Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 127282
LM/GAL
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVI
Causa N ° 127282; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL N º13 - LA PLATA
VACCAREZZA SUSANA MARCELA C/ SUSA RICARDO ALBERTO Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los diez días del mes de Agosto de Dos mil veinte, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 127282, caratulada: "VACCAREZZA SUSANA MARCELA C/ SUSA RICARDO ALBERTO Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) " , se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS .
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 842/849?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
I. La sentencia de primera instancia acogió la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por Angélica Urrutibeheity (art. 345 inc. 3°, CPCC) y rechazó la demanda por daños y perjuicios promovida por Susana Marcela Vaccarezza, Sol Elichiri y Julieta Elichiri contra Angélica Urrutibeheity, Ricardo Alberto Susa y Bibiana Graciela Alvarez (art. 163 inc. 6°, CPCC); hizo extensivo el pronunciamiento a la citada en garantía Federación Patronal Seguros S.A.; impuso las costas a las actoras en virtud de revestir la condición de vencidas (art. 68, CPCC), con el alcance previsto por el art. 84 del CPCC habida cuenta la franquicia conferida en los autos “Vaccarezza, Susana Marcela s/ Beneficio de litigar sin gastos” y difirió la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes hasta la oportunidad en que este decisorio se encuentre consentido o ejecutoriado (fs. 842/849).
II. El fallo es apelado por las actoras (fs. 855), recurso que fue concedido libremente (fs. 856) y fundados en tiempo y forma en esta instancia (fs. 866/875 vta.). Corrido el pertinente traslado, es contestado por la citada en garantía, los demandados Ricardo Susa y Bibiana Alvarez (presentación electrónica del 14/0/2020 11:10:41) y la codemandada Angelica Urrutibeheity (presentación electrónica del 19/05/2020 16:49:50). Luego se llamó autos para sentencia (proveído del 20/05/2020 12:07:05).
III. La apelante se agravia de la –en su visión- incorrecta valoración de la responsabilidad de la demandada Angélica Urrutibeheity.
Alega que el a quo se valió como única prueba para concluir sobre la propiedad del equino que se cruzó en la ruta de la declaración de Héctor O. Sosa en sede penal y de la absolución de posiciones de Angélica Urrutibeheity, agregando que los animales carecían de marca identificatoria.
Concibe que la declaración de un único testigo solo crea una presunción y debe estar corroborado con otros elementos de juicio, lo que no obran en el proceso.
Destaca la condición de dependiente del deponente respecto de la demandada, lo que puede haber motivado subjetividad en su declaración.
Denuncia omisión por parte de la requerida de acompañar pruebas contundentes que acrediten la interrupción del nexo causal.
Alega falta de diligencia en la propietaria del campo y su dependiente Sosa toda vez que ellos mismos declaran que no es la primera vez que rompían los alambres, por ello la dueña del campo debe responder por daños ocasionados por bienes propios.
Sostiene que, en el eventual supuesto de considerarse suficiente una declaración testimonial y absolución de posiciones para adjudicar la propiedad del equino al Sr. Sosa, es la dueña del campo en su calidad de “empresaria” quien debe responder por daños que causen sus empleados.
Entiende la apelante que: 1) La propiedad del equino no pudo ser comprobada fehacientemente por carecer de marca identificatoria alguna; 2) La circunstancia de poseer alambres en buen estado no evita que los mismos sean cortados; 3) Si Urrutibeheity alegó ser probable víctima de un delito, ¿Porque no realizó la pertinente denuncia para acreditarlo?; 4) La rotura del alambre se puede deber a otras causas ajenas a un acto delictual ya que si se corta con ese objeto no entiende porque los animales no son robados en ese momento y se espera a que escapen con rumbo incierto.
Se duele asimismo de la incorrecta valoración de la responsabilidad de Ricardo Alberto Sosa y Bibiana Graciela Alvarez, argumentando que quedó firme a que se trata de un caso de transporte benévolo, al que configura una responsabilidad del tipo objetiva en cabeza de esos demandados.
Destaca que el fallo invierte la carga de la prueba cuando los exonera por no poder calcularse la velocidad a la que circulaba el rodado.
Insiste en que, dado que el automotor que transporta benévolamente a personas puede ser conceptualizado, como todo automotor, como "cosa riesgosa", cabe atribuir a su dueño o guardián la responsabilidad objetiva por los daños causados por éste, prevista en el art. 1113 del C. Civil. Por tanto, al transportado gratuitamente o a sus herederos les bastará probar: el transporte, el hecho dañoso y la relación causal entre el vehículo y el daño, con prescindencia de la culpa o negligencia que pudiera, o no, corresponder al conductor, ya que lo único que pueda enervar esta responsabilidad es la culpa de la víctima o la de un tercero del cual no se debe responder.
Concluye al respecto que el señor Susa debió demostrar en forma fehaciente que el hecho se había originado fuera de la cosa o por el obrar exclusivo de un tercero.
Se queja de la valoración del sentenciante de grado respecto del estado del rodado, insistiendo sobre la aplicación de la responsabilidad objetiva a este caso.
Entiende que la garantía de “cuidado de no ser dañado” no puede ser correspondida con la conservación del vehículo; si los frenos del vehículo funcionaron o no, si las luces encendieron o no, ello no redime la asignación de responsabilidad derivada del riesgo de la cosa y la señora Vaccarezza es beneficiaria de esa "garantía" frente al dueño y guardián de la cosa riesgosa, quien asume por el hecho de entrar en movimiento de ésta, la obligación respecto a las contingencias del viaje, con prescindencia de la culpa o negligencia (factor subjetivo) y del estado en relación al funcionamiento del rodado.
Se disconforma del reconocimiento de la absolución de posiciones, en cuanto ella depone que el conductor del auto intentó esquivar al animal, considerando que su eficacia probatoria debe ser interpretada de acuerdo con el conjunto armónico de todos los demás elementos de la causa.
Insiste en que el acontecimiento no ocurrió imprevisiblemente, sino por el contrario demuestra la ausencia de debida atención en el manejo ya que un obrar diligente hubiera permitido avizorar el caballo o haber aplicado algo más que una mera maniobra para evitar la colisión.
Finalmente, la agravia también la alegación por parte del a quo que la falta de señalización en el lugar libere al demandado conductor, concluyendo que se trata de un punto más de inversión injustificada de la carga de la prueba.
En la contestación de los traslados conferidos los demandados Sosa, Alvarez y la citada en garantía Federación Patronal refieren que el carácter de embistente no resulta ser una presunción legal, sino que se trata de una presunción hominis , factible de ser desechada ante prueba en contrario.
Dicen que la misma recurrente en su expresión de agravios reconoce la verdadera causa del choque: la aparición violenta y sorpresiva de un equino en la cinta asfáltica.
Refieren al respecto que se debe tener en consideración que para que un hecho sea probado, debe ser alegado por alguna de las partes, y es allí donde surge que, al efectuar el relato de los hechos, la accionante en momento alguno sostiene que el vehículo conducido por Susa, en el cual ella circulaba, lo hiciera a velocidad excesiva.
En definitiva que el demandado tiene que acreditar la culpa de un tercero, y ello es lo que ha ocurrido.
Por su parte, la codemanda Angélica Urrutibeheity plantea primeramente la insuficiencia del recurso de la accionante.
Respecto de los agravios esgrimidos destaca que tanto en la demanda, como en la ampliación, como en su expresión de agravios la contraparte la cita en su carácter de propietaria del campo “San Lorenzo”.
A partir de ello nota que se pretende en el recurso tergiversar la calidad en la que se la ha demandado buscando dirigir la acción hacia su supuesta calidad de empresaria, “filtrando” así un nuevo reclamo.
Manifiesta que ha quedado probado que no tiene vínculo jurídico alguno con el equino que habrían colisionado en el siniestro que se ventila en autos.
Asimismo, rechaza la equivocada interpretación que hace la parte actora del sistema de responsabilidad civil previsto por el Código Velezano.
Dice que no debió acompañar pruebas contundentes que rompen el nexo causal que debe existir entre el objeto que causó el daño -el caballo- y el accidente que éste produjo tal como lo reclama la actora y que ese argumento es una falacia que parte de una premisa equivocada, por cuanto esa conducta sería necesaria si se prueba que es dueña de la cosa.
Al probarse que la titularidad del animal no le pertenecía, carece de sentido para ella si existió o no culpa de la víctima o un tercero.
Resalta que su parte ha quedado por fuera de la relación jurídica inicial, por lo que no le es aplicable ningún párrafo de la manda mencionada, resultando irrelevante la conducta responsable o irresponsables de las personas y cosas que intervinieron en el siniestro.
Finalmente, entiende que si la actora pretendía que el señor Sosa fuera parte de este proceso, debió citarlo toda vez que ya se había presentado este en la causa penal.
Respecto de la subjetividad alegada por la actora en el testimonio del Sosa, evidencia que su declaración en sede penal fue pedida por la aquí actora.
IV. Liminarmente, corresponde abordar el planteo relativo a la insuficiencia del recurso opuesto por la codemandada Urrutibeheity (presentación electrónica del 19/05/2020) en el traslado del memorial de la contraparte (fs. 866/875 vta.).
Al respecto, ha de decirse que el escrito de expresión de agravios de la parte actora (fs. 366/369) ha superado el examen de admisibilidad, toda vez que se analizó con un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (art. 18 C.N.; MORELLO, Augusto Mario, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, v. I, pág. 175 a 180).
V. Ya habiendo entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, desde el 1 de agosto del año 2015 –art. 7, ley 26.994, conf. art. 1 ley 27077-, habrá que aclarar si corresponde juzgar este litigio con el marco legal con el cual nació –el Código Civil anterior- o con el nuevo. Tal disquisición deberá disiparse desde lo dispuesto por el art. 7 de la ley ahora en vigor, el cual señala que “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo”.
Como refiere Aida Kemelmajer de Carlucci, en lo que respecta al derecho de daños, éstos se deben dirimir acorde el contexto en el que acontecieron, lo que nos conduce a aplicar las disposiciones anteriores. Doctrina y jurisprudencia coinciden en que la responsabilidad civil se rige por la ley vigente al momento del hecho antijurídico dañoso. Las discrepancias pueden ocasionarse en torno a qué son los elementos constitutivos y qué consecuencias de ese ilícito, pues la nueva ley rige a las consecuencias que no se encuentran consumadas al momento de la entrada en vigencia (autora citada, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, págs. 100 a 104, 158 y 159).
Sin embargo, el caso de autos atañe a un hecho originado y consumado durante la vigencia de la ley anterior –15 de febrero de 2009-, lo que sella, al igual que lo determinado en la instancia de origen, la aplicación de las disposiciones vigentes a aquella época (arts. 3, CC; 7 y conc., CCCN ley 26.994; doct. esta Sala, causa 118.724, sent. del 27-8-2015; 124.349, sent. del 19-2-2019, entre otras, entre muchas otras; ob. cit. pág. 63).
VI. Trata el supuesto en análisis de un accidente de tránsito en el que participaron un caballo y el automóvil en el que circulaba la actora.
A los fines de abordar el recurso han de ser centrales tanto las normas relativas a la responsabilidad por daño producido por animales (art. 1224 y sig. CC), como a las referidas al transporte benévolo (art. 1113 CC).
Principio por señalar que arriban firmes a esta instancia los siguientes extremos de hecho:
i - Que el accidente se produjo el 15 de febrero de 2009, aproximadamente a las 4.30 horas, en la Ruta Provincial n° 11 a la altura del km. 25, en la localidad de Bartolomé Bavio.
ii - Que éste fue protagonizado por un equino y el automóvil Volkswagen Gol, dominio GUQ 572, guiado por Ricardo Alberto Susa, en la zona mencionada en dirección de Magdalena hacia La Plata.
iii - Que Susana Marcela Vaccarezza circulaba en el asiento delantero derecho como acompañante del demandado Susa.
iv - Que la señora Angelica Urrutibeheity es la propietaria del campo “San Lorenzo” ubicado en las proximidades del lugar donde sucedió el siniestro.
v - Que al caso son aplicables las reglas del transporte benévolo (v. demanda fs.24/33 vta. esp. punto IX, ampliación 144/162 vta. v. esp. punto IX, contestación de demanda fs. 201/204 vta., 245/248 y citada en garantía fs. 192/195 vta. y sentencia fs. fs. 842/849).
VII. Deviene definitorio para dirimir la cuestión traída a recurso referida a la responsabilidad de la codemandada Urrutibeheity si - prima facie - existe algún tipo de prueba sobre si ésta era la dueña del equino (art. 1124 CC). En caso afirmativo deberá responder aunque al momento de causar el daño el animal hubiese estado bajo la guarda de sus dependientes (art. 1126 CC). Sin embargo, si se comprobara que el empleado es su propietario pero que lo usó en interés del principal, responderá aquél como titular y éste por servirse de él (art. 1224 CC).
En esa línea de análisis, se observa que el dueño resulta responsable por los daños ocasionados (art. 1124 CC), siempre que no se acredite la concurrencia de las causales de su exclusión previstas por la citada normativa, dentro de las que se incluyen: que el animal haya sido excitado por un tercero (art. 1125 CC), que se hubiese soltado o extraviado sin culpa de la persona encargada de guardarlo (art. 1127 CC), fuerza mayor o culpa de la víctima (1128 CC). Este último supuesto resulta aplicable en virtud a que este tipo de responsabilidad cae bajo la teoría del riesgo creado, pues al tratarse de un daño causado por una cosa, su disciplina estará regida por el art. 1113, segundo párrafo, segunda parte del Código Civil.
Para su determinación, habré de examinar la evidencia producida, acorde a las reglas de la sana crítica.
Liminarmente, evidencio que tanto en la presentación de inicio como en la ampliación de la demanda, la legitimada activa cita a “URRUTIBEHEITY Angélica en su carácter de propietaria del campo “San Lorenzo”… “En dicho paraje se encontraban los equinos que produjeron los daños ocasionados” (fs. 24/33 vta. y 144/162 vta, punto III.3 “legitimación pasiva” y punto IX).
De la propia postulación de la damnificada, surge que aquélla coaccionada no es sindicada como la dueña o guardián, sino como titular del campo en donde estaba alojado el animal lo que -sumado a la ausencia de prueba en dirección acreditar tal circunstancia- sella la suerte adversa de su reclamo en este punto.
Nótese que no resulta procedente la manifestación realizada luego de trabada la litis en su escrito de fs. 277/277 vta. del 4 de noviembre de 2014, cuando “aclara” que “la litis ha quedado trabada contra … la propietaria de los equinos que participaron del siniestro, Sra. Angélica Urrutibehity…” (punto 1, fs. 277/277 vta.).
Va de suyo que esta expresión no se traduce en una aclaración tal como intenta indicar la presentante, sino que una modificación en el carácter otorgado a la coaccionada, posterior a que ésta haya contestado la acción entablada (fs. 260/268). Por lo tanto esta manifestación es improcedente por extemporánea. En efecto, con la misma está cambiando el factor de atribución de la endilgada responsabilidad de la codemandada y de ese modo alterando la causa de su pretensión original, lo que conlleva luego de contestada la acción, de ser admitida la postura reclamada, se viole el derecho de defensa en juicio de la legitimada pasiva (art. 331 del CPCC)
Ahora bien, la única referencia probatoria en el punto de análisis es la declaración efectuada en la causa penal –la que fue ofrecida como prueba por ambas partes y que tengo a la vista– por Héctor Oregario Sosa quien manifiesta que resulta ser encargado del campo “San Lorenzo” (y por tanto dependiente de Urrutibeheity) y que es dueño del caballo en cuestión. En esta dirección, depone que va al lugar del accidente y en la banquina “comprueba que era su animal, el cual se encontraba muerto a consecuencia de la colisión con un vehículo de color blanco que se hallaba del otro lado de la ruta” (fs. 13/ 13 vta, IPP 06-00-005151-09, en trámite por ante UFI 10 La Plata).
Esta deposición, más allá de los intentos recursivos de la actora en pos de quitarle relevancia con manifestaciones insustentadas y meras suposiciones, no ha sido desacreditada por evidencia en contrario, motivo por el cual tengo por acreditado que el caballo que colisionó el automotor en el que circulaba la actora era de propiedad al momento del siniestro del Señor Héctor Oregario Sosa (art. 384 CPCC).
Asimismo, la accionante tampoco ha logrado probar el extremo previsto en la segunda parte del art. 1124 CC, toda vez que no existe ni en evidencia en concreto, ni al menos elementos indiciarios, que den cuenta que –a la fecha del accidente – la codemandada se haya servido del equino para la realización algún tipo de actividad (art. 384 CPCC).
Por su parte, las alegaciones respecto del carácter de empresaria de ésta sugeridos por Vaccarezza resultan innovadoras, no habiendo sido propuesta esta línea argumental en el momento procesal oportuno. Por ello no cabe darle tratamiento en esta instancia (art. 272 del CPCC).
Es que se encuentra vedado introducir una cuestión en forma novedosa y extemporánea en esta instancia, denunciada recién en el recurso de apelación, pues ello difiere del esquema que conformó el thema decidendum , resultando improcedente que el recurrente, frente a la suerte adversa de su reclamo en la instancia de grado, pretenda alterar el alcance y dimensión de su pretensión (conf. doct. SCBA C. 98.986, sent. del 17/12/2008; C. 107.518, sent. del 17/11/2010; C. 107.998, sent. del 29/06/2011).
Finalmente, y más allá de que –como se dijo– no se acredita la propiedad del caballo en cabeza de la accionada, surge de las constancias de autos que el deber de cuidado ha sido cumplido por la legitimada pasiva como dueña del campo.
Nótese que en la causa penal referida se halla evidenciado que los alambres linderos e internos del inmueble eran nuevos o bien en buen estado de conservación (acta de inspección ocular de fs. 8, declaración t
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