Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 131715
Sentencia Definitiva
Causa N° 131715; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 7 - LA PLATA
ROCHA LUIS ALBERTO C/ LUCERO PATRICIA LILIANA Y OT S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
En la ciudad de La Plata, a los catorce días del mes de Junio de Dos mil veintidos, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 131715, caratulada: "ROCHA LUIS ALBERTO C/ LUCERO PATRICIA LILIANA Y OT S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la resolución apelada de fecha 10 de febrero de 2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia que llega aquí apelada rechazó la demanda que por indemnización de daños y perjuicios promoviera Luis Alberto Rocha en contra de Patricia Liliana Lucero y Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada en su calidad de citada en garantía; impuso las costas del proceso al actor; reguló los honorarios de los letrados patrocinantes de la parte actora Dres. Florencia Galli (T° LlV, F° 414 CALP) y Domingo Savio Pelle (T° XLVIII, F° 97 CALP) en la suma de Pesos doce mil ($12.000,00) para cada uno y los de la letrada apoderada de “Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada” Dra. Marta Haydée Ayerdi ( T° XXlll, F° 207) en la de Pesos treinta y cuatro mil ($34.000), todos ellos con más el aporte legal e IVA de corresponder; reguló asimismo los emolumentos de los Peritos de la Asesoría Pericial Departamental Gustavo Alberto Vallefin (ingeniero mecánico), Nicolás Romano Yalour (médico traumatólogo), Carlos Marcelo Cappelli y Julia Fueyo Alvarez (especialistas en odontología), Paulina Soncini (psicóloga) y Matilde Beltramo (Lic. en Trabajo Social) en la suma de pesos cuatro mil para cada uno ($4.000) y los Elvira Lucia Tomassoni (especialista en cirugía plástica) en la suma de pesos cuatro mil ($4.000,00) con más el aporte legal (arts. 1251, 1255 Cód. Civil y Comercial); respecto del mediador actuante, teniendo en consideración que sus tareas profesionales fueron llevadas a cabo con anterioridad a la entrada en vigencia del Dec. ley 43/19 y por ende consumadas bajo la vigencia del régimen anterior, aplicó el decreto ley 2530/10, fijando sus honorarios en la suma de 1 JUS, con más su aporte legal correspondiente (v. sentencia del 10 de febrero de 2022).
2. Esta forma de decidir viene apelada por la parte actora (presentación electrónica del 15 de febrero de 2022), recurso que fue concedido libremente (proveído del 18 de febrero) y posteriormente fundado en esta instancia (presentación electrónica del 25 de abril de 2022 mediante la invocación del art. 48 CPCC por parte del letrado Domingo Savio Pelle); corrido el pertinente traslado (proveído del 26 de abril de 2022), no recibió réplica de la contraparte. Posteriormente, se llamó autos para sentencia (proveído del 10 de mayo de 2022).
3. Los agravios del recurrente se centran en el rechazo de la acción instaurada.
Acusa que la sentencia apelada incurre en un error conceptual al aplicar la teoría de la responsabilidad objetiva.
Afirma que, en ese marco, la culpa no sólo es innecesaria para atribuir la responsabilidad, sino que resulta indiferente.
Agrega que la obligación de reparar se efectúa con abstracción de la imputación objetiva, exonerándose el responsable sólo si acredita la culpa ajena, o sea la ruptura del nexo causal.
Acusa contradicción en cuanto el Juez de grado funda su sentencia en la responsabilidad objetiva pero el tratamiento que hace de los elementos probatorios lo hace sobre la estructura discursiva de la responsabilidad subjetiva.
Califica como probado el daño y la relación causal. Al efecto toma como suya la calificación de la Corte Nacional en cuanto al accionante le basta con probar el daño y el contacto con la cosa dañosa para que quede a cargo de la demandada, como dueña o guardiana del objeto riesgoso, demostrar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no responder.
Lo sorprende que, siendo justamente el daño el punto de partida de la teoría de la Responsabilidad Objetiva, en ningún considerando de la sentencia se lo haya analizado, lo que -en su consideración- evidencia el yerro en el análisis ideológico del caso.
Insiste en que el decisorio debió partir de su consideración y desde allí el análisis de la relación de causalidad, agregando que mal puede el Juez evaluar como cierta una u otra versión de la realidad postulada por cada una de las partes sin analizar la aptitud de la misma para generar el daño acontecido.
Concluye que la única manera de unir el daño sufrido con el hecho es mediante la mecánica por él desarrollada.
Reclama asimismo que no ha acreditado la ruptura del nexo causal, haciendo pie en que la regla sobre prioridad de paso a quien circula por la derecha no debe ser evaluada de forma autónoma o desconectada de las circunstancias del caso.
A todo evento, pone de manifiesto que esa regla no importa ningún bill de indemnidad y a modo de corolario acusa que fue la demandada quien incumplió con los términos dispuestos por el art. 39 de la Ley de Tránsito vigente.
4. Al igual que lo decidido en la instancia anterior y que no fue debatido por las partes, la presente acción se analizará desde la perspectiva del Código Civil anterior, por ser la ley aplicable al momento de la ocurrencia del evento -22 de septiembre de 2012- (arts. 3, CC; 7, CCCN).
5. Como se dijo, el agravio central del accionante radica en la asignación de la responsabilidad en cabeza del conductor del motovehículo y el consecuente rechazo de la demanda instaurada.
Cabe iniciar el tratamiento del recurso dando cuenta que llega firme a esta instancia la existencia del hecho y sus características de tiempo y lugar.
Más allá del evidente error cometido por el actor en el inicio de las actuaciones a consignar la fecha del siniestro (22 de agosto de 2013 conf. ap. II de fs. 34/50 cuando en realidad sucedió el 22 de septiembre de 2012 conf. fs. 1 IPP 06-00-035170-12), no hay discusión que en la oportunidad, siendo las 20 horas aproximadamente, Luis Alberto Rocha circulaba a bordo de su motovehículo por calle 531 en dirección de 140 a 142 y que al llegar a la intersección con calle 141 se produce la colisión con un vehículo Peugeot Partner que transitaba por esa arteria en dirección de 530 a 32 y que era conducido en la oportunidad por la demandada Patricia Liliana Lucero.
En lo tocante con el marco legal, han de aplicarse los principios de la responsabilidad civil objetiva receptados por el artículo 1113, segundo párrafo, última parte, del Código antes vigente, en virtud a -como se dijo en el apartado anterior- la fecha de producido el hecho dañoso.
De conformidad con los postulados de la teoría del riesgo creado, quien introduce en el medio social en que se desenvuelve, cosas que potencialmente configuran factores de peligro para los demás, debe responder, por esa sola circunstancia, por los daños que las mismas produzcan a terceros, a menos que demuestre que el perjuicio, además de no haber provenido de ese riesgo, reconoce su causa en un hecho ajeno (esta Sala, causas 102506, RSD 104/2004, sent. del 4/05/2004, 127048, RSD 58/2020, sent. del 27/04/2020, e.o.).
Como ha resuelto esta Sala, en nuestro derecho positivo, además de los factores de imputabilidad subjetiva, el dolo y la culpa, existen factores objetivos, entre los que cabe mencionar al riesgo (Bustamante Alsina, Teoría General de la Responsabilidad Civil, Abeledo Perrot, 1980, pág. 274). El automóvil en movimiento es una cosa peligrosa, cuya potencialidad de daño ha sido destacada por la doctrina de los autores y la judicial (Bustamante Alsina, ob. cit., pág. 168; Santos Briz, La Responsabilidad Civil, Madrid, 1979, pág. 413, esta Sala causas citadas).
Por su parte, en forma reiterada nuestro Superior Tribunal provincial, conformando doctrina judicial, sostuvo que "...cuando el daño es producido por un vehículo automotor en movimiento, debe entendérselo derivado del riesgo de la cosa...", consecuentemente, para que el dueño o guardián puedan eximirse de responsabilidad, no les basta demostrar que de su parte no hubo culpa, sino que deben acreditar que el hecho de la víctima o de un tercero por quien no deban responder, ha interferido en forma total o parcial en la relación de causalidad adecuada, contribuyendo de este modo a la producción del siniestro (art. 1113 del C.C.; SCBA Ac. 38.840 del 14/06/88 y 35.822 del 27/05/87, entre otros; esta Sala, causa B-78.485, sent. del 1/09/1994, 127048, RSD 58/2020, sent. del 27/04/2020, e.o.).
Y, en este andarivel, reiteradamente ha señalado que los presupuestos necesarios para la procedencia de la indemnización de daños basada en la norma prevista en el art. 1113 segundo párrafo del Código Civil -aplicable al caso según se dijo-, son a) el daño; b) la relación causal; c) el riesgo de la cosa y d) el carácter de dueño o guardián de los demandados (conf. SCBA Ac. 93.337, sent. del 6/09/2006; C. 97.757, sent. del 22/10/2008).
Por ende, la ley toma en cuenta como factor para atribuir responsabilidad al dueño o guardián el "riesgo creado", prescindiendo, en principio, de toda apreciación de su conducta desde el punto de vista subjetivo, pues no interesa si de su parte existe culpa, ni invierte la carga procesal de la prueba. Aun cuando se probase su falta de culpa, ello carecería de incidencia para excluir su responsabilidad porque deben acreditar la concurrencia del supuesto previsto en la frase final de la segunda parte, 2° párrafo del art. 1113 del Código Civil, esto es, que la conducta de la víctima o de un tercero interrumpió total o parcialmente el nexo causal entre el hecho y el daño (SCBA, Ac 55257, sent. del 30/08/1994; C 112545, sent. del 12/09/2012; C 105191, sent. del 3/10/2012).
Aquí es donde ser derrumba el principal embate que el legitimado activo le hace a la sentencia. Si bien resulta correcto su desarrollo en cuanto a que se cumplen en el caso -en principio- los requisitos necesarios para la procedencia de la reparación: el daño, relación causal entre el hecho y el daño y el riesgo de la cosa, olvida la última parte del art. 1113 del CC que hace referencia a la exoneración de la responsabilidad ante la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.
Es decir, no puede válidamente el actor pretender ser indemnizado por haber acreditado el daño sin más, desentendiéndose su conducta y participación en el desencadenamiento del siniestro. La responsabilidad objetiva no significa de modo alguno desatender -ante la causación de un daño- la culpa que cupo a cada uno de los participantes, sino que se trata de una pauta objetiva que -según lo normado por el art. 1113 in fine (parte final)- cede ante la comprobación de la culpa de la víctima o un tercero por el cual el dueño o guardián de la cosa no ha de responder (art. 1113 CC).
Llegado a este punto, en donde la citada en garantía niega la responsabilidad de la accionada en el accidente endilgándosela a la contraparte, se hace necesario determinar el protagonismo que cupo a cada uno de los partícipes, ya que sólo mediante un análisis global de lo ocurrido se posibilitará comprobar si ha acontecido, en esta hipótesis, la eximente invocada y, en su caso, en qué medida o por el contrario si resulta probada la responsabilidad objetiva de la demandada. Para ello, se impone ponderar cuál era el comportamiento exigible, de conformidad con las particularidades del hecho y en mérito de la normativa ordenatoria del tránsito vehicular.
Este análisis posibilitará comprobar si ha acontecido en esta hipótesis la eximente invocada y, en su caso, en qué medida. Ello frente a las particularidades del presente caso, acorde la evidencia producida (arts. 375, 384, CPCC).
Nuestro Máximo Tribunal provincial ha dicho en este sentido que “Para establecer la causa del daño es necesario hacer un juicio de probabilidad determinando que aquél se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito, o sea, que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas (art. 901, Cód. Civ.; conf. causas C.98.691, sent. de 18/05/2011; C97.827, sent. de 9/04/2010; e.o.). Frente a una pluralidad de condiciones necesarias, es menester saltar por sobre el plano de la causalidad natural o simple, para aislar e individualizar de entre todas esas condiciones a aquélla que, en el plano estrictamente jurídico, posee la idoneidad y relevancia suficiente para erigirse en la causa adecuada del daño (Ac. 91.215, sent. de 5/04/2006). Vale decir que el vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal) entre una acción u omisión y el daño; éste debe haber sido causado u ocasionado por aquélla” (SCBA causa C 121.608, sent. del 08/08/2018. Juez Pettigiani SD).
En este menester, encuentro que en su presentación de inicio Luis Alberto Rocha reconoce que la demandada era quien gozaba de la prioridad de paso por llegar a la encrucijada desde la derecha (v. ap. III y 5.4 de fs. 34/50).
A su vez, a los fines de endilgar la responsabilidad a Lucero da cuenta que él circulaba detrás de varios vehículos particulares en caravana o fila india, que la demandada no respetó su paso y circulaba a excesiva velocidad (v. ap. III puntos 3, 6 y 7 y ap. V punto 5.4, fs. referidas).
Ahora bien, en el despliegue probatorio se ha acreditado la prioridad de paso por la derecha de la accionada más no el exceso de velocidad, ni que circulara el reclamante como parte de una fila india.
En efecto, tanto la pericia mecánica practicada en sede penal como la efectuada en este expediente dan cuenta de ello.
A fs. 47/50 de la IPP 06-00-035170-12 agregada por cuerda como prueba y que tengo a la vista en este acto, se glosa el informe de la Técnica Superior en Accidentología Vial María Claudia Toledo la que dictamina: “con respecto a las arterias, las mismas poseen sentido de circulación vehicular, doble mano. En el lugar del hecho se releva, huellas de bloqueo de neumático efectuadas por el rodado Peugeot, arrastre metálico impreso por la motocicleta Honda y las posiciones de reposo de las unidades intervinientes” (III factor ambiental, fs. referidas), concluyendo que “El hecho en estudio ocurre el día 22 de septiembre de 2012, siendo aproximadamente las 20:25 horas, en las calles 141 y 531, de la Ciudad de La Plata. Teniendo en cuenta, las evidencias relevadas en el lugar del hecho, el sentido y dirección de los daños en las unidades intervinientes y las posiciones finales de las mismas: el rodado Peugeot Partner circulaba por calle 141, mano que conduce el tránsito con sentido nominal cardinal, NO-SE, en tanto que la motocicleta Honda, al momento del contacto, circulaba con sentido de izquierda a derecha, respecto el frente de avance del rodado mayor. En el cuadrante Oeste de la intersección en estudio, próximo y anterior a los arrastres metálicos impresos en la calzada, el vehículo Peugeot Partner, toma contacto con su parte frontal, sector excéntrico izquierdo, con el lateral derecho sector medio de la motocicleta Honda” (v. ap. Conclusiones de fs. referidas).
Respecto del carácter participativo de cada vehículo dijo que “El utilitario Peugeot Partner, cumple el rol de embestidor físico mecánico y la motocicleta Honda el de embestido físico mecánico. Se deja constancia que la determinación del carácter participativo es desde el punto de vista técnico accidentológico, sin tener para ello en cuenta posibles maniobras imperitas, imprudentes, negligentes, etc. efectuadas por los conductores de los rodados” (v. ap. Conclusiones de fs. referidas).
Finalmente, preguntado por la velocidad de ambos partícipes antes del choque determinó que la mínima de la Partner era de “23,86 km/hr” y “respecto de la motocicleta Honda, no surge de la presente IPP elementos objetivos que permitan establecer su mínima velocidad de circulación” (v. pericia fs. referidas).
En este expediente, el Ingeniero Mecánico Gustavo Alberto Vallefín, preguntado sobre la mecánica del accidente hizo propias las conclusiones de la pericia efectuada en sede penal (v. fs. 254/255, ap. 1 de los requerimientos del actor).
Sobre las velocidades coincide en la fijada para la Paugeot Partner por la pericia en sede represiva (24 km por hora, según ap. 3 de los requerimientos del actor) y agrega que el motovehículo circulaba a una velocidad inferior a los 20 km. por hora (v. ap. 1 requerimiento parte demandada).
Luego, la Municipalidad de La Plata -al contestar el oficio previamente librado- informa que la velocidad máxima de ambas calles es de 40 km/h (v. fs. 237/239 punto 2) y que se trata de una intersección con intenso tránsito vehicular (v. punto 3 fs. referidas).
Las transcriptas son las únicas pruebas idóneas producidas a los fines de determinar la mecánica del hecho debatido, toda vez que no se ha producido ni la evidencia confesional ni la testimonial por desistimiento de quien inició el reclamo (v. presentación electrónica del 20 de octubre de 2021).
Otra circunstancia que no debe soslayarse es la declaración de rebeldía de la demandada Lucero (v. fs. 102), pero ello debe conjugarse con la contestación presentada en tiempo y forma por la citada en garantía (v. fs. 75/82).
Es que no puede ser el asegurador un convidado de piedra en el pleito, dado que si bien su obligación principal es mantener indemne a su asegurado, no lo es menos que en paralelo tiene que tener la responsabilidad de defender su propio patrimonio, para evitar una actitud dispendiosa o dolosa del asegurado que pueda perjudicarlo (arts. 17 CN 109, 118, Ley 17.418; conf. SCBA LP C 110199 sentencia del 18/06/2014, esta Cámara Sala III causa 119632 RSD 125-19 sent. del 18/06/2019).
Además, la confesión a partir de la declaración de rebeldía debe ser apreciada en función de los demás datos y probanzas de la causa. Se trata de una presunción simple de efectos relativos cuya eficacia probatoria se remite a la apreciación del Juez, quien debe evitar recurrir a esta ficción de ley cuando concurren otros factores que arrojan un resultado diferente. Es decir que los efectos de la rebeldía sucumben ante la prueba concluyente en contrario (art. 60 CPCC).
Es decir, que los efectos de la confesión a partir de la rebeldía deben ser evaluados a la luz del plexo probatorio producido y del resto de las constancias de la causa en estudio.
Es en este aspecto que concluyo que -conjugada con el resto del plexo probatorio- la rebeldía de la demandada no genera certeza alguna respecto de su culpabilidad en el desencadenamiento del siniestro (arts. 60, 384 CPCC).
Llegado a este punto, deviene necesario conjugar las constataciones y marco probatorio hasta aquí expuesto con lo dispuesto por la Ley de Tránsito y su modificatorias (en adelante ley 24.449) que en su art. 36 dispone que “en la vía pública se debe circular respetando las indicaciones de la autoridad de comprobación o aplicación, las señales de tránsito y normas legales, en ese orden de prioridad”, mientras que el art. 39 da cuenta que los conductores deben “en la vía pública circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito”.
Asimismo, el art. 41 de la misma normativa establece que “todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.