Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 129111
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVII
Causa N° 129111; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº23 - LA PLATA
VAZQUEZ ALICIA ESTER C/ EMPRESA LINEA SIETE S.A. DE TRANSPORTE Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los trece días del mes de mayo de dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 129111, caratulada: "VAZQUEZ ALICIA ESTER C/ EMPRESA LINEA SIETE S.A. DE TRANSPORTE Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada dictada el 30 de noviembre de 2020?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda que por daños y perjuicios promoviera ALICIA ESTER VAZQUEZ contra EMPRESA LÍNEA SIETE S.A. de TRANSPORTE y ADRIÁN LUCAS FIGONI, condenando a la parte accionada a pagar a la parte actora dentro del plazo de 10 (diez) días de firmeza de la sentencia, la suma de PESOS UN MILLÓN OCHENTA Y SEIS MIL ($ 1.086.000) con más un interés del 6% anual, como interés "puro" y simple desde la fecha del evento dañoso (4 de septiembre de 2014) hasta la fecha del decisorio y, de allí en más, un interés equivalente a la tasa pasiva más alta que establece el Banco de la Provincia de Buenos Aires hasta el pago efectivo; hizo extensiva la presente sentencia a la aseguradora citada en garantía Escudo Seguros S.A.; impuso las costas los codemandados vencidos y difirió la regulación de honorarios para la oportunidad de arribarse a una liquidación firme aprobada (proveído del 30 de noviembre de 2020).
2. La sentencia fue apelada tanto por la actora (presentación electrónica del 4 de diciembre de 2020) como por los demandados y citada en garantía (presentación electrónica del 2 de diciembre de 2020) recursos que, previamente concedidos (proveídos del 4 y 3 de diciembre de 2020 respectivamente), fueron fundados en tiempo y forma en esta instancia (el 11 de marzo de 2021 la accionante y los accionados el 10 de marzo de 2021). Debidamente sustanciados, mereció réplica de la legitimada activa (presentación electrónica del 23 de marzo de 2021) dándose por perdido el derecho a los pasivos. Luego, se llamó autos para sentencia (proveído del 25 de marzo de 2020).
3– Alicia Ester Vázquez se agravia de los montos indemnizatorios otorgados en el decisorio por considerarlos reducidos y de los rubros que fueron rechazados por falta de prueba.
En lo tocante con el daño emergente pone de manifiesto que el sentenciante de grado dispuso la devolución del monto pagado en el arreglo del automóvil, aplicándole una tasa pura anual del 6% hasta el momento de la sentencia, omitiendo considerar que la erogación –y por lo tanto la fijación del rubro- no fue a valor actual sino con anterioridad (06/10/2014), tornando improcedente en este punto los antecedentes de la SCBA “Vera” y “Nidera” y siendo aplicables por el contrario lo dispuesto en “Ponce”, “Gnosi” y “cabrera”). Es decir, entiende que la tasa a aplicarse por este apartado debe ser la pasiva más alta desde la fecha señalada y desde la sentencia.
Respecto del daño patrimonial -lesión a la integridad física e incapacidad sobreviniente concluye que la suma otorgada es minúscula en función a las características de las lesiones padecidas ya que éstas, además, son de carácter permanente.
Acusa que la sentencia en crisis no ha merituado las secuelas y limitaciones funcionales y que, si se utilizaran los parámetros de actualización peticionados, surgiría que la suma pedida es del triple de lo otorgado por el Juez de la instancia.
Agrega que no se tuvieron en cuenta ni su edad ni expectativa de vida y que se incumplieron con los parámetros otorgados por el art. 1746 CCyC.
Consecuencia de ello, pide la elevación del rubro en cuestión a la suma de $1.538.159,67, cifra que considera actualizada.
Se disconforma de lo exiguo del monto otorgado por gastos de asistencia médica, kinesiológica, farmacéutica, alegando que se encuentra probado que transitó por un tratamiento de rehabilitación de más de 40 sesiones de kinesiología en centro CERIN y que en la actualidad sigue concurriendo al centro de medicina. Informa que, sin perjuicio de tener obra social, esos centros cobran una suma diferenciada, agregándose los gastos de transporte, analgésicos, calmantes, etc.
En lo relativo al lucro cesante, entiende que el ítem está completamente probado tanto como su cuantificación por lo que considera errónea la aplicación del Salario Mínimo Vital y Móvil como base de cálculo.
La justipreciación del daño moral es otra de las quejas que atraen la atención del apelante, al tildar de reducida la suma otorgada.
Sobre el daño psíquico se alza en apelación tanto por su rechazo como por la apreciación de las pericias efectuada por el sentenciante de grado, considerando que de los informes se deprende efectivamente ese menoscabo no reconocido.
Por su parte, los demandados y citada en garantía se agravian por la responsabilidad atribuida al conductor del ómnibus, considerando que emerge de la sentencia una evidente arbitrariedad y absurdo en la apreciación de la prueba.
Alegan que la culpa de la actora se encuentra probada por su exceso de velocidad, su manejo irresponsable, imprudente y negligente.
Asimismo, ponen en crisis la indemnización otorgada en concepto de incapacidad sobreviniente por elevado en su monto y alejado de los criterios de la sana crítica.
Agregan que no se tuvieron en cuenta las observaciones a la pericia que fueron realizadas por su parte, las que se efectuaron con sustento médico y que observaron el porcentual de incapacidad informado.
Se quejan de la reparación por daño moral en virtud a que la suma otorgada no guarda correlación alguna en referencia a la incapacidad de la víctima y porque no hubo intención deliberada de dañar por parte del chofer del micro. Por ello piden o bien la desestimación del rubro o la reducción en su cuantificación.
Finalmente, sobre los gastos de asistencia médica, kinesiológica y farmacéutica, se duelen calificando de excesiva la suma otorgada en tal concepto.
4. Preliminarmente, corresponde abordar el planteo relativo a la insuficiencia de los agravios opuesto por la actora en el traslado del memorial del actor (presentación electrónica del 23 de marzo de 2021).
Al respecto, ha de decirse que el escrito de los legitimados pasivos (presentación electrónica de fecha 10 de marzo de 2021) ha superado el examen de admisibilidad, toda vez que se analizó con un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (art. 18 C.N.; MORELLO, Augusto Mario, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, v. I, pág. 175 a 180).
5. Al igual que lo decidido en la instancia anterior y que no fue debatido por las partes, la presente acción se analizará desde la perspectiva del Código Civil anterior, por ser la ley aplicable al momento de la ocurrencia del evento (arts. 3 CC; 7 CCyC).
Empero, aun cuando el hecho dañoso se consumó durante la vigencia de la norma referida, no así las consecuencias que de él derivan. Por ello, se impone diferenciar la existencia del daño de su cuantificación. Como reseña Aída Kemelmajer de Carlucci, la segunda de estas operaciones debe realizarse acorde la ley vigente al momento en que la sentencia fija su extensión o medida (autora citada, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, segunda parte, Editorial Rubinzal - Culzoni Editores, pág. 234).
Este deviene un criterio ya compartido también por la jurisprudencia. Así se ha expresado que: “El art. 1746 del Código Civil y Comercial es aplicable a una acción de daños intentada antes de su entrada en vigencia, en tanto la norma no se refiere a la constitución de la relación jurídica (obligación de reparar) sino sólo a las consecuencias de ella (art. 7, CCyC), máxime cuando la regla no varía la naturaleza ni la extensión de la indemnización que tiene derecho a percibir la víctima, sino que únicamente sienta una pauta para su liquidación” (Cám. Nac. de Apel. en lo Civil, sala A, in re: “A. A. R. c. G. A. M. s/ daños y perjuicios”, sent. del 28/10/2015, publicado en: RCCyC 2016 (abril), 150; RCyS 2016-VII, 155, cita online: AR/JUR/63674/2015).
Por lo tanto, para el caso de abordar el tratamiento de los rubros indemnizatorios cuyos montos debaten ambos recurrentes, se acudirá a los artículos pertinentes del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (conf. esta Sala, causas 121.394, sent. del 1/6/2017; 124.349, sent. del 19/02/2019 entre otras).
6– A fin de otorgar un orden metodológico al desarrollo del presente recurso, he de abordar en primer término el agravio de los accionados dirigidos a la condena de causalidad.
No llega debatido a esta instancia que el 4 de septiembre de 2014 aproximadamente a las 11 horas se produjo una colisión en la intersección entre las calles 132 y 47 de esta Ciudad entre el utilitario conducido por la actora (Marca Peugeot modelo Partner dominio NWN931) y el micro perteneciente a la demandada y guiado en la oportunidad por Adrián Lucas Figoni (marca Mercedes Benz de la línea 307 interno 72, dominio ELW353), el que es objeto de este proceso.
Discrepan en cambio por la asignación de la responsabilidad en su acaecimiento.
A fin de tratar este este extremo, han de aplicarse los principios de la responsabilidad civil objetiva receptados por el artículo 1113, segundo párrafo, última parte, del código antes vigente, en virtud a -como se dijo en el apartado anterior- la fecha de producido el hecho dañoso.
De conformidad con los postulados de la teoría del riesgo creado, quien introduce en el medio social en que se desenvuelve, cosas que potencialmente configuran factores de peligro para los demás, debe responder, por esa sola circunstancia, por los daños que las mismas produzcan a terceros, a menos que demuestre que el perjuicio, además de no haber provenido de ese riesgo, reconoce su causa en un hecho ajeno (esta Sala, Causas 102506, RSD 104/2004, sent. del 4/05/2004, 127048, RSD 58/2020, sent. del 27/04/2020, e. o.).
Como ha resuelto esta Sala, en nuestro derecho positivo, además de los factores de imputabilidad subjetiva, el dolo y la culpa, existen factores objetivos, entre los que cabe mencionar al riesgo (Bustamante Alsina, Teoría General de la Responsabilidad Civil, Abeledo Perrot, 1980, pág. 274). El automóvil en movimiento es una cosa peligrosa, cuya potencialidad de daño ha sido destacada por la doctrina de los autores y la judicial (Bustamante Alsina, ob. cit., pág. 168; Santos Briz, La Responsabilidad Civil, Madrid, 1979, pág. 413, esta Sala causas citadas).
Por su parte, en forma reiterada nuestro Superior Tribunal provincial, conformando doctrina judicial, sostuvo que "...cuando el daño es producido por un vehículo automotor en movimiento, debe entendérselo derivado del riesgo de la cosa...", consecuentemente, para que el dueño o guardián puedan eximirse de responsabilidad, no les basta demostrar que de su parte no hubo culpa, sino que deben acreditar que el hecho de la víctima o de un tercero por quien no deban responder, ha interferido en forma total o parcial en la relación de causalidad adecuada, contribuyendo de este modo a la producción del siniestro (art. 1113 del C.C.; SCBA Ac. 38.840 del 14/06/88 y 35.822 del 27/05/87, entre otros; esta Sala, Causa B-78.485, sent. del 1/09/1994, 127048, RSD 58/2020, sent. del 27/04/2020, e. o.).
Y, en este andarivel, reiteradamente ha señalado que los presupuestos necesarios para la procedencia de la indemnización de daños basada en la norma prevista en el art. 1113 segundo párrafo del Código Civil -aplicable al caso según se dijo-, son a) el daño; b) la relación causal; c) el riesgo de la cosa y d) el carácter de dueño o guardián de los demandados (conf. SCBA Ac. 93.337, sent. del 6/09/2006; C. 97.757, sent. del 22/10/2008).
Por ende, la ley toma en cuenta como factor para atribuir responsabilidad al dueño o guardián el "riesgo creado", prescindiendo, en principio, de toda apreciación de su conducta desde el punto de vista subjetivo, pues no interesa si de su parte existe culpa, ni invierte la carga procesal de la prueba. Aun cuando se probase su falta de culpa, ello carecería de incidencia para excluir su responsabilidad porque deben acreditar la concurrencia del supuesto previsto en la frase final de la segunda parte, 2° párrafo del art. 1113 del Código Civil, esto es, que la conducta de la víctima o de un tercero interrumpió total o parcialmente el nexo causal entre el hecho y el daño (SCBA, Ac 55257, sent. del 30-8-1994; C 112545, sent. del 12-9-2012; C 105191, sent. del 3-10-2012).
Sentado ello, se hace necesario determinar el protagonismo que cupo a cada uno de los partícipes, ya que sólo mediante un análisis global de lo ocurrido se posibilitará comprobar si ha acontecido, en esta hipótesis, la eximente invocada por el demandado y, en su caso, en qué medida o por el contrario si resulta probada la responsabilidad objetiva del demandado. Para ello, se impone ponderar cuál era el comportamiento exigible, de conformidad con las particularidades del hecho y en mérito de la normativa ordenatoria del tránsito vehicular.
Este análisis posibilitará comprobar si ha acontecido, en esta hipótesis, la eximente invocada y, en su caso, en qué medida. Ello frente a las particularidades del presente caso, acorde la evidencia producida (arts. 375, 384, CPCC).
Nuestro Máximo Tribunal provincial ha dicho en este sentido que “Para establecer la causa del daño es necesario hacer un juicio de probabilidad determinando que aquel se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito, o sea, que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las costas (art.901, Cód. Civ.; conf. Causas C.98.691, sent. de 18/05/2011; C97.827, sent. de 9/04/2010; e.o.). Frente a una pluralidad de condiciones necesarias, es menester saltar por sobre el plano de la causalidad natural o simple, para aislar e individualizar de entre todas esas condiciones a aquélla que, en el plano estrictamente jurídico, posee la idoneidad y relevancia suficiente para erigirse en la causa adecuada del daño (Ac. 91.215, sent. de 5/04/2006). Vale decir que el vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal) entre una acción u omisión y el daño; éste debe haber sido causado u ocasionado por aquélla”. (SCBA causa C 121.608, sent. del 08/08/2018. Juez Pettigiani SD).
En este menester, encuentro central abordar lo dictaminado por la pericia mecánica practicada en sede penal por el Ing. Gustavo Alberto Vallefín (fs. 68/70) y reafirmada en estas actuaciones por el mismo experto (fs. 221 y vta.).
Allí, en el croquis adjuntado da cuenta que el punto de contacto entre los rodados se produjo en el medio de la calzada.
Ahondando sobre la velocidad previa al choque dictaminó que “Las longitudes de las huellas determinan las velocidades de cada uno de los rodados, pudiéndose establecer que al momento de iniciar la maniobra de frenado el utilitario circulaba a 44 Km/h en tanto el ómnibus lo hacía a una velocidad cercana a los 28 Km/h. Luego del impacto el ómnibus arrastra al Peugeot 2.6 metros de distancia” y sobre el sentido de circulación fijó que “Al momento del impacto el automóvil circulaba de derecha a izquierda respecto del sentido de marcha del ómnibus” (pericia mecánica de fs. referidas).
En el mismo sentido, el informe mecánico efectuado en sede represiva da cuenta que el utilitario en el que circulaba la actora presentaba en “Lateral izquierdo: roces en sector medio de la llanta delantera y signo de fricción en cubierta delantera; hundimiento con roces de color verde y desprendimiento de pintura en guardabarros delantero hundimiento en zócalo en su sector terminal. Parte frontal: roces en paragolpes lado izquierdo; rotura de conjunto lumínico izquierdo; hundimiento con roces de color verde en vértice inicial de capot lado izquierdo y ese mismo se encuentra desplazado de izquierda a derecha, fractura de parabrisas lado izquierdo altura inferior”, mientras que constató en el ómnibus “Parte frontal: hundimiento de paragolpes lado derecho; fractura y hundimiento en alama de paragolpes lado derecho; fractura y roces de color blanco en soporte de conjunto lumínico derecho y rotura de este conjunto lumínico; roces de color blanco en parrilla lado derecho altura superior” (fs. 59 y vta IPP 06-00-034606-1).
Finalmente, da cuenta que para describir derecha e izquierda se tomó como punto de referencia el lugar que ocupa el conductor al momento del manejo (informe fs. referidas).
Sobre este piso firme de marcha, estas constataciones ha de conjugarse con lo dispuesto por la Ley de Tránsito y su modificatorias (en adelante ley 24.449) que en su art. 36 dispone que “en la vía pública se debe circular respetando las indicaciones de la autoridad de comprobación o aplicación, las señales de tránsito y normas legales, en ese orden de prioridad”, mientras que el art. 39 da cuenta que los conductores deben “en la vía pública circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito”.
Asimismo, el art. 41 de la misma normativa establece que “todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta, y sólo se pierde ante: a) la señalización específica en contrario, b) los vehículos ferroviarios, c) los vehículos del servicio público de urgencia en cumplimiento de su misión, d) los vehículos que circulan por una semiautopista, e) los peatones que cruzan lícitamente la calzada por la senda peatonal o en zona peligrosa señalizada como tal, f) las reglas especiales para rotondas, f) cualquier circunstancia cuando se desemboque desde una vía de tierra a una pavimentada, se circule al costado de vías férreas respecto del que sale del paso a nivel, se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar a otra vía y por último, cuando se conduzcan animales o vehículos de tracción a sangre”.
Ahora bien, se tiene dicho que esta pauta legal agudiza la prioridad con que cuenta el vehículo que en una encrucijada arriba a la intersección proviniendo de la derecha, constituyendo una pauta de conducta que tiende a preservar la seguridad en el tránsito vehicular y que genera una presunción de culpa de quien la hubiera infringido, siendo que tal presunción sólo puede ser desvirtuada comprobando que quien arribó a la intersección proveniente de la derecha, por su parte, hubiera infringido otras normas de tránsito y que tal conducta guarde relación de causalidad adecuada con el accidente (Art. 902 del CC., esta Sala, causa 99.597, sent. del 27/02/2003, RSD 31/2003; 106.412, sent. del 19/10/2006, RSD 241/2006; 12784, sent. del 22/09/2020, RSD 162/20, e.o.).
La prioridad de paso es una regla que no tiene en cuenta el anterior o posterior arribo a la intersección y, en este sentido, ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que el entonces vigente artículo 57 de la ley 11.430 –análogo al art. 47 de la ley 24.449 y sus modificaciones aplicable en sede pro
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