Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 131218
Sentencia Definitiva
Causa N°131218; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº25 - LA PLATA
FLORES BURGO FIDENCIA C/ ONTIVEROS ANTONIO ADAN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
En la ciudad de La Plata, a los doce días del mes de Mayo de Dos mil veintidós, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 131218, caratulada: "FLORES BURGO FIDENCIA C/ ONTIVEROS ANTONIO ADAN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la resolución apelada de fs. 490 (de fecha 05/07/2021)?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por FIDENCIA FLORES BURGO contra ANTONIO ADAN ONTIVEROS en virtud del siniestro acaecido el 9 de febrero de 2016 en la Ciudad de La Plata; condenó al accionado al pago de PESOS NOVECIENTOS MIL ($900.000) con más sus intereses calculados según la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación desde la ocurrencia del ilícito -9 de febrero de 2016-, desestimándose la actualización monetaria y tasa activa más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires; ello dentro de los cinco días de quedar aprobada la liquidación respectiva; hizo extensiva la condena impuesta a la aseguradora AGROSALTA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA en los límites y condiciones de la cobertura que surge de la póliza de seguro de responsabilidad civil denunciada en el Considerando precedente; impuso las costas del proceso al accionado vencido y citada en garantía, en forma mancomunada y solidaria por aplicación del principio objetivo de la derrota (arts. 68, 75 y 77 del C.P.C.) y en los límites de la respectiva póliza, desestimando la plus petitio inexcusable; finalmente postergó la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes en autos hasta la oportunidad de los arts. 23 y 51 del Dec. Ley 8904/77 (v. fs. 490, sistema Augusta).
2. Esta forma de decidir es apelada por la citada en garantía (presentación electrónica del 5 de julio de 2021) recurso que es concedido libremente (proveído del 6 de julio de 2021) y fundado en tiempo y forma en esta instancia (presentación electrónica del 16 de febrero de 2022); corrido el pertinente traslado (proveído del 17 de febrero de 2022), éste fue contestado por la actora (presentación electrónica del 2 de marzo de 2022); luego se llamó autos para sentencia (proveído del 8 de marzo de 2022).
3. La apelante se agravia de los montos reconocidos en concepto de incapacidad física y daño moral por considerarlos excesivos.
Se duele de la utilización de pautas matemáticas para fijar el menoscabo, sin haber analizado un haz de pautas fundamentales que resultan ajenas ese tipo de cuentas.
Denuncia que no surge de las pruebas que la actora no pueda trabajar hasta la fecha de su jubilación, por lo que la aplicación lisa y llana de un algoritmo se traduce en una desmesura.
Además, pone en crisis los intereses establecidos y la fecha a partir de la que deben computarse, toda vez que entiende que los montos han sido fijados al momento del dictado de la sentencia. A partir de ello concluye que debe aplicarse al caso el interés puro del 6% anual.
4. Ante el agravio sobre la cuantificación del rubro daño físico que la quejosa pone, resulta ineludible -frente al cuestionamiento proferido en este sentido- referenciar y desarrollar las nuevas pautas otorgadas a partir de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante CCyC), criterio que ya he desplegado anteriormente en causas 126110 “Salvatierra Escalera, José c/ Elías, Jorge Julio y Ot. s/ daños y perjuicios” RSD 309/19, sent. del 25/11/2019; 126858 “Lizarraga, Fernando Rafael y ot. C/ Amaya, Juan y Ot. s/ daños y perjuicios” RSD 41/20, sent. del 3/04/2020; 127098 “Rodríguez, María Celia c/ Jalil, José Luis s/ daños y perjuicios” RSD 101/20 sent. del 14/07/2020, entre otras.
El art. 1746 CCyC dispone que “En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades…”.
La aplicación de fórmulas aritméticas a los fines de indemnizar la incapacidad sobreviniente, despierta distintas posturas doctrinarias y jurisprudenciales, existentes aún desde antes de la sanción del Código Civil y Comercial.
A partir de esos criterios, encontramos las posiciones receptivas, las que se resisten a la aplicación de las fórmulas matemáticas y quienes la receptan como una pauta orientadora pero no vinculante.
Adhiero a esta última corriente, toda vez que es mi convicción que el art. 1746 CCyC contempla una serie de circunstancias que debe ser necesariamente tenidas en cuenta para la determinación de la indemnización, pero de ningún modo una pauta matemática o financiera a la que deba atarse el Magistrado de forma obligatoria y única.
Es que, cuando el artículo 1740 CCyC desarrolla el concepto de reparación, indica expresamente que ésta debe ser “plena”, agregando que debe contemplar “la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie”.
De la interpretación armónica de ambas normativas y de los principios generales en la materia, se desprende que no basta con la aplicación de una “cuenta” que determine un capital en base a la actividad productiva o económicamente valorable del damnificado, sino que el resarcimiento en materia civil debe tener un marco de valoración más basto y amplio. No tiene como objeto -tal como las reparaciones en el ámbito del derecho del trabajo- solo las limitaciones del orden laborativo, relacionadas con la edad y grado de incapacidad, sino que debe incluir necesariamente las implicancias de la persona tanto desde su faz individual como desde su inserción social, su vida en relación, sus relaciones amorosas, familiares, deportivas, lúdicas, etc. Las que deben ser analizadas detalladamente en cada caso individual.
En este sentido, un aspecto importante de la nueva norma es la referencia a una pauta o criterio matemático de ponderación para determinar una suma global definitiva a título de capital que, invertido adecuadamente, produzca renta o ganancia que le permita al damnificado continuar percibiendo durante su vida útil un monto equivalente al que cobraba antes del hecho nocivo. Si bien la redacción de la norma podría dar margen a otra interpretación, concluyo que mantienen vigor los criterios interpretativos que confieren al razonable arbitrio judicial la función por excelencia de cuantificar los daños. Tanto los parámetros matemáticos como los porcentajes de incapacidad resultantes de prueba pericial han de ser valiosos aportes, pero no obligan matemáticamente al juez, porque -insisto- la cuantía por incapacidad sobreviniente no debe ceñirse a cálculos rígidos, cerrados y herméticos, sino que debe fijarse sujeta al prudente arbitrio judicial ponderando la multiplicidad factores particulares de cada caso (enunciados por el art. 1746 CCyC).
Asimismo, no resulta ocioso destacar que fórmulas matemáticas predispuestas no están exentas de generar arbitrariedades por su nivel de abstracción.
La Justicia Nacional Civil tiene dicho sobre este tópico “La reparación, cualquiera sea su naturaleza y entidad, debe seguir un criterio flexible, apropiado a las circunstancias de cada caso y no ceñirse a cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes rígidos, desde que el juzgador goza de un margen de valoración amplio, ello concuerda con las pautas de valoración establecidas en el art. 1746 del Código Civil y Comercial” (Cám. Nac. de Apel. en lo Civil, sala A, in re: “A. A. R. c. G. A. M. s/ daños y perjuicios”, sent. del 28/10/2015, publicado en: RCCyC 2016 (abril), 150; RCyS 2016-VII, 155, cita online: AR/JUR/63674/2015).
En tanto que “Para decidir el monto de la indemnización, además de acudir a las fórmulas matemáticas y cálculos actuariales que surgieron como una herramienta de orientación para proporcionar mayor objetividad al sistema y reflejar de una manera más exacta en lo posible el perjuicio patrimonial experimentado por el damnificado, el Juzgador debe ponderar los elementos vitales que surjan acreditados en la causa, a fin de evitar que la frialdad de una ecuación aritmética cierre la mirada a lo justo en concreto que es, en definitiva, aquello que los jueces deben resolver mediante una resolución razonablemente fundada” (Cám. Nac. de Apel. en lo Civil, sala A, in re: “PONCE, Graciela Evelina c/ BALAGNA, Reynaldo Alberto y otros s/ daños y perjuicios”, sent. del 19/10/2018).
Por su parte, el Dr. Eduardo De Lázzari, en un criterio que encuentro plenamente aplicable a la indemnización por incapacidad sobreviniente a partir de la sanción del Código Civil y Comercial ha dicho que “Para la determinación de la indemnización es útil recurrir a fórmulas de matemática financiera o actuarial como son aquellas contenidas en las tablas de amortizaciones vencidas a interés compuesto y de uso habitual en los Tribunales de Trabajo. Ello ofrece, como ventajas, algún criterio rector más o menos confiable, cierto piso de marcha al formular o contestar reclamos, o el aventamiento de la inequidad, la inseguridad o la incerteza. Pero esas ventajas no deben llevarnos a olvidar que tales formulas juegan, por un lado, como un elemento más a considerar -cuando de mensurar un daño y su reparación se trata- junto a un haz de pautas fundamentales ajenas al mundo de las matemáticas y con todas las cuales el juzgador ha de trabajar para aquella determinación. Y, por otro lado, que su aplicación desprovista de prudencia puede llevar a verdaderos despropósitos” (SCBA LP C 117926 S 11/02/2015 Juez De Lázzari SD).
En el mismo antecedente de nuestro máximo Tribunal Provincial ha concluido que “Nada impide que se utilicen cálculos matemáticos o tablas actuariales como una orientación, pero los jueces no estamos constreñidos a la aplicación de fórmula alguna para la determinación de una indemnización. Esto no debe interpretarse como que repruebo la racionalidad -ni siquiera que me aparto de ella-; pero ha de advertirse que la acepto cuando puede ser pasada por el tamiz de la razonabilidad, cuando refleja una verdadera adecuación de medios afines o cuando se nutre de la experiencia vital y de la realidad humana concreta. Puedo aceptar y adoptar esta racionalidad del cálculo aritmético como una directriz o como un instructivo, pero lo haré siempre bajo la reserva del sentido común. Una reserva que -entre otras cosas- me avisa de juzgar los fríos cómputos como lo que son: configuraciones aritméticas y económicas llevadas a cabo a partir de las personales y subjetivas apreciaciones de sus creadores y operadores” (causa citada, voto Juez De Lázzari SD).
Por ello, al tratar la indemnización por incapacidad sobreviniente concluyo que debe aplicarse un criterio elástico de valoración, que contenga los parámetros otorgados por el art. 1746 CCyC, entre las que se cuenten las circunstancias personales y profesionales evidenciadas por la actora, mas no atado a una fórmula matemática financiera que prescinda de las circunstancias particulares de la víctima de autos, en ejercicio de los principios de la valoración de la prueba y la sana crítica (art. 384 CPCC).
En este sentido, se ha dicho que en el supuesto de lesiones, el daño patrimonial se configura cuando existe incapacidad o disminución de las aptitudes físicas o psíquicas, que incide en las posibilidades laborales y en tanto genera una restricción a la potencialidad productiva, el que es indemnizado como daño emergente (esta Sala, causas 97.753, sent. del 27/06/2002, RSD 162-2002; 101.097, sent. del 16/08/2005; 104.884, sent. del 18/08/2005, entre otras).
Ahora bien, tomada la incapacidad como el daño que afecta el patrimonio actual y futuro del individuo, al comprometer definitivamente sus potencialidades, se advierte que el mismo puede reconocer diversas manifestaciones, ya sea porque el desmedro se produce en sus aptitudes psíquicas o en la estructura corporal de la persona y, dentro de este aspecto, presentarse como un desorden orgánico, funcional, o aún estético (esta Sala, causas 100508 RSD 111/3; sent. del 27/0/2003, 125904 RDS 264/219 sent. del 01/10/2019 e.o.).
Cuando del contenido de las pruebas producidas se advierta, pese a la patología descripta y a la calificación asignada, la existencia de una incapacidad de carácter transitoria, corresponde rechazar su indemnización bajo este rubro y analizarlo a través de la concesión del importe que se otorgue para el daño moral (arts. 375, 474 CPCC) o, en su caso, si así se acreditara, como lucro cesante.
A contrario sensu (contrariamente), ante la determinación de una dolencia de carácter permanente se la calificará como integrante del daño patrimonial.
Sobre este piso de marcha, se analizan las pruebas colectadas en autos, entre las que cobra significativa relevancia el aporte de la experticia practicada.
A fs. 455 el Dr. Oscar Eduardo Alvarez presenta pericia médica en la que dictamina que al momento del examen la legitimada activa presenta: “Mano derecha: muñón por amputación de la 2° falange del pulgar, no puede realizar pinza con dicho dedo, limitación de la flexión articulación metacarpo falángica hasta los 40°. Mano izquierda: limitación de la flexión de la 2° articulación metacarpo falángica hasta los 30°, articulación interfalángica proximal flexión hasta los 80°, articulación interfalángica distal hasta los 70°. Presenta hipotonía de la eminencia tenar, no puede cerrar el puño. Tórax: por las fracturas de 2°,3° y 4° costilla izquierda solo presenta dolor a la palpación superficial, no presenta dificultad respiratoria” (respuesta 1 de puntos de pericia, fs. señaladas). En la misma pieza detalla las lesiones que sufrió Flores Burgo en el accidente “Fractura expuesta de 2° falange del pulgar derecha fractura articular de cabeza de 2° metacarpiano de mano izquierda fractura a nivel de la 2°, 3° y 4° costillas izquierdas” (respuesta 2, fs. referenciadas), mientras entiende que la existencia de daño estético puede estar presente a partir de que “Presenta muñón en dedo pulgar derecho” (respuesta 4, fs. referenciadas).
A la hora de fijar el grado de incapacidad cita el baremo de Altube y Rinaldi: “Por amputación del pulgar a nivel interfalángica de su mano hábil 18%, por fractura de 2° metacarpiano izquierdo 1%, por fractura de 3 costillas sin repercusión respiratoria 6%. Total, incapacidad anatomofuncional 25%” ponderando asimismo que se trata de lesiones de tipo parcial, permanente y de carácter definitivo (respuesta 5, fs. referenciadas).
Llegado a este punto, resulta necesario precisar que los dictámenes periciales deben valorarse de conformidad a las reglas de la sana crítica y con sujeción a las normas de aplicación al caso (SCBA, B 50984, sent. del 4/07/1995, “Acuerdos y Sentencias” 1995-II-810; SCBA, B 52359, sent. del 14/11/2007) y que incluso, al sopesar las experticias los jueces ejercen facultades propias, no teniendo sus conclusiones eficacia vinculante (SCBA, Ac. 38915, sent. del 26/04/1988, “La Ley” 1988-D-100, “Acuerdos y sentencias” 1988-I-720, D.J.B.A. 1988-134, 345; SCBA, Ac 49735, sent. del 26/10/1993; Ac 56166, sent. del 5-VII-1996; Ac. 61475, sent. del 3/03/1998).
En el mismo aspecto, conforme ha resuelto esta Sala, las reglas de la sana crítica indican que, para el desplazamiento de la pericia suficientemente fundada, es necesario oponer argumentos científicos que pongan en duda su eficacia probatoria. Las meras opiniones en contrario, sin esgrimir razones científicas fundadas, son insuficientes para provocar el apartamiento de las conclusiones vertidas por quien es experto en un área de la ciencia o técnica (art. 474 del C.P.C.C.; esta Sala, causas 109.550, sent. del 22/07/2008; 115.940, sent. del 30/06/2015, RSD 83/2015; 127.048, sent. del 27/04/2020, entre muchas otras).
En esta dirección es que no encuentro razón alguna para apartarme de las conclusiones vertidas en su informe por el facultativo actuante, las que se encuentran basadas en las técnicas médicas y los baremos allí explicitados (art. 384, 474 CPCC).
Como corolario de todo lo expuesto, es que encuentro debidamente acreditada la existencia de una incapacidad parcial y permanente en el orden traumatológico en cabeza de la actora.
En lo tocante con su justipreciación debe estarse no sólo a la incapacidad referida por la pericia, ni a las pautas matemáticas utilizadas por el Juez de grado, sino también a las características particulares de la actora al momento de producido el daño tenía 65 años (v. copia DNI fs. 2 y 4), su composición familiar y su actividad laboral como responsable de un buffet (v. declaraciones testimoniales de fs. 4, 5 y 6 del beneficio de litigar sin gastos).
Asimismo, atento a la ausencia de acreditación de ingresos pues no encuentro prueba alguna que desacredite esta conclusión, vale tomar como referencia el salario mínimo vital y móvil que a la fecha de producido el daño era de $6060 (resolución 4/2015 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil).
Reitero que, en virtud de lo establecido por el art. 1746 CCyC, bajo este rubro no sólo ha de computarse el deterioro de carácter laborativo a la actora, sino que computaré las lesiones en sí mismas que afectan la integridad de la damnificada, el menoscabo que estas limitaciones le generan en los diversos planos de la vida del individuo como su capacidad de trabajo, en su vida en relación en el aspecto social, deportivo, etcétera y todos los aspectos detallados en este punto.
En consecuencia, a raíz de las variables mencionadas y en virtud a que, según surge de la letra de la sentencia que no hizo mención expresa de utilización del criterio de actualidad, ha sido fijada bajo parámetros históricos, estimo que resulta elevada la cuantificación efectuada por el Juez de grado por Daño patrimonial, por lo que propongo reducirla a la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000) fijada a valores históricos (arts. 1740 y 1746 CCyC; 384, 456, 474, CPCC.).
De tal forma se fija una reparación plena e integral que permita a la accionante contar con un recurso económico que cubra la merma que el hecho de autos provocó en su vida (art. 1746, CCCN.).
5. Con relación a la cuantificación del daño moral he de destacar que conforme lo establecen los artículos 1738 y 1741 del CCyC, la obligación de resarcir también lo comprende, además de la indemnización de las pérdidas e intereses.
Se entiende entonces que el responsable del daño debe cubrir el quebranto que supone la privación o disminución de bienes como la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física y, en general, todo menoscabo a los más sagrados afectos (conf. SCBA. AC: 35579 del 22-4-86; esta Sala, causa 96.891, sent. del 2/04/2002, RSD 46/2002).
En virtud de las características del hecho ventilado en autos y las probanzas producidas, tengo por acreditado que a partir del accidente l
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.