existía, la agravación de ella por la misma causa. Máxime que, a mayor edad, existe mayor necesidad de encontrarse en mejores condiciones para soportar los avatares y achaques propios de los años (CC0201 LP B 81516 RSD-350-95 S 5/12/1995, ‘Recepter, Leopoldo y otro c/Arienta, Daniel y otro s/Daños y perjuicios’, en Juba sumario B251887).
En segundo lugar, porque, aunque no sean las tareas hogareñas remuneradas o productoras de ganancias como las prestadas dentro de una relación laboral, sí reportan utilidades económicas (para quien las despliega y para su grupo familiar). Lo ‘económico’ no se ciñe sólo a lo retribuido dinerariamente o que genere réditos pecuniarios; también los servicios que se prestan en el propio interés y en el del grupo familiar, sin compensación en pesos, tienen clara significación económica (v. Zavala de González, Matilde, ‘Daños a las personas’, Hammurabi, Buenos Aires, 1990, t. 2b pág. 351). Y esto se comprueba al advertir que hay que pagarlos si se pretende que otro u otra las realice. El artículo 660 del CCyC, marca un criterio en tal sentido.
La jurisprudencia ha receptado esta mirada, al sostener que la actividad doméstica entraña un quehacer productivo, un trabajo como cualquier otro, aunque no se remunere ni sea directamente traducible en un específico ingreso dinerario. Por manera que por el solo hecho de ser ama de casa esto no obsta a la reparación por incapacidad sobreviniente dado que la pérdida de utilidades domésticas causa un perjuicio patrimonial susceptible de apreciación pecuniaria. (CC0103 MP 145278 RSD-97-10 S 22/4/2010, ‘Moreno, Ana María c/Municipalidad de General Pueyrredon s/Daños y perjuicios’, en Juba sumario B1408519).
Con similar enfoque, fue señalado que al emplearse la expresión ‘incapacidad sobreviniente’, con ello se alude sintéticamente a la pérdida o disminución que el sujeto experimenta en su potencialidad física o psíquica, para los diversos desempeños de todo orden que exige de una persona la vida diaria. Desde un punto de vista crematístico y simplificador, se alude a la capacidad productiva pero no en un estricto sentido, sino con referencia a que esta actividad produce, se manifiesta en o da lugar a resultados susceptibles de apreciación pecuniaria, aunque de hecho carezcan de la finalidad específica de generar ingresos. Así, cuando una ama de casa atiende a las necesidades de su grupo familiar, aseando el hogar, cocinando o cuidando de los niños, los ancianos o los enfermos, no desempeña una tarea de menor calidad que la de quien ejerce una labor asalariada o una profesión liberal. El más elemental sentido de justicia resultaría violentado si se predicara que en este caso sí debe repararse el daño y no en el otro, pues no son ‘tareas remuneradas’ (CC0002 SM 46182 RSD-343-99 S 23/9/1999, ‘Jaime, Oscar y otros c/Transporte Atlántida S.A.C. s/Daños y perjuicios’, en Juba sumario B2001489).
En este caso, para la valuación de esas tareas, que la víctima llevaba a cabo y se vio impedida de realizar en la proporción de su menoscabo, como fue dicho, se tomó el salario mínimo vital y móvil, y no se explica por qué, como remuneración mínima, no pueda ser razonablemente representativa de esa utilidad de que la damnificada se vio privada. (arg. art. 165 del cód. proc.).
En definitiva, planteado derechamente el rechazo del rubro, la queja es insostenible (arg. arts. 660, 1737, 1738, 1740, 1746 y concs,. del CCyC).
2.2. Tocante al lucro cesante, la actora calificó como tal, el hecho que después del accidente no podo encargarse de la limpieza, orden, y demás tareas de ama de casa, por lo cual contrató a una señora para que lo hiciera. Dijo que hasta el momento de la demanda, llevaba abonados $ 77.600 a Musso (v. escrito del 11/3/2021, II; art. 330-4 del cód. proc.).
El hecho de la contratación fue negado por el demandado y su aseguradora (escritos del 15/4/2021, 50 y 51; art. 354.2 del cód. proc.).
Pero en la sentencia quedó dicho que: ‘Parece una consecuencia lógica, considerando las lesiones sufridas por la actora que resultaron probadas, como así también sus secuelas incapacitantes y el tiempo que permaneció en reposo, que alguien tuviera que realizar aquellas tareas de la labor doméstica, que la actora se vio imposibilitada de hacer como consecuencia del accidente’.
Este argumento, que contiene la presunción hominis de la existencia del daño reclamado, consistente en aquella imposibilidad de tener el desempeño que antes del accidente tenía, no fue confutado por los interesados. Pues, como resulta de la expresión de agravios común, presentada por aquellos, se dedicaron a impugnar la entidad probatoria de los recibos, aplicados más bien a acreditar el monto del perjuicio, por haber sido desconocida su autenticidad (v. escrito del 30/5/2023, II.2.B, segundo párrafo).
Sin embargo, descontada la procedencia del perjuicio, se activa la facultad que acuerda al juzgador el artículo 165 del cód. proc., para determinar el importe de los créditos pertinentes. Y si eso puede hacer, cuando su monto no fue justificado, no puede serle reprochado que haya tomado como referencia las facturas que menciona, aun cuando estuvieran cuestionadas. Al menos, si no se ha ofrecido y producido por la parte contraria o la compañía, prueba demostrativa de que los importes son inverosímiles, exorbitantes o irrazonables (SCBA LP Ac 80531 S 9/10/2002, ‘Transporte Automotores La Plata S.A. c/Hassoun, Miguel y otros s/Daños y perjuicios’, en Juba sumario B26519; SCBA LP Ac 57801 S 7/11/1995, ‘Trotta, Juan y otros c/Transportes Villa Ballester S.A.C.I. s/Daños y perjuicios’, en Juba sumario B7171).
La crítica se desestima.
2.3. En punto al daño moral, uno de los argumentos de la apelación de Radicchi y la citada en garantía, toma sólo parcialmente lo expresado por juez. Pues centran la queja en que la fijación de la reparación por el concepto se apoya, sin otro fundamento, ‘en que el monto reclamado por la actora “parece razonable y justo”’. Cuando esa conclusión final reposa en la previa referencia a ‘la edad de la actora al momento del evento dañoso, las lesiones padecidas como consecuencia del accidente, así como las incapacidades derivadas de las mismas, que dan cuanta los dictámenes periciales médico, psicológico y psiquiátrico, el tiempo de reposo y rehabilitación’. Quedando el cuestionamiento, fue insuficiente (arg. arts. 260 y 261 del cód. proc.).
Luego se evoca el precedente de esta alzada ‘Córdoba c/ Micheo’, del 8/3/2017, tratando de cotejar lo que allí se fijara como daño moral, en un supuesto particular, para proyectarlo a las circunstancias de la especie. Empero no mella la estimación de este rubro tal como fue concebida en el fallo apelado, intentar demostrar que no guardaba correspondencia con algún antecedente del fuero, si pese al esfuerzo desplegado procurando tornar como homogéneos con los actuales, montos tan lejanos, no pueden descartarse distorsiones que relativicen la operación, ni se han cotejado, entre otras variables, las similitudes o diferencias postulatorias de los diferentes casos, desde que no pocas veces los montos indemnizatorios deben ceñirse a los pedidos efectuados (art. 34.4 cód. proc).
Acaso para avalar de alguna manera la reducción propugnada, pudieron argumentar sobre la base de lo que Mosset Iturraspe -y últimamente la ley- refieren como ‘placer vital compensatorio’ o ‘satisfacciones sustitutivas’ (aut. cit. "Responsabilidad por daños", Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998, II-B pág. 185 civil", pág. 246), arrimando datos concretos a fin de demostrar que, desde tales pautas, se presentaban evidencias para revisar la indemnización concedida en la sentencia (arg. art. 1741, último párrafo del Código Civil y Comercial). Porque no surge manifiesto, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, que el monto otorgado para reparar este perjuicio, exceda o no sea acorde con aquel parámetro. Pero no lo hicieron.
Así, al fin y al cabo, la protesta tratada resultó de tal modo infundada (arg. art. 260 y 261 del cód. proc.).
2.3. La actora, sostiene que el valor del salario mínimo vital y móvil utilizado como parámetro para calcular el monto de los rubros daño a la integridad física, daño moral, gastos de traslados, médicos y farmacia debe actualizarse a la fecha de la sentencia de esta alzada. De lo contrario, no se lograría la reparación plena e integral, ocasionando un perjuicio irreparable a la actora. A la fecha de la sentencia de primera instancia el valor del salario era de $80.342, en mayo se elevó a $84.512, y para el mes de junio alcanzará los $87.987. Respecto al rubro lucro cesante y daño emergente que fue calculado teniendo como parámetro la escala salarial para empleadas domésticas para un sueldo de ocho horas diarias, deberá utilizarse la escala salarial vigente a la mismo época fin de lograr la antedicha reparación plena e integral (v. escrito del 22/5/2023, segundo agravio).
El demandado y su aseguradora, consideran que el tema no debe tratarse por no haber sido peticionado en la demanda (v. escrito del 13/6/2023, II.II).
Como viene indicado por la Suprema Corte, en los juicios de daños y perjuicios los jueces se hallan facultados para fijar la cuantía de la indemnización al momento de dictar sentencia. Pues, al determinarse el importe de la reparación patrimonial no es posible desatender los datos que proporciona la realidad económica involucrada y, en este sentido, en ausencia de norma en contrario, el daño debe ser estimado lo más tarde posible (SCBA, C 122456, sent. del 6/11/2019, ‘Ruiz, Lorena Itatí contra Fernández, Sergio Rubén y otros. Daños y perjuicios’, en juba sumario B4202584).
Se trata de un aspecto del llamado realismo económico, con amplia recepción en la legislación vigente y en la doctrina jurisprudencial imperante (v.gr. arts. 1, de la ley 24.283, 8, decreto 214/02; art. 11, de la ley 25.561 -texto según la ley 25.820-; CSJN, causas ‘Melgarejo’, Fallos: 316:1972, ‘Segovia’, Fallos: 317:836; ‘Román Benítez’, Fallos: 317:989, ‘Escobar’, Fallos: 319:2420; cit. en SCBA, L. 119914 S 22/6/2020, ‘A., D. A. c. M. d. L. P. y o. D. y p.’, en Juba sumario B5069022).
Ajustado a tales premisas, en la sentencia de primera instancia se contempló la actualización de las indemnizaciones, tomando como pauta objetiva de ponderación la evolución de aquel salario, cuyo incremento se establece por resoluciones del Consejo Nacional del Empleo, la Producción y el Salario, Mínimo, Vital y Móvil.
Sentado lo anterior, el a
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.