Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 129166
Causa N° 129166; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº27 - LA PLATA
EVANS FACUNDO NICOLAS Y OTRO/A C/ ORTEGA DIEGO LEONEL S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los tres días del mes de junio de dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 129166, caratulada: "EVANS FACUNDO NICOLAS Y OTRO/A C/ ORTEGA DIEGO LEONEL S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 30 de diciembre de 2020?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 27 de este Departamento Judicial en el ámbito de la presente causa, hizo lugar de manera parcial a la demanda entablada por Facundo Nicolás Evans y Nilda Rosario Natali Antequera -por su propio derecho y en representación de sus hijos menores Geraldine Melody y Mateo Bautista Evans- contra Diego Leonel Ortega, adjudicando una responsabilidad concurrente de ambas partes en un 50 % en la producción del hecho dañoso; hizo extensiva la condena, en la medida del seguro, a la citada en garantía Federación Patronal Seguros S.A.; condenó al demandado a pagar a Facundo Evans la suma de cuatrocientos noventa y un mil doscientos sesenta y nueve pesos ($ 491.269), a Nilda Rosario Natali Antequera la suma de ciento treinta y siete mil seiscientos noventa y cuatro pesos ($ 137.694) a Mateo Evans la suma de cien mil pesos ($ 100.000) y a Geraldine Melody Evans la suma de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000) en el plazo de diez días de quedar firme el decisorio, con más los intereses sobre las sumas fijadas por incapacidad sobreviniente y daño moral desde la fecha del hecho dañoso (11 de abril de 2016) y hasta la fecha de sentencia a una tasa pura del 6% anual y de ahí en adelante y hasta el efectivo pago a la tasa pasiva digital, en cuanto es la tasa más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días; dispuso que los intereses correspondientes al rubro tratamiento psicológico se devenguen desde la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago, a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, mientras que por gastos por asistencia médica, gastos de farmacia y traslados le impuso un interés, desde el día del hecho y hasta su efectivo pago a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días; ordenó que por el concepto de reparación de la motocicleta se fijen desde la fecha de la experticia y hasta su efectivo pago, a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días.
Todo ello bajo apercibimiento de ejecución; impuso las costas a los demandados y la citada en garantía, con la limitación del art. 505 del Código Civil y actual 730 del Código Civil y Comercial; difirió la regulación de honorarios para la oportunidad que adquiera firmeza la resolución y se encuentre establecida la cuantía económica del proceso (v. proveído del 30 de diciembre de 2020). Posteriormente, ante la solicitud de la citada en garantía (presentación electrónica del 8 de enero de 2021) aclara que la indemnización establecida en favor de los menores se corresponde con el 100 % de la responsabilidad a cargo del demandado; que en el considerando V.3.d, donde dice "estimo que es justo hacer lugar al mismo en la suma de dos mil pesos para cada uno", debe leerse "estimo que es justo hacer lugar al mismo en la suma de dos mil pesos" y no como por equivocación se estableciera; advierte que ha incurrido en un error material al sumar los rubros indemnizatorios a favor del actor Facundo Nicolás Evans que se establecieran en los considerandos V.1.a; V.1.b; V.1.c; V.1.d y V.1.g, por lo que el punto 2 del fallo de fecha 30/12/2020 donde dice la suma de cuatrocientos noventa y un mil doscientos sesenta y nueve pesos ($ 491.269), debe leerse "la suma de quinientos veintiocho mil doscientos sesenta y nueve pesos -$528.269" (Proveído del 4 de febrero de 2021).
2 – Esta forma de decidir viene apelada por la parte actora (presentación electrónica del 20 de enero de 2021) y la citada en garantía (presentación del 8 de enero de 2021) recursos que fueron concedidos libremente (proveídos del 4 de febrero de 2021 y 10 de marzo de 2021 respectivamente) y posteriormente fundados en esta instancia (presentaciones de fecha 29 de marzo de 2021 y 8 de abril de 2021); corrido el pertinente traslado (proveído del 9 de abril de 2021), éste recibió la réplica de la citada en garantía (presentación electrónica del 15 de abril de 2021) guardando silencio la parte actora. Luego de pasado en vista a la Asesoría de Menores e Incapaces actuante (proveído del 21 de abril de 2021 y presentación del 22 de abril de 2021), se llamó autos para sentencia (proveído del 22 de abril de 2021).
3 – Los legitimados activos ponen en crisis la sentencia de grado en lo tocante con la concurrencia de responsabilidades allí dispuesta, bajo el argumento de que existen pruebas claras de la exclusiva culpa del demandado en la producción del siniestro, quien no cumplió con las reglas sobre prioridad de paso.
Alegan que esta infracción no puede quedar desmerecida por los usos y costumbres, ni por la ausencia de casco protector de los accionantes o por transitar con exceso de ocupantes, concluyendo que dichas circunstancias en nada contribuyeron al acaecimiento del hecho.
Insisten en que la causa eficiente con relevancia jurídica para resolver no es otra que la maniobra imprudente efectuada por el señor Ortega, en clara trasgresión a la prioridad de paso.
Se disconforman asimismo de los montos indemnizatorios otorgados tildándolos de exiguos, poniendo énfasis en que la incapacidad física de Facundo Evans se encuentra debidamente probada. Agregan que, en su criterio, no debe subsumirse el daño estético dentro de la reparación por menoscabo moral.
Frente el rechazo del lucro cesante, se duelen alegando que ha sido probado que Evans se ocupaba de tareas de albañilería y trabajaba en un lavadero, ambos trabajos de forma informal. Reclaman que, a todo evento, debió tomarse como base de cálculo el salario promedio que arroja UOCRA (Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina).
Respecto de Nilda Rosario Natalí Antequera consideran reducida la reparación por daño moral y se quejan del rechazo del lucro cesante calificándolo de injustificado.
Ponen en crisis a su vez el alcance de las reparaciones fijadas a los menores por reducidas y por no cumplir con el carácter de integral, al igual de la justipreciación por daño moral para ambos.
Finalmente, se disconforman de la reducida suma con la que se indemnizó por gastos médicos, farmacéuticos y de traslado de los niños.
Por su parte, la citada en garantía se agravia por la medida del resarcimiento que la sentencia dispone.
Denuncia subjetividad excesiva y criterio equivocado para la valoración de los daños, considerando que el Juez de grado los ha sobrevalorado, constituyendo una desmesura que no encuentra justificación en estos actuados.
Insiste que la sentencia apelada se lleva por delante todas las pautas de prudente valoración, desatendiendo que no ha sido siquiera probado a cuánto ascendía el ingreso económico mensual de los actores, cómo vivían y viven y cuál era la condición económico-social del grupo familiar accionante.
Sobre las indemnizaciones por daño moral considera que las sumas estipuladas exceden largamente la realidad que muestra la causa y operan como una suerte de enriquecimiento ilegítimo en favor de los actores.
4 – Primeramente, he de abordar el planteo de insuficiencia opuesto por Federación Patronal seguros en el traslado del memorial de los accionantes (presentación electrónica del 15 de abril de 2021).
Al respecto concluyo que, analizada la presentación de los legitimados activos (de fecha 29 de marzo de 2021), ésta ha superado el examen de admisibilidad toda vez que se las evaluó bajo un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (art. 18 C.N.; MORELLO, Augusto Mario, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, v. I, pág. 175 a 180).
5 – En lo tocante con el derecho aplicable, cabe señalar que la presente acción será analizada desde la perspectiva del Código Civil y Comercial (en adelante denominado CCyC), dado que éste ya se encontraba en vigencia al momento del accidente (12 de abril de 2016).
En consecuencia, tanto lo relativo al encuadre normativo concerniente a la responsabilidad por el hecho como así también lo concerniente a sus consecuencias, habrán de ser meritadas a la luz de lo regulado en dicho cuerpo normativo (Conf. Aída Kmelmajer de Carlucci, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, segunda parte, Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 234; Arts. 3 Código Civil – en adelante denominado CC- y 7 CCyC).
6 – A fin de otorgar orden metodológico al desarrollo del presente, he de abocarme en este apartado a los agravios relativos a la atribución de responsabilidad planteados por los actores.
Así como sucedía en el marco de lo normado por el CC, el art. 1757 CCyC estipula que toda persona responde por el daño causado por el daño o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización, agregando que la responsabilidad es objetiva. No configura eximente la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención.
A su vez, el art. 1758, establece que el dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce, por sí o por terceros el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta. En caso de actividad riesgosa o peligrosa responde quien la realiza, se sirve u obtiene provecho de ella, por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación especial.
A su turno, el art. 1729 refiere que la responsabilidad puede ser excluida o limitada por la incidencia del hecho del damnificado en la producción del daño, excepto que la ley o el contrato dispongan que debe tratarse de su culpa, de su dolo, o de cualquier otra circunstancia especial.
Finalmente, el art. 1769 dispone que los artículos referidos a la responsabilidad derivada de la intervención de cosas se aplican a los daños causados por la circulación de vehículos.
Es decir que, en materia de responsabilidad extracontractual -en términos similares a los establecidos bajo el régimen hoy derogado-, quien acciona en el marco de un accidente de tránsito debe probar: 1) el daño; 2) la relación causal; 3) el riesgo de la cosa y 4) el carácter de dueño o guardián de los demandados (SCBA; Ac. 86.378 Sent. del 9/022005; Ac. 93337 Sent. del 9/07/2006, C. 85.552 Sent. del 22/08/2007), respondiendo en principio el dueño o guardián de la cosa riesgosa productora del daño de manera objetiva.
A su vez, como derivación de lo establecido en el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante denominado CPCC), es a cargo de quien reclama el perjuicio la acreditación de la relación de causalidad (SCBA; AC. 88506, Sent del 6/072005; Ac. 93.684 Sent. del 9/08/2006; C. 97.097, Sent. del 7/05/2008).
En la especie, llega indiscutida la existencia del hecho y las circunstancias en las que sucedió, discrepando los actores en la porción de responsabilidad que se le endilga a Facundo Nicolás Evans en el desencadenamiento de éste.
En virtud de ello, la parcela de la sentencia apelada que fija la responsabilidad del demandado a partir de la inobservancia de la regla de la prioridad de paso de quien circula por la derecha (art. 41 Ley de Tránsito N°24449) se encuentra firme a falta de agravios de los accionados al respecto.
Resta determinar entonces si la circunstancia que el accionante haya circulado previo al accidente acompañado en su motovehículo por su esposa y sus dos hijos menores y la falta de uso de casco protector se erigen como causa generadora de eximente parcial de la responsabilidad de la contraparte, configurándose de ese modo una concausa.
En este sentido, vale dar cuenta que el art. 39 de la ley 24449 dispone -como condiciones para la circulación - que los conductores deben “Antes de ingresar a la vía pública, verificar que tanto él como su vehículo se encuentren en adecuadas condiciones de seguridad, de acuerdo con los requisitos legales, bajo su responsabilidad…” (inc. “a”) y que en la vía pública deben “circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito…” (inc. “b”).
Por su parte, el art. 40 de la misma normativa dispone como requisito para transitar que el número de ocupantes del vehículo en cuestión guarde relación con la capacidad para la que fue construido y no estorben al conductor (conf. inc “g” Ley 24449).
De la interpretación armónica de ambas disposiciones se colige que quien circula en un motovehículo con exceso de ocupantes (conf. art. 40 inc. “g”) incurre en una clara inobservancia de los requisitos dispuestos por el art. 39. Ello en virtud a que el trasladarse 4 personas sobre una moto de 110 cc3 de cilindrada, incluyendo entre esos pasajeros a dos menores de corta edad (Gerladine Melody de 3 años y medio – v. fs. 4- y Mateo Bautista de un año y medio aproximadamente – v- fs. 5- al momento del siniestro) se traduce en una inadecuada condición de seguridad del vehículo para transitar conforme sus características, a más de la ausencia de cuidado y prevención en cabeza del conductor que esta infracción traduce.
En este punto, surge tanto de estas actuaciones como de la causa instruida en sede represiva que es el mismo Facundo Nicolás Evans quien reconoce de modo expreso que circulaba con exceso de ocupantes a bordo de su moto y las complicaciones que esta circunstancia le generaba para conducir correctamente el rodado: “iba hasta el hospital de Niños a llevar a mi hija Geraldine Melody Evans de tres años en ese momento; e iba junto a ella, mi otro hijo Mateo Bautista Evans de un año y medio en ese momento, y mi pareja Natali Antequera”; preguntado para que indique que posición que ocupaba cada uno de los tripulantes… “yo adelante, detrás mío Geraldine, luego Mateo y mi señora última”; “Yo iría a unos treinta kilómetros por hora como mucho, ya que con los nenes es difícil maneja, nunca ando con ellos pero justo era una urgencia” (fs. 48/50 de la IPP 06-00-014851-16/00 que tengo a la vista como prueba).
Por su parte, la evidencia pericial agregada en estas actuaciones a fs. 126/132 informa sobre la capacidad del motovehículo guiado por el actor en compañía de su familia detallando que se trata de un “bi plaza” (respuesta 7 del cuestionario de la demandada, fs. referidas).
Asimismo, de conformidad con las “máximas de experiencia” que integran -junto con los principios de la lógica-, las reglas de la sana crítica a las que el juzgador debe ajustarse para apreciar la prueba y que no son menos que los principios extraídos de la observación del corriente comportamiento humano y científico verificables, los que actúan como fundamentos de posibilidad y realidad, concluyo que la conducción de un rodado bi plaza -como lo es una moto- sobrecargado con dos personas mayores de edad y dos menores como acompañantes, indudablemente afectan la capacidad de manejo correcto y prudente, posición y comodidad para maniobrar y atención a la vicisitudes del tránsito, motivo por el cual la calificación de negligente e imprudente de ese modo de conducir se impone (arts. 39, 40 ley 24449).
A partir de ello es que concuerdo con la sentencia de grado en que existe una responsabilidad concurrente del actor en el desencadenamiento del accidente.
Es que el transitar con exceso de pasajeros y su consecuente sobrecarga no se traduce en una mera infracción administrativa -como intentan hacer valer los apelantes- sino que se erige en un actuar negligente e imprudente, condición de suficiente entidad para conformar una concausa adecuada de los daños sufridos y por tanto una ruptura parcial del nexo causal (art. 384, 474 CPCC).
En base a lo expresado y ponderando la prueba en su conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, evidencio que ambos partícipes del siniestro no lograron acreditar la culpa exclusiva del otro. Muy por el contrario, concluyo que en el caso existen responsabilidades compartidas en su acaecimiento, basadas fundamentalmente en la violación de la prioridad de paso por un lado y la sobrecarga –y exceso de pasajeros- en la moto por el otro lado que debe graduarse en un 50% en cabeza de cada uno de los partícipes.
En consecuencia, propongo el rechazo de los agravios esgrimidos y la confirmación de la sentencia de grado en este extremo (arts. 1729, 1757, 1758, 1769 CCyC, 30, 40, 41 ley 24449, 384, 474 CPCC).
7. Superados las disconformidades relativas a la asignación de responsabilidad, abordaré las relativas a la procedencia y cuantía de los rubros indemnizatorios expresadas por ambas partes.
Liminarmente, en atención a que el Juez de la instancia ha utilizado para valuar los daños sufridos parámetros matemáticos, resulta ineludible referenciar y desarrollar las nuevas pautas otorgadas a partir de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, criterio que ya he desplegado en causas 126110 “Salvatierra Escalera, José c/ Elías, Jorge Julio y Ot. s/ daños y perjuicios” RSD 309/19, sent. del 25/11/2019; 126858 “Lizarraga, Fernando Rafael y ot. C/ Amaya, Juan y Ot. s/ daños y perjuicios” RSD 41/20, sent. del 3/04/2020; 127098 “Rodríguez, María Celia c/ Jalil, José Luis s/ daños y perjuicios” RSD 101/20 sent. del 14/07/2020, entre otras.
En este sentido, el art 1746 CCyC dispone que “En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades…”.
La aplicación de fórmulas aritméticas a los fines de indemnizar la incapacidad sobreviniente, despierta distintas posturas doctrinarias y jurisprudenciales, existentes aún desde antes de la sanción del Código Civil y Comercial.
A partir de esos criterios, encontramos las posiciones receptivas, las que se resisten a la aplicación de las fórmulas matemáticas y quienes la receptan como una pauta orientadora pero no vinculante.
Adhiero a esta última corriente, toda vez que es mi convicción que el art. 1746 CCyC contempla una serie de circunstancias que debe ser necesariamente tenidas en cuenta para la determinación de la indemnización, pero de ningún modo una pauta matemática o financiera a la que deba atarse el Magistrado de forma obligatoria y única.
Es que, cuando el artículo 1740 CCyC desarrolla el con
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