Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 130415
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la resolución del 26 de agosto de 2020 en lo que refiere a Andrés y Nahuel Curvale; y, en su mérito, se dispone que la notificación ordenada a fs. 35 y 39 debe realizarse a la Unidad Funcional de Defensa N°13 de La Plata, en calidad de tutora ad litem de los referidos. Las costas de Alzada se imponen en el orden causado, atento tratarse de un agravio generado de oficio (art. 68, 69 del CPCC).
Causa: 130415
La Plata, 14 de Diciembre de 2021.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
I.a. El día 26 de agosto de 2020, el Sr. Juez a quo resolvió declarar la rebeldía -entre otros- de los demandados Nahuel y Andrés Curvale; ello en virtud de encontrarse vencido el plazo para contestar la demanda y comparecer a derecho, sin que lo hubieran efectuado.
I.b. Contra esa decisión se alzó la Titular de la Unidad Funcional de Defensa N°13 de La Plata, en calidad de tutora ad litem de los referidos menores, a través del recurso que viene fundado el día 19 de agosto de 2021. En dicha pieza, expuso que los agravia la decisión aludida, en tanto y en cuanto es consecuencia de la insuficiente representación legal de su madre, la que no ha garantizado los derechos de sus hijos, a tal punto de dejarlos en estado de indefensión; y que las garantías procesales de aquellos, con el norte puesto en el interés superior del niño, han sido desconocidas mediante su declaración de rebeldía.
Sobre esa línea, explicó que la Convención sobre los Derechos del Niño consagra -en virtud de tal condición- la garantía de la defensa en juicio en todo procedimiento, independientemente del sistema de representación legal; y que el bloque legal de protección de los derechos del niño con la Ley 26.061 a la cabeza, su correlativa provincial 13.298 y su complementaria 13.634 imponen fortalecer las nociones de participación procesal, representación y defensa de los menores de edad.
Agregó luego que los derechos y garantías que les corresponden son de orden público, irrenunciables, interdependientes e indivisibles, de allí que ningún operador del sistema de protección de derechos de los niños puede desentenderse de sus prescripciones; directiva esta que trae como consecuencia que esa exigibilidad conlleve su plena operatividad, en virtud de los compromisos internacionales asumidos
Manifestó entonces que el silencio guardado por la señora Novellino no resulta atribuible a los menores, que no han sido adecuadamente representados; y que en el devenir del proceso esta presente una garantía judicial que impone un enfoque de derechos con perspectiva de infancia, otorgando mayor protección a quienes más lo necesitan e impidiendo que las reglas de protección de los mismos se conviertan en fórmulas vacías de contenido, sin efectos en la práctica.
Finalmente, citó jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisando que si bien los derechos procesales y sus correlativas garantías son aplicables a todas las personas, en el caso de los niños y por las condiciones especiales en las que se encuentran, impone la adopción de ciertas medidas específicas con el propósito de que gocen efectivamente de los mismos, reforzando el principio de su interés superior; requiriendo, por razones de justicia y protección hacia ambos, que se haga lugar al remedio interpuesto, revocándose la resolución atacada y corriéndose traslado de la demanda al Ministerio Público, en su carácter de tutor especial.
II.a. Planteado de tal modo el recurso, consideramos preciso reseñar que en autos se ha demandado a Pablo Cesar Ramón Curvale (ver fs. 21 vta) y, como consecuencia de su deceso (ver fs. 22 y 38), se ha citado -en calidad de herederos- a los niños Nahuel y Andrés Curvale; acto que se instrumentó a través de distintas diligencias (ver fs. 100/102 y 137/140), las que fueron recepcionadas personalmente por su madre -Fernanda Inés Novellino-, quien hizo caso omiso a las mismas y no se presentó en autos.
Como consecuencia de la referida inacción y de la expresa solicitud de que se les tenga por no contestada la demanda (ver trámite del 20/08/2020), mediante resolución de fecha 26 de Agosto de 2020, se declaró rebeldes a los niños; decisorio que fue notificado (ver cédula adjunta al trámite del 23/12/20), sin que -nuevamente- la representante legal desplegara actividad alguna.
El 15 de julio de 2021, el Asesor de Incapaces N°3 (art. 103 del Código Civil y Comercial) solicitó "ante la falta de intervención de la señora Novelino, progenitora de los jóvenes Nahuel Curvale y Andrés Curvale, la designación de Tutor Especial", y una vez efectuado tal nombramiento, asumió el rol la Unidad Funcional de Defensa N°13 de La Plata, quien en su escrito de presentación del 5 de agosto de 2020 apeló el decreto de rebeldía.
II.b. Bajo tales premisas y como consideración de orden genérico, se impone recordar que una vez notificada la resolución que ordena la citación del accionado para que comparezca y conteste la demanda (art. 337 del CPCC), dicha parte puede tomar distintas actitudes. Así pues, podría asumir un temperamento activo (presentarse, plantear excepciones, contestar la pretensión, allanarse, reconvenir, etc) u omisivo, que se constituye frente al concreto y total incumplimiento de tales cargas. En éste último caso y como consecuencia del principio de preclusión, la ausencia de ejercicio de tan relevantes y dirimentes facultades en tiempo propio, conlleva la pérdida, extinción o consumación de las mismas, sin posibilidad de reeditarse luego (art. 155 del CPCC).
Ante dicho supuesto y previa solicitud de la interesada, es posible que se declare la rebeldía, situación que se configura con respecto a la parte que, debidamente citada, no comparece al proceso dentro del plazo de la citación o que lo abandona después de haber comparecido. Implica, por lo tanto, la ausencia total de cualquiera de las partes en un proceso en el cual le corresponde intervenir, siendo el reveso de la figura de la comparecencia (cfr. Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, Abeledo Perrot, 2011, Tomo IV, pág. 138/139; art. 59 del CPCC).
Si bien tal declaración no exime a la parte actora de la carga procesal de acreditar el presupuesto de hecho de la norma que da sustento a su pretensión -por lo que la falta de respuesta no lleva implícito el progreso per se de la misma-, no resulta menos cierto que la falta de efectivo y oportuno ejercicio de los derechos con los que se cuenta en dicho estadio procesal, conllevan una serie de consecuencias indudablemente negativas para el denominado contumaz, que se derivan del ya referido principio de preclusión y del régimen de efectos que -para la rebeldía- detalla el art. 60 del CPCC.
II.c. Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, no es posible obviar que en autos se verifica una especial situación que incide de forma directa y dirimente en ciertos aspectos del régimen descripto, y que refiere -como reseñáramos- a la presencia de niños como parte del sector pasivo.
Este dato viene a alterar gran parte del sistema procesal explicado, pues la respuesta jurisdiccional no puede -bajo ningún punto de vista- ser idéntica a la que se daría si el accionado fuera un mayor de edad; máxime considerando la pauta rectora de toda decisión atinente a los mismos -consistente en el interés superior del niño-, que su intervención está directa y necesariamente sujeta a la conducta de otra persona -en el caso, su madre- y las ya aludidas consecuencias que produce la falta de ejercicio de sus derechos, como parte de las obligaciones inherentes a la responsabilidad parental (arts. 26, 641, 646 del Código Civil y Comercial; 3 y 27 ley 26.061).
En efecto, en la opinión consultiva 17/2002 CIDH (párrs. 96 y 98; del 28 de agosto de 2002) se ha establecido que las condiciones en las que participan niños en un proceso no son las mismas en que lo hace un adulto, pues de otra manera se desconocería la realidad y se omitiría la adopción de medidas especiales para la protección de aquellos, con grave perjuicio para sus intereses; por lo tanto, es indispensable reconocer y respetar las distinciones de trato que corresponden a diferencias de situación, entre quienes participan en un procedimiento. Si bien los derechos procesales y sus correlativas garantías son aplicables a todas las personas, en el caso de los niños, el ejercicio de aquéllos supone, por las condiciones especiales en las que se encuentran, la adopción de ciertas medidas específicas con el propósito de que gocen efectivamente de dichos derechos y garantías.
En la misma línea, se impone referir que el art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño"; y que los "Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas".
Este instrumento se complementa con la Observación General N°14 del Comité de los Derechos del Niño, donde se establece que tal concepto es un derecho, un principio y una norma de procedimiento basados en una evaluación de todos los elementos del interés de uno o varios niños en una situación particular; que al evaluarlo y determinarlo con el objeto de tomar una decisión sobre una medida concreta, se debe determinar cuáles son los elementos pertinentes, en el contexto de los hechos del caso, dotándolos de un contenido concreto y ponderar su importancia en relación con los demás; y, a la vez, seguir un procedimiento que vele por las garantías jurídicas y la aplicación adecuada del derecho (ver pto. V ap. 46; en tal sentido, Fallos 334:913; SCBA LP A 75573 RSD-68-21 S 12/05/2021).
De igual forma, no es posible olvidar que los niños, en virtud de su edad, son personas en situación de vulnerabilidad y, por dicho carácter, debe garantizárseles "las condiciones de acceso efectivo a la justicia [...] sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial", siendo "objeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo" (Regla 1, 3 y 5 de las 'Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad').
II.d. Bajo tales premisas, entendemos que la rebeldía dispuesta en la instancia de origen debe ser dejada sin efecto, en la medida que tal situación importa indudablemente un desconocimiento de las referidas exigencias de orden convencional y constitucional aplicables a los procesos donde intervienen niños y niñas, contrariando el pleno y efectivo ejercicio de sus derechos y garantías -en claro perjuicio de su interés superior- y la interpretación prioritaria que debe darse a los mismos, en especial, al tratarse de uno de los actos más representativos y emblemáticos del derecho de defensa, como ser la comparecencia a juicio y la contestación de demanda-.
En efecto, mantener tal temperamento importaría asumir un trato idéntico al que se otorga a un adulto, dejando así sin efecto la especial consideración que merecen los niños y niñas al tiempo de su intervención procesal en virtud de su condición de vulnerabilidad; debiendo, a diferencia de ello, garantizárseles el pleno y efectivo ejercicio de su derecho de defensa, especialmente ante la inacción de sus representantes legales (arts. cits.; y 103 del Código Civil y Comercial).
De tal modo y antes de concluir en una declaración como la aludida, deben agotarse la totalidad de la instancias y vías disponibles con el objeto de cumplir con tales derechos y garantías. Teniendo en cuenta ello, y ante la inacción de los representantes legales, queda habilitada la representación del Ministerio Público, que garantiza la vigencia efectiva del acceso a la justicia de un grupo que demanda una especial protección; máxime en el caso, donde Nahuel y Andrés Curvale son a la vez actores de un proceso acumulado, siendo posible inferir entonces -con criterios de consistencia y buena fe- la postura que habrían de adoptar en los presentes (arts. 15 Constitución provincial; cfr. Herrera, Marisa - Caramelo, Gustavo - Picasso, Sebastián, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Infojus, 2015, Tomo I, pág. 213/216).
A mayor abundamiento, no es ocioso recordar el voto emitido por el Dr. De Lázzari en un caso que también involucraba a menores de edad, donde sostuvo la necesidad de sopesar "las consecuencias futuras de las decisiones, sobre todo cuando los destinatarios son los niños -C.S.J.N., in re "A.F.S. s. Protección de persona", sent. del 13-III-2007- y en este contexto" resulta necesario valorar "la importancia de la garantía que implica impedir la frustración de un derecho, en este caso la tutela judicial efectiva -art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires-", teniendo en cuenta "la interpretación conforme el mandato constitucional nivelador en beneficio de" los niños "en razón de su edad (art. 75 incs. 22 y 23, Const. nac.)". Actuar de otra manera, con una "interpretación limitada, desde el enfoque de derechos humanos con perspectiva de infancia no se asegura el efecto útil de las disposiciones que protegen derechos humanos, reconociendo la necesidad de que tal interpretación sea verdaderamente práctica y eficaz y no convierta las reglas de protección de derechos en fórmulas vacías de contenido que no tengan ningún efecto en la práctica" (de su voto, en SCBA LP C 117505 S 22/04/2015; con cita de "Caso Bahena Ricardo y otros vs. Panamá, competencia", sent. del 28 de noviembre de 2003, Serie C, núm. 104; art. 8.1 de la Convención Americana en relación con los arts. 19 y 1.1 del referido instrumento; y SCBA Ac. 84.102, sent. del 10-V-2006, Ac. 99.204, sent. del 20-IX-2006, Ac. 96.178, sent. del 5-XI-2008; C.S.J.N., "Quintana", sent. del 1-VII-1997, JA 1997-IV-112/113; C.S.J.N., "Quiroz", sent. del 1-VI-2004, "D.J.", 2004-3-406).
II.e. De este modo, teniendo en cuenta los fundamentos expuestos, corresponderá revocar la decisión dictada el 26 de agosto de 2020 -en lo atinente a Andrés y Nahuel Curvale-; y, en su mérito, atento la inacción de la representante legal, deberá efectuarse la notificación dispuesta a fs. 35 y 39 a la Unidad Funcional de Defensa N°13 de La Plata, quien -a instancia de la Asesoría de Incapaces N°3- ha asumido el rol de tutora ad litem; ello con el objeto de que pueda ejercer con plenitud el derecho de defensa de aquellos (arts. cits.)
POR ELLO, y fundamentos expuestos, se revoca la resolución del 26 de agosto de 2020 en lo que refiere a Andrés y Nahuel Curvale; y, en su mérito, se dispone que la notificación ordenada a fs. 35 y 39 debe realizarse a la Unidad Funcional de Defensa N°13 de La Plata, en calidad de tutora ad litem de los referidos. Las costas de Alzada se imponen en el orden causado, atento tratarse de un agravio generado de oficio (art. 68, 69 del CPCC). NOTIFIQUESE. REGISTRESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia