Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 132118
Sentencia Definitiva
Causa N° 132118; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - LA PLATA
BURDENEI ANAHI VALERIA C/ DE LA CANAL NESTOR FABIAN S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) 2020
En la ciudad de La Plata, a los treinta días del mes de Agosto de Dos mil veintidos, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 132118, caratulada: "BURDENEI ANAHI VALERIA C/ DE LA CANAL NESTOR FABIAN S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) 2020" , se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS .
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada dictada en fecha 29 de abril de 2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO :
1. La sentencia de primera instancia admitió la demanda de daños y perjuicios interpuesta por Anahí Valeria Burdenei en ejercicio de la representación legal de su hijo menor Israel Hugo Nazareno Burdenei contra Néstor Fabián de la Canal, Sonia María Gallardo y la citada en garantía "La Perseverancia Seguros S.A."; los condenó al pago dentro de los diez días de la suma de $9.505.000; dejó aclarado que la indemnización fue fijada a valores actuales, disponiendo que ésta devengue un interés del 6 % anual desde la fecha del accidente (15/06/2016) hasta la fecha de la sentencia y luego los intereses a la tasa pasiva más alta que fije el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días hasta su efectivo pago; impuso las costas a los demandados y citada en garantía en su condición de vencidos (art. 68 CPCC) y difirió la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna (v. resolutorio del 29 de abril de 2022).
2. Contra esa forma de decidir interpuso recurso de apelación la citada en garantía (v. presentación electrónica del 2 de mayo de 2022), el que fue concedido libremente (proveído del 3 de mayo de 2022) y fundado en tiempo y forma en esta instancia (v. presentación electrónica del 15 de junio de 2022); corrido el pertinente traslado (proveído del 21 de junio de 2022), éste fue contestado por la parte actora (v. presentación electrónica del 29 de junio de 2022). Luego, y previo pase y dictamen de la señora Asesora de Menores e Incapaces (v. proveído del 29 de junio y dictamen del 6 de julio de 2022) se llamó autos para sentencia (proveído del 7 de julio de 2022).
3. La apelante se agravia de la asignación de responsabilidad fijada en cabeza del demandado, concluyendo que el accidente se produjo por la culpa del menor quien se interpuso circulando en bicicleta desde la izquierda en la línea de marcha del camión.
Afirma que el rodado mayor, previo al choque, circulaba a una velocidad de 23,86 kilómetros por hora.
Resalta que el único elemento en la mecánica del siniestro para intentar endilgarle responsabilidad es el exceso en la velocidad precautoria en la encrucijada la que no se encuentra probada, ya que además el ciclista -sin habilitación legal para circular por la vía pública (menor de 12 años)- ingresa a la encrucijada desde la izquierda.
Agrega que al momento del accidente el menor tenía 8 años de edad y transitaba sin la supervisión de un adulto, sumando a ello la consideración de que una bicicleta tiene tanto o más riesgo que un automóvil.
Destaca que de la edad del conductor del biciclo se desprende que carecía del estado de madurez necesario para conducir y comprender los riesgos y circunstancias que importa transitar en la vía pública, coligiendo que ello constituye un fuerte indicio en contra del niño.
A partir de ello, afirma que existió culpa in vigilando -en la vigilancia- de los padres, lo que debe traducirse -según su óptica- en un eximente total de la responsabilidad del demandado.
También pone en crisis la indemnización fijada por daño físico, estético, psicológico y tratamiento psicológico tildándola de exagerada y ausente de criterios razonables.
Sobre el primero de ellos destaca que resulta improcedente el reclamo si no existen en la persona del actor secuelas físicas ni psíquicas, toda vez que, por graves que sean las lesiones sufridas si curan en forma definitiva y no dejan rastros que afecten la integridad física del individuo, tornan improcedente el reclamo.
Sobre el menoscabo psicológico destaca que no se trata de una categoría autónoma a indemnizar, quedando subsumido dentro de los daños patrimoniales indirectos.
En función de lo expuesto, solicita se dejen sin efecto las indemnizaciones fijadas en ese concepto o bien se reduzcan sensiblemente en su cuantificación.
Sobre el daño moral, endilga que éste tiene carácter resarcitorio y no sancionatorio.
Culmina sus disconformidades, reclamando que el Juez debe ejercer las facultades para determinar su procedencia y extensión con prudencia para evitar que la indemnización sea acordada en base a su sola invocación.
4. A fin de abordar la tarea revisora, he de abocarme a la condena de causalidad dispuesta por la sentencia apelada.
4.1. En esa labor evidencio que la apelante modifica en su recurso una de las defensas opuestas oportunamente en la instancia, en la etapa de la traba de la litis.
Nótese que -llamada a contestar demanda (v. fs. 48/54, esp. ap. 2)- “La Perseverancia Seguros S.A.” adhiere en lo medular a la presentación defensiva de la coaccionada Sonia María Gallardo (v. fs. 38/45 bis) la que detalla: “Momentos antes de arribar a la intersección de la mencionada arteria con la calle 62, observó que una bicicleta conducida por el menor Israel Hugo Nazareno Burdenei, quien circulaba por dicha arteria en sentido norte-sur, dobla para tomar la calle 164 por la que circulaba el demandado, prosiguiendo su marcha en el mismo sentido que el camión. Cuando el camión lo estaba sobrepasando, posiblemente por el mal estado de la calzada, el menor perdió el control de su biciclo por circunstancias que se desconocen y cayó a la altura de la rueda delantera derecha del camión del demandado. De ahí entonces, que la única y exclusiva responsable del hecho ha sido el menor Israel Hugo Nazareno Burdenei por cuanto conducía el biciclo con total desatención a las circunstancias del tránsito y sin el más mínimo dominio del mismo” (el subrayado me pertenece).
Luego de la tramitación en la instancia y la sentencia de grado, al expresar los agravios la citada en garantía modifica su relato de los hechos denunciando que “De la lectura y análisis de las pericias, en concordancia con el resto del plexo probatorio (tanto en autos como en sede penal), cabe concluir que el accidente ocurrió con motivo de la interposición del menor circulando en bicicleta desde la izquierda en la línea de marcha del camión” (v. expresión de agravios, esp. primer agravio en presentación electrónica del 15 de junio de 2022).
Es decir, que la apelante primeramente alegó la culpa de la víctima en función a que perdió el equilibrio cuando circulaba por la misma arteria que el camión (luego de incorporarse desde la izquierda pero no en el momento del cruce sino posterior), mientras que al apelar declama que el niño apareció intempestivamente en el tránsito del camión desde la izquierda, alterando en su expresión de agravios la causa de su defensa conforme oportunamente quedara trabada la litis.
Ahora bien, más allá del acierto o no de la decisión del Juez de grado en lo que respecta a la mecánica del hecho, es lo cierto que la alteración de lo acontecido que ahora introduce la apelante para justificar la pretendida responsabilidad exclusiva del menor, resulta una cuestión no propuesta en el momento procesal oportuno y que por ello no cabe darle tratamiento en esta instancia de revisión (art. 272, CPCC.).
Cabe destacar al respecto que se encuentra vedado introducir una cuestión en forma novedosa y extemporánea en esta instancia, que recién se denuncia en el recurso de apelación, pues ello difiere sustancialmente del esquema que conformó el thema decidendum [cuestión a decidir respetando el principio de congruencia], resultando improcedente que el recurrente, frente a la suerte adversa de su reclamo en la instancia de grado, pretenda alterar el alcance y dimensión de su pretensión (conf. doct. SCBA C. 98.986, sent. del 17/12/2008; C. 107.518, sent. del 17/11/2010; C. 107.998, sent. del 29/06/2011).
Es que no es posible a través del escrito de expresión de agravios incorporar a la contienda circunstancias de hecho extemporáneas ya que esta parcela es novedosa por no haber sido articulada en su debida oportunidad (arts. 34 inc. 4°, 163 inc. 6°, 272, 330, 332, 362 y 354, CPCC).
Se tiene dicho que los límites de la jurisdicción abierta están dados por los capítulos litigiosos propuestos al juez de grado inferior y no por la sentencia apelada (conf. SCBA, en "Ac. y Sent." 1957-IV-262), toda vez que las facultades de los Tribunales de Apelación sufren en principio de una doble limitación, la que resulta de una relación procesal -que aparece en la demanda y contestación- y las que el apelante haya querido imponerle al recurso (conf. SCBA LP C 119835 S 29/08/2018 Juez De Lázzari -SD-).
De ahí que no pueda alegarse en segunda instancia -como aquí se hace- una cuestión que altere la litis contestatio [límites del litigio fijados por la contestación de la demanda], estando obligado el tribunal a fallar únicamente los agravios sobre puntos pertinentes fijados por la traba de la litis (cfr. Morello, Passi Lanza, Sosa, Berizonce, "Códigos Procesales...", t. III, p. 469; esta Cámara Sala III, causas B-79.317 reg. sent. 49/95; 108.635, reg. sent. 226/07).
Como se dijo, el art. 272 del CPCC dispone que el recurso de apelación no importa un nuevo juicio sino un nuevo examen, por lo cual el material sobre la que debe trabajar la Alzada es nada más que el acumulado en primera instancia, caso contrario quedaría gravemente menoscabado el derecho de defensa en juicio, modificando los términos en los que quedó trabada la litis (arts. 34 incs. 4 y 5 ap. c, 163 inc. 6, 272, C. Proc.; 18, C.N.).
Por todo lo expuesto esta parcela del recurso no ha de prosperar (arts. 266, 272, CPCC).
4.2. En lo tocante con la velocidad del rodado previo al siniestro, la quejosa realiza un cálculo a fin de fijar la velocidad del camión previo al choque, pero esa proyección no se encuentra basada ni apoyada en prueba idónea alguna, siendo una manifestación de parte que no conmueve lo determinado al efecto por el perito mecánico actuante (arts. 384, 474, CPCC).
4.3. Respecto de la responsabilidad que se le endilga tanto al menor -art. 11 de la ley de tránsito- como a sus progenitores en virtud de la culpa in vigilando -en la vigilancia- resultan extremos que han sido debidamente abordados y fundados por la sentencia de grado a los que me remito en virtud de brevedad (v. ap. III del decisorio referido). No resulta ocioso destacar que justamente a partir de ese análisis es que asigna la culpa concurrente en la causación del siniestro a ambos participantes.
A ello debe aditarse que la citada en garantía en su apelación no rebate debidamente los argumentos de la sentencia de grado para justificar que esa concausalidad sea modificada, evidenciándose una mera disconformidad, sin aportes probatorios ni legales que conmuevan la conclusión a la que llega el Juez apelado (arts. 384, 474, CPCC).
4.4. En conclusión, y a partir de lo expuesto es que propongo rechazar los agravios enarbolados en esta parcela del recurso, debiendo confirmarse el decisorio en lo tocante con la asignación de responsabilidad (arts. 1757, 1758, CCyC; 11, 36, Ley 24449, 384, 474, CPCC).
5. Superadas las quejas relativas al nexo causal, han de abordarse las disconformidades de la recurrente dirigidas a la procedencia y cuantificación del rubro incapacidad psicofísica y estética.
Primeramente, y en consonancia con lo determinado por el Juez de grado, resulta ineludible referenciar y desarrollar las nuevas pautas otorgadas a partir de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante CCyC), criterio que ya he desplegado anteriormente en causas 126110 “Salvatierra Escalera, José c/ Elías, Jorge Julio y Ot. s/ daños y perjuicios” RSD 309/19, sent. del 25/11/2019; 126858 “Lizarraga, Fernando Rafael y ot. C/ Amaya, Juan y Ot. s/ daños y perjuicios” RSD 41/20, sent. del 03/04/2020; 127098 “Rodríguez, María Celia c/ Jalil, José Luis s/ daños y perjuicios” RSD 101/20, sent. del 14/07/2020, entre otras.
El art. 1746 CCyC dispone que “En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades…”.
La aplicación de fórmulas aritméticas a los fines de indemnizar la incapacidad sobreviniente, despierta distintas posturas doctrinarias y jurisprudenciales, existentes aún desde antes de la sanción del Código Civil y Comercial.
A partir de esos criterios, encontramos las posiciones receptivas, las que se resisten a la aplicación de las fórmulas matemáticas y quienes la receptan como una pauta orientadora pero no vinculante.
Adhiero a esta última corriente, toda vez que es mi convicción que el art. 1746 CCyC contempla una serie de circunstancias que deben ser necesariamente tenidas en cuenta para la determinación de la indemnización, pero de ningún modo una pauta matemática o financiera a la que deba atarse el Magistrado de forma obligatoria y única.
Es que, cuando el artículo 1740 CCyC desarrolla el concepto de reparación, indica expresamente que ésta debe ser “plena”, agregando que debe contemplar “la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie”.
De la interpretación armónica de ambas normativas y de los principios generales en la materia, se desprende que no basta con la aplicación de una “cuenta” que determine un capital en base a la actividad productiva o económicamente valorable del damnificado, sino que el resarcimiento en materia civil debe tener un marco de valoración más vasto y amplio. No tiene como objeto -tal como las reparaciones en el ámbito del derecho del trabajo- sólo las limitaciones del orden laborativo, relacionadas con la edad y grado de incapacidad, sino que debe incluir necesariamente las implicancias de la persona tanto desde su faz individual como desde su inserción social, su vida en relación, sus relaciones amorosas, familiares, deportivas, lúdicas, etc. Las que deben ser analizadas detalladamente en cada caso individual.
En este sentido, un aspecto importante de la nueva norma es la referencia a una pauta o criterio matemático de ponderación para determinar una suma global definitiva a título de capital que, invertido adecuadamente, produzca renta o ganancia que le permita al damnificado continuar percibiendo durante su vida útil un monto equivalente al que cobraba antes del hecho nocivo. Si bien la redacción de la norma podría dar margen a otra interpretación, concluyo que mantienen vigor los criterios interpretativos que confieren al razonable arbitrio judicial la función por excelencia de cuantificar los daños. Tanto los parámetros matemáticos como los porcentajes de incapacidad resultantes de prueba pericial han de ser valiosos aportes, pero no obligan matemáticamente al juez, porque -insisto- la cuantía por incapacidad sobreviniente no debe ceñirse a cálculos rígidos, cerrados y herméticos, sino que debe fijarse sujeta al prudente arbitrio judicial ponderando la multiplicidad factores particulares de cada caso (enunciadas por el art. 1746 CCyC).
Asimismo, no resulta ocioso destacar que fórmulas matemáticas predispuestas no están exentas de generar arbitrariedades por su nivel de abstracción.
La Justicia Nacional Civil tiene dicho sobre este tópico “La reparación, cualquiera sea su naturaleza y entidad, debe seguir un criterio flexible, apropiado a las circunstancias de cada caso y no ceñirse a cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes rígidos, desde que el juzgador goza de un margen de valoración amplio, ello concuerda con las pautas de valoración establecidas en el art. 1746 del Código Civil y Comercial” (Cám. Nac. de Apel. en lo Civil, sala A, in re -en causa-: “A. A. R. c. G. A. M. s/ daños y perjuicios”, sent. del 28/10/2015, publicado en: RCCyC 2016 (abril), 150; RCyS 2016-VII, 155, cita online: AR/JUR/63674/2015).
En tanto que “Para decidir el monto de la indemnización, además de acudir a las fórmulas matemáticas y cálculos actuariales que surgieron como una herramienta de orientación para proporcionar mayor objetividad al sistema y reflejar de una manera más exacta en lo posible el perjuicio patrimonial experimentado por el damnificado, el Juzgador debe ponderar los elementos vitales que surjan acreditados en la causa, a fin de evitar que la frialdad de una ecuación aritmética cierre la mirada a lo justo en concreto que es, en definitiva, aquello que los jueces deben resolver mediante una resolución razonablemente fundada” (Cám. Nac. de Apel. en lo Civil, sala A, in re -en causa-: “PONCE, Graciela Evelina c/ BALAGNA, Reynaldo Alberto y otros s/ daños y perjuicios”, sent. del 19/10/2018).
Por su parte, el Dr. Eduardo De Lázzari, en un criterio que encuentro plenamente aplicable a la indemnización por incapacidad sobreviniente a partir de la sanción del Código Civil y Comercial ha dicho que “Para la determinación de la indemnización es útil recurrir a fórmulas de matemática financiera o actuarial como son aquellas contenidas en las tablas de amortizaciones vencidas a interés compuesto y de uso habitual en los Tribunales de Trabajo. Ello ofrece, como ventajas, algún criterio rector más o menos confiable, cierto piso de marcha al formular o contestar reclamos, o el aventamiento de la inequidad, la inseguridad o la incerteza. Pero esas ventajas no deben llevarnos a olvidar que tales fórmulas juegan, por un lado, como un elemento más a considerar -cuando de mensurar un daño y su reparación se trata- junto a un haz de pautas fundamentales ajenas al mundo de las matemáticas y con todas las cuales el juzgador ha de trabajar para aquella determinación. Y por otro lado, que su aplicación desprovista de prudencia puede llevar a verdaderos despropósitos” (SCBA LP C 117926 S 11/02/2015 Juez De Lázzari -SD-).
En el mismo antecedente de nuestro máximo Tribunal Provincial ha concluido que “Nada impide que se utilicen cálculos matemáticos o tablas actuariales como una orientación, pero los jueces no estamos constreñidos a la aplicación de fórmula alguna para la determinación de una indemnización. Esto no debe interpretarse como que repruebo la racionalidad -ni siquiera que me aparto de ella-; pero ha de advertirse que la acepto cuando puede ser pasada por el tamiz de la razonabilidad, cuando refleja una verdadera adecuación de medios a fines o cuando se nutre de la experiencia vital y de la realidad humana concreta. Puedo aceptar y adoptar esta racionalidad del cálculo aritmético como una directriz o como un instructivo, pero lo haré siempre bajo la reserva del sentido común. Una reserva que -entre otras cosas- me avisa de juzgar los fríos cómputos como lo que son: configuraciones aritméticas y económicas llevadas a cabo a partir de las personales y subjetivas apreciaciones de sus creadores y operadores” (causa citada, voto Juez De Lázzari -SD-).
Por ello, al
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