Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 130755
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la apelada sentencia de fojas 341/356 y se imponen las costas de Alzada a los actores en su calidad de vencidos (art. 68 del CPCC).
En la ciudad de La Plata, a los treinta días del mes de Diciembre de Dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 130755, caratulada: "GONZALEZ PUÑALES MARIO MAURICIO Y OTROS C/ LABOURDETTE GASTON LUIS Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la resolución apelada glosada a fs. 341/356?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de primera instancia desestimó la excepción de prescripción opuesta por los demandados y rechazó la demanda que por indemnización de daños y perjuicios promovieron Mario Mauricio González Puñales, Daniel Gustavo González Puñales y Sergio Rober Puñales contra Gastón Luis Labourdette y Eduardo Saravia, eximiendo también de responsabilidad a la aseguradora citada en garantía "Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A."; impuso las costas por la demanda rechazada a los actores por resultar objetivamente vencidos y por la excepción de prescripción desestimada, en el orden causado; postergó las respectivas regulaciones de honorarios para su oportunidad y el tratamiento de las cuestiones vinculadas con la aplicación de la Ley 24.283 para ese momento (v. fs. 341/356).
2– Esta forma de decidir es apelada por los actores (fs. 357) recurso que, previamente concedido (fs. 358), fue fundado en tiempo y forma en esta instancia (el 15 de noviembre de 2021). Debidamente sustanciado (traslado del 23 de noviembre de 2021), mereció réplica de los demandados (presentación electrónica del 30 de noviembre de 2021). Luego, se llamó autos para sentencia (proveído del 1 de diciembre de 2021).
3– Los apelantes se agravian centralmente del rechazo de la demanda instaurada.
Arguyen que la predilección por aquéllos, hizo que prescindiera del resto de los testimonios obrantes en la causa penal.
Refieren que en esas actuaciones se encuentra acreditada su versión de los hechos. Que allí también obra la declaración de la primera de las víctimas y testigo presencial María de los Angeles Delgado, quien vive en el lugar con su madre Angela Keller, como así también la de los propios demandantes, deposiciones que resultan coincidentes y concordantes.
Detallan el resto de las constancias de la causa en sede represiva las que –en su visión- acreditan sus dichos.
Denuncian que los testimonios de Rodríguez García y Keller no resultan coincidentes tal como lo señala el Juez de grado.
Se agravian de que la sentencia no haya tenido por acreditado que los demandados sufrieron lesiones, adunando que éstas se encuentran acreditadas también en la causa penal y que han sido catalogadas como graves.
Ponen en crisis la conclusión dirigida a determinar la ausencia de culpabilidad de los demandados y la ausencia de nexo causal entre el obrar de éstos y los daños por ellos sufridos, por los mismos motivos antes esgrimidos.
Se duelen de la determinación en la sentencia apelada de que los actores no probaron ninguno de los perjuicios reclamados, cuando a través de los informes médicos forenses en causa penal, todas las dolencias se encuentran acreditadas y han sido catalogadas como graves.
Además, se quejan por la imposición de costas del proceso.
Concluyen que el Juez de grado cometió errores “in iudicando” e “in procedendo”, pues desoyó reglas de derecho sustancial (procesales y de fondo), destinadas a ser aplicadas en la sentencia, para la decisión del objeto del litigio e infringiendo lo previsto en el art. 34 inc. 4, al no fundar la sentencia definitiva conforme a derecho, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia, que por ende la sentencia es arbitraria e infundada, que el decreto de absolución es insostenible y un apartamiento de las reglas de la sana crítica.
4. Preliminarmente, corresponde abordar el planteo relativo a la insuficiencia de los agravios opuesto por los demandados en el traslado del memorial del actor (presentación electrónica del 30 de noviembre de 2021).
Al respecto, ha de decirse que el escrito de los legitimados activos (presentación electrónica de fecha 15 de noviembre de 2021) ha superado el examen de admisibilidad, toda vez que se analizó con un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (art. 18 C.N.; MORELLO, Augusto Mario, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, v. I, pág. 175 a 180).
5– Abordando la tarea revisora, observo que no llega debatido a esta instancia la existencia de un altercado entre los actores y los demandados, sucedido el 23 de junio de 2009 luego del mediodía, en las inmediaciones de la propiedad ubicada en la localidad de Villa Visir (partido de Cañuelas) la que ha sido referenciada por las partes.
Discrepan en cambio en el devenir y el contenido de los hechos sucedidos. Los actores acusan haber sido atropellados por los automóviles que conducían los demandados, mientras que éstos últimos niegan tajantemente esa versión y alegan haber sido agredidos verbal y físicamente por 8 o 9 personas entre las que se encontraban los accionantes.
Sentado ello, encuentro central determinar la carga de la prueba que le cupo a cada una de las partes a raíz de su posición, reclamos, defensa y argumentaciones en este proceso.
En este extremo, no resulta ocioso destacar que el art. 375 de Código Procesal Civil y Comercial (en adelante denominado CPCC) pone en cabeza de la parte que afirma la existencia de un hecho controvertido el acreditarlo, agregando que cada contendiente deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción.
Nuestra Suprema Corte tiene dicho al respecto que “El artículo 375 del CPCC dispone un principio procesal de ineludible cumplimiento para las partes, cual es la carga de la prueba, al sostener que cada uno de los litigantes deberá probar los extremos fácticos de las normas que invocan – y que pretenden subsumir – como sustento de su pretensión, defensa o excepción. Por tal motivo, tienen que aportar a la causa los elementos de convicción que justifique la legitimidad de su reclamo” (SCBA LP C 120605 Sent. del 07/03/2018 Juez Pettigiani SD).
Asimismo, se ha dicho que “La formación material de conocimiento en el proceso constituye una carga de las partes y condiciona a la actuación del Juez. De su actividad depende que sus pretensiones sean admitidas o rechazadas, de modo que, junto a la carga de la afirmación de los hechos, tienen la carga de la prueba de los mismos, cuando no fuesen reconocidos o se trate de hechos notorios. Pesa sobre las partes el imperativo del propio interés de aportar la prueba de sus afirmaciones o, en caso contrario, soportar las consecuencias de su omisión” (Conf. esta Cámara, Sala III causa 123399, RSD 158-18, sent. del 16/08/2018).
“El principio de la carga de la prueba contiene una regla de conducta para el juzgador e implica este principio la auto responsabilidad de las partes por su conducta en el proceso, al disponer de libertad para llevar o no la prueba de los hechos que la benefician y la contraprueba de los que, comprobados por el contrario, pueden perjudicarlas (Sup. Corte Bs. As., 17/10/1990, "Del Bueno, Roberto v. Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa", 30/5/2012, "S., S. v. B., d. s/ Demanda contencioso administrativa" y 22/8/2012, "Díaz, Roberto Ismael v. Caja de Seguridad Social para Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa. Tercero: Argentina Salud y Vida SA", Juba sumario B80408). Constituye así, una imposición de la relación procesal a las partes, para que observen determinadas conductas, pero al mismo tiempo, aparece como una regla para el juzgador, indicándole como debe fallar cuando faltare la prueba de los hechos (Sup. Corte Bs. As., DJBA 117-266; C. Civ. y Com. Lomas de Zamora, sala 3ª, 24/11/2010, "Bustos, Miguel v. Expreso Arseno SRL s/ Daños y perjuicios", Juba sumario B3750638). Las partes asumen, por lo tanto, la carga de aportar la prueba de sus afirmaciones, en caso contrario, soportar las consecuencias, de incumplir ese imperativo que hace a su propio interés (Sup. Corte Bs. As., DJBA 131-133 o LL 1987-C-423; C. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 3ª, 21/9/2006, "Zendri, Horacio Néstor v. Benedetti, Fabricio y otros s/ Daños y perjuicios", Juba sumario B354345; C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 1ª, 6/2/2003, "Consorcio Calle Rivas 4716/36/66/88 v. Zamorano, José s/ Ejecución Expensas", Juba sumario B1352727)” (Conf. Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación comentados y anotados. Augusto Mario Morello, Gualberto Lucas Sosa y Roberto Omar Berizonce. Editorial Abeledo Perrot, v. esp. comentario art. 375 CPCC).
Esta carga procesal, como se desprende de la norma aludida, no traslada solo al actor la obligación de arrimar al proceso medios que fundamenten los hechos por él desarrollados. También, si la parte demandada ensaya afirmaciones de descargo, presenta su propia versión de los hechos, alega una calidad jurídica distinta de la imputada en la demanda, o deduce una excepción, soportará esa carga sobre los presupuestos de hecho afirmados pues, en definitiva, "quiere modificar el estado normal de las cosas" (Conf. esta Sala, sent. del 21/9/00. "Jurisprudencia", n° 94, p. 94).
La Suprema Corte de Justicia de esta Provincia tiene dicho en este punto que “La carga corresponde no a quien niega un hecho sino a quien lo afirma, a no ser que la negativa encierre en sí una afirmación contraria. La alegación de un hecho negativo no releva de la prueba a quien lo aduce, si aquél es presupuesto de actuación de la norma que esa parte invoca a su favor” (SCBA, 5/07/78, DJBA, 116-345).
En el mismo sentido, se ha dicho que “cada parte soporta la prueba de los recaudos (aún los negativos) establecidos por las normas sin cuya aplicación no puede tener éxito la pretensión. Es que, en principio, no son las negaciones sino las afirmaciones las que deben ser probadas. Y como es sabido, en esta materia la insatisfacción o incumplimiento de la carga de la prueba, acarrea al incumplidor la consecuencia adversa a la que perseguía con la inicial intención de probar” (conf. esta Cámara, Sala III causa 105243, RSD 8-06, sent. del 14/2/2006).
De la aplicación de estas reglas al caso en estudio encuentro que son los actores quienes deben soportar la carga de la prueba sobre la existencia de los hechos tal y como ellos los denuncian en su presentación de inicio.
Y es en esta labor en la que encuentro que los legitimados activos no logran rebatir -por medio de su expresión de agravios- los argumentos de la sentencia de grado.
Véase que de la causa penal IPP 06-03-001124-09 la que tengo a la vista en este acto, surgen la denuncia de María de los Angles Delgado –que reconoce ser la novia del coactor Daniel Gonzalez Puñales y por ende cuenta con interés en la resolución del pleito tal como se ha dejado establecido a fs. 162 de estas actuaciones- y de los reclamantes Mario Mauricio (fs. 4 causa penal referida), Daniel Gustavo (fs. 5 causa penal referida) y Sergio Robert (fs. 6 causa penal referida).
Allí mismo, a fs. 68 Angela Keller depone no haber presenciado los hechos.
El acta de inspección ocular no otorga elemento alguno en su favor (fs. 19), mientras que los reconocimientos médicos legales (v. fs. 33, 56, 70 de la causa penal referida) no resultan prueba del hecho toda vez que no se acreditó la existencia de nexo causal entre esos daños y el hecho (art. 384 CPCC).
Respecto de los deterioros en uno de los rodados –el Volkwagan Gol conducido por Labourdette- si bien están probados, también se dio cuenta que fue producto de un choque posterior en el acceso a la autopista a la salida de la Ciudad de Cañuelas (fs. 18 causa penal referida).
Esta orfandad probatoria se replica en la otra causa penal agregada a estas actuaciones como prueba IPP 06-03-001129-09 que más allá de la versión de los aquí demandados no agrega elementos en dirección a que los hermanos González Puñales hayan sido embestidos o atropellados.
Por último, en las presentes actuaciones no se ha producido medio útil para la acreditación de esos extremos (art. 384 CPCC).
No hay testimonios en esa dirección, mas allá del de la deponente Keller que no agrega mayores detalles toda vez que ésta “estaba dentro de la casa, queda a 30 o 40 metros desde donde ocurrió todo esto” y “salió de la puerta de la casa y enseguida estuvo en el lugar donde ocurrió el hecho, escuchó ruido y salió” (v. fs. 209/210) por lo que no presenció directamente la gresca denunciada y sus consecuencias.
Asimismo, no se vislumbra la declaración de otros testigos ni se produjo la prueba pericial mecánica por la negligencia de los actores (v. fs. 278).
Todo lo expuesto me lleva a concluir -de conformidad con lo decidido por el Juez de grado- que Mario Mauricio, Daniel Gustavo y Sergio Rober González Puñales no han logrado acreditar su versión de los hechos por ellos desarrollada. En consecuencia, los agravios en dirección a que el decisorio apelado resulta arbitrario y que se aparta de las reglas de la sana crítica, no han de ser de recibo, debiendo confirmárselo en todo lo que ha sido materia de recuso y agravios (arts. 375, 384 CPCC).
6. En tal entendimiento, por las consideraciones vertidas, he de propiciar no hacer lugar al recurso articulado por los actores, postulado la confirmación de la sentencia apelada en todo lo que ha sido motivo de recurso y agravio, con costas de la alzada a los accionantes, en su esencial condición de vencidos (art. 68, CPCC).
Voto por la AFIRMATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
Atento el acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar la apelada sentencia de fojas 341/356 e imponer las costas de Alzada a los actores en su calidad de vencidos (art. 68 del CPCC).
ASI LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la apelada sentencia de fojas 341/356 y se imponen las costas de Alzada a los actores en su calidad de vencidos (art. 68 del CPCC). REGISTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia