Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 124061
En la ciudad de La Plata, a los Ocho de Noviembre de dos mil dieciocho reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “GOMEZ MARINA FERNANDAC/ GUERRERO ACHIMELLY DAMIAN NAZARENO Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", (causa nº 124061), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término la doctora Larumbe.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justo el apelado decisorio de fs.286/295?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, LA DOCTORA LARUMBE DIJO:
I. En el aludido pronunciamiento la Juez de la primera instancia, hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por María Fernanda Gómez contra Damián Nazareno Guerrero Achinelly y Ramón Aníbal Yanuzzi, condenando, en consecuencia, a estos últimos a pagar a la actora, ello en el plazo de diez días, la suma $ 120.000 más intereses y costas, postergando al regulación de honorarios para la oportunidad en que exista liquidación en autos.
El mentado pronunciamiento fue apelado por la parte actora y por el demandado y la citada en garantía, quienes expresaron agravios a fs. 302/303 y fs. 307/308 respectivamente, los que no merecieron réplica.
II. Los Agravios:
II. a) En prieta síntesis la parte actora se agravia del decisorio en crisis sosteniendo, que el rechazo a cuantificar el rubro daño psicológico basado exclusivamente en que, el hecho de no presentar patología psicológica residual no elaborada, implica un análisis simplista y parcializado del dictamen, porque de tal afirmación no puede deducirse que al momento del accidente no haya padecido una disminución de su capacidad psicológica. Pide se analice el dictamen en forma integral y se indemnice el menoscabo en la integridad psicológica producido.
También la agravia el rechazo de la petición de daño patrimonial porque nuevamente se analizan las pericias en forma parcial, ya que luego de analizar la pericia odontológica entiende, la lesión emerge de dicho dictamen, por lo que debe ser tenida en cuenta al momento de reparar el daño y la lesión en el rostro que evidentemente porta, surgiendo de la causa penal que no ha sido meritada.
También se queja de la denegatoria del lucro cesante porque dice, ha perdido su actividad laboral en un gimnasio, actividad que si bien no era registrada, surge del testimonio de dos personas, con lo cual, registrada o no, tal pérdida debe ser reparada.
Asimismo se agravia del escaso monto acordado por daño moral y con respecto a los intereses establecidos, pide se haga lugar a las tasas activas requeridas, por cuanto el período inflacionario que sufre el país afecta sus derechos, por lo que la tasa del 6% anual desde la fecha del hecho y hasta los diez días posteriores a la sentencia y desde allí otra tasa, importa la vulneración de garantías constitucionalmente reconocidas.
Por último requiere se revea el decisorio haciendo extensiva la condena a "Liderar Compañía General de Seguros SA", quien al contestar la demanda reconoce la existencia de póliza vigente a favor del vehículo interviniente en el hecho.
II. b) Por su parte el sector pasivo se agravia de la procedencia y cuantía acordada al rubro daño moral, ya que su monto luce como desproporcionado y ajeno a la realidad que emerge de las constancias de autos.
III. Tratamiento de los Agravios:
Abordando la tarea revisora y dando en consecuencia las necesarias razones del caso (artículos 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 3 del Código Civil y Comercial), dado que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se encuentra en vigencia desde el 1 de agosto del año 2015 -art. 7, ley 26.994, conf. art. 1 ley 27077-, habrá que aclarar si corresponde juzgar este litigio con el marco legal con el cual nació -el Código Civil anterior- o con el nuevo. Tal disquisición deberá disiparse desde lo dispuesto por el artículo 7 de la ley ahora en vigor, el cual señala en lo que interesa destacar que: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución...".
El caso de autos atañe a un daño acontecido y consumado durante la vigencia de la ley anterior (arts. 3, Código Civil; 7 y conc., C.C. y C. ley 26.994). Consecuentemente, la decisión que se propondrá se compadece con el código civil vigente al momento del hecho en las circunstancias aludidas (esta Sala causas 118.692 RSD 133/15; 118.370 RSD 137/15; e.o.), sin perjuicio de lo que corresponda decidir en la materia de intereses según será explicado (esta Sala causas 120.182 RSD 203/16; 120.706 RSD 209/16).
Debe puntualizarse que llega firme a esta instancia revisora el contexto de tiempo y espacio en el que se desarrollaron los hechos que justifican el pleito.
De modo que la competencia de apelación parte del accidente de tránsito ocurrido el día 4 de abril de 2010, cuando la actora transitaba con su motocicleta por la calle 120 y casi al llegar a la intersección con la calle 81 un auto, Fiat Regata, que estaba estacionado del lado derecho arranca imprevistamente y gira en "u" para retomar por 120 en sentido inverso, encerrando e impactando el lateral frontal izquierdo del motovehículo (arts. 34, inc. 4º, 163, inc. 6º y 260, C. Proc.).
Los planteos recursivos recíprocos que se deben abordar están dirigidos a la procedencia y cuantía establecida para indemnizar los distintos rubros indemnizatorios requeridos, la tasa de interés fijada y la extensión de la condena a la citada en garantía.
Asimismo es del caso destacar que no ha sido motivo de agravio la indemnización concedida a “valores actuales” (ver fs. 294 y vta. y agravios parte actora de fs.302/303), y que, el reclamo indemnizatorio peticionado al inicio se encuentra englobado en dos grandes ítems, por un lado aquél que hace al agravio moral y psicológico padecido y por el otro el daño patrimonial que incluye la incapacidad física y el lucro cesante experimentado (ver fs. 17 vta./23).
Seguidamente se procederá a tratar los agravios en el orden en que han sido cuestionados por la actora.
III. a.) Daño Psicológico desestimado:
Esta Sala tiene dicho que, para admitir la procedencia del daño psicológico por separado de la indemnización acordada por daño emergente o aquella que se ha de otorgar por el moral, es indispensable tener por acreditada su existencia como así la relación causal con el hecho (esta Sala, causa 117.306 RSD 113/14).
Así, en la medida que el daño psíquico puede ser conceptualizado como el trastorno mental y/o psicológico consecuente a un evento disvalioso que actúa como un agente exógeno agresor de la integridad psicofísica del individuo; teniendo en consideración que su resarcimiento tiene por objeto reparar ese detrimento producido por el ilícito en los procesos mentales concientes y/o inconcientes, con alteración de la conducta y de la voluntad, es decir, un daño a la salud psíquica.
Habida cuenta que su existencia en los presentes, no se encuentra comprobada en forma fehaciente a través del correspondiente dictamen, pues la perito psicóloga afirmó que la actora no padece patología psicológica residual, ni signos de psicopatología psíquica (ver fs. 153/156 y explicaciones de fs. 170/173), corresponde desestimar -tal como lo hizo el judicante de grado- la indemnización pretendida por un daño no probado, máxime cuando se advierte que el sufrimiento psíquico próximo al accidente que la actora padeció pero elaboró en forma conveniente obra estimado al establecerse el monto indemnizatorio correspondiente al agravio moral sufrido (ver fs. 293/294; arts. 375, 384, 474 y cc. del CPCC; 1067, Cód. Civil y su doctr.).
III. b) Daño Patrimonial desestimado:
Sobre el particular la parte actora se agravia porque dice la a quo ha valorado las pericias en forma sesgada ya que, sin considerar las lesiones en forma parcial, pues de la pericia odontológica surge que “…se presenta obturación en el incisivo central (pd 11) en toda la cara mesial que coincide con la pieza dentaria que se describe como afectada en autos…” con lo cual entiende que la lesión dentaria ha sido probada en autos, lo mismo que la lesión en el rostro que surge de fs. 42 de las actuaciones penales por lo que pide se haga lugar al rubro daño material (ver fs. 203/207).
Ahora bien, la señora Juez a quo desestimó el daño patrimonial peticionado por el ítem, pues, aún cuando tuvo por comprobada la lesión a la integridad física de la parte actora, entendió que como las mismas habían curado sin dejar secuelas incapacitantes, rechazó el ítem “…sin perjuicio de la valoración que se efectúe al momento de analizar el “daño moral”…”(ver fs. 291).
Sentado ello, debo señalar que, la lesión a la integridad física sufrida por la actora, tal como claramente se desprende de los antecedentes referidos por el perito médico traumatológico en su dictamen (ver específicamente fs.238 y vta.), las constancias obrantes a fs.10, 42 y 56/61 de la causa penal acollarada al presente, lesiones que bien pueden ilustrarse a través de las fotografías que en original corren a fs. 7/13 de la presente causa.
Siendo ello así, recordando que la persona humana es titular del derecho a la vida y a la integridad física, como bien cuyo desmedro da lugar a la pertinente indemnización y ello es así, independientemente que las lesiones provoquen o no incapacidades a la víctima como secuela de las mismas, pues la incapacidad puede ser también parcial y transitoria (causa B-79786 reg.sent. 66/95 y causa B-68744 reg.sent. 198/96); encontrándose acreditada dicha lesión en la Sra. Marina Fernanda Gómez, la misma constituye un daño que debe ser indemnizado por el autor del hecho, pues existe una alteración del estado inmediato anterior al suceso (art. 1086 del C. Civil).
Bajo tales premisas, considero justo y equitativo fijar la indemnización por “Lesión a la Integridad Física”, en la cantidad de $ 70.000 a valores actuales (arts. 34, 163, 165, 260, 266, 272, 375, 384, 395, 424, 456, 473, 474 y cc. del C.P.C.C.).
III.c. Lucro Cesante desestimado:
Liminarmente debo decir que, concuerdo con la a quo en torno a que, el rubro del acápite, para su procedencia, requiere de prueba concreta y fehaciente.
No obstante ello, no escapa al principio general de que el daño puede probarse a través de cualquier medio de acreditación (art. 1067 Código Civil) y, es, en este tópico, en dónde me permito disentir con la judicante de grado, pues considero que, a través de los testimonios logrados a fs. 147/138 y aquél que emerge de fs. 35 del beneficio de litigar sin gastos, encuentro acreditado que la actora al tiempo del siniestro trabajaba como secretaria en un gimnasio y cuidaba nenes en forma particular (arts. 375, 384, 456 y cc. del CPCC).
Ahora bien, a los fines de estimar esa minoración de las posibilidades de ganancias sufridas a consecuencia del siniestro, debe tenerse en cuenta que, fue la propia actora quien narró frente al perito médico traumatológico que, por las lesiones sufridas, debió guardar reposo absoluto por 15 días (ver fs. 238 vta.), como asimismo que el reclamante no ha probado en forma certera ni el ingreso mensual neto ni el lapso mayor a esos quince días, en que se vio impedida de trabajar denunciado a fs. 22 y vta. de su demanda.
Siendo ello así, haciendo uso de las facultades que me acuerda el art. 165 del CPCC, valorando asimismo lo reclamado al inicio por este ítem, y lo efectivamente probado en la causa, estimo que el “Lucro Cesante” debe prosperar por la cantidad que, prudentemente fijo, en la suma actual de $ 6.000 (arts. 165, 266, 272, C. Proc.; 901, 1068 y 1069, Código Civil).
III. d) Daño moral
Liminarmente, debe precisarse que el monto de la demanda no actúa como tope indemnizatorio si lo pedido lo es con la salvedad de "lo que en más o en menos resulte de las probanzas de autos" (v. fs.120 vta.), no resultando lesiva de garantías constitucionales la sentencia que sobre la base de tal reserva acuerda una suma mayor a la reclamada (CSN, 25-2-75, L.L. 1975, v. B, p. 382; SCBA, Ac. y Sent., 1976, v. III, p. 157; 1977, v. II, p. 662; ambas cit. por Morello-Sosa- Berizonce "Códigos...", com. art. 163 inc. 6, v. II-C, págs. 81 y 50, respectivamente, esta Sala, causa 110.331, RSD 160/10).
Así, debo destacar que, la indemnización fijada por el acápite ha sido establecida “…a valores actuales de Pesos Ciento veinte mil …”(ver fs. 294); suma sobre la que ambos contendientes expresaron sus críticas al respecto.
Tal como reiteradamente ha sostenido en anteriores pronunciamientos esta Sala, las indemnizaciones en esta parcela no deben guardar necesariamente proporcionalidad con el daño material, pues su fijación como monto depende del hecho generador y se halla sujeta al prudente arbitrio judicial merituando las circunstancias que rodearon el hecho, edad, y sexo de la víctima (arts. 1078 C. Civil, 165 del C. Proc.; S.C.B.A. Ac. 21311, 21512, 31583, 41539, e.o.).
A su vez debe ponderarse, que el dolor humano configura un agravio concreto a la persona, y más allá de que se entienda que lo padecido no es susceptible de ser enmendado, es lo cierto que la tarea del juez es realizar "la justicia humana" y con ello no hay enriquecimiento sin causa ni se pone en juego algún tipo de comercialización de los sentimientos. No hay "lucro" porque este concepto viene de sacar ganancias o provechos, y en estos supuestos de lo que se trata es de obtener compensaciones ante un daño consumado; y un beneficio contrapuesto al daño, el único posible para que se procure la igualación de los efectos, dejando con ello en claro el carácter resarcitorio que se asigna al daño moral (cfr. Belluscio, Código Civil Anotado, tº 5 pág. 110 citando a pie de página a C.N. Civ. Sala C, La Ley 1978 D-645, y a Mosset Iturraspe; esta Sala causas B-83.346, RSD. 164/96; B-79.317 R. Sent. 49/95; 89.362 R.S.D. 71/99; 115.448 RSD 9/14, e.o.).
Asimismo valoro, que han de primar normas de prudencia y razonabilidad sin incurrir en demasías decisorias para evitar que el reclamo se transforme en fuente de enriquecimiento indebido, o en un ejercicio abusivo del derecho (nota arts. 784, 1077, 1078 del C. Civil, esta Sala causas B-84.430 RSD 37/97 y B-83.966 RSD 77/97).
La intensidad de los padecimientos espirituales de la víctima se evidencian con solo visualizar la lesión sufrida en su integridad corporal y que bien quedan ilustradas con el sólo hecho de visualizar las fotografías que corren a fs. 7/13. Si a ello se aduna, la edad de la víctima al tiempo del suceso (25 años de edad), como asimismo el sufrimiento psíquico padecido al tiempo del accidente que da cuenta la pericia de fs. 155/156 y sus explicaciones de fs. 170/173, considero que la indemnización por Daño Moral es exigua, por lo que propicio elevar su monto a la cantidad de $ 150.000 (arts. 165 y 384 C. Proc.; 3, 1078, Código Civil; esta Sala causas 118.908 RSD 26/16, 119.369 RSD 35/16, e.o.).
Solicita el accionante los intereses a la tasa activa y la actualización de las sumas de condena (ver fs. 23 y fs. 302/303), sin cuestionar que la indemnización concedida lo ha sido a valores actuales.
Ahora bien, con respecto a la actualización monetaria debo decir que la misma se encuentra prohibida por el art. 7 de la ley 23.928 y la parte actora ningún planteo de inconstitucionalidad ha concretado respecto del plexo normativo aludido, de lo que se colige que el agravio no puede merecer tutela jurisdiccional.
En lo que respecta a los intereses a aplicar a la condena establecida, debo destacar que la sentenciante de grado, al fijar una indemnización a valor actual aplicó la doctrina de la Suprema Corte provincial que dimana del fallo “Nidera” y así estableció que los intereses a aplicar sobre la indemnización fijada serían del 6% anual desde la fecha del hecho y hasta la de la sentencia y, desde la fecha de mora en el cumplimiento de la misma y hasta el efectivo pago correspondía aplicar “…la tasa de interés que fijen las reglamentaciones del Banco Central de la República Argentina o en su ausencia la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a depósito a treinta días…”(ver fs. 294 y vta.).
La parte actora con el argumento de un proceso inflacionario extraordinario que afecta el país, solicitó la aplicación de tasas activas, sosteniendo que el 6% anual establecido en el decisorio recurrido afectaba derechos constitucionales (ver fs. 302/303).
Anticipo que el recurso a este respecto no ha de merecer tutela jurisdiccional, en la medida que, la recurrente no ataca de manera certera los argumentos brindados por la Dra. Grahl para fijar la tasa de interés que establece en el decisorio, ya que ningún embate formula en torno al valor actual de la indemnización que llevaron a la sentenciante a aplicar la doctrina legal que dimana de la causa 121.134, por lo que los agravios en este sentido, devienen insuficientes conforme los términos del art. 260 del CPCC.
Ello así, en la medida que el decisorio recurrido en materia de intereses se ajusta a la doctrina legal de nuestro Más Alto Tribunal provincial –in re causas “Nidera c/ Fisco”, causa 121134 del 3/5/2018 y “Cabrera c/ Ferrari”, causa 119.176-, como asimismo a las disposiciones del art. 3 del C.Civil y a los arts. 7 y 768 inc. c) del Código Civil y Comercial, propicio la confirmatoria del ítem.
V. Extensión de la condena a la citada en garantía:
La parte actora requiere se haga extensiva la condena a la citada en garantía quien admitió la existencia de póliza a favor del rodado interviniente en el hecho.
Ahora bien, no obstante que la parte dispositiva del decisorio recurrido, no contempla expresamente hacer extensiva la condena a “Liderar Compañía General de Seguros SA”, es lo cierto que en el in fine del punto 6 de los considerandos (ver específicamente fs. 294 vta. punto 6 in fine) el decisorio expresamente sostiene “…La presente se hace extensiva a la citada en garantía dentro de los límites de al póliza…”.
Ello así y advirtiéndose que el decisorio recurrido omite reproducir en su parte dispositiva aquello que expresamente prevé en sus considerandos, corresponde aclarar el fallo recurrido en el sentido que la condena que el mismo contempla corresponde se haga extensiva a la citada en garantía, ello en los términos y límites de la póliza suscripta (art. 118 de la ley 17.418).
En definitiva, voto por la NEGATIVA.
Por los mismos fundamentos el doctor SOTO votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA, LA DOCTORA LARUMBE DIJO:
Obtenido el necesario acuerdo de opiniones al tratar y decidir la cuestión anterior, corresponde modificar la apelada sentencia dictada a fs. 286/295, y en consecuencia: I) Admitir la procedencia de los rubros “Lesión a la Integridad Física” y “Lucro Cesante”, los que se establecen en la suma actual de $ 70.000 y $ 6.000 respectivamente. II) Elevar el rubro Daño Moral a la de $ 150.000. III) Hacer extensiva la condena a hacer extensiva la condena a “Liderar Compañía General de Seguros SA”. IV) Confirmarla en lo demás que ha sido materia de recurso y agravios. V) Las costas de Alzada se imponen a la demandada y citada en garantía vencidas (art. 68 del C. Proc.); difiriendo las regulaciones de honorarios para su oportunidad.
ASÍ LO VOTO.
El doctor SOTO adhirió en un todo al voto que antecede, con lo que se dio por te
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.