Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 124501
En la ciudad de La Plata, a los siete días del mes de febrero de dos mil diecinueve reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “CASTRO TARIFA ARMANDO Y OTROS C/ OLHEISER JORGE Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", (causa nº 124501), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término la doctora Larumbe.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justo el apelado decisorio de fs. 286/298?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, LA DOCTORA LARUMBE DIJO:
I. En la sentencia indicada, la Juez a quo hizo lugar a la demanda entablada por Armando Castro Tarifa, por sí y en representación de sus hijos menores de edad Gisele Mariana Castro Magne, Anabel Camila Castro Magne y Gary Alexis Castro Magne contra Jorge Jacinto Olheiser y su compañía aseguradora Federación Patronal Seguros SA y condenó a los mismos a pagar la suma total de $ 1.177.890 discriminada tal como surge del capítulo V apartados A) al G) de los considerandos, dentro del plazo de diez días y ello con más intereses desde la fecha del hecho dañoso -17/1/2016- hasta el efectivo pago. Hizo extensiva la condena a la aseguradora de mención e impuso las costas a la demandada y citada en garantía, difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad.
Dicha decisión fue apelada por el demandado y la citada en garantía (ver fs. 302), quienes expresaron agravios a fs. 312/317 (sistema Augusta), los que recibieran la réplica del sector actoral que corre a fs. 319/325.
II. Agravios:
En prieta síntesis el demandado y la citada en garantía, se agravian no sólo de la forma en la cual fue atribuida la responsabilidad, dado que entienden debió rechazarse la demanda, como así y en forma subsidiaria, por los montos indemnizatorios acordados, los que resultan por demás elevados y superan holgadamente el reclamo efectuado.
En lo que se refiere al primero de los agravios, sostienen que, tal como se desprende de los términos de la demanda, la Sra. Jueza luego de analizar las probanzas de autos concluyó que debía atribuir la responsabilidad a ambos conductores, atribuyendo en cabeza del actor Armando Castro Tarifa un 70% y en cabeza del demandado Jorge Olheiser un 30%, sin embargo, considera, se equivocó en sus apreciaciones por cuanto, de la prueba colectada en autos surge indudable que la demanda debió ser rechazada en forma íntegra, lo que así solicitan sea resuelto y sólo en forma subsidiaria peticionan que se reduzca el porcentual de responsabilidad atribuido al demandado.
Para sostener tal afirmación, sostienen que la a quo no analizó en forma correcta las pruebas colectadas en autos para establecer la relación de causalidad, pues sin tener en cuenta que la avenida 44 a la altura en la que se produzco el choque es una ruta y que el conductor de la Eco Sport realizó un giro a la izquierda sobre la arteria de mención, aún cuando al declarar en sede penal admitió haber divisado las luces del rodado del demandado, no ha dimensionado en forma idónea el estado de ebriedad con el cual el mismo conducía su rodado y la incidencia que ha tenido en la producción del hecho; pues aún cuando alcanzó a divisar las luces del Peugeot 208 que avanzaba por la arteria referida pero en sentido contrario y por el carril izquierdo de la misma, continuó con su maniobra interponiéndose así en el frente de avance del rodado mencionado en último término.
A todo evento, resaltan que si -tal como emerge de la causa represiva- la intención del actor no era girar a la izquierda, sino realizar un giro en U; en forma expresa está reconociendo que pretendió realizar una maniobra prohibida en el lugar porque si bien pueden entenderse que el giro a la izquierda está permitido, pero solo luego de verificar que no existe riesgo para terceros y que la vía que se va a atravesar esta libre, el giro en U no está permitido en el Código de Tránsito y por lo tanto la imprudencia del actor es aún mayor.
En síntesis, entienden que en el fallo cuestionado no se analizó debidamente el estado psicofísico en el cual se encontraba el actor al momento del accidente, quien no se encontraba apto para conducir un rodado automotor, su estado de ebriedad era evidente puesto que los testigos así lo manifestaron y no podía mantenerse en pie, lo que sin duda lo llevó a realizar una maniobra prohibida y temeraria y su accionar, al interponerse en la línea de marcha del Peugeot 208 fue la única causa del accidente; omitiendo la sentenciante evaluar que en la camioneta circulaban más personas que las que dicho rodado admitía (ver pericia mecánica de fs. 187/201 y fs 213/214) y que la fallecida circulaba sin tener colocado el cinturón de seguridad (ver declaración de fs. 93/95 de la causa penal), es decir que se puso voluntariamente en riesgo, no sólo por aceptar trasladarse en un rodado conducido por quien no estaba apto para ello, sino por hacerlo sin tomar las mínimas precauciones.
Por último consideran que nada puede reprocharse al conductor del rodado Peugeot 208 puesto que, aún circulando a menor velocidad era imposible sortear el rodado del actor, ya que la maniobra efectuada por el conductor de la Eco Sport fue sorpresiva y temeraria interponiéndose en su línea de marcha ya que el Peugeot 208 se encontraba a escasos metros de la intersección y ello impidió al demandado tomar cualquier recaudo. Para graficar lo expuesto, sostienen, basta apelar al croquis obrante a fs. 71 de la causa penal, analizando la ubicación de los rodados y el lugar donde ocurrió el accidente, como así la secuencia expuesta por el perito Ing. Mecanico en estos autos (ver fs. 215 a 216). Pide se revoque el decisorio en cuanto a la atribución de responsabilidad ya que, esgrime, de ningún modo puede atribuirse al demandado un 30% de responsabilidad por un supuesto exceso de velocidad, cuando la única causa del accidente ha sido la conducta del actor Castro Tarifa, quien aún siendo un conductor profesional y por ende es mayor la exigencia conforme se desprende de los arts. 1723, 1724 y 1725 del C.C. y C. N., con su accionar puso en riesgo su vida y la de terceros, con el lamentable desenlace que ha tenido su conducta, violando la normativa de tránsito, en especial las disposiciones del art. 48 inc. a y d de la ley 24.449.
En definitiva y considerando arbitraria e injustificada la atribución de responsabilidad decidida al demandado, dado que a la luz de las constancias mencionadas y según su criterio, debió ser rechazada la demanda en forma íntegra, piden así resuelva el Tribunal y solo en forma subsidiaria, peticionan se reduzca en forma notoria la responsabilidad puesta en cabeza del demandado, atento haberse acreditado la eximente de responsabilidad prevista por el art. 1722 del CCyC.
En segundo de los agravios se encuentra encaminado a cuestionar los rubros indemnizatorios concedidos ya que, entienden, los acordados resultan desproporcionados por lo elevados, ello con mayor razón si se tiene en cuenta que la a quo aclaró que los montos han sido fijados de acuerdo al porcentaje de responsabilidad adjudicado.
Al agraviarse de la indemnización concedida por fallecimiento, la que en su conjunto sostienen asciende a $ 708.000 por el 30% de la responsabilidad, es decir que el monto total que la a quo estimó correcto ascendería a $ 2.360.000, monto desproporcionado y que supera ampliamente lo peticionado en demanda de $ 1.100.000; entienden la sentenciante no ha tenido en cuenta lo expuesto en su oportunidad respecto a la falta de utilización del cinturón de seguridad por parte de la fallecida Romyna Magali Iraizos Magne, punto que no está controvertido puesto que el propio actor Sr. Castro Tarifa (ver fs. 93 y vta. de la causa penal) ni tampoco que, el actor –sobre quien recaía la carga de acreditar sus afirmaciones-, acreditó ser esposo y/o conviviente de la fallecida y mucho menos las actividades que la a quo da por cierto, desplegaba la occisa en el hogar, cuando en realidad ninguna prueba existe sobre tales circunstancias y el hecho de que se trasladaran al momento del hecho en el mismo rodado, entienden, resulta insuficiente para tales fines pues las mismas no pueden presumirse.
Afirman que el rubro carece de todo sustento, por lo que solicitan se rechace en forma total el reclamo efectuado por el actor, dada la total falta de prueba del daño que alega haber sufrido y de la legitimación invocada, y solo de manera subsidiaria peticiono su reducción, como así solicitamos se reduzca en forma notoria el resarcimiento fijada a favor de los menores.
En lo que se refiere al rubro otorgado por incapacidad psicológica, el que prospera a favor del actor Castro Tarifa por la suma de $ 81.000 y $ 8.400 por gastos de tratamiento, en ambos casos ya estimado el porcentual de responsabilidad por el cual prospera la acción, reiteran en primer lugar lo ya expuesto en torno a la falta de prueba sobre la legitimación del actor para efectuar su reclamo dado que no acreditó ser ni esposo ni convivente de la fallecida al momento del hecho.
Agregando que al otorgar ambos conceptos se está duplicando la indemnización pues, al fijarse un resarcimiento por tratamiento psicológico dicha terapia debería disminuir la incapacidad o superar el cuadro en forma total y por lo tanto nada justifica otorgar por incapacidad psicológica un resarcimiento independiente del valor vida y del daño moral, todo ello sin perjuicio de reiterar que el actor nada probó. Piden el Tribunal rechace este rubro en forma total y solo subsidiariamente peticionan su notoria reducción.
En lo que se refiere a la indemnización otorgada por daño moral, rubro que prospera por $ 330.000, con lo cual sostienen que el monto que la Sra. Jueza considera viable estimando una plena responsabilidad ascendería a la suma de $ 1.100.000 –importe que triplica lo requerido en demanda-; cuestionan aquél acordado a favor del actor reiterando aquí las consideraciones sobre la falta total de prueba en cuanto a su condición de esposo o conviviente y en cuanto a los montos concedidos a los menores, si bien es cierto, es difícil merituar el rubro no cabe duda que los principios de prudencia, moderación y equidad deben ser tenidos especialmente en cuenta a la hora de analizarlo y se entiende que en el fallo atacado no se los apreció debidamente, puesto que la indemnización fijada a favor de cada actor resulta por demás excesiva, considerando el porcentaje de responsabilidad puesto en cabeza del demandado.
Piden, en consecuencia, se rechace el rubro en relación al actor Castro Tarifa y subsidiariamente se lo reduzca, como así también se reduzcan las indemnizaciones otorgadas por este concepto a favor de los menores.
Por último se agravian de los intereses que contempla el fallo en crisis, pues siendo indudable que el monto de condena ha sido fijado con criterios de actualidad la tasa BIP desde el hecho y hasta su efectivo pago encubre una actualización prohibida por ley, pide se fijen los intereses se fijen conforme la doctrina que emerge del fallo Nidera, esto es al 6% anual. Dichos agravios merecieron la réplica del sector actoral que corre a fs. 319/325, en los que, consideran la a quo ha hecho una valoración correcta de las pruebas colectadas ya que, en cuanto a la atribución de responsabilidad, la velocidad desplegada por el vehículo conducido por el demandado era del doble de la permitida en la zona, y por ende violatoria de la ley de tránsito vigente, por lo que su parte concuerda con lo expuesto por la a quo, en torno a que la conducta del Sr. Olheiser ha incidido mínimamente en un 30% en la producción del hecho, aunque su parte considere que las culpas concurren en partes iguales; ya que afirma que si hubiera circulado a 60Km/h el accidente no se hubiera producido.
Luego cuestiona la falta de valoración por parte de la a quo del estado de ebriedad de su parte, circunstancia que esgrime, no fue propuesta al contestar la demanda, y también el testimonio del Sr. Lucastegui, cuyo relato en sede penal resulta a su criterio ilógico y cruel. Asimismo, considera improcedente en esta etapa evaluar cuál fue la maniobra que intentó el actor pues, son nulas las probabilidades de que el actor hubiera querido doblar en U dado que, la dársena de giro se encuentra en Av. 44 y calle 239, dirección que además coincide con el domicilio del actor, conforme emerge de su documento de identidad.
En cuanto al agravio en torno a la legitimidad del actor para reclamar los rubros indemnizatorios pretendidos y acordados, en la medida que la misma no fue cuestionada en su oportunidad y que se encuentra suficientemente probada con la documentación anexada a autos, piden su rechazo.
Y, en lo que se refiere a los montos indemnizatorios concedidos considera que los mismos han sido estimados teniendo en cuenta el principio de la reparación integral como asimismo las circunstancias particulares del grupo familiar lesionado, en donde se tuvo en cuenta la realidad socio-económica de la familia que pierde a su eslabón fundamental, dejando a 3 niños vulnerables, siendo una de ellas una niña con discapacidad severa.
Agregan que no se configura una doble indemnización cuando se otorga un monto por el daño psicológico comprobado y además el costo del tratamiento psicológico sugerido por la experta, y finalmente, con respecto a los intereses, considera que los mismos no encubren una actualización, por lo que requiere se los confirme, como así la totalidad de la sentencia en lo que ha sido materia de agravios.
III. Tratamiento de los Agravios:
Abordando la tarea revisora y dando en consecuencia las necesarias razones del caso (arts. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 3 del Código Civil y Comercial), debe precisarse que arriba firme a esta instancia revisora la existencia del hecho que motivara la litis, cuestionándose la atribución de responsabilidad decidida, vale decir que el sector pasivo se agravia de la responsabilidad que se le adjudicara en la producción del accidente de tránsito acaecido el 17 de enero de 2016 sobre la Avenida 44 en su intersección con la calle 239 de esta ciudad de La Plata.
III. 1) Agravios encaminados a cuestionar la responsabilidad atribuida al sector pasivo:
Ahora bien, y si tal como expusiera, el primer agravio del demandado y la citada en garantía se encuentra dirigido a la responsabilidad decidida, ninguna duda cabe en que resultaba menester analizar la prueba producida a fin de analizar en forma integral la conducta de los partícipes del hecho (ver fs. 289 vta. primer párrafo) y, así establecer la causa del daño, la que como correctamente señalara la iudex a quo, importa hacer un juicio de probabilidad determinando que aquél se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito, o sea, que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión jurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas. Vale decir que el vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal), entre una acción u omisión y el daño: éste debe haber sido causado u ocasionado por aquélla (conf. SCBA, causa L. 88.330, 31/08/2007, entre otros).
Ello claro está, sin dejar de tener en cuenta que la carga de la prueba respecto de la existencia del hecho, de los factores de atribución y de las circunstancias eximentes, corresponde a quien las alega (art. 1734 y 1736 del CCyC y 375 del CPCC); como así que las eximentes exigen una prueba concreta y plena del hecho esgrimido y cuando se invoca la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no se responde, es necesario analizar en forma integral la conducta de los partícipes del hecho, aun cuando el factor de atribución en este tipo de responsabilidad no se asiente en la culpa del autor del suceso (SCBA, C 119.691, S 15/11/16; C 116.715, S 10/6/15).
En este camino, no se advierte error alguno en la tarea emprendida por la a quo ya que no sólo valoró la conducta desplegada por el conductor de la Eco Sport en el hecho, quien conducía su rodado en estado de ebriedad -comprobado no sólo por los dichos de los testigos Lucastegui y Fernandez (ver fs. 19, 20 y 117/118 causa penal) sino por el informe toxicológico que corre a fs. 13 de la misma–, y que al realizar la maniobra de giro a la izquierda sobre una Avenida –aun habiendo divisado que por el carril contrario de la misma provenían automotores- no detuvo la marcha de su rodado ni anunció dicha maniobra mediante la señal lumínica respectiva, interponiéndose así de manera intempestiva en la línea de marcha del rodado Peugeot al mando del demandado (ver fs. 289/290 vta.); también coincido con la iudex a quo en que si bien la forma en que se ha ejecutado tal maniobra se constituye en la causa del evento dañoso, no es la única (ver fs. 290 vta. primer párrafo).
Es que frente al obrar negligente, desaprensivo y absolutamente irresponsable por parte del actor en la conducción de una cosa riesgosa, transportando a un número mayor de personas a las que un rodado como el que tenía bajo su mando permite -6 en vez de cinco (ver fs. 1 y vta. causa penal) –aparece la conducta del demandado quien, al mando de una cosa igualmente peligrosa, le imprimió a su máquina una velocidad elevadísima con relación a la máxima permitida para circular en el lugar donde acaeciera el suceso –nótese que, pese a los esfuerzos desplegados por el sector pasivo, dicho tramo de la Avenida 44 si bien podría ser identificado como ruta provincial nº 215 (ver fs. 37 y 79 de la causa penal y fs. 228 de la presente), es lo cierto que tanto la Dirección de Vialidad provincial como el experto que dictaminara en esta sede sostienen que la velocidad máxima permitida en dicho tramo es de 60Km/h (ver fs.79 causa penal y cartel al que alude el experto a fs. 228 respuesta a la pregunta i)- y fue dicho exceso en la velocidad lo que le impidió mantener el dominio sobre el rodado bajo su conducción, aplicando los frenos de manera efectiva y evitando así la colisión.
Tal conclusión emerge prístina al tiempo que se analiza la planimetría elaborada en sede penal (ver fs. 37) en conjunción con la prueba pericial del ingeniero mecánico obrante a fs. 217/220 y sus explicaciones complementarias que encuentro satisfactorias, pues si la velocidad del Peugeot al tiempo de comenzar a dejar las huellas de frenado era de 103,97 Km/h, que las mismas inician 20 metros antes del punto de contacto entre los vehículos y, que al momento de la colisión la velocidad del Peugeot era de 85 Km/h (ver fs. 37 causa penal y fs. 217/220 y 227/228 de la presente) la lógica indica que, de haber circulado a la velocidad máxima permitida antes de iniciar su acción de frenado, el accidente o bien se hubiera podido evitar o, al menos, no hubiera tenido las consecuencias extremadamente dañosas que aquí se juzgan (arts. 34, 375, 384 y ccds. del CPCC).
En consecuencia, con lo hasta aquí dicho, encontrándose acreditado que en la emergencia la conducta de la parte actora actuó como causal atenuante de la responsabilidad atribuida al sector pasivo, ya que no sólo circulaba al mando de una cosa riesgosa alcoholizado, sino que además transportaba más personas que las reglamentariamente permitidas, circunstancia que importó para su concubina y uno de sus hijos hacerlo sin usar el cinturón de seguridad exigido por las leyes de tránsito vigentes (ver fs. 1/2, 13, 19/20, 93/95 de la causa penal), estimo acreditada la concurrencia de culpas establecida por la a quo en el siniestro, por lo que considero, corresponde confirmar la atribución de responsabilidad establecida en el decisorio en crisis, mas en distinta proporción a la asignada, ya que entiendo el actor ha contri
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