Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 130247
En la ciudad de La Plata, a los veintiocho días del mes de octubre de dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 130247, caratulada: "FERNANDEZ EMILIANO ANGELC/ SAVOIA ALBERTO ANTONIO Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la resolución apelada de fs. 336/344?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda que por daños y perjuicios entabló Emiliano Ángel Fernández contra Alberto Antonio Savoia, condenando a este último a abonar a la parte actora en el plazo de diez días de quedar firme el decisorio, la suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000), con más los intereses a liquidarse según la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días desde la fecha del hecho (10 de diciembre de 2006) hasta su efectivo pago; hizo extensiva la condena y los efectos de la sentencia a la citada en garantía Federación Patronal Seguros S.A, disponiendo que responderá en la medida del seguro (art. 118 de la ley 17.418); rechazó el planteo de inconstitucionalidad y consecuentemente el pedido de actualización formulado por el legitimado activo; impuso las costas a la parte demandada y a la citada en garantía en su calidad de vencidas (art. 68 del CPCC) y difirió la regulación de honorarios profesionales para la oportunidad prevista en el art. 51 de la ley 8904 por ser la normativa vigente de conformidad con lo dispuesto por la observación efectuada al art. 61 de la ley 14.967, por Decreto 522/2017 (fs. 336/344).
2– Contra esta forma de decidir se alzan en apelación la parte actora (fs. 349) y la citada en garantía (fs. 345). Los recursos fueron concedidos libremente (fs. 350 y 346) y fundados en tiempo y forma en esta instancia (presentaciones electrónicas del 2 de septiembre y 9 de septiembre de 2021 respectivamente); corrido el pertinente traslado (proveído del 10 de septiembre de 2021) éste fue contestado por ambas partes (presentaciones electrónicas del 20 de septiembre el accionante y 14 de septiembre la citada en garantía). Posteriormente, se llamó autos para sentencia (proveído del 20 de septiembre de 2021).
3– El legitimado activo, por intermedio de sus letrados apoderados, se agravia de la estimación del rubro incapacidad sobreviniente, dado que la sentencia otorgó un monto menor al reclamado en su demanda. Acusa falta de fundamentos que justifiquen la disminución.
Referencia un pedido de aclaratoria ya sustanciado denunciando que allí el sentenciante modificó en su perjuicio la resolución al quitarle el término “solicitada”.
Reclama que con la prueba colectada acredita su incapacidad sobreviniente a partir del accidente. Destaca al respecto el dictamen del perito médico y sus circunstancias particulares.
Por otra parte, pone en crisis la tarifación del daño moral por cuanto la sentencia rechaza el pedido de inconstitucionalidad de la ley 25.561. Vislumbra que al no poder indexarse las sumas indemnizatorias, percibirá un monto desajustado de la realidad, insuficiente y violatorio del principio de la reparación integral.
A su turno, el demandado y citada en garantía se agravian de la procedencia del reclamo efectuado por el actor, denunciando que la sentencia recurrida aplicó erróneamente la ley y valoró equivocadamente la prueba rendida.
Acusa que el sentenciante dejó de lado la pericial planimétrica obrante en la causa penal, en la cual se advierte que la pick-up GMC dominio WDP-059 se encuentra debidamente estacionada junto a la vereda.
Tildó a esa prueba de fundamental para la resolución del pleito y que ha sido dejada de lado por el Juez de grado, dado que echa por tierra la declaración del testigo Pérez y determina lo innecesario de accionar las balizas.
Califica a la declaración del mencionado testigo como contradictoria cuando primero dice que la camioneta estaba entre la banquina y el asfalto, para luego manifestar que dicha calle no tiene banquina.
Agrega que no es cierto lo dicho por el testigo al ver el accidente siempre que desde la distancia que dice haberlo visto lo debieron haber tapado las construcciones existentes.
Aduna que en el lugar no existe prohibición de estacionamiento alguna y que de la planimetría se determina que la camioneta estaba correctamente estacionada sobre la derecha y que por ello no resulta relevante si se encontraba detenida por un desperfecto o no.
Alega que la pericia mecánica determina que la detención de la camioneta generaba una obstrucción de la arteria, concepto que si bien resulta acertado en cuanto a que todo vehículo que se encuentre sobre la calzada es una obstrucción, deviene equivocada cuando se trata de vehículos correctamente estacionados, que tienen derecho a permanecer estacionados por permitirlo la ley, sin que pueda negarse el carácter de estacionamiento por sufrir un desperfecto, permitiendo el fluido del tránsito por el resto de la calzada.
Advierte que la decisión del judicante se torna contraria a la solución más correcta, pues es mejor quitar de la zona de mayor tránsito al rodado averiado y colocarlo en un lugar dónde provoca menores disturbios, siendo la mejor alternativa dejarlo estacionado.
Concluye al respecto que el accidente se dio por culpa de la propia víctima.
Subsidiariamente, solicita la aplicación de la culpa conjunta o concurrente, se agravia de los montos de la sentencia por considerarlos excesivos y de la tasa de interés dispuesta, en el entendimiento que debió aplicarse la pura del 6% anual.
4. Como cuestión preliminar, trataré el pedido de deserción del recurso por insuficiencia planteado elípticamente por ambas partes (presentaciones electrónicas del 14 de septiembre de 2021 el demandado y citada en garantía y del 20 de septiembre de 2021 por el actor).
En esta labor, evidencio con claridad que ambas expresiones de agravios (2 y 9 de septiembre de 2021 el actor y demandado respectivamente) han superado el examen de admisibilidad. Ello, toda vez que se la analizó con un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (art. 18 C.N.; MORELLO, Augusto Mario, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, v. I, pág. 175 a 180).
5. Al igual que lo decidido en la instancia anterior y que no fue debatido por las partes, la presente acción se analizará desde la perspectiva del Código Civil anterior, por ser la ley aplicable al momento de la ocurrencia del evento (arts. 3 CC; 7 CCyC).
Empero, aun cuando el hecho dañoso se consumó durante la vigencia de la norma referida, no así las consecuencias que de él derivan. Por ello, se impone diferenciar la existencia del daño de su cuantificación. Como reseña Aída Kemelmajer de Carlucci, la segunda de estas operaciones debe realizarse acorde la ley vigente al momento en que la sentencia fija su extensión o medida (autora citada, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, segunda parte, Editorial Rubinzal - Culzoni Editores, pág. 234).
Este deviene un criterio ya compartido también por la jurisprudencia. Así se ha expresado que: “El art. 1746 del Código Civil y Comercial es aplicable a una acción de daños intentada antes de su entrada en vigencia, en tanto la norma no se refiere a la constitución de la relación jurídica (obligación de reparar) sino sólo a las consecuencias de ella (art. 7, CCyC), máxime cuando la regla no varía la naturaleza ni la extensión de la indemnización que tiene derecho a percibir la víctima, sino que únicamente sienta una pauta para su liquidación” (Cám. Nac. de Apel. en lo Civil, sala A, in re: “A. A. R. c. G. A. M. s/ daños y perjuicios”, sent. del 28/10/2015, publicado en: RCCyC 2016 (abril), 150; RCyS 2016-VII, 155, cita online: AR/JUR/63674/2015).
Por lo tanto, para el caso de abordar el tratamiento de los rubros indemnizatorios cuyos montos debaten ambos recurrentes, se acudirá a los artículos pertinentes del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (conf. esta Sala causas 121.394, sent. del 1/6/2017; 124.349, sent. del 19/02/2019 entre otras).
6– A fin de otorgar un orden metodológico al desarrollo del presente recurso, he de abordar en primer término el agravio de los accionados dirigidos a la condena de causalidad.
Con algunos matices respecto de la ubicación geográfica exacta del accidente (planteo de la Citada en Garantía sobre que sucedió sobre calle 122 en lugar de avenida 122 a fs. 48/51 y en presentación electrónica del 9 de septiembre 2021), no llega debatido a esta instancia que el 10 de diciembre del año 2006 sobre calle 122 entre 92 y 93, siendo aproximadamente las 15.00 horas y bajo buenas condiciones meteorológicas se produjo un accidente entre una camioneta que se encontraba detenida sobre calle 122 (marca GMC dominio WDP059) y una motocicleta Gilera Smash sin dominio colocado conducida por el actor.
En cambio, el demandado y la citada en garantía ponen en crisis la asignación de responsabilidad efectuada por la sentencia de grado.
Pues bien, a fin de tratar este extremo han de aplicarse los principios de la responsabilidad civil objetiva receptados por el artículo 1113, segundo párrafo, última parte, del código antes vigente, en virtud a -como se dijo en el apartado anterior- la fecha de producido el hecho dañoso.
De conformidad con los postulados de la teoría del riesgo creado, quien introduce en el medio social en que se desenvuelve, cosas que potencialmente configuran factores de peligro para los demás, debe responder, por esa sola circunstancia, por los daños que las mismas produzcan a terceros, a menos que demuestre que el perjuicio, además de no haber provenido de ese riesgo, reconoce su causa en un hecho ajeno (esta Sala, Causas 102506, RSD 104/2004, sent. del 4/05/2004, 127048, RSD 58/2020, sent. del 27/04/2020, e. o.).
En nuestro derecho positivo, además de los factores de imputabilidad subjetiva, el dolo y la culpa, existen factores objetivos, entre los que cabe mencionar al riesgo (Bustamante Alsina, Teoría General de la Responsabilidad Civil, Abeledo Perrot, 1980, pág. 274). El automóvil en movimiento es una cosa peligrosa, cuya potencialidad de daño ha sido destacada por la doctrina de los autores y la judicial (Bustamante Alsina, ob. cit., pág. 168; Santos Briz, La Responsabilidad Civil, Madrid, 1979, pág. 413, esta Sala causas citadas).
Por su parte, en forma reiterada nuestro Superior Tribunal provincial, conformando doctrina judicial, sostuvo que "...cuando el daño es producido por un vehículo automotor en movimiento, debe entendérselo derivado del riesgo de la cosa...", consecuentemente, para que el dueño o guardián puedan eximirse de responsabilidad, no les basta demostrar que de su parte no hubo culpa, sino que deben acreditar que el hecho de la víctima o de un tercero por quien no deban responder, ha interferido en forma total o parcial en la relación de causalidad adecuada, contribuyendo de este modo a la producción del siniestro (art. 1113 del C.C.; SCBA Ac. 38.840 del 14/06/88 y 35.822 del 27/05/87, entre otros; esta Sala, Causa B-78.485, sent. del 1/09/1994, 127048, RSD 58/2020, sent. del 27/04/2020, e. o.).
Y, en este andarivel, reiteradamente ha señalado que los presupuestos necesarios para la procedencia de la indemnización de daños basada en la norma prevista en el art. 1113 segundo párrafo del Código Civil -aplicable al caso según se dijo-, son a) el daño; b) la relación causal; c) el riesgo de la cosa y d) el carácter de dueño o guardián de los demandados (conf. SCBA Ac. 93.337, sent. del 6/09/2006; C. 97.757, sent. del 22/10/2008, e.o.).
Por ende, la ley toma en cuenta como factor para atribuir responsabilidad al dueño o guardián el "riesgo creado", prescindiendo, en principio, de toda apreciación de su conducta desde el punto de vista subjetivo, pues no interesa si de su parte existe culpa, ni invierte la carga procesal de la prueba. Aun cuando se probase su falta de culpa, ello carecería de incidencia para excluir su responsabilidad porque deben acreditar la concurrencia del supuesto previsto en la frase final de la segunda parte, 2° párrafo del art. 1113 del Código Civil, esto es, que la conducta de la víctima o de un tercero interrumpió total o parcialmente el nexo causal entre el hecho y el daño (SCBA, Ac 55257, sent. del 30/08/1994; C 112545, sent. del 12/09/2012; C 105191, sent. del 3/10/2012).
Sentado ello, se hace necesario determinar el protagonismo que cupo a cada uno de los partícipes, ya que sólo mediante un análisis global de lo ocurrido se posibilitará comprobar si ha acontecido, en esta hipótesis, la eximente invocada por el demandado y, en su caso, en qué medida o por el contrario si resulta probada la responsabilidad objetiva del demandado. Para ello, se impone ponderar cuál era el comportamiento exigible por cada parte, de conformidad con las particularidades del hecho y en mérito de la normativa ordenatoria del tránsito vehicular.
Este análisis posibilitará comprobar si ha acontecido, en esta hipótesis, la eximente invocada y, en su caso, en qué medida. Ello frente a las particularidades del presente caso, acorde la evidencia producida (arts. 375, 384, CPCC).
Nuestro Máximo Tribunal provincial ha dicho en este sentido que “Para establecer la causa del daño es necesario hacer un juicio de probabilidad determinando que aquel se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito, o sea, que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las costas (art.901, Cód. Civ.; conf. Causas C.98.691, sent. de 18/05/2011; C97.827, sent. de 9/04/2010; e.o.). Frente a una pluralidad de condiciones necesarias, es menester saltar por sobre el plano de la causalidad natural o simple, para aislar e individualizar de entre todas esas condiciones a aquélla que, en el plano estrictamente jurídico, posee la idoneidad y relevancia suficiente para erigirse en la causa adecuada del daño (Ac. 91.215, sent. de 5/04/2006). Vale decir que el vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal) entre una acción u omisión y el daño; éste debe haber sido causado u ocasionado por aquélla” (Conf. SCBA causa C 121.608, sent. del 08/08/2018. Juez Pettigiani SD).
En este menester, he de analizar la totalidad de la prueba producida tanto en las presentes actuaciones como en la causa penal agregada como prueba y que tengo a la vista en este acto, en concurso con la legislación ordenatoria de tránsito vigente al momento.
Liminarmente, tengo por acreditado que la camioneta del demandado se encontraba estacionada y no en movimiento momentos previos a la colisión a causa de un desperfecto mecánico, toda vez que –a pesar de que algunos testigos refieren que frenó de golpe instantes antes (declaraciones en IPP IPP 06-00-326389-06 Guillermo Daniel Moreira fs. 19, Emanuel Alejandro Sigarra fs. 20, Esteban Farías fs. 27 y Rosa Elina Benoit fs. 28)- el actor en su presentación de inicio da cuenta que la unidad se encontraba “aparentemente mal estacionada en mitad de la calle sin señalización alguna” (v. fs. 18/29).
A su vez, sobre la ubicación de la camioneta marca GMC previo al choque, el acta de fs. 1/1 vta. obrante en la causa penal IPP 06-00-326389-06 que tengo a la vista en este acto, “deja aclarado que el personal policial movió los vehículos para que ingrese la ambulancia con la camilla”, circunstancia que se traduce en una obstrucción de la vía de circulación en la arteria mencionada (art. 384 CPCC).
Esta visión es abonada por la versión brindada por la totalidad de los testigos en aquellas actuaciones (Moreira a fs. 19 que circulaba al lado de la moto de la víctima, Sigarra a fs. 20 que iba como acompañante del actor, Benoit a fs. 28 como testigo presencial) y la del propio accionante (fs. 36 IPP referenciada).
Ante las quejas del demandado y citada en garantía, destaco aquí que la declaración de este último –de conformidad con las reglas de la sana crítica- cuenta con entidad suficiente como para ser considerada prueba idónea, toda vez que su testimonio es coincidente con el resto de los testigos presenciales, no incurre en contradicciones ni vaguedades, ni se evidencia que tenga un interés particular en la solución de este pelito (art. 384 CPCC).
A su turno, Esteban Emilio Dandeu -si bien no presenció el momento del hecho- observó instantes después que la camioneta estaba ubicada “arriba del asfalto” (respuesta veinte de fs. 141/142) y que no vio baliza o señalización en el lugar (respuesta trece, fs. referidas).
En la pericia planimétrica efectuada en sede penal a fs. 42/43 y suscripta por el Sargento A. Alvarez Ruperez, confeccionada el mismo día del accidente y alegada como prueba central de su defensa por los accionados, el experto ubica a la pick up GMC dominio WDP 059 pegado a la vereda sobre el asfalto de calle 122. Detrás de ésta se ilustran manchas de aceite y tierra y luego la moto del actor.
Luego, en la misma causa se adjuntan placas fotográficas de las que se desprende con claridad que la camioneta se encuentra detenida sobre el asfalto y que no está pegada a la línea imaginaria de cordón o banquina, sino que se encuentra bien apartada de ese borde hacia la izquierda. Es decir, que se encontraba estacionada prácticamente en el medio de la calle (v. imágenes N°1,2, 3 y 4 de fs. 45/48 IPP referida).
Por su parte, en estas actuaciones el perito ingeniero mecánico Francisco Javier Marcos y Martínez da cuenta que “Según consta en la Síntesis del Hecho efectuado por la Subcomisaria de Villa Ponsati a fs. 17, obrante en la IPP- 06-00-326389-06, la camioneta se encontraba parada; desconociéndose si se hallaba señalizada -Generando en consecuencia obstrucción de la arteria, la cual posee tránsito” (punto 6 de fs. 280/281), agregando que el ancho de la mano de circulación en la que sucedió el siniestro es de 2.85 metros (punto 8, fs. referidas) y que el del total de la calzada de 5.70 metros (v. croquis adjuntado a la pericia referenciada en formato PDF).
A la luz de este plexo probatorio, es que se deberán analizar las disposiciones de la Ley de Tránsito y sus modificatorias vigentes al momento del hecho (ley 11.430).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.