Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 127749
FS
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVI
Causa N ° 127749; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL N º22 - LA PLATA
GUERRERO JORGE HORACIO Y OTRO/A C/ AGUIRRE MARIA CECILIA S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los veinticinco días del mes de septiembre de dos mil veinte, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 127749, caratulada: "GUERRERO JORGE HORACIO Y OTRO/A C/ AGUIRRE MARIA CECILIA S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" , se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS .
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 26 de febrero de 2020?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
I. La sentencia de primera instancia rechazó la demanda que por indemnización de daños y perjuicios promovieron Jorge Horacio Guerrero y María Elizabeth Portillo Gómez -el primero por sí y en representación de su hijo menor Thiago Guerrero y la restante en representación del nombrado niño- contra María Cecilia Aguirre; impuso las costas del juicio a los actores por resultar objetivamente vencidos y postergó las regulaciones de honorarios a las resultas de lo que se decida en los autos "Guerrero, Jorge Horacio y Portillo, María Elizabeth s/ Beneficio de litigar sin gastos", radicado por vía de apelación por ante la Excma. Cámara Primera de Apelación de La Plata desde el día 6 de noviembre de 2019, según surge de los registro internos del Juzgado (proveído del 26 de febrero de 2020).
II. Esta decisión fue apelada por los actores (presentación electrónica del 5 de marzo de 2020), recurso que concedido (fs. 340), fue debidamente fundado en esta instancia mediante presentación electrónica del 7 de agosto de 2020. Corrido el traslado (proveído del 10 de agosto de 2020), mereció réplica de la demandada (presentación electrónica de fecha 18 de agosto de 2020). Pasado en vista y contestado por la señora Asesora de Menores e incapaces N° 1 Departamental (proveído del 19 de agosto y presentación del 23 de agosto de 2020) se llamó autos para sentencia (24 de agosto de 2020).
III– Los apelantes se agravian tildando a la sentencia de grado de falaz, que confunde reclamos e incumple con el valor de justicia.
Alegan que los hechos por ellos narrados fueron sobradamente demostrados, omitiéndose por parte del a quo el análisis de la prueba en forma grosera.
Se quejan asimismo que el fallo haga caso omiso –en su opinión- de los principios de la responsabilidad civil, como su doctrina y jurisprudencia.
Sobre el rechazo del daño moral el codemandado Guerrero denuncia que el sentenciante de grado confunde el objeto del reclamo, toda vez que en su presentación de inicio requirió la reparación por los sufrimientos padecidos por a partir del accidente de su hijo, agregando además la situación de violencia moral ejercida por su empleadora.
Insiste que nada tiene que ver lo peticionado en sede laboral por el mismo rubro. Éste, señala, tiene su origen en el sufrimiento que le ha generado la mutilación e incapacidad de su hijo, mientras que el requerido ante la justicia del trabajo se basa en la afección de sus sentimientos mas íntimos por el mal trato ejercido hacia él por parte de la empleadora.
Acusan selección arbitraria y antojadiza de la prueba testimonial, omitiendo que todos ellos expusieron que Aguirre lo hostigaba para que se reincorpore al trabajo tras la amputación del dedo del menor y que nunca se preocupó por la salud de su hijo.
Respecto del hecho dañoso en perjuicio del niño, se disconforman de la ausencia de tratamiento de la prueba sustancial, directa e indiciaria y por la ya alegada arbitraria parcialización de las declaraciones.
Entre esas pruebas enumera la causa laboral en donde discurre que nadie “paga esa suma por nada”, la historia clínica del Hospital Sor María Ludovica de donde destaca que surge que en los antecedentes que “Refiere haber metido la mano derecha en una sobadora de pan” y “fue intervenido en 6 de la madrugada por lesión de dedo índice … por máquina de hacer pan”.
Respecto de los testigos recalcan que todos refieren a la existencia del accidente.
Finalmente, alegan que el sentenciante cambió el presupuesto de responsabilidad y expuso que no está probado que la Sra. Aguirre “sabia o había autorizado a Thiago a estar en la panadería”, entrando al terreno de una responsabilidad subjetiva, preguntándose entonces quien tiene a cargo esa prueba. Refieren que la demandada sabía perfectamente que el menor estaba en la panadería, por lo que aquella jamás acreditó la ruptura del nexo causal.
IV. Liminarmente, corresponde abordar el planteo relativo a la insuficiencia de los agravios opuesto por la demandada en el traslado del memorial del actor (presentación electrónica del 23 de agosto de 2020).
Al respecto, ha de decirse que el escrito de expresión de agravios de los actores (presentación electrónica del 7 de agosto de 2020)ha superado el examen de admisibilidad, toda vez que se analizó con un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (art. 18 C.N.; MORELLO, Augusto Mario, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, v. I, págs. 175 a 180).
Ello, sin perjuicio de advertir que los términos utilizados por la letrada de los recurrentes hacia el Juez de grado exceden holgadamente los parámetros de una defensa tenaz y efectiva de los intereses de sus patrocinados, incurriendo en la utilización de alocuciones y aseveraciones que se traducen en ofensas a la dignidad y autoridad de la investidura, incurriendo en faltas de respeto al órgano judicial actuante en su conjunto.
Este tipo de actitudes o conductas en la tramitación de los procesos judiciales resultan plausibles de un apercibimiento a quien las ejecuta.
Véase que la expresión de agravios contiene afirmaciones como “denotando una plena falta de lectura del expediente todo”, “Con una absoluta falta de técnica en materia de dictado de sentencias, impropia de un juez de grado con tanta antigüedad como el sentenciante, lo que hace pensar a esta parte que la mano redactora no le es propia, y/o que la velocidad y exceso de tareas deteriora la función de la judicatura” (v. expresión de agravios referida) entre otras, términos que patentizan visibles violaciones al deber de respeto que debe gobernar el proceso judicial.
En este sentido se tiene dicho que: “La defensa de los derechos que cada uno considera tener puede ser férrea y tenaz pero siempre honorable y respetuosa. Quien cree estar en la razón debe defenderla con altura y con ajustados argumentos. Jamás necesita ser mordaz ni menos recurrir a la ofensa; esto desmerece y rebaja. Por consiguiente, si la lectura del escrito de expresión de agravios presentado por la parte actora, muestra –a las claras– el uso de impertinente sarcasmo para intentar la crítica de lo decidido por el Sr. Juez de primera instancia…., corresponde aplicar un apercibimiento” (esta Camara, Sala I, B 87944, RSD 58-98, sent. del 26/03/1998).
En el mismo aspecto “El abogado debe consideración al magistrado, y éste debe exigir ese respeto, si no a título personal, sí como representante de la justicia, porque la majestad de ésta no admite ofensa por leve que sea. No se quiere con ello dar una regla de buena educación o urbanidad, sino significar una obligación que además es recíproca: de respeto a la justicia y de respeto a la defensa” (esta Camara, Sala III, B 85575, RSD 394-96, Sent. del 26/12/1996).
Por ello, evidenciando que los términos de la expresión de agravios de la actora exceden los límites de la defensa de sus intereses, incurriendo en violaciones de respeto hacia la investidura del Juez y siendo deber de los jueces velar por el buen orden y decoro en los juicios, en uso de las facultades propias del Tribunal y conforme lo dispuesto por el art. 35 inc. 1º del CPCC. y 74 inc. "b" de la ley 5.827, corresponde aplicar un apercibimiento a la Dra. G. E. N. –T°… Fº… CALP-, dejándose establecido que de reiterarse prácticas como las aludidas se aplicará multa pecuniaria (arts. 35., inc. 1° CPCC, 74 ley 5.827).
V. Al igual que lo decidido en la instancia anterior y que no fue debatido por las partes, la presente acción se analizará desde la perspectiva del Código Civil anterior, por ser la ley aplicable al momento de la ocurrencia del evento (arts. 3 CC; 7 CCyC). Ello, sin perjuicio del encuadre normativo que eventualmente -y conforme al modo de decidirse- pudiera corresponder en relación a sus consecuencias (Aída Kemelmajer de Carlucci, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, segunda parte, Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 234; arts. 3 Cód. Civ. y 7 CCCN).
VI– A fin de otorgar un orden metodológico al recurso, he de abordar en este punto el agravio relativo al rechazo de la acción promovida en razón de los daños sufridos por el menor Thiago Guerrero.
Aquí es donde se torna ineludible dilucidar si los accionantes pudieron acreditar los hechos tal como se los denuncia en el líbelo de inicio, el daño sufrido y la relación de causalidad entre éste y la actuación de la cosa portadora del vicio o riesgo (arts. 375 del C.P.C., 1109, 1113 del Código Civil).
Estos elementos -perjuicio y nexo causal- constituyen presupuestos centrales de la pretensión articulada, los que de no evidenciarse, traerán aparejada su desestimación. De lo contrario, se le impondría a la legitimada pasiva la carga de acreditar un hecho negativo que conllevaría a la inversión de la carga de la prueba.
Como ha dicho nuestra Suprema Corte provincial “Para que alguien deba responder por el daño que sufra otro deben concurrir varios elementos: antijuridicidad, daño, relación de causalidad entre el daño y el hecho y factores de imputabilidad o atribución legal de responsabilidad” (SCBA, Ac 79389, sent. del 22-VI-2001, ED 197, 505; C 91325, sent. del 18-XI-2008).
Veamos: los actores –en su carácter de progenitores del niño– demandan a María Cecilia Aguirre por los daños sufridos por aquel.
Alegan que ésta obligó a Jorge Horacio Guerrero a concurrir a su puesto de trabajo –invoca que laboraba en la panadería de la accionada– con el menor de edad. Agregan que no tuvo alternativa de negarse por su estado de necesidad al ser el único sostén de familia.
En ese marco –según su visión de los hechos- el “viernes 21 de noviembre de 2014 siendo las 20:30 horas se produce dentro del establecimiento el accidente de mi hijo Thiago. Con la sobadora del local se queda atrapada la mano, máquina que estaba siendo manipulada por otro dependiente del local. Frente a los gritos de la criatura, la máquina se paró inmediatamente…” (fs. 47/66).
Endilgan la responsabilidad a la demandada por violencia moral e intimidación, citando el art. 937 CC. “Pero precisamente y más ajustado a este caso existieron ambas cosas: la violencia moral (incluido el temor reverencial) por la amenaza de perder el trabajo -temor fundado en la directa intimidación– que era esencial para la subsistencia de mi familia, y a la vez coetáneamente el estado de necesidad que yo ostentaba de manera subjetivo y que actuó como justificativo de mi conducta al verme en la imperiosa situación de tener que llevar a mi hijito de 4 años al trabajo por expreso requerimiento de mi jefa quien en forma antijurídica desde el aspecto laboral por no cumplir con la normativa aplicable, violentando la ley laboral, es y fue la causante directa de mi plena necesidad económica (de allí el estado de necesidad subjetivo)”. Invocan asimismo las responsabilidad objetiva de Aguirre por riesgo o vicio de la cosa (art. 1113 CC, punto V demanda, fs. referidas).
En oportunidad de contestar la acción entablada, la legitimada pasiva negó tanto la relación laboral en los términos y extensión alegados en la demanda como la existencia del siniestro denunciado y descripto (fs. 77/85).
Pues bien, analizando la prueba desplegada bajo en aplicación de las reglas de la sana crítica, adelanto que no encuentro medios idóneos que otorguen razón a los quejosos en sus agravios, siempre que no han logrado acreditar la existencia del hecho tal como lo narran (art. 384 CPCC).
En este sendero, evidencio que ninguno de los testigos deponentes –contrariamente a lo alegado en la expresión de agravios- es de carácter presencial.
En efecto, Elio Alberto Suárez refiere que llevó al actor con su hijo a la panadería el día denunciado como el del accidente y lo dejo. Aclaró que “En el momento del hecho no estaba presente” (respuesta 2, fs. 139). Luego, repreguntado dijo que “lo llevo hasta el centro y de ahí él se fue a la Panadería con el nene”.
Es decir que primero refirió recordar que llevo al actor con su hijo a la panadería, para luego rectificar su propia versión, desarrollando que en realidad lo llevó solo hasta el centro.
Por su parte, Andrea del Carmen Ahumada supo sobre el accidente “porque la dicente fue al Hospital al otro día y lo vio al nene luego de que paso lo que paso” (respuesta 2, fs. 140).
A su turno, Rolando Fabián Lucena “cree que el dicente lo había llevado en una Panadería porque trabajaba en una, y en la Panadería tuvo el accidente el nene. Lo sabe porque la Sra de él había tenido familia y estaba internada y el dicente lo llevaba a la Panadería y a verla a la Sra. El accidente perdió una de los dedos de la mano” (respuesta 2, fs. 141). Ana Estebez por su parte, no vio ni presencio el hecho y hace años que no veía al actor en la panadería (fs. 147) mientras que Juan Bautista Ballesta “no sabe nada de eso” en referencia al accidente (respuesta 7, fs. 145).
La testigo Andresa Wilfrida Gómez depone por su parte que supo del siniestro en oportunidad de estar cuidando a la Señora Portillo en el Hospital de Gonnet “Ese día le llamo la atención que Jorge no llegaba al Hospital en el horario que siempre iba, entre las 16.00 hasta el horario que tenía que ir a la Panadería, entonces como la Sra estaba angustiada, la dicente se acerca a la Panadería, y cuando iba yendo él la llama a la dicente y lo noto muy angustiado, el Sr Guerrero le cuenta que no tenía con quien dejar al nene y se llevó al nene con él al trabajo y que no pudo ir a ver a la Sra. Entonces ahí dejan de hablar y la dicente va a la Panadería igual. La dicente llega a la Panadería y pregunta si Jorge estaba en la Panadería y porque estaba muy angustiado. Esto fue a las 18.00 hs. La dicente manifiesta primero que la atendió otra persona y luego que la atendió Jorge. Manifiesta nuevamente que una persona que estaba en la Panadería la atendió que no sabe quién es y va para la puerta del garage y golpea y ahí sale Jorge y ahí lo ve al nene y le pregunta porque no fue al Hospital y porque estaba tan angustiado y Jorge le dijo que no pudo ir al Hospital porque lo habían llamado de la Panadería para ir a trabajar y se había llevado el nene porque no tenía con quien dejarlo. Y de ahí escucha la voz de una mujer que le decía que entre, que estaba perdiendo tiempo y que no iba a llegar con el pan. Y la dicente para no generarle problema se despidió del dicente y se fue al Hospital” (respuesta segunda fs. 142). En oportunidad de las repreguntas agrega que estaba en el hospital cuando llama Guerrero a su mujer para avisarle del accidente, porque la estaba cuidando (repregunta 2, fs. referidas).
Esta declaración, además de evidenciarse confusa y poco clara, no da cuenta de la presencia del menor en la panadería y menos aún la producción del evento dañoso allí.
Del desarrollo antecedente, colijo que la prueba testimonial no acredita de modo alguno la existencia del hecho tal como lo describen los actores, como las condiciones de tiempo y lugar, ni la participación de la cosa riesgosa propiedad de la demandada (art. 384 CPCC). Como se dijo, ningún testigo es presencial y ni siquiera se aporta prueba indiciaria, dado que ninguno de ellos da cuenta convincentemente de la presencia del menor en la panadería de la accionada, ni de la mecánica del alegado hecho.
Es que la sana crítica particularmente aplicada a la valoración de la prueba testimonial aconseja ponderar con real cautela la virtualidad probatoria de testigos vinculados a la demandante, y advertir que una diligencia mínima, ajustada a su rol en el proceso, exigía a los actores reforzar la prueba a producir, ofreciendo cuanto menos un testigo presencial imparcial del siniestro.
Este dispositivo legal dispone que “los jueces formarán su convicción respecto de la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica”. Y continúa: “no tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa”.
En este sentido, como se desprende del decisorio de grado, el a quo –para decidir como lo hizo- se basó en los testimonios producidos de los que realizó su análisis, por lo que la arbitrariedad y valoración absurda alegada por los quejosos no se advierte. En consecuencia, tampoco ese agravio ha de prosperar (art. 34 inc. 4 CPCC).
En lo tocante con la queja direccionada a que el a quo no valoró como prueba idónea la historia clínica confeccionada por el Hospital Sor María Ludovica (fs. 17/24), en cuanto consigna en el punto “antecedentes” que “refiere haber metido su mano derecha en una sobadora de pan” (v. esp. fs. 17), no ha de tener favorable acogida toda vez que ésta constituye un medio idóneo para acreditar las prácticas médicas y clínicas efectuadas, más no sobre los hechos que generaron la atención en el nosocomio los que son denunciados por el paciente o sus familiares de modo unilateral al momento de ser recibidos en el centro asistencial.
Esta consignación en la historia clínica es en definitiva la transcripción de lo alegado por el mismo actor en oportunidad de ingresar al niño para la atención médica y no una constatación de los hechos por parte de los profesionales de la salud, por lo tanto no ha de tomarse como prueba ni indicio de la existencia del hecho tal como se narra (art. 384 CPCC).
La pretensión sobre que la conciliación en sede laboral configura un elemento probatorio no valorado por el sentenciante de grado alegando los actores que nadie “paga esa suma por nada” tampoco resulta procedente y ha de rechazarse, ya que los autos “Guerrero, Jorge Horacio c/ Aguirre, Cecilia María s/ despido” ante el Tribunal de Trabajo N° 5 de este Departamento Judicial (que tengo a la vista) culminaron con un acuerdo conciliatorio homologado el 2 de mayo de 2020. Este modo anormal de finalización del proceso no se traduce en asignación de responsabilidad en cabeza de la demandada, ni en el reconocimiento de las partes de los hechos y derecho alegados por el otro en el proceso. Muy por el contrario, la sentencia homologatoria se limita a aprobar los términos y alcances de la conciliación, no haciendo cosa juzgada sobre la veracidad de las pretensiones insertas en la presentación postulatoria y su contestación.
Llegado a este punto, no resulta ocioso destacar que el art. 375 CPCC impone la carga de la prueba de la existencia de un hecho controvertido a la parte que lo alega, cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción.
Así, la víctima del hecho dañoso –en este caso sus representantes legales– es quien soporta el onus probandi sobre la existencia del suceso, del daño, la calida
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.