Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 125131
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la sentencia de fs. 270/276 vta. en lo que ha sido motivo de recursos y agravios. Las costas se imponen a la impugnante en su objetiva condición de vencida (arts. 68, 69, CPCC).
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXV
Causa N° 125131; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº19 - LA PLATA
BARRERA HECTOR SIMON C/ AYANZ ELENA TERESA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los once días del mes de junio de dos mil diecinueve, reunidos en acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827), para dictar sentencia en la Causa 125131, caratulada: "BARRERA HECTOR SIMON C/ AYANZ ELENA TERESA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor HANKOVITS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia de fs. 270/276 vta.?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS DIJO:
I. La Juez de la primera instancia se pronunció: “…1) Desestimar la demanda promovida por HÉCTOR SIMÓN BARRERA contra ELENA TERESA AYANZ y la citada en garantía ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.. 2) Imponer las costas al actor. 3) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad en que la presente adquiera firmeza y dejar establecido que en la oportunidad procesal correspondiente, el decreto ley 8904/77 se aplicará para fijar los honorarios de los profesionales que hayan intervenido en etapas íntegramente cumplidas al día 21 de octubre de 2017, en tanto la ley 14.967 regirá para las regulaciones correspondientes a aquellas etapas en curso o finalizadas con posterioridad a esa fecha…” (fs. 270/276vta.).
Contra dicha forma de decidir interpuso la parte actora el recurso de apelación que ya en esta instancia se funda con la expresión de agravios –presentación electrónica de fs. 289/292 sistema Augusta-, la cual mereció réplica de la citada en garantía (presentación electrónica de fs. 297/299 sistema Augusta). Luego, se llamaron los Autos para dictar Sentencia (fecha 11/4/2019; art. 263, CPCC).
En prieta síntesis, el recurrente objeta el rechazo de la demanda. Los agravios se centran en la mecánica de colisión y la consiguiente atribución de responsabilidad. Se queja que el pronunciamiento de grado basándose en una absurda valoración de las pruebas tuvo por acreditada la ocurrencia del hecho conforme lo invocara la demandada y citada en garantía. Por el contrario, sostiene que con la pericia mecánica y la testimonial se acreditó el relato del evento conforme lo sostuvo en su escrito constitutivo. Subsidiariamente requiere se determine la responsabilidad compartida entre los partícipes del siniestro.
En segundo lugar, para el caso que prospere su queja, reitera la solicitud de indemnización en base a las probanzas existentes.
Por su lado, en su escrito de conteste, la parte demandada requirió la deserción del recurso de la actora por entender que no cumple con la manda del art. 260 del CPCC (fs. 297/299, Sistema Augusta).
Cabe dejar constancia que el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fs. 52, que rechaza la oposición de prueba articulada por la demandada, y que fuera concedido con efecto diferido (fs. 55), ha sido resuelto por este Tribunal con fecha 11 de abril de 2019.
II. Como punto de partida, cabe señalar que al igual que lo decidido en la instancia anterior y que no fue debatido por las partes, la presente acción se analizará desde la perspectiva del Código Civil antes vigente, por ser la ley aplicable (arts. 3, CC; 7, CCCN; ver sent. a fs. 271 vta./272).
Empero, aun cuando el hecho dañoso se consumó durante la vigencia de la norma anterior, no así las consecuencias que de él derivan. Por ello, se impone diferenciar la existencia del daño de su cuantificación. Como reseña Aída Kemelmajer de Carlucci, la segunda de estas operaciones debe realizarse acorde la ley vigente al momento en que la sentencia fija su extensión o medida (autora citada, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, segunda parte, Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 234).
Por lo tanto, para el caso que se resuelva hacer lugar a la demanda instaurada por la actora y, eventualmente, tratarse los agravios dirigidos a insistir con cuantificación del daño se aplicarán los artículos pertinentes del Código Civil y Comercial de la Nación.
III. Como punto de partida, corresponde abordar el planteo efectuado por la citada en garantía relativo a la insuficiencia de los agravios de la legitimada activa (ver fs. 297, punto II; SCBA causa 89.298 Sent. del 15/07/2009). Al respecto, ha de decirse que aquella pieza ha superado el examen de suficiencia toda vez que se analizó con un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (art. 18 C.N.; MORELLO, Augusto Mario, Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso, v. I, pág. 175 a 180).
IV. Dicho ello, se impone abordar el recurso interpuesto por la parte actora dirigida a cuestionar el rechazo de la demanda articulada.
Cabe señalar que quien acciona en función del art. 1113 del Cod. Civil debe probar 1) el daño; 2) la relación causal; 3) el riesgo de la cosa; 4) el carácter de dueño o guardián de los demandados y 5) el hecho antijurídico (SCBA; Ac. 86.378 sent. del 9-II-2005; Ac. 93337 sent. del 9-VII-2006, C. 85.552 sent. del 22.-VIII-2007); respondiendo en principio el dueño o guardián de la cosa riesgosa productora del daño de manera objetiva. Se ha reiterado también que como derivación de lo establecido en el art. 375 del CPCC, es a cargo de quien reclama el perjuicio la acreditación de la relación de causalidad (SCBA; AC. 88506, Sent del 6-VII-2005; Ac. 93.684 Sent. del 9-VIII-2006; C. 97.097, Sent. del 7-V-2008).
Asimismo, la responsabilidad extracontractual objetiva que emerge del art. 1113 segundo párrafo del Código Civil no exime al juez de la instancia de analizar la mecánica del accidente, ello a los fines de excusar al demandado total o parcialmente a través de la demostración de la culpa de la víctima o de un tercero por quien no se debe responder (art. cit.).
La Juez de la instancia de origen en base a la prueba producida tuvo por acreditado el hecho según la versión de la accionada y su aseguradora (v. sent. fs. 273 in fine).
En la especie, existen encontradas versiones que inicialmente han postulado quienes se presentaron en estos obrados, en cuya virtud habrán de analizarse a la luz de las probanzas producidas en la causa.
Pues bien, establecido el marco fáctico sostenido por ambas partes, cabe en este estadio analizar atento los agravios esgrimidos, las constancias de autos en lo que a la prueba respecta.
Refiere el experto que el impacto se produjo por el alcance del frente delantero del taxi y el trasero del C4, que se encontraba detenido o moviéndose a muy baja velocidad (ver imagen fs. 168 vta.).
Preguntado el experto sobre la hipótesis de la mecánica del hecho ensayada por la actora -que la demandada se colocó en el carril de circulación egresando de un predio frentista- afirma que no existen elementos que permitan acreditar técnicamente ese supuesto (fs. 169, pregunta 2da.).
Manifiesta el profesional que habida cuenta de las consecuencias dañosas producidas y las posiciones de reposo de los móviles, es probable que el vehículo de la demandada se encontraba detenido, o circulando a muy baja velocidad.
Asimismo, determina que en base al frenado con bloqueo producido y los daños generados en el choque surge una velocidad de circulación del orden de los 45 Km/hora (ver pericia a fs. 168/170).
Respecto a la prueba testimonial, a fs. 226/227 prestó declaración el señor Israel Andrés González Buschiazzo (propuesto por el actor), quien abonó lo expuesto en la demanda, pero como señaló la Juzgadora de origen, ello se contrapone a la pericia (arts. 375, 384, 474, CPCC).
Lo expuesto en el dictamen se corresponde con la violencia del impacto y la ubicación de los daños sufridos por los rodados intervinientes (v. fs. 32, causa penal), de la que dan suficiente cuenta las fotografías que se observan en la imagen de fs. 168 vta. y cd de fs. 33 causa penal, reveladoras de que el embestidor no circulaba con la debida atención, y a una velocidad excesiva especificada en 45 Km/h por la pericia mecánica, siendo 30 Km/h la permitida, situaciones aptas para producir un choque por alcance, en estrecha relación con la omisión de no haber guardado la distancia adecuada de seguimiento que entre dos vehículos que se desplazan en una misma dirección, el que se mueve en segundo término debe tomar todas las precauciones necesarias, con el objeto de prever cualquier clase de maniobra del que lo precede, por constituir ello una contingencia propia de la circulación. La detención de la marcha es un acontecimiento que puede reputarse normal, debido a múltiples y variadas circunstancias propias del tránsito (art. 48 inc. "g" ley nacional 24449; conf. ley provincial 13.927).
Por otro lado, cabe destacar que el legitimado activo en la I.P.P. n° 06-00-036957-12, en trámite ante la U.F.I. N° 10 del Departamento Judicial de La Plata, acollarada a estas actuaciones y ofrecida como prueba por ambas partes, en oportunidad de prestar declaración efectúa un relato de los hechos diversos al que consta en la demanda, allí expresó: “…que al llegar a la intersección de las calles 527 y 528, observo que unos metros sobre el medio de la calzada circulaba un vehículo de color gris. Que a pocos metros puedo divisar que dicho vehículo se encontraba parado…” (v. Acta fs. 20, causa penal). Como puede observarse dicha declaración resulta más concordante con el relato efectuado por la legitimada pasiva y la pericia mecánica que fuera objeto de análisis.
Dentro de dicho contexto, es que corresponde analizar la declaración del testigo Gonzalez Buschiazzo, que fuera impugnada oportunamente por la contraria. Al respecto cabe destacar que sus dichos no alcanzan a enervar la prueba pericial mecánica de la Oficina Departamental y contradicen lo declarado por el mismo actor en la oportunidad de labrarse el acta de fecha 2 de octubre de 2012. Asimismo, que el testigo no resulta ser el que fue identificado en el lugar según acta de procedimiento (arts. 375, 384, 456, 474, CPCC; ver fs. 4 y 20 de la causa penal).
Acorde lo expuesto y dada la información resultante de la labor técnica de la prueba pericial en concordancia con las actuaciones penales, hace que las conclusiones de ésta posean mayor fuerza convictiva que el parecer u opinión del Sr. Gonzalez Buschiazzo a más de 5 años del accidente, lo que no deja de estar teñido de la insoslayable subjetividad propia de toda experiencia personal (esta Sala, causa 118917; sent. del 29/12/2015, RSD 195/15).
En base a lo expresado y ponderando la prueba en su conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, cabe concluir que en el caso de autos se encuentra corroborada la mecánica del hecho descripta por la legitimada pasiva, demostrando la culpa de la víctima en el accidente objeto de las presente actuaciones (art. 384 del CPCC).
En definitiva, la actora no pudo demostrar que el hecho ocurrió en la forma alegada en su demanda; por el contrario, quedó evidenciado que el accidente se produjo por no haber el actor conservado el pleno dominio de su rodado circulando a velocidad superior a la permitida (art. 50 ley 24449), por lo que el rechazo de la acción articulada se impone, pues no se ha advertido una conducta de la demandada que justifique ni siquiera una concurrencia de culpas conforme lo requerido en el embate recursivo (arts. 375, 384, 474, CPCC; 1109, 1113, C.C.).
Dicha forma de decidir, torna abstracto el tratamiento de la indemnización requerida en el escrito de expresión de agravios.
V. Por las razones precedentemente brindadas, se propone confirmar la sentencia atacada en lo que ha sido motivo de recursos y agravios. Las costas se imponen a la impugnante en su objetiva condición de vencida (arts. 68, 69, CPCC).
Voto por la AFIRMATIVA.
El señor Juez doctor BANEGAS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar la sentencia atacada en lo que ha sido motivo de recursos y agravios. Las costas corresponde ser impuestas a la impugnante en su objetiva condición de vencida (arts. 68, 69, CPCC).
ASI LO VOTO.
El señor Juez doctor BANEGAS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la sentencia de fs. 270/276 vta. en lo que ha sido motivo de recursos y agravios. Las costas se imponen a la impugnante en su objetiva condición de vencida (arts. 68, 69, CPCC). REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia