Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 130024
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Se revoca la resolución recurrida de fecha 23 de abril de 2021, con costas de ambas instancias a la citada en garantía apelada que resulta vencida (arts. 69, 274, CPCC);
2Se intima a la parte actora a impulsar la notificación aludida y realizar las diligencias pertinentes a fin de avanzar en dicho trámite en el plazo de 5 días, bajo apercibimiento de -una vez transcurridos los términos y en el caso de no formularse petición alguna- prescindir de la misma y disponerse -en la instancia de origen- la reanudación de las presentes actuaciones;
3Se declara inadmisible el recurso interpuesto con fecha 22/02/2018 por la doctora Correa, respecto de los honorarios provisorios de la mediadora doctora Vanina Gabriela Murray regulados en el decisorio de fecha 14/10/2016.
L. de Sentencias INTERLOCUTORIAS N° LXXVII
Causa N° 130024; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº20 - LA PLATA
YUSZKO MIGUEL ANGEL NICOLAS C/ ESTEVES MARCELO CLAUDIO Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
REG. INT.: Sala II - FOLIO:
La Plata, 26 de Agosto de 2021.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Vienen las presentes actuaciones a fin de resolver el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto y fundamentado por el accionante el día 3 de mayo de 2021 contra la resolución de fecha 23 de abril de 2021, en cuanto decretó la caducidad de instancia e impuso las costas a la actora vencida. Concedido que fue mediante proveído del 26 de mayo de 2021 y ordenado sustanciar por Presidencia de esta Alzada el 8 de julio de 2021, mereció la réplica de la citada en garantía Provincia Seguros S.A. -a través de su letrada apoderada- con fecha 2 de agosto de 2021 (sistema Augusta).
A su vez, dicha aseguradora -mediante su representación letrada- apeló con anterioridad los honorarios provisorios regulados con fecha 14/10/2016 a la mediadora prejudicial doctora Vanina Gabriela Murray, por altos y por resultar la actora la obligada al pago los referidos estipendios (ver escrito electrónico del 22/02/2018), recurso que fuera concedido el 26/02/2018, fundado el 02/03/2018, ordenado sustanciar el 07/03/2018, y que no mereciera la réplica de la mediadora interesada (sistema Augusta).
2. En prieta síntesis, se agravia el accionante por cuanto entiende que existe una errónea aplicación en la forma de contar los plazos e intervalos del derecho, y en razón de ello considera que la caducidad de instancia no procede, pues en fecha 20/12/2018 -hojas 142- se dispuso la suspensión de la tramitación de los presentes actuados -que se mantiene- no correspondiendo el cómputo de los plazos fijado por el art. 310 del Código Procesal Civil y Comercial -CPCC-. Asimismo, recuerda que el instituto de la caducidad de instancia debe interpretarse de forma restrictiva (ver fundamentación del 03/05/2021, sist. Augusta).
3. La caducidad de la instancia es un instituto procesal cuyo fundamento objetivo es la inactividad de los contendientes por un tiempo determinado y su finalidad tiende a propender la agilización del servicio de justicia, evitando la duración indefinida de los juicios, cuando las partes abandonan presumiblemente el ejercicio de sus pretensiones (esta Sala, causa B-75788, RSD 166/93, sent. del 30/6/93; causa 119839, RSI 183/21, sent. int. del 29/04/2021).
La perención no es un acto, sino un hecho: se trata del transcurso del tiempo sin realizar actos procesales, dentro de un proceso pendiente (esta Sala, causa B-80.415, RSD 71/95, sent. del 4-4-95; causa B-82.453 RSD 22/96; causa 119839 cit.).
La interpretación y análisis de la caducidad de instancia debe ser estricta y orientada a mantener la vitalidad del juicio, en atención a las consecuencias que de aquélla se derivan (esta Sala, causa 105011, RSI 172/05, sent. int. del 28/6/2005). Es que su aplicación aniquila un derecho de jerarquía constitucional, cual es el de propiedad, unida a la defensa en juicio, por lo que la interpretación del texto legal debe hacerse, como se dijo, restrictivamente, y por ello sigue que en caso de duda sobre si ha operado la caducidad de instancia, debe considerarse no operada (Morello, Sosa, Berizonce, “Códigos…”, T° IV A, p. 95/96, 1989; esta Sala, causa 119839 cit.).
4. En este caso resulta relevante destacar que, tal lo sostenido por la parte actora en la fundamentación de su recurso, la tramitación de los presentes obrados se encontraba expresamente suspendida conforme proveído del 20/12/2018 (con basamento en la reapertura de la mediación y conforme la denuncia por el accionante del nuevo domicilio del demandado Marcelo Claudio Esteves (ver escrito en papel de hojas 141 y electrónico del 18/12/2018, sist. Augusta).
Ello así, no habiéndose dispuesto en forma expresa la reanudación de las actuaciones -ni, por ende, notificado la misma a las partes- (art. 135 inc. 5, CPCC), el plazo de caducidad se encontraba interrumpido (art. 310 CPCC) a la fecha del pronunciamiento apelado y, por lo tanto, la perención ha sido mal decretada (art. 317 CPCC).
En consecuencia, corresponde revocar la resolución recurrida de fecha 23 de abril de 2021, e imponer las costas de ambas instancias a la citada en garantía apelada que resulta vencida (arts. 69, 274, CPCC).
5. Ahora bien, teniendo en cuenta que el impulso de la reapertura de la mediación y, por ende, de las presentes actuaciones, incumbe a la parte actora que así lo solicitó y, además, que el proceso no puede estar suspendido indefinidamente, destacándose a su vez que la mediadora interviniente, doctora Vanina Gabriela Murray, no ha sido aún notificada de dicha reapertura en su domicilio electrónico constituido que surge de la presentación de fecha 14/12/2017, intímese a la parte actora a impulsar la notificación aludida y realizar las diligencias pertinentes a fin de avanzar en dicho trámite en el plazo de 5 días, bajo apercibimiento de prescindir de la misma y disponerse -en la instancia de origen- la reanudación de las presentes actuaciones (arts. 135 inc. 5, 150, 155, 157, CPCC).
6. En torno al embate deducido por la doctora Correa con fecha 22/02/2018, cabe indicar que el Tribunal de Alzada es el juez del recurso y entre sus innegables facultades está la de constatar si fue interpuesto en término, si la resolución es apelable y la legitimación o el interés de quien recurre, sin estar atado a lo resuelto por el juez de grado ni a lo acordado por las partes (esta Sala, causa 114.562, RSI 14/12, sent. del 09/02/2012; 124.926, RSI 13/19, sent. del 07/02/2019, e.o.).
Sentado ello, es dable destacar que el artículo 27 del decreto 2530/10 (reglamentación de la ley 13951, régimen de mediación) establece que los honorarios provisorios se hallan a cargo del requirente -sin perjuicio de la eventual posibilidad de su repetición contra el condenado en costas- (esta Sala, causa 127212, RSI 86/20, sent. int. del 22/04/2020) por lo que la queja formulada al respecto no es de recibo, toda vez que quien no ha sido condenado en costas en relación a los estipendios fijados al mediador no tiene legitimación para alzarse contra el pronunciamiento que los contiene, ya que carece de interés legítimo tutelable, pues no existe solidaridad al respecto (esta Sala, causa 123350, Reg. Hon. 54/19, del 07/05/2019; causa 125714, Reg. Hon. 81/19, del 11/06/2019).
Es que, resulta sabido que una obligación no podría ser solidaria sin una disposición legal expresa (conf. art. 701 del Código Civil -CC- y art. 828 del Código Civil y Comercial -CCyC-). En lo atinente al Código Civil se dijo que “la redacción del art. 701 denota cierta flexibilidad, al no requerir fórmulas sacramentales para establecer la solidaridad. Sólo exige que de manera inequívoca surja el aludido carácter, ya haciéndose expresa referencia a la solidaridad, ya obligándose in solidum, o cada uno por el todo, o el uno por los otros; o bien mediante expresa disposición de la ley en tal sentido” (Pizarro en Bueres-Highton Dir; “Código Civil…”, T.2°, p.670). Por su parte, en el mismo sentido, el art. 828 del CCyC mantiene la postura del Código de Vélez disponiendo que “La solidaridad no se presume y debe surgir inequívocamente de la ley o del título constitutivo de la obligación” (esta Sala, causas 123350 y 125714 citadas).
Precisamente, en lo atinente a la retribución de los mediadores, la ley especial que rige en la materia y que deviene temporalmente aplicable al caso habida cuenta la fecha de realización de los trabajos respectivos -artículos 31 de la ley 13.951 y 27 del decreto 2530/10-, regula la determinación de pautas mínimas para cuantificar el honorario del mediador y, entre otros supuestos que recepta, se limita a disponer que “el mediador tendrá derecho a percibir de quien resulte condenado en costas el monto total de sus honorarios o la diferencia entreéstos y la suma que hubiese percibido a cuenta”; es decir, sin plasmar -en este artículo ni en otro del mismo cuerpo- la solidaridad a la que, verbigracia, sí alude la ley arancelaria para Abogados y Procuradores (arts. 58, decreto ley 8904/77; 58, ley 14.967; esta Sala, causas 123350 y 125714 citadas).
Por tal motivo, el embate interpuesto por la Dra. Correa en representación de la citada en garantía contra los honorarios provisorios regulados a la mediadora, deviene inadmisible, lo que así debe declararse.
A todo evento, debe resaltarse que al no ser la apelante cargada en costas, no le causa agravio la resolución en crisis, por lo que no cabe más que desestimarse el recurso.
POR ELLO, 1) se revoca la resolución recurrida de fecha 23 de abril de 2021, con costas de ambas instancias a la citada en garantía apelada que resulta vencida (arts. 69, 274, CPCC); 2) se intima a la parte actora a impulsar la notificación aludida y realizar las diligencias pertinentes a fin de avanzar en dicho trámite en el plazo de 5 días, bajo apercibimiento de -una vez transcurridos los términos y en el caso de no formularse petición alguna- prescindir de la misma y disponerse -en la instancia de origen- la reanudación de las presentes actuaciones; 3) se declara inadmisible el recurso interpuesto con fecha 22/02/2018 por la doctora Correa, respecto de los honorarios provisorios de la mediadora doctora Vanina Gabriela Murray regulados en el decisorio de fecha 14/10/2016. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 1 del Ac. 3991 del 21/10/20 SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia