Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 125951
por la señora Samaniego Vázquez, no procede que sea indemnizada dentro de la incapacidad sobreviniente, sino que formará parte en el caso concreto, de la reparación del perjuicio extrapatrimonial como integrante del rubro daño moral.
Ahora bien, de la pericia médico traumatológica practicada en autos por el Dr. David Alfredo Rio (fs. 97/99) surge que la actora presentó a partir del accidente “Fractura de pelvis, traumatismos múltiples”.
Respecto del estado actual evalúa “Inspección: asimetría del anillo pélvico. Palpación: despierta dolor a nivel de cresta ilíaca y hemipelvis derecha con irradiación crural a la cara anterior del muslo derecho. Examen de la movilidad: se realiza medición goniométrica del rango articular en forma comparativa con un referente normal arribando a valores inferiores por parte de la actora. EXAMEN DE LA MARCHA: cuando la marcha se plantea en forma lenta y programada resulta eubásica, ante la aceleración del paso disbásica. No le resulta posible la carrera ni el salto”.
A la hora de determinar la incapacidad dictamina “GRADO DE INCAPACIDAD consultando el Baremo de uso habitual en mi especialidad (Ortopedia y Traumatología) y teniendo en consideración las secuelas que actualmente presenta SAMANIEGO VAZQUEZ LOURDES; le corresponde el siguiente grado de incapacidad; la cual reviste el carácter de parcial, permanente y definitiva: FRACTURA DE PELVIS CON LIMITACIÓN DE LA MOVILIDAD DE CADERA DERECHA 12%. TOTAL INCAPACIDAD 12 %” (fs. 97/99).
Ante el pedido de explicaciones de la actora (fs. 101 vta.) el experto brinda detalles y agrega a la incapacidad las limitaciones para la carrera y salto, por lo que la eleva a un 15,84% (fs. 104/105).
Luego, observada la pericia por parte de la citada en garantía (fs. 109/110) el galeno actuante ratifica lo dictaminado (fs. 112/113).
Dable es precisar que los dictámenes deben valorarse de conformidad a las reglas de la sana crítica y con sujeción a las normas de aplicación al caso (SCBA, B 50984, sent. del 4-VII-1995, “Acuerdos y Sentencias” 1995-II-810; SCBA, B 52359, sent. del 14-XI-2007).
Incluso, al apreciar las experticias los jueces ejercen facultades propias, no teniendo sus conclusiones eficacia vinculante (SCBA, Ac. 38915, sent. del 26-IV-1988, “La Ley” 1988-D-100, “Acuerdos y sentencias” 1988-I-720, D.J.B.A. 1988-134, 345; SCBA, Ac. 49735, sent. del 26-X-1993; Ac. 56166, sent. del 5-VII-1996; Ac. 61475, sent. del 3-III-1998).
En suma, conforme ha resuelto esta Sala, las reglas de la sana crítica indican que para apartarse de la pericia suficientemente fundada, es necesario oponer argumentos científicos que pongan en duda su eficacia probatoria. Las meras opiniones en contrario, sin esgrimir razones serias, son insuficientes para sortear las conclusiones vertidas por quien es experto en un área de la ciencia o técnica (art. 474 del C.P.C.C.; esta Sala, causas 109550, sent. del 22-7-2008; 115940, sent. del 30-6-2015, RSD 83/2015; 118339, sent. del 2-7-2015, RSD 88/2015, entre muchas otras).
No encuentro razón alguna obrante en la causa para apartarme de las conclusiones técnicas-médicas brindadas por el experto (arts. 384 y 474 CPCC).
De ella se advierte una dolencia de carácter permanente que cabe indemnizarla como daño patrimonial.
Sentado ello, deben ponderarse las características particulares de la actora que tenía 35 años al momento del accidente (fs. 11 copia certificada de la historia clínica, fs. 2 copia de DNI), que tiene dos hijos de los cuales uno es menor de edad, que concurre a la comunidad cristiana, que trabaja en el cuidado de personas mayores y como ama de casa (testigos Zulma Soledad Gonzalez, Hugo Dejesus Barrientos Araujo y Norma Estela Maidana del expediente sobre beneficio de litigar sin gastos) y como parámetro estimar como una variable más el salario mínimo vital y móvil mensual vigente ante la ausencia de acreditación de ingresos (Resolución 3/2018 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Minimo Vital y Móvil. V. vínculo web https://www.argentina.gob.ar/trabajo/consejodelsalario/resoluciones).
Como se dijo, en virtud de lo establecido por el art. 1746 CCyC, bajo este rubro no solo he de computar el menoscabo de carácter laborativo a la actora, sino que ha de meritar la lesión en si misma que afecta la integridad física del damnificado, el menoscabo que esta limitación de carácter físico genera en los diversos planos de la vida del individuo como su capacidad de trabajo, en su vida en relación en el aspecto social, deportivo, etc.
En consecuencia, a raíz de las variables mencionadas estimo que resulta prudente proponer a mi colega que por incapacidad física sea elevada a la suma de $500.000 (PESOS QUINIENTOS MIL, arts. 1746, CCCN.; 384, 456, 474, CPCC), fijada a valores actuales.
Tal forma de reparar, pretende plasmar una reparación plena e integral que permita a la accionante contar con un recurso económico que cubra la merma que el hecho de autos provocó en su vida (art. 1746, CCCN.).
VII– La procedencia y cuantificación de la reparación por gastos médico asistenciales y de traslado reconocidos por la sentencia de grado, es otro de los puntos que agravia a ambas partes.
De la historia clínica obrante en autos, surge la internación y atenciones que debió padecer Samaniego Vázquez y que la atención fue en un centro asistencial público (fs. 8/18).
En la misma dirección, la pericia médica (fs. 97/99) expone un resumen de las atenciones realizadas.
Ahora bien, para determinar la procedencia de este rubro debe estarse al actual art. 1746 del CCCN que en su parte pertinente dispone “… Se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función de la índole de las lesiones o la incapacidad…”.
De la letra del mencionado artículo se deprende que los gastos médicos y farmacológicos se presumen a partir de la producción de un daño mensurable, y no requieren de una prueba expresa, excepto que su monto sea oneroso y requiera de una demostración especial.
Es decir que probado el daño físico se presume que el actor realizó erogaciones en medicamentos y traslados para el tratamiento de las dolencias, siempre que revistan el carácter de prudentes, en tanto que las sumas mayores deben ser debidamente alegadas y acreditadas.
No resulta óbice que la víctima del siniestro haya sido tratada por profesionales y centros asistenciales públicos toda vez que los gastos efectuados no se limitan a esas atenciones puntuales, sino a los gastos producidos en este aspecto a partir de las dolencias padecidas.
En este punto, la SCBA en aplicación de la ley antes vigente pero que resulta vigente y de aplicación en la actualidad, ha dicho que “aun cuando la víctima de un accidente de tránsito haya sido atendida en un establecimiento asistencial público debe incluirse en la indemnización una suma en concepto de gastos médicos y de farmacia, pues es notorio que existen erogaciones que deben ser solventados por el paciente: el resarcimiento debe guardar concordancia con la lesión, sin que resulte indispensable que su importe se encuentre documentado”(SCBA S. 18/12/1979 “Petruzzi de Rogero, Rosa M. c/ Martins Mogo, Carlos” DJJ 118/1974).
Ha de ponderarse en el presente que, la presunción del art. 1746 del CCyC resulta procedente en tanto la incapacidad de quien reclama resulte de carácter permanente, extremo que –en función a lo propuesto en el punto VI. 1 del presente - se cumple en autos.
En función a lo expuesto, encuentro que la suma otorgada por la a quo –valuada con criterio de actualidad– luce prudente y correctamente cuantificada
En consecuencia, estimo procedente rechazar los agravios de los demandados y citada en garantía en este extremo y confirmar la procedencia de la indemnización por gastos médico asistenciales y de traslado y su monto (arts. 1746 CCyC, 384 CPCC).
VIII. Con relación a la procedencia y cuantificación del daño moral he de destacar que conforme lo establece el artículo 1738 y 1741 del CCyC, la obligación de resarcir también lo comprende, además de la indemnización de las pérdidas e intereses.
Se entiende entonces que el responsable del daño debe cubrir el quebranto que supone la privación o disminución de bienes como la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física y, en general, todo menoscabo a los más sagrados afectos (SCBA. AC: 35579 del 22-4-86; esta Sala, causa 96.891, sent. del 2-4-2002, RSD 46/2002).
En virtud de las características del hecho ventilado en autos y las probanzas producidas, tengo por acreditado que a partir del accidente la legitimada activa sufrió padecimientos de distinta entidad, fundamentalmente en su tranquilidad personal y vida en relación que deben ser indemnizados.
A los fines de cuantificarlo, no resulta ocioso indicar que su determinación no está sujeta a reglas fijas (Conf. SCBA, C 98039, sent. del 18-III-2009) y que para su determinación depende “… Del arbitrio judicial para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica –daño in re ipsa- y es al responsable del hecho dañoso a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un daño moral (S.C.B.A., Ac. 41.539, sent. del 21-XI-1989, publicado en D.J.B.A. 1990-138, 15, en “Acuerdos y Sentencias” 1989-IV-219; Ac. 55.648, sent. del 14-VI-1996; Ac. 56.328, sent. del 5-VIII-1997, publicado en “El Derecho” 182-134, “Acuerdos y Sentencias” 1997-IV-9; Ac. 59.834, sent. del 12-V-1998; Ac. 64.247, sent. del 2-III-1999, “Acuerdos y Sentencias” 1999-I-360; Ac. 82.369, sent. del 23-IV-2003).
Dentro del contexto indicado, encuentro que las sumas fijadas por la a quo resultan adecuadas por lo que propongo confirmarla (arts. 1078 CC,384, 474 CPCC).
IX. En relación a los agravios sobre la tasa de interés aplicada, adelanto que le asiste razón a la actora apelante, toda vez que la sentencia de grado –como así también esta resolución- fijan la indemnización en valores actuales.
Para su determinación estaré entonces a lo dispuesto por la doctrina de nuestro Superior Tribunal provincial el que ha sido receptado por esta Sala en la causa 123.113 entre otras.
Los intereses buscan resarcir el perjuicio que al actor le ocasiona el incumplimiento. Sin embargo, la tasa de interés no puede ser considerada como una cláusula de ajuste, ya que su función económica no es la de mantener el poder adquisitivo del capital adeudado.
La Suprema Corte de Justicia de nuestra provincia ha declarado reiteradamente que a partir del 1º de abril de 1991, los intereses moratorios serán liquidados exclusivamente sobre el capital (art. 623, Cód. Civil) con arreglo a la tasa de interés que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprometidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (conf. arts. 7 y 10, ley 23.928, modif. por ley 25.561, 622, Cód. Civil; conf. causas Ac. 57.803, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. del 17-II-1998; Ac. 72.204, "Quinteros Palacio", sent. del 15-III-2000; Ac. 68.681, "Mena de Benítez", sent. del 5-IV-2000; L. 76.276, "Vilchez", sent. del 2-X-2002; L. 77.248, "Talavera", sent. del 20-VIII-2003; L. 79.649, "Sandes", sent. del 14-IV-2004; L. 88.156, "Chamorro", sent. del 8-IX-2004; L. 87.190, "Saucedo", sent. del 27-X-2004; L. 79.789, "Olivera", sent. del 10-VIII-2005; L. 80.710, "Rodríguez", sent. del 7-IX-2005; Ac. 92.667, "Mercado", sent. del 14-IX-2005; entre otras). Cabe advertir, pues, que pese al abandono de la paridad cambiaria (ley 25.561) nuestra Corte ha mantenido en esta cuestión lo resuelto en sus precedentes.
En la especie, siguiendo la doctrina –mayoritaria- de nuestro Máximo Tribunal provincial, -sin perjuicio de las consideraciones que sobre el particular se podrían realizar-, corresponde confirmar los intereses a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a treinta días “tasa pasiva” (SCBA, C. 101.774 “Ponce” y L. 94.446 “Ginossi”).
Mas, conforme la causa "Zócaro" no se vulnera la doctrina legal antes citada si, al formular una simple ecuación económica -utilizando para ello las distintas variantes que puede ofrecer el aludido tipo de tasa- se aplica una determinada alícuota por sobre las demás existentes (SCBA, Ac. L 118.615, Sent. del 11-III-2015).
Dicha postura, fue confirmada por el mismo Tribunal -por mayoría- en causa “Cabrera”, donde concluyó que corresponde la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y por aquellos que no alcance a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, desde la fecha del hecho dañoso hasta el día de su efectivo pago (arts. 622 y 623, Cod. Civ.; 7 y 768, inc. “c”, CCCN; 7 y 10, ley 23928 y mod.; SCBA, causa 119.176, sent. del 15-VI-2016).
Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por mayoría, en los precedentes "Vera, Juan Carlos contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios" (causa C. 120.536 del día 18/4/2018) y "Nidera S.A. contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios" (causa C. 121.134 del día 3/5/2018), señaló que cuando se han estimado con criterio de actualidad los valores, corresponde que los intereses moratorios se fijen, sobre el capital de condena, entre la fecha del hecho y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de cada una de las deudas a la tasa pura del 6% anual (arts. 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.).
En dicho entendimiento y toda vez que la sentencia fija valores actuales, cabe modificar lo dispuesto por la a quo aplicándose la doctrina emanada por la Suprema Corte de esta provincia en los antecedentes señalados. Esto es, desde la fecha del hecho (30/4/2016) hasta la fecha de la sentencia de primera instancia (09/5/2019) para los rubros gastos médicos, gastos de movilidad y daño extrapatrimonial -daño moral-, y hasta la fecha de la presente resolución para el rubro incapacidad física sobreviniente, se establece la aplicación de la tasa pura del 6% anual, y a partir de allí -para ambos casos- y hasta su efectivo pago la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días.
X. Asiste razón al accionado quien denuncia la existencia de un error material en la sentencia de primera instancia en tanto indica en relación al daño extrapatrimonial -daño moral- que la indemnización otorgada de $ 200.000 es un "monto único para ambos padres" (v. fs. 153 último párrafo), ello en tanto el rubro es reclamado y se otorga a favor de la única accionante mayor de edad y que actúa por su propio derecho.
Por lo tanto, corresponde dejar aclarada tal circunstancia y dejar sin efecto la frase "...monto único para ambos padres..." que obra a fs. 153 último párrafo (arg. arts. 166 inc. 2, 242 y conc. del C.P.C.C.).
XI. En tal entendimiento, por las consideraciones vertidas, he de propiciar hacer lugar parcialmente a los recursos de las partes por lo que propongo elevar el monto reconocido por incapacidad física sobreviniente a la suma de $500.000 (PESOS QUINIENTOS MIL); insto asimismo que la aplicación de la tasa de interés pura del 6% anual desde la fecha del hecho (30/4/2016) hasta la fecha de la sentencia de primera instancia (09/5/2019) para los rubros gastos médicos, gastos de movilidad y daño extrapatrimonial -daño moral-, y hasta la fecha de la presente resolución para el rubro incapacidad física sobreviniente; y a partir de esas fechas y en adelante y hasta el total y efectivo pago se aplique -únicamente sobre el capital de condena- la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días, vigente en cada uno de los períodos comprendidos, y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa. Asimismo, corresponde aclarar la sentencia de primera instancia y dejar sin efecto la frase "...monto único para ambos padres..." que obra a fs. 153 último párrafo (arg. arts. 166 inc. 2, 242 y conc. del C.P.C.C.). Por último, postulo confirmar la sentencia en todo lo restante que ha sido motivo de recursos y agravio. Por consiguiente, de lograr mayoría esta propuesta, la suma total de condena será la de $710.000 (PESOS SETECIENTOS DIEZ MIL). Finalmente postulo que las costas de la Alzada a los demandados, en su esencial condición de vencido (art. 68, CPCC).
Voto por la NEGATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde modificar la sentencia de fs. 148/154, haciendo lugar parcialmente a los recursos de las partes y en su consecuencia: 1) elevar el monto reconocido por incapacidad física sobreviniente a la suma de $500.000 (PESOS QUINIENTOS MIL); 2) aplicar la tasa de interés pura del 6% anual desde la fecha del hecho (30/4/2016) hasta la fecha de la sentencia de primera instancia (09/5/2019) para los rubros gastos médicos, gastos de movilidad y daño extrapatrimonial -daño moral-, y hasta la fecha de la presente resolución para el rubro incapacidad física sobreviniente; y a partir de esas fechas y en adelante y hasta el total y efectivo pago aplicar -únicamente sobre el capital de condena- la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días, vigente en cada uno de los períodos comprendidos, y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa; 3) aclarar la sentencia de primera instancia y en su consecuencia, dejar sin efecto la frase "...monto único para ambos padres..." que obra a fs. 153 último párrafo (arg. arts. 166 inc. 2, 242 y conc. del C.P.C.C.); 4) asimismo, corresponde confirmarla en todo lo restante que ha sido motivo de recursos y agravio; por consiguiente, la suma total de condena asciende en $710.000 (PESOS SETECIENTOS DIEZ MIL); 5) las costas de la Alzada corresponde se impongan a los demandados, en su esencial condición de vencido (art. 68, CPCC).
ASI LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - -
POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se modifica el fallo de fs. 148/154, y en su consecuencia, se eleva el monto reconocido por incapacidad física sobreviniente a la suma de $500.000 (PESOS QUINIENTOS MIL); ordenando aplicar al capital de condena la tasa de interés pura del 6% anual desde la fecha del hecho (30/4/2016) hasta la fecha de la sentencia de primera instancia (09/5/2019) para los rubros gastos médicos, gastos de movilidad y daño extrapatrimonial -daño moral-, y hasta la fecha de la presente resolución para el rubro incapacidad física sobreviniente; y a partir de esas fechas y en adelante y hasta el total y efectivo pago aplicar -únicamente sobre el capital de condena- se aplicará -únicamente sobre el capital de condena- la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días, vigente en cada uno de los períodos comprendidos, y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa; y aclararse el fallo de primera instancia, dejando sin efecto la frase que "...monto único para ambos padres..." que obra a fs. 153 último párrafo (arg. arts. 166 inc. 2, 242 y conc. del C.P.C.C.). Asimismo, se confirma el pronunciamiento en to
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