Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 130442
En la ciudad de La Plata, a los dieciocho días del mes de noviembre de dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 130442, caratulada: "ESCURRA FRANCO DANILO FABIAN C/ MORALES JORGE RODOLFO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la resolución apelada de fs. 334 (del 10 de septiembre de 2021)?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda que por indemnización de daños y perjuicios promovió Franco Danilo Fabián Escurra, condenando a Jorge Rodolfo Morales y María Verónica Brelles Surce, junto con la citada en garantía "Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada" en la medida del seguro, a pagar la suma de un millón trescientos seis mil ($ 1.306.000), a favor de Danilo Fabián Escurra Franco, en el término de diez días de quedar firme o consentida, con más los intereses moratorios calculados a la tasa pura del 6 % anual, sobre el capital de condena, desde la fecha del hecho (10 de febrero de 2016) hasta el dictado del pronunciamiento y por el lapso que transcurra desde allí y el total y efectivo pago, dispuso adicionar -únicamente sobre el capital de condena- la tasa pasiva más alta que paga el Banco Provincia en sus depósitos a 30 días, vigente en cada uno de los períodos comprendidos, y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa; impuso las costas a los demandados vencidos y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad (v. fs. 334).
2. Contra esta forma de decidir se alzan en apelación tanto el actor (fs. 337) como los demandados y citada en garantía (fs. 338) recursos que, previamente concedidos (fs. 339) fueron fundados en tiempo y forma en esta instancia (presentaciones electrónicas del 5 de octubre de 2021 el accionante y del 19 de octubre de 2021 los legitimados pasivos). Debidamente sustanciados (traslado del 19 de octubre de 2021), mereció solo la réplica de los accionados (presentación electrónica del 26 de octubre de 2021), no habiendo hecho lo propio el reclamante. Luego, se llamó autos para sentencia (proveído del 2 de noviembre de 2021).
3– El legitimado activo se agravia de los montos indemnizatorios otorgados por la sentencia apelada considerándolos exiguos y por la desestimación del lucro cesante allí dispuesto.
Refiere que se ha merituado de forma conjunta el daño físico con el psicológico sin discriminar cada rubro y que de ello se desprende lo reducido de la indemnización.
Da cuenta de las serias incapacidades otorgadas en ambos ámbitos y que la reducción del porcentual en el ámbito psicológico se encuentra establecido en términos potenciales por el dictamen, lo que se traduce que no necesariamente una terapia amortigüe los efectos del daño producido.
Pone en crisis la tarifación del tratamiento psicológico, en el entendimiento de que el plazo de duración que la perito sugiere para un tratamiento de este tipo (en este caso un año) es como un mínimo y que no se puede dar certeza que ese tiempo sea totalmente efectivo. Agrega al respecto que a la fecha el precio de una sesión es muy superior al fijado en el decisorio.
También se queja por la -en su parecer- minúscula suma fijada por gastos médicos y de traslado.
Sobre el daño moral, denuncia que la reparación fijada no se compadece adecuadamente con el gran impacto que tuvo el hecho para él.
Finalmente, sobre la desestimación del lucro cesante, se duele al considerar que es un rubro que se encuentra probado en estas actuaciones.
Por su parte, los demandados y citada en garantía se agravian del porcentaje de incapacidad fijado por la sentencia apelada.
Da cuenta que allí se fija minusvalía psicológica en un 38% cuando en realidad la experta luego de la impugnación efectuada rectificó su cálculo fijándolo en un 12,8% (fs. 203/209).
Agrega que, si bien luego el sentenciante de grado reduce a 15% ese porcentual en función a la posibilidad de mejora con tratamiento, de haber tomado correctamente el 12,8% referido la incidencia sería mucho menor.
Destaca que en su pericia, la psicóloga sugiere que el cuadro es reversible por lo que no se configura una incapacidad permanente y que se encuentra probado que con posterioridad al accidente el actor comenzó a trabajar en Frigorífico Gorina SAIC y que sorteó con éxito el examen preocupacional.
Relacionado con el agravio expuesto, se duele de la estimación del daño psicológico como incapacidad sobreviniente, reclamando que sea evaluado dentro del daño extrapatrimonial.
Sobre la indemnización fijada en el concepto “daño a las cosas” resalta la falta de prueba al respecto.
Refiere que el experto actuante dictaminó que no existen elementos técnicos que permitan determinar los daños en la motocicleta, lo que se suma al desconocimiento efectuado por ellos en su conteste en tal sentido.
Además, denuncia que la sentencia no expresa ni da razón del método empleado para su cuantificación, incurriendo en una conclusión dogmática.
Finalmente, sobre la tarifación del daño moral, los apelantes denuncian la violación del principio de congruencia al otorgar un monto mayor al pedido por los accionantes.
4. Como cuestión preliminar, trataré el pedido de deserción del recurso por insuficiencia planteado por los accionados (presentación electrónica del 26 de octubre de 2021).
En esta labor, evidencio con claridad que la expresión de agravios de Escurra (presentación del 5 de octubre de 2021) ha superado el examen de admisibilidad. Ello, toda vez que se la analizó con un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (art. 18 C.N.; MORELLO, Augusto Mario, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, v. I, pág. 175 a 180).
5. Las quejas centrales de ambos apelantes giran en torno a la procedencia y cuantificación de los rubros indemnizatorios peticionados por el accionante y los reconocidos por la sentencia de grado.
5.1. He de abordar primeramente los referidos a la incapacidad sobreviniente de carácter física y psicológica.
Conforme lo resolvió esta Sala, en el supuesto de lesiones, el daño patrimonial se configura cuando existe incapacidad o disminución de las aptitudes físicas o psíquicas, que incide en las posibilidades laborales y en tanto genera una restricción a la potencialidad productiva, el que es indemnizado como daño emergente (causas 97.753, sent. del 27/06/2002, RSD 162-2002; 101.097, sent. del 16/08/2005, entre otras).
Es decir que, probada la merma de esa aptitud para generar un trabajo, el daño ya existe, pues su anterior plena potencialidad se encuentra limitada en el porcentaje que la experticia indique, lo que trasluce un perjuicio ya sea para trabajar o buscar una nueva labor.
Ahora bien, tomada la incapacidad como el daño que afecta el patrimonio actual y futuro del individuo, al comprometer definitivamente sus potencialidades, se advierte que el mismo puede reconocer diversas manifestaciones, ya sea porque el desmedro se produce en sus aptitudes psíquicas o en la estructura corporal de la persona y, dentro de este aspecto, presentarse como un desorden orgánico, funcional, o aún estético (esta Sala, causas 100508 RSD 111/3; sent. del 27/0/2003, 125904 RDS 264/219 sent. del 01/10/2019 e.o.).
Resulta central entonces dilucidar el carácter de las lesiones para determinar y encasillar su procedencia dentro del daño patrimonial o extra patrimonial, ya sea que se traten de dolencias de carácter consolidado o temporario respectivamente.
En tal sentido, cuando del contenido de la pericia se advierta que pese a la patología descripta y a la calificación asignada, resulte la existencia de una incapacidad de carácter transitoria, corresponde rechazar su indemnización bajo este rubro y analizarlo a través de la concesión del importe que se otorgue para el daño moral (arts. 375, 474 CPCC) o, en su caso, si así se acreditara, como lucro cesante.
A contrario sensu (contrariamente), ante la determinación de una dolencia de carácter permanente cabe considerarla como integrante del daño patrimonial.
En el presente caso, se deprende que las lesiones sufridas por Escurra en el aspecto físico le han generado una incapacidad de carácter parcial y permanente.
En esta línea, la experticia practicada por el Dr. David Alfredo Rio (fs. 172/174) informa la asistencia médica que recibió el actor luego del accidente: “concurrió al Hospital San Martín de La Plata donde le obtienen placas radiográficas no pudiendo constatarse lesiones óseas groseras. Le indican uso de collar cervical por 20 días y cabestrillo durante 30 días. Asimismo, fue medicado con analgésicos, demandándole 60 días la reincorporación a su vida habitual”.
Luego, detallo su estado actual. En esa labor “se constata rectificación de la lordosis fisiológica” y “descubre contracturas dolorosas en la musculatura postural del cuello (trapecios, esternocleidos y escalenos)”. Sobre el rango de movilidad de la columna cervical da cuenta de limitaciones en flexión, extensión, rotación y lateralización. Examinada la sensibilidad “se constata hipoestesia en territorio C6 y C7”.
Concluye que ello genera un total de incapacidad del 4% de carácter parcial, permanente y definitiva, según el Baremo de uso habitual en la especialidad -Ortopedia y Traumatología- (v. pericia fs. referidas)
Ante las observaciones de las partes, el profesional actuante reafirma su dictamen (fs. 198).
En lo relativo a la faz psicológica, obra en autos la experticia confeccionada por la Licenciada Andrea D. Perdoni, quien describe los hechos denunciados y la situación actual desde el punto subjetivo del reclamante (v. fs. 184/190 puntos “a” y “b”) e informa que “El temor de no poder comprar las cosas, de no poder darle a su hijo lo que necesita, en el marco de una historia personal de mucha necesidad y privaciones sufridas desde la infancia; el enojo y el nerviosismo que se desencadenan cada vez que se encuentra con los límites de su cuerpo, con el dolor y la reducción de su capacidad de trabajo, sumada la incertidumbre respecto del futuro que tal padecimiento desencadena, afecta tanto su atención como la memoria y la posibilidad de concentración, reduciendo sus facultades intelectuales por el cuadro de estrés desencadenado a partir del accidente” (v. punto “c” de fs. referidas).
Al abordar el resultado de las pruebas aplicadas concluye que “Tanto en la escala Global, como en los tres ejes de re-experimentación, Evitación y Activación fisiológica, verificamos lo que clínicamente hemos descripto más arriba. Efectivamente podemos decir que el Sr. Escurra ha padecido y aun sufre las secuelas de un Síndrome de estrés post-traumático y dado que los síntomas persisten más allá de los tres meses debemos considerar el cuadro crónico a un año y nueve meses del hecho” (v. punto “d” de fs. referidas), reafirmando esa conclusión en la respuesta 2 del punto de pericia.
Para fijar un porcentual de incapacidad, resalta que utilizó la versión actual del “Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-V APA 5ed_booksmedicos.org” y la “TABLA DE INCAPACIDADES LABORALES LEY 24557”. Abordada la tarea específica explica que “Se acentúan los rasgos de personalidad de base, no presentan alteraciones en el pensamiento, concentración o memoria”, el actor sufre de “REACCIÓN VIVENCIAL NEUROTICA GRADO 2, la cual conlleva una discapacidad del 10%. No hemos considerado los trastornos de la memoria y la concentración referidos por el actor, ya que los mismos no pueden verificarse más allá del relato, a falta de pruebas específicas antes del accidente que permitiesen estimar el grado en que fueron afectadas sus facultades. Dejamos en manos de Su Señoría sopesar este punto, dado que de tener en cuenta sólo el relato como suficiente prueba estaríamos en un RVN Grado 3, con un incremento del 10% más de discapacidad”.
En cuanto a los factores de ponderación, especifica que se encuentran 1° Tipo de actividad, dificultad para la realización de las tareas habituales: intermedia =0-15%, 15%; 2° Factor de posibilidades de reubicación laboral: Amerita reubicación laboral: 10%; 3°La edad, De 21 a 30 años: 0-3%: 3%”. A partir de ello concluye en un Total de la incapacidad laboral de orden psíquico: 38%. Aduna que “si V.S lo considerara pertinente, tomando RVN GRADO 3: 48%” (v. respuesta 4 a punto de pericia, fs. referidas).
Ante las observaciones e impugnaciones de los demandados, la experta reafirma que en el plano de las generalidades “Toda afección que aparezca luego de los 6 meses se considera tardía, y su permanencia crónica” (v. ampliación de pericia fs. 203/209), agregando que “en el caso del Sr. ESCURRA, los síntomas de intrusión, en imágenes y sueños; como la reedición de la vivencia del choque cuando las coordenadas se repiten, acompañados de un malestar psicológico intenso, manifiesto en las reacciones fisiológicas que reflejan en las secreciones corporales y sus signos biológicos (aceleración cardíaca, escalofrío, sudoración…) este malestar psicológico”.
Pero más adelante reconoce el error a la hora de sumar el porcentaje en su pericia originaria “En tanto: no se presentan síntomas de depresión, crisis conversivas, crisis de pánico, fobias u obsesiones; que ameritarían un grado tres, hemos diagnosticado en pos del sufrimiento psíquico presente una “REACCIÓN VIVENCIAL NEUROTICA GRADO 2, la cual conlleva una discapacidad del 10%, a pesar de la existencia de alteraciones del pensamiento, la concentración y la memoria las que sin embargo, no pueden encuadrarse dentro de los cuadros mencionados en el GRADO 3. En cuanto a los FACTORES DE PONDERACIÓN determinados en la misma tabla rectificamos la sumatoria de los mismos, 28% al total del 10% establecido en el GRADO 2, Resultando del 15% por Dificultad para la realización de las tareas habituales; 10%, porque amerita reubicación laboral y el 3% ya que el actor tenía 21 años, Un 12,8% de incapacidad según corresponde” (v. punto 4 de la contestación a las observaciones, fs. referidas).
Llegado a este punto, resulta necesario precisar – ante las críticas y quejas esgrimidas por los apelantes al respecto -, que los dictámenes periciales deben valorarse de conformidad a las reglas de la sana crítica y con sujeción a las normas de aplicación al caso (SCBA, B 50984, sent. del 4/07/1995, “Acuerdos y Sentencias” 1995-II-810; SCBA, B 52359, sent. del 14/11/2007) y que incluso, al sopesar las experticias los jueces ejercen facultades propias, no teniendo sus conclusiones eficacia vinculante (SCBA, Ac. 38915, sent. del 26/04/1988, “La Ley” 1988-D-100, “Acuerdos y sentencias” 1988-I-720, D.J.B.A. 1988-134, 345; SCBA, Ac 49735, sent. del 26/10/1993; Ac 56166, sent. del 5/07/1996; Ac. 61475, sent. del 3/06/1998).
En el mismo aspecto, conforme ha resuelto esta Sala, las reglas de la sana crítica indican que para el desplazamiento de la pericia suficientemente fundada, es necesario oponer argumentos científicos que pongan en duda su eficacia probatoria. Las meras opiniones en contrario, sin esgrimir razones científicas fundadas, son insuficientes para provocar el apartamiento de las conclusiones vertidas por quien es experto en un área de la ciencia o técnica (art. 474 del C.P.C.C.; esta Sala, causas 109.550, sent. del 22-7-2008; 115.940, sent. del 30/06/2015, RSD 83/2015; 118.339, sent. del 2-VII-2015, RSD 88/2015, entre muchas otras).
En esta dirección es que encuentro sólidos argumentos técnicos y argumentativos respecto de la pericia médica por lo que no encuentro razón alguna para apartarme de sus conclusiones (arts. 384, 474 CPCC).
No evidencio la misma firmeza en la experticia psicológica.
Nótese que, más allá de que en su dictamen de fs. 184/90 da un elevado porcentaje de incapacidad el que luego rectifica drásticamente ante las observaciones efectuadas por los demandados (fs. 203/209), la Licenciada fija expresamente como origen de la afección de Escurra la limitación corporal que padece a partir del siniestro, agregando -como ya se ha dicho- que el actor ha logrado recuperarse gracias a profundo amor que siente por su hijo (v. respuesta a punto 6, fs. 203/209).
Estas conclusiones, vinculadas con el resto de las pruebas, generan contundentes reproches a algunas de las conclusiones diagnósticas de la psicóloga. Veamos: si la incapacidad en ese carácter nace de los impedimentos e incapacidad física, no es menor resaltar que la pericia médica otorgó un porcentual en ese aspecto del 4% (v. fs. 172/174 y 198) que se traduce en una incapacidad menor. Que ello luego se traduzca en un menoscabo mayúsculo en la faz psicológica resulta incongruente y exagerado (arts. 384, 474 CPCC).
Ello sumado a que, tal como lo reclaman los demandados apelantes, mediante contestación de oficio de AFIP se corrobora que el actor se reinsertó en el mercado laboral en fecha 23 de octubre de 2007, ingresando como dependiente del Frigorífico Gorina S.A.I.C. (v. fs. 276/280). De allí que el porcentual fijado por “reubicación laboral” tampoco debe tenerse en cuenta.
En conclusión, la psicóloga fija un grado de incapacidad elevado (que luego ella misma reduce) ante un desmedro en el carácter físico menor. Además, refiere que gracias al amor a su hijo se ha ido recuperando y que se puede mejorar con tratamiento psicológico (v. fs. 187/190 y 203/209). A partir de ello es que concluyo que las evidencias diagnósticas allí volcadas solo sean aplicables de forma parcial. Esto es, la conformación sobre la existencia de merma de la capacidad psicológica y su evaluación conforme la bibliografía y métodos aplicables (DSM-V), más no me ajustaré al grado de incapacidad determinado, por los motivos antes expuestos (arts. 384, 474 CPCC).
Como consecuencia de todo ello, tomando en cuenta la edad de Escurra al momento de accidente (21 años, cfme. fs. 3 y 5), la carga de familia por él denunciada (fs. 184/190), que ha podido reinsertarse en el mercado laboral (fs. 276/280) y el salario mínimo vital y móvil al momento de la sentencia de primera instancia, encuentro que asiste razón a los demandados y citada en garantía en sus reclamos en este punto, por lo que propongo hacer lugar a los agravios y reducir el monto de condena en concepto de
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