Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 122955
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, y demás fundamentos expuestos se confirma la sentencia apelada de fs. 145/150. Costas de Alzada a los recurrentes en su condición de vencidos.
En la ciudad de La Plata, a los 16 días del mes de Marzo de 2018 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "FAIELLA LUIS ANGEL C/ TRANSPORTES ROBERTO EZCURDIA E HIJOS S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) " (causa: 122955 ), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la apelada sentencia de fs. 145/150?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes.
1.1. En las presentes actuaciones se dictó sentencia de primera instancia, donde se admitió la demanda promovida por LUIS ANGEL FAIELLA contra TRANSPORTES ROBERTO EZCURDIA E HIJOS S.A., sin hacer extensiva la condena a la citada en garantía PROTECCION MUTUAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS en función de la franquicia existente y el monto del capital de condena. Se condenó a la demandada a pagar la suma de $ 13.030 más intereses a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, desde la fecha del hecho dañoso (17/6/2014). Las costas se impusieron a la demandada y a la citada en garantía.
1.2. Apelaron la actora (fs. 153) y la demandada y citada en garantía (fs. 151), quienes expresaron agravios a fs. 159/166 y fs. 168 y vta. respectivamente, los cuales sólo fueron contestados por la demandada y citada (fs. 170 y vta.).
1.3. A fs. 173 se llamaron “autos para sentencia”, providencia que está firme y consentida.
II. Los agravios.
2. El actor se queja del monto resarcitorio establecido en concepto de daño material, que luego puntualiza en el rechazo del rubro “pérdida de valor de reventa del automotor” y la desestimación del daño moral y la tasa de interés.
La demandada y citada cuestiona la procedencia del rubro “privación de uso”.
III. Análisis de los agravios.
3.1. Cuestiones no controvertidas. No se controvierte la responsabilidad atribuida en la sentencia en virtud del accidente de tránsito que motivó la promoción de estos actuados, por lo que corresponde analizar los agravios vertidos sobre el resarcimiento otorgado (arts. 163, 164 y 266, C.P.C.C.).
3.2. Tratamiento de los agravios de la actora. El actor dice que la sentencia impide una reparación integral y que es arbitraria (fs. 161 vta., primer y segundo párrafo), aunque no puntualiza concretamente en qué consiste el error esgrimido.
Luego se queja del rechazo del “daño moral” y de la “disminución del valor de venta” del automotor, introduce conceptos que si bien son correctos no apuntan a demostrar la sinrazón de lo decidido y cita jurisprudencia que es aplicable al supuesto de daños corporales y no al de autos, donde sólo se reclaman daños con base en la rotura de un automóvil.
Expresa que se vio en la obligación de vender a menor valor el automóvil dañado y a iniciar estos actuados como fundamento de la procedencia del “daño moral” (fs. 163), cuando ello no fue una cuestión propuesta al juez de primer grado, lo cual es inaudible en esta sede -más allá de su procedencia- a tenor del art. 272 del C.P.C.C.
Cuando critica el rechazo del rubro “desvalorización del rodado” considera que todo automóvil que sufre un choque se ve siempre depreciado en su valor de reventa, lo cual no es cierto ya que la reparación puede reponer la cosa a su estado anterior (art. 1083, Código Civil).
Es que el daño originado por la desvalorización de un automóvil para ser tal, debe ser cierto, esto es, no meramente hipotético o conjetural, sino real y efectivo, corriendo su prueba por cuenta del que lo reclama (art. 375, C.P.C.C.), lo cual requiere la pertinente prueba pericial (arts. 457 y 473, C.P.C.C.) -aspecto que omitió el recurrente (ver puntos de la pericial mecánica a fs. 20 y vta.)-, siendo ineficaz la mera posibilidad de producción de ese perjuicio (conf. SCBA, Ac. 75.375, 31/10/2001; Ac. 89.068, 18/7/2007, entre otros).
Las averías deben der de una entidad tal, que a pesar de la reparación queden evidencias o secuelas que razonablemente puedan disminuir el valor venal del automotor o retraer la posibilidad de su venta, como por ejemplo cuando se ha visto afectada la estructura vital del automotor y la reparación ha dejado huellas.
De lo contrario se estaría consagrando un enriquecimiento sin causa (art. 499, Código Civil).
No es prueba suficiente la mera descripción de los daños que sufrió el rodado del actor que surgen de la pericia mecánica de fs. 122/124 vta., puesto que ello no significa que no puedan ser reparados de forma tal que no quede vestigio alguno del siniestro.
Sin perjuicio de lo manifestado, el recurrente pierde de vista que la magistrada de origen puso de relieve que el ingeniero Wallace informó que las partes afectadas son totalmente intercambiables y no forman parte de la estructura principal del automóvil (ver lo referido por el perito a fs. 124 y lo manifestado en la sentencia a fs. 148), lo cual al no haber sido cuestionado concretamente llega firme a esta instancia (arts. 260 y 261, C.P.C.C.).
En cuanto al daño moral, su reparación comprende las molestias en la seguridad personal de la víctima o en el goce de sus bienes que, se configura por el conjunto de padecimientos físicos y espirituales derivados del hecho, y tiene por objeto reparar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida de la persona y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados -rectius: altos- afectos (conf. SCBA, doctr. causas Ac. 40.082, 9/5/89, "Orellano de Miranda"; Ac. 52.258, 2/8/94, "Gómez, Aurelio"; Ac. 54.767, 11/7/95, "Alonso de Sella"; Ac. 79.922, 29/10/2003, "D., F. y o." y C. 94.847, 29/4/2009, "P., J. R."; B. 64.180, 27/12/2017, “Yane, Salvador c/Municipalidad de General Alvarado s/Demanda contencioso administrativa”).
No corresponde presumir su existencia en los choques de automotores cuando solo se producen daños materiales en los vehículos intervinientes, pues lo que se indemniza a través del daño moral son las afecciones espirituales provocadas por las angustias inherentes al accidente, dentro de las cuales indudablemente no puede en principio tomarse en cuenta el deterioro de elementos puramente materiales del vehículo (art. 1078 del C.C.) (conf. esta Cámara, Sala III, 106.584, RSD. 79/2007, 03/05/2007, “M.,F. E. c/P., A. D. y otro s/Daños y Perjuicios y su acumulada "P., F.S. y otro c/ M., F. E. s/ Daños y Perjuicios").
Es que entre el titular del dominio o su poseedor y el vehículo no existe por lo común un vínculo afectivo que el derecho proteja especialmente y cuya conculcación afecte el aspecto moral de la personalidad del dueño (conf. Brebbia, “Problemática Jurídica de los Automotores”, t. 2, pág. 280; Cám. Civ. y Com. 1ra., San Nicolás, 12.594, 22/11/2016, “Gardiner, María Juliana c/Satz, Marcela s/Daños”; Cám. Civ. y Com. Sala II, Quilmes, 15.960, 5/2/2015, RSD. 1/2015, “González, Héctor Martín c/Ciudad Moto SRL y otro s/Daños”). No debe perderse de vista que toda lesión en un ámbito de tal naturaleza es reversible o resarcible por vía de la adecuada compensación económica pecuniaria o en especie (art. 1083, Código Civil).
Además, el resarcimiento del daño moral requiere la existencia de un perjuicio en el orden espiritual o físico -que constituya la secuela de los padecimientos que la víctima ha debido soportar con motivo del hecho ilícito- y esos extremos no existen cuando el damnificado sólo ha sufrido un daño patrimonial en su vehículo, el que queda íntegramente resarcido con el pago de los costos de la reparación, o en su caso, con la indemnización derivada del valor de la cosa destruida parcialmente, pérdidas e intereses (arts. 622, 903, 904, 1083, 1094 y 1113, Código Civil). Las contrariedades, las molestias o incomodidades en el pago ocasionadas, o las inquietudes propias y corrientes no revisten la necesaria entidad como para constituir un capítulo especial de la indemnización (conf. esta Sala, causa 103.326, 22/5/2005, RSD. 142005, “Castillo, Héctor Juan c/Codd Martín Pablo s/Daños y perjuicios”; Cám. Civ. y Com. 1ra., Sala II, Mar del Plata, 101.484, RSD. 412/97, 11/11/97, “Diaz Susana Adriana c/Luengo Miguel Angel s/Daños y perjuicios”).
Entonces, a pesar de que casi todo daño patrimonial apareja inconvenientes o disgustos, no siempre configura un daño moral, sino que es necesario que se supere un piso mínimo de molestias, determinado precisamente por este interés de afección (art. 1078 del Código Civil) (Cám. Civ. y Com. Junín, 42.150, RSD. 235/2007, 28/08/2007, “Lucero, Sergio Daniel c/Ortiz, Juan José y otro/a s/Daños y perjuicios”), lo cual, en su condición de circunstancia extraordinaria, requiere de prueba (arts. 375 y 384, C.P.C.C.).
Sentado ello, considero que las contrariedades, molestias o incomodidades ocasionadas a la actora por la rotura del automóvil no revisten la necesaria entidad como para ser aprehendidas en el concepto de daño moral (art. 1078, C. Civil) (conf. esta Sala, causa 103.326, RSD. 14/2005, 22/02/2005, “Castillo, Héctor Juan c/Codd Martín Pablo s/Daños y perjuicios”), por lo que corresponde confirmar lo resuelto en la instancia de origen.
En cuanto a la tasa activa solicitada en la demanda, su aplicación quedó desplazada con la aplicación de la doctrina legal de la Suprema Corte bonaerense citada en la sentencia de origen (fs. 148 vta./149), por lo que no existe omisión alguna y el agravio ensayado al respecto no merece ser recibido (arts. 161 inc. 3 a, Const. Prov.; 163, 164, 253, 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
3.3. Tratamiento de los agravios de la demandada y citada. Tal como sucede con la desvalorización del rodado, la privación de uso no es un daño que se pueda presumir por la sola existencia de deterioros materiales en el vehículo y la necesidad de su detención durante el lapso de su reparación, sino que como todo daño, para ser cierto y no meramente eventual o hipotético, debe ser probado (doct. arts. 1067 y 1068, Código Civil; 375 y 384, C.P.C.C.) (conf. Cám. Civ. y Com. San Martín, Sala II, 58.258, RSD. 283/2006, 19/9/2006, “Fratta, Juan y otros c/Zatata, Alfredo Abelardo s/Daños”).
En este sentido ha dicho la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (SCBA), que la privación de uso del automotor no escapa a la regla de que todo daño debe ser probado, ni constituye un supuesto de daño “in re ipsa”, por lo que quien reclama por este rubro debe probar que efectivamente esa privación le ocasionó un perjuicio (SCBA, Ac. 44.760, 2/8/94, “Ac. y Sent.” 1994-III, 190; Ac. 52.441, 4/4/95, “Ac. y Sent” 1995-I, 597; Ac. 54.878, 25/11/97).
De la prueba de autos surge que el actor tenía un solo automotor, que trabaja en relación de dependencia en la Dirección de Escuelas y que vive en su casa con su mujer y sus dos hijos, siendo que era el titular del vehículo, que lo manejaba al momento del siniestro, tales elementos probatorios me permiten inferir que la privación del automotor durante el lapso de reparación le ha ocasionado un perjuicio indemnizable, cuya cuantificación se puede determinar conforme la facultad que emerge del último párrafo del art. 165 del ordenamiento ritual, que permite fijar el importe de los perjuicios cuando el daño está comprobado, aunque no resultare justificado su monto.
En función de ello, considerando la reparación a valores actuales, días que insume el arreglo, estimo que la reparación otorgada no es excesiva y debe ser confirmada (arts. 163, 164, 260, 261, 330, 354 inc. 1, 375 y 384, C.P.C.C.; 3 y 1083, Código Civil; 7, C.C.C.N.).
En virtud de lo expuesto, corresponde confirmar lo resuelto en la instancia de origen (arts. 163, 164, 260, 261, 266, 330, 354 inc. 1, 375, 384 y 401, C.P.C.C.; 505, 901, 903, 1078, 1083, 1094, 1095, 1113 y cctes., Código Civil).
Voto por la AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo que por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante adhería a la solución propuesta y en consecuencia también votaba por la AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
Atendiendo al acuerdo alcanzado corresponde y así lo propongo, confirmar la sentencia recurrida de fs. 145/150. Postulo que las costas de segunda instancia se impongan a los recurrentes en su calidad de vencidos (arts. 68, 260, 272 y 274 C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo que por idénticos motivos votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, y demás fundamentos expuestos se confirma la sentencia apelada de fs. 145/150. Costas de Alzada a los recurrentes en su condición de vencidos. REG. NOT y DEV.
Fin de la sentencia