Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 128996
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca el decisorio del día 20/8/2020, que se deja sin efecto. Con costas por su orden, por no haber dado la contraria motivo al dictado del pronunciamiento (art. 68 segunda parte del C.P.C.C.).REGISTRESE.
L. de Sentencias INTERLOCUTORIAS N° LXXVII
Causa N° 128996; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº18 - LA PLATA
“CORTEZ HUARACHA PIERO JOSE Y OTRO/A C/ PERILLI HORACIO OSVALDO S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”
REG. INT.: Sala II - FOLIO:
La Plata, 30 de Marzo de 2021.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
1. La resolución del día 20/8/2020, en cuanto decreta la caducidad de instancia de las presentes actuaciones, viene apelada por la parte actora el 27/8/2020, siendo concedido el recurso el día 10/9/2020 y fundado el 18/9/2020, sin que mereciera réplica de la contraria.
2. Peticionada por el apoderado de la firma citada en garantía la intimación a la parte actora en los términos del artículo 315 del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCC) bajo apercibimiento de decretarse la caducidad de instancia de las presentes actuaciones (v. escrito del 13/8/2020), la Juez de primera instancia, en modo oficioso (art. 316 del CPCC), directamente la decreta (v. resolución del 20/8/2020).
Para decidir así, dijo: “…atento lo solicitado y del análisis de los presentes actuados, surge que la actora no ha producido actividad útil desde el 12/11/2019, fecha en la que se libra cédula de notificación de la demanda al demandado Ruytinchsc Daniel Alejandro (ver fs. 84). Dicha cédula se encuentra devuelta con resultado negativo conforme surge del informe del Oficial de Justicia obrante a fs. 87 y en atención a la facultad que me otorga el art. art. 316 del C.P.C.C., corresponde analizar de oficio la procedencia del instituto de la caducidad de instancia, sin perjuicio del nuevo pedido de intimación efectuado por la demandada en el escrito en proveimiento…”
3. Sostiene la actora como agravio que se decretó la caducidad de oficio y sin respetar los términos de lo normado por el art. 315 del C.P.C.C., es decir, sin que se le haya realizado ningún tipo de intimación para activar el juicio. Indica que esa cuestión es reconocida en el mismo decisorio, en el que se señala: “…Tal intimación no fue contestada por la accionante, a raíz de no habérsele tampoco notificado dicha intimación, ordenada a fs.61..."
Manifiesta que la propia parte contraria concluye en igual modo, en tanto en su escrito del día 13/8/2020 –que da base al pedido del decreto de caducidad- solicitó la "intimación por única vez", es decir reconociendo expresamente que lo proveído a fs. 61 nunca fue activado ni notificado.
Concluye entonces que, al no haber sido notificado de ninguna intimación previa, no se configuró el requisito contemplado en el art. 315 del C.P.C.C., debiendo revocarse el resolutorio.
4. La caducidad de la instancia es un instituto procesal cuyo fundamento objetivo es la inactividad de los contendientes por un tiempo determinado y su finalidad tiende a propender la agilización del servicio de justicia, evitando la duración indefinida de los juicios, cuando las partes abandonan presumiblemente el ejercicio de sus pretensiones (esta Sala, Causa B-75788, RSD 166 del 30/6/93).
La perención no es un acto, sino un hecho: se trata del transcurso del tiempo sin realizar actos procesales, dentro de un proceso pendiente (esta Sala, Causa B-80.415, RSD 71/95 del 4-4-95; Causa B-82.453 RSD 22/96, e/o).
La interpretación y análisis de la caducidad de instancia debe ser estricta y orientada a mantener la vitalidad del juicio, en atención a las consecuencias que de aquélla se derivan (esta Sala, Causa 105011, RSI 172/05 del 28/6/2005). Es que su aplicación aniquila un derecho de jerarquía constitucional, cual es el de propiedad, unida a la defensa en juicio, por lo que la interpretación del texto legal debe hacerse, como se dijo, restrictivamente, y por ello sigue que en caso de duda sobre si ha operado la caducidad de instancia, debe considerarse no operada (Morello, Sosa, Berizonce, “Códigos…”, T.IV A, p. 95/96, 1989).
5. El artículo 315 (T.O. Ley 13.986) indica que la declaración de caducidad podrá ser solicitada por única vez en primera instancia, por el demandado y la petición se sustanciará previa intimación por única vez a las partes para que en el término de cinco (5) días manifiesten su intención de continuar con la acción y produzcan la actividad procesal útil para la prosecución del trámite, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de decretarse la caducidad de instancia. En el supuesto de que la parte intimada activare el proceso ante solicitud de caducidad y posteriormente a ello transcurra igual plazo sin actividad procesal útil de su parte, a solicitud de la contraria o de oficio se tendrá por decretada la caducidad de instancia.
Por último, el artículo 316 del mismo Código prescribe que la caducidad podrá ser declarada de modo oficioso, previa intimación a la que se refiere el artículo anterior y comprobación del vencimiento de los plazos señalados en el artículo 310°, pero antes de que cualquiera de las partes impulsare el procedimiento.
6. Más allá de señalar que no ha sido traído como punto de agravio, debe indicarse que no es correcto ante el pedido formulado por la citada en garantía, instado en los términos del artículo 315 del CPCC, desechar el mismo para resolver la cuestión en forma oficiosa conforme las facultades que el artículo 316 del CPCC otorga a los Jueces.
Es que si la Juez no ejerció oportunamente y de oficio esa facultad, no puede hacerlo si a pesar de haber transcurrido el plazo de caducidad alguna de las partes impulsare el procedimiento.
Es en este caso que ha sido la citada en garantía que pidió al Juzgado se intimara a la contraría a activar el proceso, instando con ello el incidente de caducidad de instancia (art. 315 ya citado). No puede –entonces- no abordar ese pedido y ejercer la señora Juez -en cambio- una facultad que no había sido exteriorizada en tiempo oportuno.
Es decir, solicitada la caducidad de instancia por parte legitimada, debe proveerse a tal pedido y no decretar la caducidad directamente en los términos del artículo 316 del C.P.C.C., pues tal posibilidad se encuentra vedada ante el impulso de la parte en tal sentido.
7. No obstante ello, tampoco se verifica realizada en las actuaciones –tal como lo señala la actora apelante- la intimación previa prescripta en el artículo 315 del Código de rito para decretar luego la caducidad de instancia, requerida tanto si es instada a pedido de parte o en forma oficiosa.
Se indica en el resolutorio que el proveído de fs. 61, que contenía la intimación del artículo citado no fue contestada por la accionante, ello a raíz de no habérsele notificado de la misma, y que con fecha 18/12/2018 (v. presentación electrónica de fs. 75), la parte actora impulsó el procedimiento, ampliando demanda contra el demandado Ruytinchsc.
Pero luego, se argumenta que el doctor Massi, patrocinante de la actora, se notificó de la intimación de fs. 61, ya que el 17/7/2019 se le otorgó el préstamo de las actuaciones, habiéndolo devuelto el 19/7/2019. Sin indicarlo expresamente, se ha hecho actuar en el caso el modo de notificación previsto en el artículo 134 del C.P.C.C. En base a ello, se realizó el restante análisis de la causa y se decretó la caducidad en los términos de los artículos 310 inc. 3 y 316 del Código citado.
Es la propia Juez de grado quién reconoce que la notificación de fs. 61 nunca se realizó, pero luego concluye que el préstamo otorgado de las actuaciones efectuado el 19/7/2019 a la actora, actuó como debido anoticiamiento.
No se ajusta a derecho esa conclusión, pues no habiendo sido impuesto el actor oportunamente del proveído de fs. 61 y habiendo impulsado el proceso, devino superada esa etapa pues la intimación nunca surtió efectos, quedando inocua para ser utilizada como realizada a los fines previstos en el artículo 315 del C.P.C.C.
Ha de destacarse también que en el expediente se consideró anteriormente como actos procesales impulsorios, la presentación del accionante de fs. 63 (12/9/2018) y el proveído de fs. 64 (13/9/2018) que fue su consecuencia, como así que no se había verificado la notificación de la intimación dispuesta a fs. 61. Ante el pedido de la citada en garantía del 14/9/2018 para que se disponga nueva intimación (v. fs 65 electrónica), se resolvió a fs. 66, el 19/9/2018: “…Sin perjuicio de lo solicitado, atento lo actuado en autos (v. fs. 63 y 64), no configurándose el plazo previsto en el art.310 inc.3° del CPCC, en éste estado, no ha lugar…”.
8. Esta Sala ha entendido que no puede hacerse efectivo el apercibimiento contenido en una norma si el receptor no está debidamente impuesto y notificado del auto que así lo dispone (art. 135 inc. 5° y conc. del C.P.C.C.). Esa notificación debe hacerse en forma personal o por cédula (norma citada). Ello también alcanza al anoticiamiento de la intimación que dispone el artículo 315 del C.P.C.C., pues por más que haya sido ordenado, si aquélla no fue efectivizada ni se advierte que la parte se ha notificado de la misma en forma personal, el impulso posterior del proceso impide declarar la caducidad, o como en este caso, considerar efectuada la intimación, ya que ésta fue posterior al acto impulsivo y a la notificación –personal- del auto pertinente (Causa 125643, RSI 306/2020 del 22/10/2020).
POR ELLO, se revoca el decisorio del día 20/8/2020, que se deja sin efecto. Con costas por su orden, por no haber dado la contraria motivo al dictado del pronunciamiento (art. 68 segunda parte del C.P.C.C.).REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del art. 1 de la Ac. 3991 del 21/10/20. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia