Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 127321
La Plata, 23 de agosto de 2022.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Vienen las presentes actuaciones a efecto de tratar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y citada en garantía -a través de su letrado apoderado Dr. Esteban Guillermo Arzaguet- mediante escrito de fecha 26 de mayo de 2022, contra el decisorio de fecha 16 del mismo mes y año, en cuanto impone las costas de la incidencia allí resuelta a la parte recurrente. El recurso fue concedido mediante providencia del 27 de mayo de 2022, cuyo memorial y contestación de agravios obran presentados con fechas 7 y 21 de junio del corriente, respectivamente.
2. En el caso, la demandada y citada en garantía, en su calidad de obligadas al pago, efectuaron el prorrateo de costas de primera instancia dispuesto en el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante CCyC) y solicitaron su aprobación (ver escrito del 29 de septiembre de 2021).
Luego de ser sustanciado con los beneficiarios y parte actora (ver trámite del 30 de septiembre de 2021), resultó impugnado por la mediadora prejudicial -Dra. Eleonora Urtubey- quien observó no haber sido incluida en el mismo (ver escrito del 12 de octubre de 2021). Corrido el traslado de ley a la parte impugnada, esta sostuvo que los honorarios de la mediadora no entran en el prorrateo, medida que la beneficia, motivo por el que solicitó el rechazo de la impugnación con costas (ver escrito del 29 de octubre de 2021).
En escrito del 3 de diciembre de 2021, la parte incidentada, depositó y dio en pago la suma de $ 4.756,40 en concepto de honorarios y aportes de la mediadora Urtubey, solicitando se la intime a su cobro, circunstancia que el juzgado no hizo saber a la interesada (ver trámite del 6 de diciembre de 2021).
La resolución apelada declaró abstracta la impugnación al prorrateo, impuso las costas de la incidencia al demandado y a la citada en garantía y aprobó el prorrateo efectuado por estos.
Para imponer las costas tuvo en cuenta que la incidentada dio lugar a la incidencia al no haber aclarado en el prorrateo realizado que los honorarios y aportes de la mediadora no debían incluirse y serían abonados en su totalidad; por el contrario, dejó lugar a que se interpretara como una omisión. Finalmente, agregó que, si bien fueron depositados y dados en pago los estipendios correspondientes, esto sucedió 3 meses después del prorrateo (ver trámite del 16 de mayo de 2022).
3. Se agravia la recurrente toda vez que se le imponen las costas de un incidente ganado. Sostiene que, por tratarse de honorarios pre judiciales, ajenos a la primera instancia, no corresponde su prorrateo, lo cual favorece a la mediadora, motivo por el cual no fueron incluidos. Que, ante la impugnación mal efectuada por la mediadora, al contestarla se le hizo saber a esta última de los motivos de dicha omisión, cuestión que iba a beneficiarla porque cobraría los honorarios y aportes en forma completa. Asimismo, con posterioridad depositó y dio en pago la totalidad de dichos estipendios a fin de desinteresar a la profesional, circunstancia que no le fue hecha saber a esta última por la juzgadora quien, además, retuvo dichas sumas hasta tanto se resolviera la impugnación del prorrateo. En síntesis, alega el recurrente que por errores tanto de la mediadora como del juzgado actuante se le imponen las costas, en consecuencia, solicita se revoque el decisorio apelado (ver escrito del 7 de junio de 2022).
4. En su contestación de agravios, la Dra. Urtubey sostiene que yerra el apelante al decir que la mediadora luchó por incluir sus honorarios en el prorrateo, ya que lo que intentaba era defender su derecho a percibir efectivamente los honorarios regulados y firmes de parte de la condenada en costas, valiéndose de resoluciones dictadas por la juzgadora de origen en estas actuaciones, concordantes con la doctrina emanada de los profusos fallos que incluyen a los honorarios del mediador en el prorrateo dispuesto por el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación. En razón de ello, la dicente reivindica su derecho de ejercitar todos los recursos procesales válidos para intentar el oportuno cobro de sus honorarios.
Agrega que, al haber intervenido ella en carácter de mediadora prejudicial, existiendo condena en costas firme, sus honorarios forman parte de ellas. Observa al respecto que, mediante proveído de fecha 26 de febrero de 2021, ante el prorrateo presentado por los obligados al pago con fecha 23 de ese mes y año, no habiendo sido incluidos allí sus honorarios, es la propia juzgadora la que ordena su inclusión.
Es en razón de dicho precedente que, al contestar el traslado con el nuevo prorrateo presentado, donde nuevamente la mediadora es excluida, ella impugna la liquidación y solicita se la participe del mismo.
Afirma que no se trató de su sola creencia subjetiva, sino de la existencia de circunstancias objetivas -por caso, el pronunciamiento del fecha 26/02/2021 y la jurisprudencia conteste- como el traslado conferido, por las que le asistía válidamente la defensa del cobro de sus honorarios, los que aún no se encontraban depositados.
Por último, señala que en cuanto a la imposición de las costas de la incidencia al demandado y a la citada en garantía -contrariamente a lo que alega el apelante-, sí se está en presencia de las excepciones previstas en los arts. 68, y art. 69 último párrafo del C.P.C.C., ya que este último dio motivo al incidente, además del criterio de la juzgadora en materia de honorarios de los mediadores y la jurisprudencia conteste. En razón de lo contestado, solicita se rechace la apelación interpuesta y se confirme la resolución de primera instancia. Con costas a la apelante (ver escrito del 21 de junio de 2022).
5. Para iniciar el tratamiento del recurso, cabe señalar que la moderna doctrina considera a las costas como un instituto de neto carácter procesal, con prescindencia de conceptos civilistas como el de culpa, o de sanción y aun de riesgo, se consagra la teoría objetiva de la condena en costas, ateniéndose al resultado del proceso con algunas atenuaciones. Se imponen, por lo tanto, al vencido en el pleito o en la incidencia, atribuyendo a las mismas el carácter de una indemnización para resarcir las expensas que han debido realizarse a fin de conseguir el reconocimiento de un derecho o de su pretensión jurídica (Morello, A; Sosa G; Berizonce, R; "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", Ed. Abeledo-Perrot 2015, Tomo I, comentario arts. 68 a 71).
Así, la norma del artículo 68 del CPCC, al disponer que la parte vencida en el pleito habrá de afrontar el pago de los gastos de la contraparte, a menos que el juzgador -fundando su decisión, bajo pena de nulidad- exima total o parcialmente de dicha responsabilidad al litigante vencido, consagra el principio objetivo de imposición, basado en el mero hecho del vencimiento, que sólo debe ceder ante circunstancias excepcionales. Dicha regla también vale para el art. 69 del mismo código.
Es decir, no obstante la enfática consagración del mencionado principio, se admite en diversas disposiciones, por vía de excepción, la facultad judicial de eximir al vencido, total o parcialmente, de la condena, pero debe repararse en que el ejercicio de tal facultad ha de ser excepcional y de interpretación restringida, imponiéndose como condición indispensable de validez la fundamentación de la resolución judicial.
6. Sentados los lineamientos generales sobre el tema, se advierte que la jueza de grado hizo aplicación de la excepción a la regla del art. 68 y 69 del código de rito, con fundamento en la actividad procesal desplegada por el recurrente, a quien consideró culpable de haber generado la incidencia, independientemente de haberse aprobado el prorrateo por él presentado y haberse declarado abstracta la impugnación opuesta por la mediadora.
Contrariamente a lo que sostuvo el recurrente en su memorial, la materia en cuestión -si los honorarios de los mediadores conforman (o no) la condena en costas de primera instancia y, en su caso, deben (o no) ser incluidos en el prorrateo del art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante CCyC), no es un debate jurídico que se encuentre resuelto. La mención en dicha norma a los honorarios profesionales, de todo tipo, devengados en litigio judicial y "correspondientes a la primera o única instancia", ha dado lugar a diferentes interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales que colocan a la temática en la categoría de "opinable". Sin embargo, en el caso particular, la jueza de grado adelantó su criterio al respecto mediante la resolución de fecha 26 de febrero de 2021. Véase que en dicha oportunidad, cuando la parte demandada y citada en garantía presentaron el primer prorrateo y excluyeron los honorarios y aportes de la mediadora Urtubey, la sentenciante ordenó incluirlos. Es decir, más allá de las interpretaciones de las partes al respecto, la jueza ya había explicitado la suya, cuestión frente a la que guardó silencio la condenada en costas.
Llegados a este punto, con una expresa directriz de la juzgadora al respecto, la recurrente vuelve a presentar el prorrateo de las costas mediante escrito de fecha 29 de septiembre de 2021 y, nuevamente, deja afuera del mismo los honorarios y aportes de la mediadora quien, al serle corrido el traslado, lo impugna y solicita su inclusión.
Nótese hasta aquí que el accionar de la mediadora es ajustado a derecho y le asistieron motivos fundados para presentar la impugnación, ya que ante lo dispuesto por la jueza (que sus honorarios debían incluirse en el prorrateo), la omisión de la condenada en costas y ninguna salvedad por parte de esta que aclarara que dichos estipendios se pagarían en su totalidad, la vía idónea para obtener certeza fue la utilizada (art. 502 del C.P.C.C. y art. 18 Constitución Nacional). Como contracara de lo concluido, la parte aquí recurrente dio lugar al incidente toda vez que -como ya fue señalado anteriormente- ante una cuestión jurídica opinable y con un criterio de la jueza contrario al propugnado por aquélla, dejó lugar a que la exclusión de los honorarios de la mediadora en el prorrateo fuera interpretado por esta como una omisión (art. 384 del C.P.C.C.). No olvidemos que el requisito dispuesto en el art. 330 inciso 4 del C.P.C.C. -los hechos en que se funde una presentación explicados claramente- debe aplicarse por analogía a toda clase de peticiones judiciales ya que, entre otros principios y garantías, hace al derecho de la defensa en juicio.
Posteriormente, con fecha 3 de diciembre de 2021, estando pendiente la resolución de la impugnación del prorrateo, la condenada en costas depositó y dio en pago la totalidad de los honorarios y aportes de la mediadora -$ 4.756,40-circunstancia que, tal como lo sostiene la recurrente, no fue notificada a la profesional y las sumas fueron retenidas por el juzgado hasta tanto se resolviera la incidencia, la que se declaró abstracta en razón del mencionado depósito.
Dicho suceso, procesalmente desafortunado, impidió que la mediadora desistiera del recurso y retirara los fondos dados en pago, hecho que vuelve a poner en relieve que el accionar procesal de esta última ha sido inobjetable. Desde otro lado, tal desavenencia del trámite, no modifica la suerte de la cuestión aquí debatida -la culpa de la recurrente que dio lugar al incidente- ya que al momento de realizarse el depósito del dinero, la incidencia ya estaba generada y las costas devengadas.
Por último, corresponde destacar que el carácter de "vencedor" y "vencido" cobra en este caso aristas particulares que no permiten una conclusión determinante al respecto.
Nótese que la resolución apelada hace lugar al prorrateo presentado por la condenada en costas (y de ello se vale esta para recurrir), pero sin resolver la cuestión estrictamente apelada que fue declarada abstracta. Ahora bien, el motivo por el cual dicha cuestión fue declarada abstracta resulta consecuencia directa de un acto procesal realizado por la aquí apelante que debió haberse cumplido con anterioridad a fin de evitar la contienda. Esto es, el depósito y dación en pago que genera la abstracción debió haber tenido lugar anterior o conjuntamente a la presentación del prorrateo, lo que no hubiese dado lugar a dudas respecto de la satisfacción del crédito de la mediadora.
7. Ello así, no habiendo vencedor ni vencido, el detalle de los hechos sucedidos en la causa llevan a la conclusión de que fue el recurrente quien dio lugar a la incidencia suscitada al omitir aclarar la situación del crédito de la mediadora, por ello, en una interpretación armónica de los artículos 68, 68 y 70 inciso 1ro del C.P.C.C., corresponde rechazar el recurso interpuesto y confirmar la resolución de primera instancia, asimismo, imponer las costas de Alzada al recurrente vencido (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.).
POR ELLO, en virtud de las consideraciones y fundamentos que anteceden, corresponde rechazar el recurso interpuesto y confirmar la resolución de fecha 16 de mayo de 2022 (arts. 68, 69 y 71 primer párrafo del C.P.C.C.). Asimismo, imponer las costas de Alzada a la recurrente vencida (arts. 68, 69 y 163 inciso 8 del C.P.C.C.). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia