Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 123566
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la sentencia apelada de fs. 323/332. Con costas de esta instancia a la legitimada activa en su esencial condición de vencida (arts. 68, 69, CPCC.).
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXIV
Causa N° 123566; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº14 - LA PLATA
SUELDO SILVINA LORENA C/ MILANI ADOLFO IGNACIO S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los veintisiete días del mes de Septiembre de dos mil dieciocho, reunidos en acuerdo ordinario los señores Jueces vocales de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctores Silvia Patricia Bermejo y Leandro Adrián Banegas para dictar sentencia en la Causa 123566, caratulada: "SUELDO SILVINA LORENA C/ MILANI ADOLFO IGNACIO S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 323/332?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
I. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios promovida por Silvina Lorena Sueldo contra Adolfo Ignacio Milani, condenando a este último al pago, dentro del plazo de 10 días, de la suma de $ 133.500 (PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS) en favor de la actora. Dispuso la aplicación de intereses desde la fecha del hecho –29 de diciembre de 2013– y hasta su efectivo pago, según la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigente en cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo diario a igual tasa. Extendió la condena a la aseguradora citada en garantía, "Río Uruguay Cooperativa limitada". Finalmente, impuso las costas de juicio al accionado vencido en virtud del principio objetivo de la derrota y postergó la regulación de honorarios para su oportunidad.
Contra dicha forma de decidir, ambas partes y la tercera citada en garantía interpusieron recursos de apelación (fs. 335 demandado Milani, fs. 338 Río Uruguay Seguros y fs. 340 la actora Sueldo). El recurso de la accionante se sustenta en esta instancia con la expresión de agravios de fs. 343/345 vta. Corrido el pertinente traslado, mereció la réplica de la aseguradora a fs. 356/357 vta.
Por su parte, la apelación interpuesta por el demandado fue declarada desierta como consecuencia de la presentación extemporánea de la expresión de agravios (fs. 349), mientras que Río Uruguay Seguros desistió la suya a fs. 354.
A fs. 365 se llamaron los autos para sentencia (art. 263, CPCC.).
II. La legitimada activa, por derecho propio y con el patrocinio letrado del Dr. Daniel Leonardo Insaurralde, objeta el monto fijado por el iudex a quo para indemnizarla por daño emergente, incapacidad psicofísica, gastos médicos, paramédicos, farmacológicos, de movilidad y gastos futuros, por considerarlos escasos y reducidos. Entiende que el decisorio apelado describe correctamente los porcentuales de incapacidad, lesiones y secuelas padecidas pero erra en su tarifación.
Asimismo, se agravia por el mismo motivo de la suma otorgada en concepto de gastos asistenciales y de traslado con el argumento que lo reconocido no cubre más de algún viaje en rodado de alquiler por cierta distancia.
Por último, se duele por la cuantificación del rubro daño moral por considerarla escasa, al no ajustarse a la prueba desarrollada y no tener paralelo con la seriedad del cuadro sufrido por la actora.
III. Liminarmente, corresponde abordar el planteo relativo a la insuficiencia del recurso opuesto por Río Uruguay Seguros a fs. 356/357 vta. contra el ataque articulado por la reclamante.
Al respecto, ha de decirse que el escrito de expresión de agravios de la parte actora (fs. 343/345 vta.) ha superado el examen de admisibilidad, toda vez que se analizó con un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (art. 18 C.N.; MORELLO, Augusto Mario, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, v. I, pág. 175 a 180).
IV. Respecto de la ley aplicable, en virtud a lo dispuesto por los artículos 3 del CC y 7 del CCCN, los presentes actuados deber ser juzgados conforme la normativa vigente al momento del hecho (29 de diciembre de 2013), en conformidad con lo aplicado por el a quo.
Empero, aun cuando el evento dañoso se consumó durante la vigencia de la norma referida, no así las consecuencias que de él derivan. Por ello, se impone diferenciar la existencia del daño de su cuantificación. Como reseña la distinguida doctrinaria Aída Kemelmajer de Carlucci, la segunda de estas operaciones debe realizarse acorde la ley vigente al momento en que la sentencia fija su extensión o medida (autora citada, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, segunda parte, Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 234).
Este deviene un criterio ya compartido también por la jurisprudencia. Así se ha expresado que: “El art. 1746 del Código Civil y Comercial es aplicable a una acción de daños intentada antes de su entrada en vigencia, en tanto la norma no se refiere a la constitución de la relación jurídica (obligación de reparar) sino sólo a las consecuencias de ella (art. 7, CCyC), máxime cuando la regla no varía la naturaleza ni la extensión de la indemnización que tiene derecho a percibir la víctima, sino que únicamente sienta una pauta para su liquidación” (Cám. Nac. de Apel. en lo Civil, sala A, in re: “A. A. R. c/ G. A. M. s/ daños y perjuicios”, sent. del 28/10/2015, publicado en: RCCyC 2016 (abril), 150; RCyS 2016-VII, 155, cita online: AR/JUR/63674/2015).
Por lo tanto, al tratar los rubros cuyos montos debate la recurrente, se acudirá a los artículos pertinentes del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (conf. esta sala, causa 121.394, sent. del 1/6/2017).
V. Corresponde abordar ahora el agravio por el monto reconocido en concepto de daño emergente – discapacidad psicofísica.
Acorde resolvió esta Sala, en el supuesto de lesiones, el daño patrimonial se configura cuando existe disminución de las aptitudes físicas o psíquicas, que incide en las posibilidades laborales y en tanto genera una restricción a la potencialidad productiva, el que es indemnizado como daño emergente (esta Sala, causas 97.753, sent. del 27-6-2002, RSD 162-2002; 101.097, sent. del 16-8-2005; 104.884, sent. del 18-8-2005, entre otras).
Es decir que probada la merma de esa aptitud para generar un trabajo, el daño ya existe, pues su anterior plena potencialidad se encuentra limitada, lo que trasluce un perjuicio ya sea para trabajar o buscar una nueva labor.
Para su determinación será relevante el aporte que realicen al respecto los peritos, cuyos dictámenes deben valorarse de conformidad a las reglas de la sana crítica y con sujeción a las normas de aplicación al caso (SCBA, B 50984, sent. del 4-VII-1995, “Acuerdos y Sentencias” 1995-II-810; SCBA, B 52359, sent. del 14-XI-2007).
Incluso, al sopesar las experticias los jueces ejercen facultades propias, no teniendo sus conclusiones eficacia vinculante (SCBA, Ac. 38915, sent. del 26-IV-1988, “La Ley” 1988-D-100, “Acuerdos y sentencias” 1988-I-720, D.J.B.A. 1988-134, 345; SCBA, Ac 49735, sent. del 26-X-1993; Ac 56166, sent. del 5-VII-1996; Ac. 61475, sent. del 3-III-1998), si bien para apartarse debe haber motivos serios y acreditados.
En suma, conforme ha resuelto esta Sala, las reglas de la sana crítica indican que para soslayarse de la pericia suficientemente fundada, es necesario oponer argumentos científicos que pongan en duda su eficacia probatoria. Las meras opiniones en contrario, sin esgrimir razones científicas fundadas, son insuficientes para provocar el apartamiento de las conclusiones vertidas por quien es experto en un área de la ciencia o técnica (art. 474 del C.P.C.C.; esta Sala, causas 109.550, sent. del 22-7-2008; 115.940, sent. del 30-VI-2015, RSD 83/2015; 118.339, sent. del 2-VII-2015, RSD 88/2015, entre muchas otras).
En el caso, el perito médico actuante concluye que la Sra. Sueldo presenta producto del accidente cervicalgia postraumática y una cicatriz en el arco superciliar izquierdo, las que a pesar de los tratamientos médicos, secuelas anatómicas y funcionales generan un grado de incapacidad del 12% (fs. 159/161).
Impugnado por la demandada (fs. 165/166) y observado por la actora (fs. 168), el experto desarrolla los conceptos vertidos en la pericia y reafirma en dictamen realizado con sus alcances.
Vale destacar que se refiere a secuelas que generan un total de incapacidad del 12%, no haciendo referencia alguna al carácter temporal o permanente del menoscabo señalado (fs. 159/161; arts. 384, 474 CPCC).
En el mismo sentido, la perito psicóloga en su informe (fs.172) refiere, desde el punto de vista de su especialidad, que a partir del accidente se observan en la Sra. Sueldo signos de depresión, que el accidente la incapacitó de manera significativa y que no ha podido recuperar la vida que llevaba antes del siniestro.
No fija ni hace referencia alguna a si las dolencias sufridas son de carácter temporal o permanente, ni su porcentual.
Ante la impugnación de la demandada (fs. 209/210) la experta se explayó en las consideraciones vertidas con anterioridad, pero continuó sin otorgar porcentaje y carácter de incapacidad (fs. 307/312; arts. 384, 474 C.P.C.C.).
Por tanto, ambas experticias quedaron firmes sin que se estableciera de forma expresa que las dolencias tratadas sean de carácter definitivo.
En este sentido esta Sala tiene dicho que cuando de la pericia se advierte que, pese a la patología descripta y a la calificación asignada, de su contenido resulta la existencia de una incapacidad de carácter transitoria, corresponde rechazar su indemnización bajo este rubro de incapacidad física y analizarlo a través de la concesión del importe que se otorgue para el daño moral o de lucro cesante, en su caso (arts. 375, 474 C.P.C.C.).
Por ello, ante la ausencia u omisión sobre la determinación expresa del carácter de permanente de la patología cabe considerársela como transitoria.
En autos, ambas pericias realizan un informe detallado pero no precisar al respecto, motivo por el cual no queda acreditado el daño patrimonial peticionado.
Ahora bien, debe tenerse en consideración que la tarifación realizada por el a quo en este extremo es sólo atacada por baja por la actora, por lo que ha de estarse entonces a esos términos y confirmar la sentencia atacada en este aspecto.
Nuestra Suprema Corte resolvió que “Las atribuciones de los Tribunales de Apelación se encuentran doblemente acotadas. De un lado, por la estructura de la relación procesal –básicamente, explicitada por el contenido de las pretensiones deducidas en la demanda y su contestación- y, por el otro, por los agravios desplegados en los recursos que deben resolver”. (SCBA, AC 90299, sent. Del 24-5-2006; SCBA, C 99848, sent. Del 11-11-2009).
VI– A su turno, la legitimada activa se agravia de la suma fijada en concepto de gastos asistenciales y de traslado. Considera exigua la suma otorgada.
En este extremo debe estarse al actual art. 1746 del CCCN que en su parte pertinente dispone “… Se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función de la índole de las lesiones o la incapacidad…”.
De la letra del mencionado artículo se deprende que los gastos médicos y farmacológicos se presumen a partir de la producción de un daño mensurable y no requieren de una prueba expresa.
Es decir que probado el daño físico se presume que el actor realizó erogaciones en medicamentos y traslados para el tratamiento de las dolencias, siempre que revistan el carácter de prudentes, en tanto que las sumas mayores deben ser debidamente alegadas y acreditadas.
Su determinación, a falta de prueba sobre el detalle de los gastos incurridos, debe ser fijada de forma prudente y de conformidad con entidad de las lesiones.
En definitiva, no existiendo constancias de gastos que permitan apartarme de lo decidido por el Sr. Juez de grado, encuentro prudente y correctamente cuantificadas las sumas asignadas, por lo que estimo procedente rechazar los agravios al respecto y confirmar los alcances de la indemnización por gastos médicos - asistenciales y gastos de traslado fijados por el a quo en favor de la Sra. Sueldo.
VII. La legitimada activa se agravia también de la tarifación efectuada en concepto de daño moral.
Nuestra Suprema Corte lo ha interpretado como la lesión a los derechos que afecten al honor, la tranquilidad, la seguridad personal, el equilibrio psíquico, las afecciones legítimas en los sentimientos o goce de bienes, así como los padecimientos físicos o espirituales que los originen, relacionados causalmente con el hecho ilícito. Siendo su naturaleza de carácter resarcitorio, no se trata de punir al autor responsable, de infringirle un castigo, sino de procurar una compensación del daño sufrido (art. 1078 Cód. Civil) y su estimación se encuentra sujeta al prudente arbitrio judicial, no teniendo por qué guardar proporcionalidad con el daño material, pues no depende de éste sino de la índole del hecho generador (SCBA., C 78280, sent. del 18-VI-2003).
Por otro lado, dable es indicar que la determinación de las sumas indemnizatorias en concepto de daño moral no está sujeta a reglas fijas (SCBA., C 98039, sent. del 18-III-2009).
En autos se encuentra acreditada la edad de la Sra. Sueldo al momento del accidente, y que a partir de allí no pudo volver a desarrollar su labores como empleada doméstica (CD agregado a fs. 195: absolución, minuto 12.59, testigo Ojeda 32.06 y siguientes, testigo Cozzi 39.39 y siguientes), y vio afectadas sus actividades recreativas como las clases de salsa (CD fs 195, testigo Cozzi). Asimismo, la pericia psicológica refiere a la retracción en la vida social sufrida por la cicatriz que le quedo a la actora arriba en la ceja izquierda.
Del análisis de las constancias alegadas considero que la justipreciación efectuada por la sentencia de primera instancia resulta correcta en función a las constancias obrantes en estas actuaciones, detalladas precedentemente, por lo que propongo su confirmación en este rubro (art. 1078 CC; art. 7 CCCN).
VIII. Por las razones precedentemente expresadas se propone confirmar la sentencia apelada en todo en cuanto fuera materia de recursos y agravios. Con costas de esta instancia a la legitimada activa en su esencial condición de vencida (arts. 68, 69, CPCC.). Con el alcance indicado, voto por la AFIRMATIVA.
La señora Juez doctora BERMEJO, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar la sentencia apelada de fs. 323/332. Las costas de esta instancia deben ser impuestas a la legitimada activa en su esencial condición de vencida (arts. 68, 69, CPCC.).
ASI LO VOTO.
La señora Juez doctora BERMEJO, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la sentencia apelada de fs. 323/332. Con costas de esta instancia a la legitimada activa en su esencial condición de vencida (arts. 68, 69, CPCC.). REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia