Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 126688
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue en el precedente acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado el 7 de septiembre de 2020 no es justo (arts. 68, 242, 246, 270, 502, 175, 185 del Cód. Procesal; 14 y 17 de la Const. Nac.; 23, 24, 25, 30, 33, 43 y concs. de la ley 20.091; 109, 116, 118 y concs. de la ley 17418; 3, 37 y concs. de la ley 24.240; jurisprudencia citada).
POR ELLO: 1) Se revoca el auto del 7 de septiembre de 2020 y, en consecuencia, deberá sustanciarse y resolverse la liquidación presentada por la parte actora conforme al límite aquí establecido. 2) Las costas por la intervención en la alzada se imponen a la citada en garantía en su calidad de vencida. 3) Las regulaciones de honorarios se practicarán oportunamente. 4)
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXV
Causa N° 126688; Juz. N° 21
SEGOVIA DANIEL ENRIQUE Y OTRO/A C/ ENRIQUEZ DOMINGO GERALDO S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
REG SENT: Sala III
En la ciudad de La Plata, a los 22 días del mes de Diciembre de dos mil veinte reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “SEGOVIA DANIEL ENRIQUE Y OTRO/A C/ ENRIQUEZ DOMINGO GERALDO S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", (causa nº 126688), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término el doctor Soto.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justo el apelado decisorio del 7 de septiembre de 2020?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOTO DIJO:
1. En el auto del 7 de septiembre de 2020, el Sr. Juez de la primera instancia hizo saber la limitación de cobertura de la citada en garantía, y que se debía acompañar un cálculo con los parámetros en torno a su responsabilidad conforme a los pronunciamientos firmes de autos.
Contra esa decisión apeló la parte actora (16/9/20). Su recurso le fue concedido el 17 de septiembre de 2020 y lo fundó mediante el memorial de agravios del 28 de septiembre de 2020, que fue contestado por la citada en garantía y el demandado (3/10/20, 8/10/20).
El Sr. Fiscal de Cámaras emitió su dictamen el 4 de noviembre de 2020.
2. Abordo la cuestión traída destacando que 30 de julio de 2020 la parte actora practicó liquidación de su crédito y solicitó embargo sobre las cuentas corriente de la citada en garantía.
El 7 de agosto de 2020 la citada en garantía solicitó la apertura de cuenta para realizar el depósito de la condena.
Se opuso al pedido de embargo que había realizado la parte actora e hizo notar que esa condena ha sido en los términos del artículo 118 de la ley 17.418, es decir, en los límites del seguro contratado. Y que esta sala ha dicho que ni el actor ni el demandado abrieron la segunda instancia con relación a ese límite, quedando firme en ese aspecto la sentencia de grado.
Al responder, el coactor Daniel Enrique Segovia controvirtió ese argumento y reiteró el pedido de embargo (21/8/20).
La citada en garantía hizo la presentación del 1° de septiembre de 2020, en la que explicó lo acontecido desde que ella contestó la demanda y las sentencias dictadas. Señaló que éstas han adquirido firmeza y que la discusión se encuentra cerrada.
Luego se dictó la resolución atacada, en la que, como vimos, se ordenó acompañar un cálculo conforme a los pronunciamientos firmes de autos.
3. En sus agravios, sustancialmente, los actores postulan que no opera aquí el instituto de la cosa juzgada.
Que la aseguradora pretende ponerle fin a la discusión acerca del límite de cobertura, que limitaría su responsabilidad a $ 90.000, por la mera cita que hizo el juez de la primera instancia del artículo 118 de la ley se seguros, pero ello no fue motivo de un apartado dentro de los considerandos ni se le dio tratamiento en la parte dispositiva.
Alegan que de ninguna manera puede interpretarse que el sentenciante de grado pretendió, con la sola cita de la norma mencionada, resolver que la condena se haría extensiva a la citada en garantía por un monto por demás descartable; ello por tratarse de un accidente que se cobró la vida de su hijo. Que interpretarlo en un sentido distinto implicaría vulnerar la justicia del fallo.
Agregan que se está ante una relación de consumo. Citan jurisprudencia en apoyo de su postura. Solicitan que el límite de la cobertura sea fijado conforme a las pautas de la Superintendencia de Seguros de la Nación (Res. N° 1162/2018).
4. Ahora bien, atento a los cuestionamientos vertidos por la citada en garantía al contestar el memorial de agravios, considero que en esta etapa procesal de ejecución de sentencia puede abordarse el tema que discuten las partes, ya que con lo que se decida no se volverá sobre algo ya resuelto, sino que se dará precisión acerca de cuál es la magnitud -en este juicio, iniciado el 22 de marzo de 2012 por un hecho ocurrido el 10 de julio de 2010- de la medida del seguro contratado.
5. Esta sala ya se ha expedido acerca del tema en discusión considerando que resulta aplicable lo decidido por nuestra Suprema Corte de Justicia en el Acuerdo C 119.088, del 21 de febrero de 2018.
En esa sentencia el Dr. Pettigiani, en voto que conformó la mayoría, al analizar una póliza similar a la contratada en autos sostuvo que "... si bien el límite de cobertura constituye una cuestión esencial y subordinante de los demás elementos del seguro, también es cierto que al tiempo en que la compañía debe honrar sus compromisos asumidos el interés oportunamente asegurado luce sensiblemente reducido. Y en el marco de la cobertura básica del seguro de responsabilidad civil, ello implica que la prestación a cargo de la aseguradora sea finalmente por un monto muy inferior al de la garantía mínima vigente en tal momento, desvaneciéndose la tutela del damnificado para la efectiva percepción de su indemnización..." (Conf. SCBA Ac. citado del 21-02-2018, voto Dr. PETTIGIANI).
Surgiendo de autos que la cláusula de delimitación cuantitativa del riesgo contenida en la póliza de seguro fue convenida en concordancia con la normativa vigente al momento del hecho, en consonancia con lo dispuesto por el Alto Tribunal provincial, la misma "... no puede ser oponible al asegurado y a la víctima cuando la magnitud de los daños padecidos por esta última fue estimada en un tiempo actual, en el que también debe ser ejecutada la garantía, pues ante los disímiles contextos habidos en tales fechas, su pretendida aplicación literal se muestra ostensiblemente irrazonable, al resultar abusiva, desnaturalizar el vínculo asegurativo por el sobreviniente carácter irrisorio de la cuantía de la cobertura finalmente resultante, afectar significativamente la ecuación económica del contrato y la equivalencia de sus prestaciones, destruir el interés asegurado, provocar en los hechos un infraseguro, contrariar el principio de buena fe y patentizar un enriquecimiento indebido en beneficio de la aseguradora; a la vez que deviene asimismo frustratoria de la finalidad económico-social del seguro obligatorio..." (ver fallo citado).
Tal situación se vislumbra en el caso, pues al tiempo del siniestro la cobertura contratada por Domingo Geraldo Enriquez alcanzaba los montos mínimos que surgen de la pericia contable del 7 de junio de 2018. Sin embargo, a la fecha del decisorio aquellos montos mínimos han sido sustancialmente modificados, resultando aplicable para el momento en que se ha evaluado el daño la Resolución General de la Superintendencia de Seguros de la Nación 1162/2018 (B.O. 19-XII-2018).
Bajo tales premisas, y siguiendo los lineamientos del Superior Tribunal de Justicia provincial, propicio que la condena se haga extensiva a la citada en garantía efectivizándose en los términos y condiciones de la póliza agregada a estos autos conforme a la cobertura básica vigente al momento de la evaluación judicial del daño, esto es, a la fecha de la sentencia de la primera instancia.
Ello de ningún modo significa que este decisorio constituya una estipulación en favor de terceros que pueden ser eventualmente beneficiados -como el caso de los actores-, sino la protección del consumidor contratante, el que, en caso de aplicar los cálculos de la aseguradora, quedaría prácticamente desprovisto de la garantía contratada (Conf. Sala II causa 126.858, RSD 41/20, sent. del 3/04/2020. Esta sala, causa 128031, RSD 264/20, 127.513, RSD 160/20).
Para terminar, agrego que desde el punto de vista del análisis económico del derecho se ha asignado gran trascendencia práctica a las consecuencias derivadas del incumplimiento del asegurador y, en particular, a la prolongación excesiva del proceso judicial. Sobre este punto, se afirma la necesidad de que los efectos de la inejecución del contrato sean lo bastante relevantes como para importar un estímulo (incitación) suficiente a los contratantes para decidirse a optar por una ejecución correcta (leal) de sus obligaciones. Por el contrario, la incitación a una eficiente ruptura del contrato estaría dada por la hipótesis de que, al tiempo de ejecución de su obligación principal, el obligado advirtiera que, desviando el destino natural de su prestación, el provecho que podría obtener de la ruptura fuese superior a la suma de su prestación más los daños-intereses debidos a la contraparte. Para ello, se torna necesario que las consecuencias derivadas de la inejecución del contrato no sólo se hallen constituidas por los intereses moratorios, sino también por el mayor daño que, en relación causal adecuada con el incumplimiento, haya sufrido la contraparte. En síntesis, los daños-intereses deben ser mayores que el provecho resultante de la inejecución del contrato (ver STIGLITZ, Rubén S., Análisis económico del contrato de seguro, en Derecho de seguros. Dirigido por Nicolás H. Barbaro, Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 2001. Esta sala, causa, 126012, RSD 63/20).
Por estos fundamentos, corresponde hacer lugar a los agravios de la parte actora (arts. 242, 246, 270, 502, 175, 185 del Cód. Procesal; 14 y 17 de la Const. Nac.; 23, 24, 25, 30, 33, 43 y concs. de la ley 20.091; 109, 116, 118 y concs. de la ley 17418; 3, 37 y concs. de la ley 24.240).
6. Las costas por la intervención en la alzada se imponen a la citada en garantía en su calidad de vencida (art. 68 del Cód. Procesal).
Voto por la NEGATIVA
Por los mismos fundamentos la doctora LARUMBE votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOTO DIJO:
Obtenido el necesario acuerdo de opiniones al tratar y decidir la cuestión anterior, corresponde: 1) Revocar el auto del 7 de septiembre de 2020 y, en consecuencia, deberá sustanciarse y resolverse la liquidación presentada por la parte actora conforme al límite aquí establecido. 2) Las costas por la intervención en la alzada se imponen a la citada en garantía en su calidad de vencida. 3) Las regulaciones de honorarios se practicarán oportunamente.
ASÍ LO VOTO.
La doctora LARUMBE adhirió en un todo al voto que antecede, con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
La Plata, 22 de Diciembre de 2020
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Que en el precedente acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado el 7 de septiembre de 2020 no es justo (arts. 68, 242, 246, 270, 502, 175, 185 del Cód. Procesal; 14 y 17 de la Const. Nac.; 23, 24, 25, 30, 33, 43 y concs. de la ley 20.091; 109, 116, 118 y concs. de la ley 17418; 3, 37 y concs. de la ley 24.240; jurisprudencia citada).
POR ELLO: 1) Se revoca el auto del 7 de septiembre de 2020 y, en consecuencia, deberá sustanciarse y resolverse la liquidación presentada por la parte actora conforme al límite aquí establecido. 2) Las costas por la intervención en la alzada se imponen a la citada en garantía en su calidad de vencida. 3) Las regulaciones de honorarios se practicarán oportunamente. 4) REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del art. 1 de la Ac. 3991 de la SCBA del 21/10/20. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia