Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 122417
En la ciudad de La Plata, a los 22 días del mes de Marzo de 2018 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro, Ricardo Daniel Sosa Aubone y por disidencia, el Señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits (art. 36 de la ley 5827), para dictar sentencia en los autos caratulados: "LA VIGNA PATRICIO AGUSTIN C/GAUNA ROSA VALERIA S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) " (causa: 122417 ), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿ Es justa la apelada sentencia de fs. 267/273?.
2a. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes.
1.1. En las presentes actuaciones se dictó sentencia de primera instancia:
Haciendo lugar a la demanda por daños y perjuicios promovida por Patricio Agustín LA VIGNA contra Rosa Valeria GAUNA y se hizo extensiva la condena a la citada en garantía PARANA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS, condenando al demandado a pagarle al actor dentro del plazo de diez días la suma de $ 85.700, más intereses a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días, desde la fecha del hecho dañoso: 27/4/2011, con costas.
1.2. Apelaron la actora (fs. 278), la citada en garantía (fs. 278), quienes expresaron agravios a fs. 302/307 y 309/313, los cuales merecieron las respuestas de fs. 315/319 vta. y 321/322.
1.3. A fs. 324 se llaman autos para sentencia, providencia que está firme y consentida.
II. Los agravios.
2.1. La actora se queja del importe otorgado en concepto de daño físico y psíquico ($ 60.000), daño moral ($ 20.000) y gastos de asistencia médica y farmacéutica ($ 3000) y solicita su aumento.
Con relación a las lesiones, considera que la reparación no es integral ni resarce el daño ocasionado. Cita jurisprudencia sobre la reparación del daño e invoca la aplicación de ciertas fórmulas matemáticas a fin de ponderar el daño, a partir de la cual considera que es insuficiente la reparación otorgada, postulando su aumento.
En cuanto al daño moral, también estima insuficiente el importe otorgado y solicita su elevación
Por último, critica el rubro “gastos de asistencia médica y farmacéutica” también por insuficiente.
2.2. La citada en garantía por su parte cuestiona por alto el importe otorgado por incapacidad física y la tasa de interés fijada.
III. Análisis de los agravios.
3.1. Normativa aplicable. Siendo que el hecho dañoso ocurrió el 27/04/2011, esto es antes de la vigencia del Código Civil y Comercial, la responsabilidad y obligación de resarcir el daño se rigen por la normativa vigente al momento del hecho, esto es el Código Civil (arts. 3, 505, 514, 901, 902, 903, 904, 905, 1067, 1068, 1069, 1083, 1094, 1095, 1113 y cctes., Código Civil; 7, C.C.C.N.), sin perjuicio de que la cuantificación del daño pueda efectuarse conforme la ley vigente al momento de la sentencia, lo que permite utilizar las nuevas disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, entre las cuales se destaca el art. 1746 que establece que “En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. …”. Ello lleva a la aplicación de fórmulas matemáticas -que constituyen la síntesis de cálculos matemáticos- a fin de determinar el valor presente de una renta futura no perpetua, como un parámetro orientativo (de lo contrario no habría “evaluación”) que no puede ser omitido por la judicatura a la hora de cuantificar los daños personales por lesiones o incapacidad física o psíquica (ver en este sentido Cám. Civ. y Com., Sala 2da., Azul, causa 61.029, 21/2/2017, RSD. 8/2017, “O., F.R. por sí y en rep. de sus hijos menores de edad y otros c/Aseguradora Federal Argentina S.A. y otros s/Daños y perjuicios”; esta Sala, causa 121819, 5/10/2017, “Lastiris, Aldo c/Flores Valsechi, Diego Ariel s/Daños y perjuicios”, RSD. 226/2017).
Ahora bien, la idoneidad de las fórmulas matemáticas para obtener el quantum de la indemnización debida, depende no sólo de la correcta elección de sus componentes, sino de la precisión con que se haya determinado la entidad del daño producido.
Por más que no se comparta la postura de aplicar el nuevo código a la cuantificación del resarcimiento, al mismo camino se podría arribar bajo el régimen del Código Civil, puesto que la Suprema Corte local había dicho que para la determinación de la indemnización es útil recurrir a fórmulas de matemática financiera o actuarial como son aquellas contenidas en las tablas de amortizaciones vencidas a interés compuesto y de uso habitual en los Tribunales del Trabajo (SCBA, Ac. 81.092, 18/12/2002). Ello ofrece, como ventajas, algún criterio rector más o menos confiable, cierto piso de marcha al formular o contestar reclamos, o el aventamiento de la inequidad, la inseguridad o la incerteza (SCBA, C. 117.926, 11/2/2015). Pero esas ventajas no deben llevarnos a olvidar que tales fórmulas juegan, por un lado, como un elemento más a considerar -cuando de mensurar un daño y su reparación se trata- junto a un haz de pautas fundamentales ajenas al mundo de las matemáticas y con todas las cuales el juzgador ha de trabajar para aquella determinación. Y por otro lado, que su aplicación desprovista de prudencia puede llevar a verdaderos despropósitos, como en el caso de la muerte de un recién nacido (tal como se juzgó en la causa Ac. 83.961, 1/4/2004) o como ocurriría de tratarse de un trabajador de 66 años donde, según la fórmula “Vuoto” se arribaría a un resultado negativo (SCBA, C. 117.926, 11/2/2015).
En este sentido ha expresado que SCBA que en la determinación del quantum indemnizatorio, los jueces deben individualizar y ponderar los elementos de juicio que sirven de base a su decisión, a fin de garantizar un eventual control de legalidad, certeza y razonabilidad de lo resuelto (SCBA, Ac. L. 34.068, 27/12/84; L. 36.401, 26/8/86; L. 37.437, 2/6/87; L. 52.908, 23/11/93; L. 94.556, 7/4/2010, “Schidt”; C. 106.323, 19/9/2012, “V., N.B.”), lo cual se obtiene con la utilización de fórmulas matemáticas en la reparación del daño material físico (lo cual comprende el daño psíquico).
Sentado ello, siendo que la responsabilidad establecida en la sentencia arriba firme a esta instancia, debo limitar mi análisis al importe del resarcimiento, a fin de determinar si la indemnización otorgada se ajusta a derecho (arts. 3, 505, 508, 520, 901, 902, 903, 904, 1068, 1069, 1078, 1086, 1109, 1113 y cctes. del Cód. Civil; 7 y 1746, C.C.C.N.), recordando sobre el particular, que la prueba del daño constituye presupuesto indispensable para la condena indemnizatoria, y cuya demostración incumbe a quien reclama, de conformidad a los principios que gobiernan la carga probatoria (art. 375, C.P.C.C.).
Ha de tenerse presente, que en la tarea de fijar el alcance y cuantía de la indemnización, no se debe trasponer el área de la equidad y justicia, acotada, por un lado, por el principio de reparación integral y plena, y por otro, con el que impide lucrar con el daño sufrido, de manera tal que el perjudicado no quede ni más pobre ni más rico de lo que hubiera sido de no acaecer el evento dañoso (conf. CAZEAUX-TRIGO REPRESAS, “Derecho de las Obligaciones”. Editora Platense, 1969, 1ª edición T. I, pág. 247).
3.2. Indemnización por lesiones físicas.
3.2.1. Con relación a los daños físicos, el juez de primer grado consideró -con sustento en la pericia del médico deportólogo de fs. 178/179 Rafael Agüero- que el actor presenta una cervicalgia y disminución de la movilidad del cuello, lesión que representa una incapacidad del 8% y es compatible con un evento traumático como en de autos (caída de una moto a raíz de un accidente de tránsito). Además, en base a la pericia psiquiátrica de fs. 186/189, presentada por la psiquiatra Mirta Julia Alvarez, estimó que el actor padece de un trastorno por stress post traumático crónico, que requiere tratamiento psicoterapéutico de un año y psicofarmacológico (antidepresivos y ansiolíticos), con una incapacidad parcial y permanente del 20% según baremo del cuerpo médico forense.
En función de ello, las máximas de la experiencia universal, la edad de la víctima a la fecha del hecho -20 años-, la actividad laboral que surge del beneficio de litigar sin gastos, fijó la reparación en la suma de $ 60.000 en concepto de “lesiones físicas”.
3.2.2. En primer lugar corresponde destacar que bajo el vocablo incapacidad he de computar a los efectos de una reparación plena o integral -que ha sido receptada expresamente por el art. 1740, C.C.C.N. y encuentra base en los arts. 17 y 19, C.N.- a) la lesión en sí misma como ofensa a la integridad corporal del individuo (incapacidad estrictamente física); b) el detrimento que ello produce en su aptitud de trabajo (incapacidad laboral); c) el menoscabo que además, apareja en su vida de relación toda, al amenguar y dificultar sus interrelaciones con los otros en el plano social, cultural, hogareño, lúdico, sexual, etc., al lado de similares inconvenientes e impedimentos en sus relaciones con las cosas (para lo que puede utilizarse la denominación de incapacidad o disminución de la capacidad integral del sujeto); y e) el daño o incapacidad psíquica o psicológica (ver en este sentido voto del Dr. Roncoroni en las causas L. 70.185, del 23/10/2002 y Ac. 90.471, del 24/5/2006). Dicho criterio amplio ha sido receptado por el art. 1738, del C.C.C.N. que realiza una enumeración meramente ejemplificativa de la indemnización que es contenido del resarcimiento por daños.
Ello, sin perjuicio de que el daño a la persona ("daño a la persona misma") puede obrar sus consecuencias en dos planos de interés jurídico, igualmente tutelables (indemnizables): el material y el moral. En tal sentido, la afectación estética, al igual que la incapacidad física y la psíquica, pueden influir en uno y en otro aspecto, o no. Esta repercusión es una cuestión concreta propia de cada caso. De ahí que, distinguir el daño estético, físico y psíquico a los fines de resarcir la incapacidad resultante, obra solamente como una cuestión de buen orden y claridad en la pretensión contenida en la demanda (o en la reconvención), pero no se trata estrictamente de daños autónomos: uno y otro convergen (o pueden convergir) para determinar la secuela de incapacidad, que es lo indemnizable (daño causado). Sin perjuicio de ello, todos los sufrimientos o privaciones que el damnificado haya padecido en sus más "altos afectos" (plano extrapatrimonial), pueden ser también valorados para la reparación del daño moral (es útil en este rumbo, acudir a la segunda parte del art. 1738 del C.C.C.N., que le asigna la calidad de bienes jurídicos tutelables a los derechos personalísimos de la víctima, integridad personal, salud psicofísica, afecciones espirituales legítimas y al proyecto de vida de la persona, que viene a reafirmar reafirma lo que sostenía la jurisprudencia). Y no hay en esto doble indemnización por la misma causa, sino que se trata de resarcir a la persona por la totalidad de menoscabos que la hayan afectado en la integridad material y espiritual que constituye (art. 5-1, convención Americana sobre Derechos Humanos) (conf. esta Cámara, Sala I, causas B-87.389, del 31/10/98, RSD. 64/98, según voto del Dr. Sosa; 95.640, del 13/9/2001, según voto del Dr. Marroco).
Ahora bien, la incapacidad sobreviniente comprende las secuelas o disminuciones físicas o psíquicas que pudieren quedar luego de completado el período de recuperación o restablecimiento -lo cual ha sido designado en el nuevo código como la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima (art. 1738)- (conf. SCBA, Ac. 42.528, 19/6/90, “Ac. y Sent.” 1990-II, 539; Ac. 54.767, 11/7/95; Ac. 79.922, 29/10/2003), lo que no puede confundirse con lucro cesante, que consiste en el resarcimiento de las ganancias dejadas de percibir durante el tiempo que haya demandado la curación de la víctima -contemplado en el nuevo código en el art. 1738- (SCBA, Ac. 52.258, 2/8/94; Ac. 75.918, 21/11/2001; C. 96.838, 24/8/2011, por mayoría -el voto de la minoría no propicia el cambio de doctrina-; C. 95.167, 5/12/2012), siendo reparaciones que no resultan excluyentes entre sí (SCBA, Ac. 52.258, 2/8/94).
Cuando la citada se queja de la reparación otorgada por este rubro (primer agravio a fs. 309 vta.), cuestiona la ausencia de vínculo causal entre las lesiones y el hecho materia de esta litis y considera que los montos indemnizatorios no se ajustan a la realidad del perjuicio sufrido. Agrega que el siniestro ocurrió el día 27/4/2011 y que según el informe de la ART el actor retornó a sus actividades laborales el lunes 2/5/2011, lo que a su entender denota la ausencia de secuelas de gravedad. Critica el 8% asignado por considerar que no tiene relación de causalidad con la caída de la moto y que puede deberse a las tareas administrativas prolongadas que realiza el actor.
El cuestionamiento del recurrente no tiene entidad para conmover el grado de incapacidad otorgado ni la relación de causalidad expresada por el perito médico, ya que: a) se compadece con las dolencias que surgen de la Historia Clínica remitida por el centro asistencial que atendió al actor luego del accidente (ver fs. 191/193; b) la crítica que tiene como piso de marcha la actividad del actor y la posibilidad que dicha dolencia encuentre su origen allí, no tiene una base sólida: relata el perito médico que el actor le manifestó que maneja un auto de alquiler (ver fs. 178), y al brindar explicaciones dicho experto dijo que “No constan en autos datos sobre la salud del señor La Vigna previo al evento traumático, de modo que no se puede emitir opinión al respecto si presentaba patología cervical previamente o no, aunque el tipo de tareas desarrolladas, con muchas horas sentado manejando y con stress, si lo hubiere, son factores predisponentes” (fs. 197). Tal manifestación es insuficiente para revertir el grado de incapacidad otorgado y su relación causal, ya que se trata de expresiones efectuadas por el actor al perito y dicha labor no surge de lo manifestado por los testigos del beneficio de litigar sin gastos (ver fs. 26, 27 y 28 donde se alude a un trabajo como empleado en una empresa de ascensores); c) la citada alude a tareas administrativas prolongadas con muchas horas sentado como un factor predisponente (fs. 310), y tal como ya se adelantó, ello no surge de autos; d) la ausencia de prueba sobre algún tratamiento kinesiológico o de fisiatría posterior al accidente, tampoco es un elemento que pueda enervar el grado de incapacidad, máxime cuando dicho tratamiento pudo ser proporcionado u ofrecido por la citada al anoticiarse del accidente; y e) la rectificación (pérdida) de lordosis surge de la Rx acompañada (ver fs. 178 vta.) y concuerda con los valores que surgen del Baremo general para el Fuero Civil de los Dres. Altube-Rinaldi, ed. García Alonso, Bs. As., 2010, pág. 155.
A mayor abundamiento, el perito médico informó a fs. 178 vta. que la musculatura posterior del cuello y región superior dorsal presentan contractura o sea mayor tono muscular que lo normal y también dolor palpatorio bilateral en ambas regiones paravertebrales. También observó lateralización de la cabeza hacia la derecha y que la movilidad de la columna cervical se halla disminuida y con dolor tanto en la extensión, lateralización y rotación. Ello concuerda con la placa radiográfica adjuntada, donde se observa rectificación de la lordosis cervical.
Luego (fs. 179), el experto dijo que en función de las constancias de autos, examen físico y estudios complementarios, el actor presenta cervicalgia y disminución de la movilidad del cuello con un 8% de incapacidad parcial y permanente, y que ello es compatible con el evento traumático de autos (relación de causalidad).
Cierra dicha conclusión afirmando que un traumatismo puede producir una lesión en la columna cervical, generando un esguince de las delicadas articulaciones de las vértebras cervicales con irritación de las fibras nerviosas, contractura muscular refleja, rectificación y alteración de la curvatura normal de la columna e inflamación de los nervios raquídeos regionales emergentes (fs. 179), agregando -con motivo de la impugnación efectuada- que el cuadro es crónico (fs. 197).
Concuerdo con tales conclusiones (arts. 384 y 474, C.P.C.C.).
En consecuencia, he de tomar la incapacidad parcial y permanente del 8% que padece el actor a raíz de la cervicalgia y diminución de la movilidad del cuello.
En cuanto a la incapacidad parcial y permanente informada por el perito psiquiatra a fs. 189 vta. (20%), por un trastorno por stress post traumático crónico, que según el perito requiere tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacológico con un pronóstico reservado y que afectó su vida de relación (fs. 189), con una duración estimada de un año para la psicoterapia, lo que da un total de $ 24.000 al año ($ 500 semanales por tratamiento psicoterapético y psicofarmacéutico x 4 x 12), más la suma de $ 900 semanales por medicamentos por dos años da $ 43.200 ($ 900 x 4 x 12), tengo presente que el perito médico psiquiatra dijo que el actor presenta características de personalidad con rasgos fóbicos (ver informe pericial a fs. 188 vta., punto a), que presenta dificultades para la realización de sus actividades habituales y abandono de actividades de esparcimiento, timia displacentera, dificultades para mantener el sueño, tendencia a la irritabilidad, anhedonia (ver informe pericial a fs. 187 vta.), se encuentra en un estado de hiperalerta (fs. 189), que se ha visto imposibilitado de desarrollar su vida de manera normal (fs. 189, punto g), que su vida de relación se ha visto afectada (fs. 189, punto h), que su cuadro puede agravarse (fs. 189, punto i).
Ahora bien, el Trastorno por estrés postraumático (DSM IV: F43.1) podría catalogarse como “crónico moderado” conforme el Baremo general para el Fuero Civil, de los Dres. Altube-Rinaldi (ed. García Alonso, Bs. As., 2010, pág. 278), donde no se indican trastornos de memoria y se establece un grado de incapacidad del 15 al 30%, que está dentro del grado de incapacidad determinado por el perito.
Si bien el perito psiquiatra ha dicho que el pronóstico es reservado, lo cual implica que no se puede predecir la evolución futura de dicha lesión, considero que tal incapacidad puede ser morigerada a través de dicho tratamiento, de lo contrario el mismo no tendría una duración limitada en el tiempo, por lo que he ponderar que a raíz del tratamiento se puede obtener una reducción lo que me permite arribar a un 15% de incapacidad, sin perjuicio de ponderar los gastos que demanda la recuperación al tratar los gastos médicos y farmacéuticos.
Con tales porcentuales de incapacidad (8% por cervicalgia y 15% por estrés postraumático), resulta aconsejable una consideración global de los desmedros producidos en las diversas esferas del individuo, en especial, porque para su cómputo, es de ponderable aplicación la tabla de incapacidades múltiples (Simonin, “Tratado de Medicina Judicial. Incapacidades múltiples”, ed. Juris, 1980, pág. 804), cuya operatividad evitaría un resultado que superara el 100% de minusvalía, con la consecuente incidencia en la cuantificación dineraria.
En función de ello llego a un 21,8% (15+6,8 que se obtienen de multiplicar la incapacidad restante -85%- por el porcentual a considerar -8%- y dividirlo por 100)
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.