Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 123350
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara inadmisible el recurso interpuesto a fs. 451 por el Dr. Rosbaco contra el auto de fs. 441 (arts.701, CC; 828, CCCN; 27, decreto 2530). De conformidad con lo prescripto por el artículo 730 del C.C.C.N. –norma aplicable al caso atento la fecha de regulación-, en tanto las costas del juicio a cargo de la condenada y la suma de todos los honorarios correspondientes a la instancia de origen –una vez firmes- superen el 25% del monto reclamado, será el juez a quo quien debe prorratear los referidos estipendios profesionales entre los beneficiarios, con excepción de los correspondientes a los letrados del condenado en costas. De tal manera se asegura el potencial derecho al recurso contra esa decisión. Siendo el presente un proceso de daños y perjuicios cuyo monto asciende a $480.000 y en atención al alcance del recurso -sólo por altas, ver escrito del 13/9/18- se fijan en la suma de PESOS CINCO MIL los honorarios del doctor Teófilo Ramón Carrizo (T.56, F.6) –letrado patrocinante de la parte demandada y citada en garantía a fs. 174, 176, 178, 179, 180, 181-; y -sólo por altas, v.fs.478- se fijan en las sumas de DIEZ MIL PESOS –para cada uno- los estipendios de los peritos ingeniero Juan José Calderari (fs.217/219, 274/275); doctor Oscar Roberto Gatti (fs.252/254, 314 y 329); contadora Carmen Raquel Zaballia (fs.308/309) y doctor Federico Alberto Deschamps (fs.345/347 y fs.356/357), confirmándose así el auto de fs. 485 y la sentencia de fs. 425/430, respectivamente. …
L. de Sentencias INTERLOCUTORIAS N° LXXV
Causa N° 123350; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº12 - LA PLATA
ACEVEDO NICOLAS C/ MELGAREJO ANIBAL Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
REG. INT.: Sala II - FOLIO:
REG. HON.: Sala II - Folio:
La Plata, 7 de mayo de 2019.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
I. Vienen las presentes actuaciones a fin de tratar los recursos de apelación interpuestos a fs. 478 por el doctor Federico Guillermo Rosbaco, como apoderado de la parte demandada y citada en garantía, respecto de los honorarios de los peritos y a fs. 451 los honorarios definitivos de la mediadora. Asimismo a fs. 490 interpone su queja el doctor Teófilo Ramón Carrizo por considerar altos los suyos propios.
II. En prieta síntesis, sostiene el doctor Rosbaco en su crítica que la regulación de honorarios efectuada a la mediadora doctora María Esther Trapani resulta a las claras excesivo, solicitando que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 31 de la ley 13.951 y 27 del decreto reglamentario 2530/2010.
Asimismo, se agravia de las regulaciones efectuadas a los peritos actuantes solicitando la reducción de las mismas.
A su vez el doctor Carrizo se queja del monto de los honorarios regulados a su favor en el auto de fs. 485, los que considera altos.
III. Se trata en la especie de un juicio de daños y perjuicios en el que se rechazó la demanda y se impusieron las costas a la actora.
El Tribunal de Alzada es el juez del recurso y entre sus innegables facultades está la de constatar si fue interpuesto en término, si la resolución es apelable y la legitimación o el interés de quien recurre, sin estar atado a lo resuelto por el juez de grado ni a lo acordado por las partes (esta Sala, causa 114.562, RSI 14/12, sent. del 9-2-12; 124.926, RSI 13/19, sent. del 7-2-19, e.o.).
Sentado ello, es dable destacar que quien no ha sido condenado en costas respecto a los estipendios fijados al mediador no tiene legitimación para alzarse contra el pronunciamiento que los contiene, ya que carece de interés legítimo tutelable, pues no existe solidaridad al respecto.
Es que, resulta sabido que una obligación no podría ser solidaria sin una disposición legal expresa (conf. art. 701 del C.Civ y art. 828 del CCyC). Respecto del Código Civil se dijo que “la redacción del art. 701 denota cierta flexibilidad, al no requerir fórmulas sacramentales para establecer la solidaridad. Sólo exige que de manera inequívoca surja el aludido carácter, ya haciéndose expresa referencia a la solidaridad, ya obligándose in solidum, o cada uno por el todo, o el uno por los otros; o bien mediante expresa disposición de la ley en tal sentido” (Pizarro en Bueres-Highton Dir; “Código Civil…”, T.2°, p.670). Por su parte, en el mismo sentido, el art.828 del CCyC mantiene la postura del Código de Vélez disponiendo que “La solidaridad no se presume y debe surgir inequívocamente de la ley o del título constitutivo de la obligación” (conf. Cámara de Apelación Civil y Comercial de Azul, doct. Causa N° 162984-2018, “M.E. c/ C.A.R. Y OTROS S/ EJECUCION DE HONORARIOS”, sent. del 28-6-18).
Precisamente, en lo atinente a la retribución de los mediadores, la ley especial que rige en la materia y que deviene temporalmente aplicable al caso habida cuenta la fecha de realización de los trabajos respectivos –artículos 31 de la ley 13.951 y 27 del decreto 2530/10-, regula la determinación de pautas mínimas para cuantificar el honorario del mediador y, entre otros supuestos que recepta, se limita a disponer que “el mediador tendrá derecho a percibir de quien resulte condenado en costas el monto total de sus honorarios o la diferencia entreéstos y la suma que hubiese percibido a cuenta”; es decir, sin plasmar –en este artículo ni en otro del mismo cuerpo- la solidaridad a la que, verbigracia, sí alude la ley arancelaria para Abogados y Procuradores (arts.58, decreto ley 8904/77; 58, ley 14.967).
Por tal motivo, el embate interpuesto por el Dr. Rosbaco en representación de la demandada y citada en garantía contra los honorarios regulados a la mediadora, deviene inadmisible, lo que así debe declararse.
A todo evento, debe resaltarse que el no ser el apelante el cargado en costas, no le causa agravio la resolución en crisis, por lo que no cabe más que desestimarse el recurso en este punto.
IV. Sentado lo anterior, cabe señalar, en relación a los emolumentos del Dr. Carrizo, que tratándose de tareas profesionales llevadas a cabo con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 14.967 y, por ende, consumadas bajo la vigencia del régimen anterior, corresponde aplicar en la especie el decreto ley 8904/77 (arts. 3, C.C., 7, C.C.C.N.). Ello así, pues el artículo 61 de la citada ley 14.967 ha sido vetado por el artículo 1 del decreto de promulgación 522/17, por lo que conforme el artículo 7 de C.C.C.N., se impone el régimen del decreto derogado (esta Sala, causa 122.800, Reg. Hon. 115/17, sent. hon. del 6/11/17) mayoría del plenario dictado por esta Cámara en la causa 121.767, caratulada “E.A., M.B. c/ L. C. A. H. H. s/ divorcio por presentación unilateral” (RSD 240/17, sent. del 30-11-17).
Ahora bien, habida cuenta que las actuaciones ante esta alzada han sido realizadas luego de la sanción de la nueva ley 14967 (B:O:P: del 12-X-2017)-, corresponde la aplicación de ésta a las presentes actuaciones para efectuar las regulaciones pertinentes.
Ello así, toda vez que, como tiene dicho nuestro máximo tribunal provincial “la remuneración por la labor de los abogados en los juicios se determina teniendo en cuenta las etapas cumplidas en las que el proceso se divide, resulta necesario, ante la entrada en vigor de un nuevo ordenamiento arancelario, discriminar aquéllas pasadas durante la vigencia del régimen anterior de las que se hicieron a partir de la operatividad del nuevo sistema” (SCBA causa “Morcillo, Hugo Héctor c/Provincia de Buenos Aires s/ inconstitucionalidad Decr.Ley 9020” I 73.016 sentencia del 8 de noviembre de 2017).
En el presente, el trámite en la Instancia de origen se inició y desarrolló durante la vigencia del Decreto Ley 8904/77, mientras que la totalidad de las actuaciones profesionales efectuadas por los doctores Leonardo Javier Floridia y Federico Guillermo Rosbaco en la etapa de apelación lo han sido con fecha posterior a la entrada en vigencia de la Ley 14.967, por lo que los honorarios en Alzada fueron devengados bajo su amparo y sobre este plexo normativo serán regulados.
La aplicación de la nueva normativa a estos trabajos no importa su retroactividad, sino que la cuantificación de los estipendios se realiza conforme la ley vigente al momento de la presentación de los trabajos profesionales. Ello tiene como fin último dar amparo al derecho adquirido de la parte y de los letrados actuantes: el del cliente de pagar los honorarios que fije la ley vigente y el del abogado a percibirlos bajo tales circunstancias.
POR ELLO, se declara inadmisible el recurso interpuesto a fs. 451 por el Dr. Rosbaco contra el auto de fs. 441 (arts.701, CC; 828, CCCN; 27, decreto 2530). De conformidad con lo prescripto por el artículo 730 del C.C.C.N. –norma aplicable al caso atento la fecha de regulación-, en tanto las costas del juicio a cargo de la condenada y la suma de todos los honorarios correspondientes a la instancia de origen –una vez firmes- superen el 25% del monto reclamado, será el juez a quo quien debe prorratear los referidos estipendios profesionales entre los beneficiarios, con excepción de los correspondientes a los letrados del condenado en costas. De tal manera se asegura el potencial derecho al recurso contra esa decisión. Siendo el presente un proceso de daños y perjuicios cuyo monto asciende a $480.000 y en atención al alcance del recurso -sólo por altas, ver escrito del 13/9/18- se fijan en la suma de PESOS CINCO MIL los honorarios del doctor Teófilo Ramón Carrizo (T.56, F.6) –letrado patrocinante de la parte demandada y citada en garantía a fs. 174, 176, 178, 179, 180, 181-; y -sólo por altas, v.fs.478- se fijan en las sumas de DIEZ MIL PESOS –para cada uno- los estipendios de los peritos ingeniero Juan José Calderari (fs.217/219, 274/275); doctor Oscar Roberto Gatti (fs.252/254, 314 y 329); contadora Carmen Raquel Zaballia (fs.308/309) y doctor Federico Alberto Deschamps (fs.345/347 y fs.356/357), confirmándose así el auto de fs. 485 y la sentencia de fs. 425/430, respectivamente. Por la labor realizada ante esta Alzada, se fijan los honorarios del doctor Leonardo Javier Floridia (T° 53, F° 186) –patrocinante de la parte actora, por su labor de fs. 472/476vta. en DIECIOCHO JUS –a la fecha del presente- y los del doctor Federico Guillermo Rosbaco (T° 51, F° 472) –apoderado de la parte demandada y citada en garantía, por sus tareas de fs. 478/479vta. y fs.481/482vta.- en VIENTINUEVE JUS –a la fecha del presente- (arts. 1, 2, 10, 14, 15, 16, 21, 28 y conc. dec. Ley 8904/77; 1, 2, 10, 15, 16, 21, 31 y conc. ley 14.967; 1627, C.C., con más el aporte legal, art.12, ley 6716 texto según ley 10.268). REGISTRESE. NOTIFIQUESE . DEVUELVASE.
Fin de la sentencia