Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 129557
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVII
Causa N° 129557; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº12 - LA PLATA
MARTINEZ BRAIAN EZEQUIEL C/ ACUÑA FERRARA GUSTAVO DANIEL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los ocho días del mes de Julio de Dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 129557, caratulada: "MARTINEZ BRAIAN EZEQUIEL C/ ACUÑA FERRARA GUSTAVO DANIEL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la resolución apelada de fecha 18 de diciembre de 2020?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de primera instancia rechazó la demanda promovida por Braian Ezequiel Martinez contra Gustavo Daniel Acuña Ferrara por daños y perjuicios y en consecuencia declinó la citación en garantía de Mercantil Andina Cía. de Seguros S.A; hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Felipe Ruffo Acuña quien se presentó por Acuña Gas; impuso las costas de la excepción y del rechazo de la demanda al actor en su calidad de vencido; reguló los honorarios por la labor desarrollada con anterioridad al 21 de Octubre de 2017, fecha de entrada en vigencia de la ley 14967 y tomando como base regulatoria la suma de $ 221.522, al Dr. Juan Carlos Ponz (apoderado de Gustavo Daniel Acuña Ferrara y de la citada en garantía) en la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000), los de la Dra. Graciela Silvia Scorians (apoderada de Gustavo Daniel Acuña Ferara y de la citada en garantía) en la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000), los del Dr. Marcelo Fabián Urquiza (apoderado de la parte actora) en la suma de Pesos Siete Mil ($ 7.000) y los de la Dra. María Patricia Cuneo (apoderada de la parte actora) en la suma de Pesos Siete Mil ($ 7.000). En cuanto a las tareas desarrolladas con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 14.967, tomando como base la suma de $ 520.122,37, de conformidad con lo dispuesto por el art. 23, se reguló los honorarios del Dr. Juan Carlos Ponz en la cantidad de seis jus, y tres jus por la incidencia resuelta a fs. 193, los de la Dra. Graciela Silvia Scorians en la cantidad de seis jus, los del Dr. Marcelo Fabián Urquiza en la cantidad de tres jus y un jus por la incidencia resuelta a fs. 193, los de la Dra. María Patricia Cuneo en la cantidad de tres jus y los del Dr. Miguel Angel Vuotto (patrocinante del Sr. Felipe Ruffo Acuña) en la cantidad de nueve jus; reguló los honorarios de la mediadora María Ana García en la suma de Pesos Dieciocho Mil Quinientos Diez ($ 18.510), conf. art. 31 del Dec. 43/2019, los del perito médico legista Eduardo Pablo Martínez en la suma de Pesos Siete Mil Quinientos ($ 7.500) y los del perito ingeniero mecánico Eduardo Anibal Granero en la suma de Pesos Siete Mil Quinientos ($ 7.500). (v. sentencia del 18 de diciembre de 2020).
2 – Contra esta forma de decidir interpuso recurso de apelación el actor (presentación electrónica del 28 de diciembre de 2020), el que previamente concedido (proveído del 29 de diciembre de 2020) fue fundamentado en tiempo y forma en esta instancia (presentación del 17 de mayo de 2021); corrido el pertinente traslado (proveído de la misma fecha) éste fue contestado por el demandado Gustavo Daniel Acuña Ferrara y la citada en garantía La Mercantil Andina (proveído del 25 de mayo de 2021), no habiendo hecho lo propio la codemandada Acuña Gas. Luego, se llamó autos para sentencia (proveído del 28 de mayo de 2021).
3 – El apelante se agravia tanto del rechazo de la demanda incoada, como de la imposición de costas del proceso a su cargo.
Sobre la asignación de la responsabilidad en su cabeza, se duele de lo que considera una errónea interpretación de la norma.
Hace pie en que el tratamiento sobre la prioridad de paso efectuado por la sentencia se apartó del precedente de la Suprema Corte de Justicia, haciéndolo única mención a la letra fría de la ley vigente, que establece la prioridad de quien circula por la derecha absoluta (art. 41 ley 24.449).
Alega que distintos tribunales y doctrinariamente se ha dado acogida a la corriente que establece que la lógica de la Ley de Tránsito analizada en su conjunto da cuenta de que en casos como este debe prevalecer quien circula por una avenida, pues de su espíritu trasciende como idea central que ante vías de distinta jerarquía debe tener prioridad quien circula por la de mayor entidad.
Agrega que la Juez de grado omite que la avenida 122 es a su vez la ruta provincial 11, analizando que los hechos notorios y de público conocimiento no deben probarse.
Además, entiende que en el caso en estudio se configura una clara excepción al principio rector del art. 41 de la ley 24.449, que es la establecida en el punto 3 del inc. g de la mencionada norma en cuanto dice que esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta, y sólo se pierde ante: “… 3) (…) o se vaya a girar para ingresar a otra vía”, agregando que fue el demandado en su relato de los hechos quien manifestó que iba a ingresar a la avenida 122.
4 – De conformidad con lo dicho por el decisorio de grado, de conformidad con lo lo dispuesto por el art. 7 del Código Civil y Comercial (en adelante CCyC) la presente acción habrá de ser analizada conforme a la normativa de dicho ordenamiento, toda vez que ésta era ya ley vigente al momento del hecho (14 de mayo de 2016).
5 – El agravio central radica en el rechazo de la demanda instaurada y en la calificación de culpable asignada a Martínez por el accidente objeto de este proceso en virtud de que éste carecía –según la sentencia apelada- de la prioridad de paso establecida por el art. 41 de la ley 24449 (Ley de Tránsito).
Ha de recordarse que quien acciona por daños en función a un factor de atribución objetiva de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1757, 1758 y 1769 del Código Civil y Comercial (en adelante denominado CCyC) -en similares términos que los establecidos por el Código Civil derogado (art. 1113)- debe probar 1) el daño; 2) la relación causal; 3) el riesgo de la cosa; 4) el carácter de dueño o guardián de los demandados y 5) el hecho antijurídico (conf. SCBA; Ac. 86.378 sent. del 9/02/2005; Ac. 93337 sent. del 9/07/2006, C. 85.552 sent. del 22/08/2007); respondiendo en principio el dueño o guardián de la cosa riesgosa productora del daño de manera objetiva. Se ha reiterado también que como derivación de lo establecido en el art. 375 del CPCC, es a cargo de quien reclama el perjuicio la acreditación de la relación de causalidad (conf. SCBA; AC. 88506, Sent del 6/08/2005; Ac. 93.684 Sent. del 9/08/2006; C. 97.097, Sent. del 7/05/2008).
Asimismo, la responsabilidad extracontractual objetiva que emerge de la citada normativa (en similares términos que el derogado art. 1113 segundo párrafo del Código Civil) no exime al juez de la instancia de analizar la mecánica del accidente, ello a los fines de excusar al demandado total o parcialmente a través de la demostración de la culpa de la víctima o de un tercero por quien no se debe responder (arts. cit.).
En la instancia se tuvo por acreditado que el actuar imprudente del actor fue el que desencadenó el choque al no respetar la prioridad de paso legalmente establecida.
Ahora bien, más allá de los déficits probatorios expuestos por los litigantes en el proceso, encuentro que esta conclusión no se condice con lo expresamente alegado por ellos en sus prestaciones postulatorias.
Nótese que ambos coinciden sobre la mecánica del hecho, discutiendo en cambio sobre la responsabilidad en su producción: el actor argumenta que el accionado lo embistió intempestivamente al intentar tomar la avenida 122 sin cerciorarse de la factibilidad de ingreso a la arteria transversal (v. demanda fs. 28/33), mientras que el demandado alega que fue el embestido por Martínez reconociendo que frenó antes para tomar desde 71 (calle por la que venía circulando) a avenida 122.
En efecto, Acuña Ferrara (fs. 72/83 vta., punto “c”) en su descripción de la mecánica del hecho manifiesta que venía circulando a bordo de una Peugeot Partner por la calle 71 de la Ciudad de La Plata de 121 a 122 “Próximo a la intersección con la calle 122 – que es doble mano de circulación -disminuye la velocidad por precaución y se detiene. Tras cerciorase de la ausencia de rodados en las inmediaciones – a excepción de un automotor que circulaba por avenida por 122 desde 70 a 72, esto es que avanzaba desde la izquierda del accionado-, que se detuvo para cederle el paso y permitirle al tránsito de la calle 122, decide reanudar la marcha y ya llegando a la mitad de la bocacalle es violentamente embestido en su guardabarros delantero izquierdo por una motocicleta que circulaba por calle 122 de 70 a 72, en el mismo sentido del rodado que se había detenido para cederle el paso…”. Luego trascribe lo manifestado a la hora de denunciar el siniestro ante la compañía de seguros en los siguientes términos “circulaba por la calle 71, de 121 a 122, cuando llego a la intersección con la avenida con intención de tomar la 122 hacia la izquierda, me detengo. Un vehículo se detiene en la esquina y me da el paso para iniciar mi maniobra de giro. Cuando estoy doblando soy colisionado por el conductor de una moto que circulaba por avenida 122. Me colisiona en la parte delantera izquierda, a la altura de la rueda…” (contestación de demanda fs. referidas. v. esp. fs. 75).
Esta misma versión de los hechos es expresamente refrendada por la citada en garantía a la hora de presentarse en estas actuaciones (v. fs. 127/139).
De la sola exposición de la mecánica del incidente por parte de actor y demandados surge que ellos acuerdan que: 1) el actor en su motovehículo venía circulando por av. 122, 2) que el demandado hacía lo propio por calle 71, 3) que el accionado es quien abordó a la intersección por la derecha, 4) que éste detuvo su marcha para dejar pasar un auto que venía por 122 y 5) que su intención era tomar por desde 71 a 122.
De ello se colige sin duda alguna que la prioridad de paso dispuestas por la primera parte del art. 41 de la ley 24449 (Ley de tránsito) y consignada en la sentencia de grado no resulta aplicable al caso en estudio toda vez que del texto de la misma normativa se desprende la pérdida de esa prerrogativa cuando “se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar en otra vía” (inc. “g” punto “3” del art. 41 de la Ley de tránsito).
Es decir que la actitud del demandado previo al accidente (de la que él mismo dio cuenta) se traduce en que nos encontramos frente a un hecho que supone una clara y significativa alteración en el devenir del tránsito al perder la prioridad de paso (conf. art. 41 de la Ley de tránsito), creando además una interferencia para aquél que viene circulando por la vía transversal de forma recta.
En este punto es donde se abre paso la queja del actor, debiéndose entonces valorar el resto de la prueba para determinar el protagonismo que cupo a cada uno de los partícipes, ya que sólo mediante un análisis global de las circunstancias ocurridas se posibilitará comprobar si ha concurrido, en esta hipótesis, la eximente invocada por el demandado y, en su caso, en qué medida.
Para ello, se impone ponderar cuál era el comportamiento exigible a cada uno de los conductores, de conformidad con las circunstancias del hecho, y en mérito de la normativa ordenatoria del tránsito vehicular.
Primeramente, de la pericia mecánica practicada a fs. 169 por el Ing. Aberto Anibal Granero no surgen datos de interés para dilucidar la cuestión.
En estos términos es que el experto informa que “No hay elementos técnicos en la causa para poder determinar la causa del accidente” (punto “2 a” fs. referidas) y que “No hay elementos técnicos en la causa para poder determinar las velocidades de los vehículos involucrados en el hecho” (punto “2 e” pericia fs. referidas).
Ahora bien, no surge otra circunstancia ni prueba que acredite la forma en la que ocurrió el accidente.
En base a lo expresado y ponderando la prueba en su conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, evidencio que el demandado no logró acreditar la culpa exclusiva del actor. Muy por el contrario, concluyo que en el caso en estudio se configura la excepción a la prioridad de paso por la derecha dispuesta por el art. 41 inc. “G” punto “3” de la Ley de Tránsito (arts. 375, 384, 456, 474, CPCC).
En consecuencia, es mi convencimiento que el hecho en estudio se produjo por la responsabilidad del legitimado pasivo –en virtud de sus propias alegaciones- dado que al intentar ingresar a Av. 122 hacia la izquierda desde calle 71 no contaba con la prioridad de paso establecida por el art. 41 de la ley de tránsito, configurándose la excepción del inc. “g” punto “3” de ese artículo.
Por ello, propongo que se revoque la sentencia de grado en lo tocante con la responsabilidad, haciéndose lugar a la demanda promovida interpuesta por Braian Ezequiel Martínez contra Gustavo Daniel Acuña Ferrara por los daños y perjuicios por el hecho sucedido en fecha 14 de mayo 2016 (arts. 184, Cód. Com; 1109, 1113, C.C.; 384, 456, 474, CPCC).
6 – Ahora bien, atento la revocación del fallo de la instancia en lo que respecta a la responsabilidad, debe procederse -por aplicación de las reglas apelación implícita, también llamada adhesiva- a atender las cuestiones que la actora llevó a la instancia anterior y que por su condición de perdidosa en ese aspecto no pudo traer a esta instancia (Conf. SCBA, causa C 109574 sent. del 12/03/2014 Juez Hitters SD).
Estamos en presencia de la figura que los doctrinantes han dado en llamar "adhesión implícita a la apelación", o "apelación adhesiva" (Barbosa Moreira, José Carlos, "Comentarios ao Processo Civil", Ed. Forense, Brasil, t. IV, p. 334), que ha sido recogida por la Corte Provincial y también por el más alto Órgano de Justicia de la Nación (Fallos: 193:408; 253:463; 256:434 y 260:402; entre otros), ante el silencio del Código adjetivo (Conf. SCBA causa citada).
En el caso en estudio, el actor al haber sido perdidoso en la cuestión de fondo, no obtuvo tratamiento de los montos indemnizatorios requeridos.
En tal extremo, he de abordar los rubros indemnizatorios solicitados en la presentación de inicio.
6.1 – Daños físicos. Incapacidad sobreviniente.
En este apartado, el legitimado activo denuncia –haciendo pie en un informe médico agregado en autos como prueba documental a fs. 16/17- una incapacidad parcial y permanente de 18%, lo que traduce en un reclamo indemnizatorio de $90.000.
Conforme lo resolvió esta Sala, en el supuesto de lesiones, el daño patrimonial se configura cuando existe incapacidad o disminución de las aptitudes físicas o psíquicas, que incide en las posibilidades laborales y en tanto genera una restricción a la potencialidad productiva, el que es indemnizado como daño emergente (esta Sala, causas 97.753, sent. del 27/06/2002, RSD 162-2002; 101.097, sent. del 16/08/2005; 104.884, sent. del 18/08/2005, entre otras).
Es decir que, probada la merma de esa aptitud para generar un trabajo, el daño ya existe, pues su anterior plena potencialidad se encuentra limitada en el porcentaje que la experticia indica, lo que trasluce un perjuicio ya sea para trabajar o buscar una nueva labor.
Ahora bien, resulta central determinar el carácter permanente de las lesiones para determinar y encasillar su procedencia dentro del daño patrimonial o del extra patrimonial.
En tal sentido, esta Sala en numerosos antecedentes tiene dicho que cuando de la pericia se advierte que pese a la patología descripta y a la calificación asignada, de su contenido resulta la existencia de una incapacidad de carácter transitoria, corresponde rechazar su indemnización bajo este rubro y analizarlo a través de la concesión del importe que se otorgue para el daño moral (arts. 375, 474 CPCC) o en su caso, si así se acredita, como lucro cesante.
A “contrario sensu”, ante la determinación de una dolencia de carácter permanente cabe considerarla como integrante del daño patrimonial.
En el caso en estudio, la pericia médica obrante practicada en autos constata en el examen sobre la piel “Cicatriz frontal derecha de 5 cm. de largo por 1 cm. de ancho, de tipo normal y pigmentación normal. Factor Total: Factor 1 + Factor 2 + Factor 3; Factor Total: Factor 1= 5 + Factor 2= 3 + Factor 3= 0; Factor Total= 8. Incapacidad: 13% (trece por ciento). Cicatriz en raíz nasal derecha de 2 cm. de largo por 0,5 cm de ancho, de tipo normal y pigmentación normal. Factor Total: Factor 1 + Factor 2 + Factor 3; Factor Total: Factor 1= 4 + Factor 2= 1 + Factor 3= 0; Factor Total= 5. Incapacidad: 7% (siete por ciento). Cicatriz en ala de la nariz de 1,5 cm de largo por 0,5 cm de ancho, de tipo normal y pigmentación normal. Factor Total: Factor 1 + Factor 2 + Factor 3; Factor Total: Factor 1= 4 + Factor 2= 1 + Factor 3= 0; Factor Total= 5.Incapacidad: 7 % (siete por ciento). Cicatriz bordeando comisura labial derecha de 2 cm de largo, lineal de ancho, de tipo normal y pigmentación normal. Factor Total: Factor 1 + Factor 2 + Factor 3; Factor Total: Factor 1= 5 + Factor 2= 0 + Factor 3= 0; Factor Total= 5.Incapacidad: 7 % (siete por ciento). Cicatriz en la mucosa labial inferior de 3 cm de largo, lineal de ancho, de tipo normal y pigmentación normal. Factor Total: Factor 1 + Factor 2 + Factor 3; Factor 1= 5+ Factor 2= 1 + Factor 3= 0; Factor Total= 6. Incapacidad: 9% (nueve por ciento)” (puntos IV y V fs. 171), mientras que en las conclusiones informa que “el Señor Martínez, Braian Ezequiel tiene una incapacidad de 36,31% (treinta y seis con treinta y uno por ciento). Dicha incapacidad es de carácter parcial y permanente” (punto VI fs. referidas).
En este punto resulta necesario precisar que los dictámenes periciales deben valorarse de conformidad a las reglas de la sana crítica y con sujeción a las normas de aplicación al caso (SCBA, B 50984, sent. del 4/08/1995, “Acuerdos y Sentencias” 1995-II-810; SCBA, B 52359, sent. del 14/11/2007) y que incluso, al sopesar las experticias los jueces ejercen facultades propias, no teniendo sus conclusiones eficacia vinculante (SCBA, Ac. 38915, sent. del 26/04/1988, “La Ley” 1988-D-100, “Acuerdos y sentencias” 1988-I-720, D.J.B.A. 1988-134, 345; SCBA, Ac 49735, sent. del 26/10/1993; Ac 56166, sent. del 5/07/1996; Ac. 61475, sent. del 3-III-1998).
En el mismo aspecto, conforme ha resuelto esta Sala, las reglas de la sana crítica indican que para el desplazamiento de la pericia suficientemente fundada, es necesario oponer argumentos científicos que pongan en duda su eficacia probatoria. Las meras opiniones en contrario, sin esgrimir razones científicas fundadas, son insuficientes para provocar el apartamiento de las conclusiones vertidas por quien es experto en un área de la ciencia o técnica (art. 474 del C.P.C.C.; esta Sala, causas 109.550, sent. del 22/07/2008; 115.940, sent. del 30/06/2015, RSD 83/2015; 118.339, sent. del 2/07/2015, RSD 88/2015, entre muchas otras).
Es en este aspecto que, en virtud al detalle técnico, constancias bibliográficas y ajuste a la historia clínica e informes producidos en autos es que no encuentro motivo para apartarme de las conclusiones allí dispuestas (art. 474 CPCC).
Ahora bien, evidencio que a la hora de fijar un porcentual de incapacidad realiza una suma para llegar a una incapacidad más del 30% de la total obrera, cuando
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