Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 131552
Sentencia Definitiva
Causa N° 131552; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº21 - LA PLATA
ZAPATA TOMAS FELIX Y OTRO/A C/ CARDOSO JORGE RAMON S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
En la ciudad de La Plata, a los catorce días del mes de Junio de Dos mil veintidos, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 131552, caratulada: "ZAPATA TOMAS FELIX Y OTRO/A C/ CARDOSO JORGE RAMON S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la resolución apelada dictada en fecha 11 de febrero de 2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios promovida por Tomás Félix ZAPATA y Agustín Rafael ZAPATA contra Jorge Ramón CARDOZO y Rufina Beatríz SARAVIA, extendiendo la responsabilidad a Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada (art 118 ley 17418); los condenó a abonar la suma de pesos doscientos tres mil quinientos cincuenta ($203.550) dentro del lapso de diez días de adquirir firmeza el resumen a practicarse (arts. 500 a 502 CCyC); distribuyó esa suma en $83.550 en favor de Tomás Félix Zapata y $120.000 asignados a Agustín Rafael Zapata, aplicando los intereses a la tasa pasiva digital que determina el Banco de la Provincia de Buenos Aires desde el día 8 de Junio del año 2014 y hasta el momento del efectivo pago; desestimó la solicitud de pluspetición inexcusable articulada; impuso las costas a la parte demandada, difiriéndose la evaluación arancelaria en la oportunidad que se conozca el efectivo piso de marcha económico del proceso (v. resolución del 11 de febrero de 2022).
2. Contra esta forma de decidir se alzan en apelación la codemandada Saravia (presentación electrónica del 23 de febrero de 2022), y la citada en Garantía (presentación electrónica del 11 de febrero de 2022). Concedidos los recursos (proveídos del 21 de febrero y 4 de marzo de 2022), fueron fundados en tiempo y forma en esta instancia (la codemandada Saravia mediante presentación electrónica del 30 de marzo de 2022 mediante la invocación del art. 48 CPCC por parte de la letrada Grassi, ratificado en tiempo y forma el 13 de mayo de 2022, y el 11 de abril de 2022 la citada en garantía); corrido el pertinente traslado (proveído del 12 de abril de 2022), éste fue contestado por los actores (presentación electrónica del 19 de abril de 2022); luego se llamó autos para sentencia (proveído del 26 de abril de 2022).
3. La coaccionada Rufina Beatríz Saravia se agravia de los montos y rubros por los cuales prospera la sentencia apelada.
Sobre la incapacidad física reclama que este rubro no debe proceder siempre que de la pericia médica se desprende que el actor no presenta secuelas permanentes e irreversibles.
Destaca que el experto se limita a dictaminar que hay una incapacidad la que podría ser permanente o transitoria.
En lo relativo al daño moral considera arbitraria y excesiva tanto su recepción, como el monto reconocido en favor de Agustín Zapata.
Finalmente, considera que el daño emergente es violatorio del principio de congruencia, dado que el límite de la condena, en el caso, debe estar dado por el monto reclamado por el actor.
Por su parte la citada en garantía se duele de la tasa de interés que el decisorio dispone, entendiendo que se ha indemnizado a valores actuales y que, como consecuencia de ello debe aplicarse el 6% anual desde la fecha de producción de los daños hasta la fecha de sentencia de Cámara.
4. Preliminarmente, corresponde abordar el planteo relativo a la insuficiencia del recurso de los apelantes interpuesto por los actores (v. presentación electrónica del 19 de abril de 2022).
Al respecto, ha de decirse que ambas presentaciones (v. expresiones de agravios de fechas 30 de marzo de 2022 y 11 de abril de 2022) han superado el examen de admisibilidad, toda vez que se analizó con un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (art. 18 C.N.; MORELLO, Augusto Mario, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, v. I, pág. 175 a 180).
5. Al igual que lo decidido en la instancia anterior y que no fue debatido por las partes, la presente acción se analizará desde la perspectiva del Código Civil anterior, por ser la ley aplicable al momento de la ocurrencia del evento -8 de junio de 2014- (arts. 3, CC; 7, CCCN).
Empero, aun cuando el hecho dañoso se consumó durante la vigencia de la norma referida, no así las consecuencias que de él derivan. Por ello, se impone diferenciar la existencia del daño de su cuantificación. Como reseña Aída Kemelmajer de Carlucci, la segunda de estas operaciones debe realizarse acorde la ley vigente al momento en que la sentencia fija su extensión o medida (autora citada, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, segunda parte, Editorial Rubinzal - Culzoni Editores, pág. 234).
Éste deviene un criterio ya compartido también por la jurisprudencia. Así se ha expresado que: “El art. 1746 del Código Civil y Comercial es aplicable a una acción de daños intentada antes de su entrada en vigencia, en tanto la norma no se refiere a la constitución de la relación jurídica (obligación de reparar) sino sólo a las consecuencias de ella (art. 7, CCyC), máxime cuando la regla no varía la naturaleza ni la extensión de la indemnización que tiene derecho a percibir la víctima, sino que únicamente sienta una pauta para su liquidación” (Cám. Nac. de Apel. en lo Civil, sala A, in re: “A. A. R. c. G. A. M. s/ daños y perjuicios”, sent. del 28/10/2015, publicado en: RCCyC 2016 (abril), 150; RCyS 2016-VII, 155, cita online: AR/JUR/63674/2015).
Por lo tanto, en caso de tratar los rubros cuyos montos debaten los recurrentes, se acudirá a los artículos pertinentes del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (conf. esta Sala causas 121.394, sent. del 1/6/2017; 124.349, sent. del 19/02/2019 entre otras).
6. Ha de abordarse primeramente lo relativo a las quejas referidas a la procedencia del rubro incapacidad sobreviniente y, subsidiariamente, su cuantificación.
Conforme lo resolvió esta Sala, en el supuesto de lesiones, el daño patrimonial se configura cuando existe incapacidad o disminución de las aptitudes físicas o psíquicas, que incide en las posibilidades laborales y en tanto genera una restricción a la potencialidad productiva, el que es indemnizado como daño emergente (causas 97.753, sent. del 27/06/2002, RSD 162-2002; 101.097, sent. del 16/08/2005; 104.884, sent. del 18/08/2005, entre otras).
Es decir que, probada la merma de esa aptitud para generar un trabajo, el daño ya existe, pues su anterior plena potencialidad se encuentra limitada en el porcentaje que la experticia indica, lo que trasluce un perjuicio ya sea para trabajar o buscar una nueva labor.
Ahora bien, resulta central determinar el carácter permanente de las lesiones para determinar y encasillar su procedencia dentro del daño patrimonial o extrapatrimonial.
En tal sentido, esta Sala tiene dicho que cuando de la pericia se advierte que pese a la patología descripta y a la calificación asignada, de su contenido resulta la existencia de una incapacidad de carácter transitoria, corresponde rechazar su indemnización bajo este rubro y analizarlo a través de la concesión del importe que se otorgue para el daño moral (arts. 375, 474 CPCC) o, en su caso, si así se acredita, como lucro cesante.
A contrario sensu (en sentido contrario), ante la determinación de una dolencia de carácter permanente cabe considerarla como integrante del daño patrimonial.
Además, da cuenta -a la fecha de la práctica de la pericia (5 años después del accidente)- que Zapata sufre de contracturas dolorosas en la musculatura postural del cuello (trapecios, esternocleidos y escalenos) a la palpación y la disminución en el rango de movilidad de la columna cervical ante la medición goniométrica (flexión normal 60°/ Zapata 50°, extensión 45°/ 30°, rotación 80°/ 60°, lateralización 40°/ 30°).
De ello, se desprende que, a pesar de que como lo consiga la demandada el Dr. Rio no hace referencia expresa al respecto, la incapacidad parcial que padece Agustín Zapata es de carácter permanente. Nótese que las lesiones fueron constatadas y se mantuvieron como tales en su gravedad luego de 5 años de producido el siniestro, por lo que cabe concluir que las mismas revisten el carácter de definitivas e irreversibles. Por ello la reparación por esta parcela se encuentra debidamente justificada y por tanto corresponde confirmar su procedencia (arts. 384, 474 CPCC).
Respecto de su cuantificación, ha de tenerse en cuenta la edad del coactor al momento del accidente (21 años), que luego del siniestro se reincorporó a la actividad laboral tal como lo refiere a momento de presentarse ante el perito médico donde denuncia que es empleado de una estación de servicios (v. pericia médica referida) y -a falta de acreditación de haberes-, el salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha del siniestro ($3.600 mensuales fijados por Resolución 4/2013 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil).
En función a ello, y en virtud a que se deprende del decisorio que los montos fueron determinados a valores históricos al momento del accidente, considero prudente la suma allí fijada por lo que propongo confirmarla (arts. 384, 474 CPCC, art. 1746 CCyC).
7. Con relación a la procedencia y cuantificación del daño moral he de destacar que conforme lo establece el artículo 1738 y 1741 del CCyC, la obligación de resarcir también lo comprende, además de la indemnización de las pérdidas e intereses. Se entiende entonces que el responsable del daño debe cubrir el quebranto que supone la privación o disminución de bienes como la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física y, en general, todo menoscabo a los más sagrados afectos (conf. SCBA. AC: 35579 del 22/04/86).
En virtud de las características del hecho ventilado en autos y las probanzas producidas, tengo por acreditado que a partir del accidente Agustín Zapata sufrió padecimientos de distinta entidad, fundamentalmente en su tranquilidad personal y vida en relación que deben ser indemnizados (arts. 384, 474 CPCC).
A los fines de cuantificarlo, no resulta ocioso indicar que su determinación no está sujeta a reglas fijas (conf. SCBA, C 98039, sent. del 18/03/2009) y que para su determinación depende “… Del arbitrio judicial para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- y es al responsable del hecho dañoso a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un daño moral (S.C.B.A., Ac. 41.539, sent. del 21/11/1989, publicado en D.J.B.A. 1990-138, 15, en “Acuerdos y Sentencias” 1989-IV-219; Ac. 55.648, sent. del 14/06/1996; Ac. 56.328, sent. del 5/08/1997, publicado en “El Derecho” 182-134, “Acuerdos y Sentencias” 1997-IV-9; Ac. 59.834, sent. del 12/05/1998; Ac. 64.247, sent. del 2/03/1999, “Acuerdos y Sentencias” 1999-I-360; Ac. 82.369, sent. del 23/04/2003).
Dentro del contexto indicado, encuentro que la cuantificación efectuada por el Juez de grado resulta elevada por lo que propongo reducirla a la suma de pesos $30.000 (PESOS TREINTA MIL) fijados a valores históricos (1738 y 1741 del CCyC, 384, 474 CPCC).
8. En lo tocante con el daño emergente, las quejas sobre la violación del principio de congruencia a la hora de sentenciar no han de tener favorable acogida, toda vez que se desprende de la presentación de inicio que en su liquidación los coactores calculan su reclamo indemnizatorio en $192.405 “y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba ofrecida, así como del equitativo criterio de V.S. …” (v. apartado IX de fs. 22/28). Es decir, no ligan su pretensión a un monto máximo, sino que la someten a la justa cuantificación que surja de la prueba a producirse y al prudente arbitrio del Juez.
A partir de allí, considero que el monto fijado en la instancia es el apropiado, siempre que ha sido ajustado a lo determinado por el perito Ingeniero mecánico actuante en su informe, conclusión de la que no hallo mérito para apartarme en función a su suficiencia técnica y sólida justificación (v. presentación electrónica del 15 de marzo de 2019; arts. 384, 474 CPCC).
9. Finalmente, en lo relativo a la tasa de interés a debe aplicarse se disconforma el demandado y la citada en garantía.
En este punto no debe perderse de vista que acorde tiene dicho esta Sala, los intereses buscan resarcir el perjuicio que al actor le ocasiona el incumplimiento. Sin embargo, la tasa de interés no puede ser considerada como una cláusula de ajuste, ya que su función económica no es la de mantener el poder adquisitivo del capital adeudado.
Nuestro superior Tribunal provincial ha declarado reiteradamente que a partir del 1º de abril de 1991, los intereses moratorios serán liquidados exclusivamente sobre el capital (art. 623, Cód. Civil) con arreglo a la tasa de interés que pague el Banco Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprometidos, y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (conf. arts. 7 y 10, ley 23.928, modif. por ley 25.561, 622, Cód. Civil; conf. causas Ac. 57.803, “Banco de la Provincia de Buenos Aires”, sent. del 17/02/1998; Ac. 72.204, “Quinteros Palacio”, sent. del 15/03/2000; Ac. 68.681, “Mena de Benítez”, sent. del 5/04/2000; L. 76.276, “Vilchez”, sent. del 2/10/2002; L. 77.248, “Talavera”, sent. del 20/08/2003; L. 79.649, “Sandes”, sent. del 14/04/2004; L. 88.156, “Chamorro”, sent. del 8/09/2004; L. 87.190, “Saucedo”, sent. del 27/10/2004; L. 79.789, “Olivera”, sent. del 10/08/2005; L.80.710, “Rodríguez”, sent. del 7/09/2005; Ac. 92.667, “Mercado”, sent. del 14/09/2005; entre otras).
En definitiva, siguiendo la doctrina -mayoritaria- que se reseñó, -sin perjuicio de las consideraciones que sobre el particular se pudieran realizar-, se ha sostenido la procedencia de la fijación de los intereses a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a treinta días (“tasa pasiva”, SCBA C. 101.774 “Ponce” y L. 94.446 “Ginossi”).
Empero, conforme la causa “Zócaro”, también de nuestro superior Tribunal local, no se vulnera la doctrina legal, antes citada si, al formular una simple ecuación económica -utilizando para ello las distintas variantes que puede ofrecer el aludido tipo de tasa-, se aplica una determinada alícuota por sobre las demás existentes (SCBA, Ac. L-118.615, sent. del 11/03/2015).
A mayor abundamiento, puede adicionarse el aporte que a este tema ha dado la causa "Cabrera, Pablo David contra Ferrari, Adrián Rubén. Daños y perjuicios" (SCBA, causa C. 119.176, sent. del 15/06/2016), en la cual nuestro Superior Tribunal provincial analizó su doctrina legal en vista a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en especial del contenido del artículo referido.
Con un análisis pormenorizado se explicaron los antecedentes sobre el tema, la evolución de las tasas de interés y la interpretación de la doctrina legal, llegando a una postura -si bien por mayoría de fundamentos- en pos de la referida finalidad uniformadora de la jurisprudencia.
Tal como se refirió en el voto de la señora Jueza doctora Kogan “…el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, dispone en su art. 768 inc. "c", de modo subsidiario, la aplicación de las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central. En este contexto, entiendo que la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se hallan determinadas en el marco reglamentario de la mencionada institución oficial (art. 768, inc. "c", Cód. cit.), impone precisar el criterio que este Tribunal ha mantenido hasta ahora en carácter de doctrina legal, en pos de la referida finalidad uniformadora de la jurisprudencia.”
“Por tal razón, considero que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, desde la fecha del hecho dañoso hasta el día de su efectivo pago (arts. 622 y 623, C.C. de Vélez Sarsfield; 7 y 768, inc. "c", C.C. y C.N.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.)” (SCBA, causa citada). Esta postura es la que logró mayoría y, por consiguiente, es la que se impone como valor de doctrina legal vigente y permite su correlación con la aplicación de las pautas del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
Luego, en los precedentes "Vera, Juan Carlos contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios" (causa C. 120.536 del día 18/4/2018) y "Nidera S.A. contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios" (causa C. 121.134 del día 3/5/2018), dispuso que cuando los valores establecidos en el fallo se hayan estimado con criterio de actualidad -si bien no empleado en términos indexatorios o aritméticos- corresponde que los intereses moratorios se fijen sobre el capital de condena, entre la fecha del hecho y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de cada una de las deudas (arts. 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.) la tasa pura del 6% anual. Ahora bien, este último antecedente no es de aplicación a la causa siempre que el fallo ha cuantificado los daños a valores históricos, conforme los montos solicitados en la presentación de inicio (v. fs. 529/535, punto “d”).
A partir de la doctrina legal aquí desarrollada, debe diferenciarse entre las indemnizaciones a percibir por Agustín Zapata (incapacidad física y daño moral) las que claramente han sido fijadas a valores históricos a la fecha de producido el siniestro, de la correspondiente a Tomás Zapata (daño emergente), que ha sido cuantificada a la fecha de la producción de la pericia mecánica (15/03/2019).
Por ello, es que concluyo que en este punto le asiste razón de modo parcial a la citada en garantía apelante debiendo modificarse la sentencia sólo en lo tocante con el rubro desvalo
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